En septiembre, tras dos meses por debajo, la inflación volvió a alcanzar el 3%.
Tras dos meses debajo de la franja del 3%, la inflación de las y los trabajadores volvió a cobrar impulso en septiembre y se ubicó en el 3,0%. De este modo, en los primeros nueve meses del año la inflación acumula un 36,2%. En tanto, la inflación interanual alcanzó el 52,1%, siendo el tercer mes consecutivo en torno a ese guarismo. Si la inflación de las y los trabajadores continuara en el 3% mensual en lo que resta del año, 2021 habría terminado con una suba de precios del 48,8%.
La inflación de septiembre estuvo motorizada por Alimentos y bebidas, que subieron 4,4% y explicaron el 47% de la suba de precios del mes del conjunto de bienes y servicios. Destacaron subas en pan y cereales, verduras y frutas. Como dato positivo, se destaca la moderada inflación de carnes (1,1%), rubro que pudo estabilizar sus precios en los últimos meses (subió 3,3% acumulado desde junio).
En segundo lugar, Otros bienes y servicios subió 3,8% en septiembre, por alzas en peluquería para hombres, jabones de tocador, cigarrillos y papel higiénico. Indumentaria y calzado y Salud se encarecieron 3,7%. En este último caso, las subas estuvieron motorizadas por las prepagas (+9%). Transporte subió 3,5%, debido a alzas de vehículos cero kilómetro (en un contexto de creciente brecha cambiaria y problemas de oferta) y en pasajes de avión de cabotaje (debido a que las reaperturas están impactando en una rápida aceleración de la demanda). Enseñanza trepó 3,0%, lo cual se explica mayormente por útiles escolares, cursos de apoyo, de idiomas y de enseñanza artística.
Por debajo del nivel general encontramos en primer lugar a Recreación y cultura (+2,7%, con subas superiores al 12% en juguetes). Equipamiento y mantenimiento del hogar trepó 2,0%. Se trata de un rubro que venía teniendo subas mayores a la media en el último año; la moderación de septiembre se explica en parte por los muebles, que subieron 1,2%. En tanto, Vivienda (0,3%) y Comunicaciones (-0,1%) prácticamente no tuvieron movimientos. En el caso de Vivienda, ello se debe a la estabilidad en las tarifas de servicios públicos de electricidad, gas y agua; en tanto, en Comunicaciones no hubo mayores variaciones ni en los servicios ni en los equipos de telefonía. Vale destacar que en agosto esta división había sido la de mayores subas de toda la canasta, de modo que la estabilidad de este mes en parte compensa dichas alzas.
En la segunda parte del informe se detalla la evolución del salario real en el sector privado registrado. Se toman dos métricas: el salario promedio y el salario mediano. Mientras que el primero muestra una tenue tendencia a la recuperación (ubicándose 1,2% por encima de diciembre de 2019), en el salario mediano el escenario es de estancamiento en el último año (e incluso caída frente a fines de 2019). La razón de ello tiene que ver con que la evolución salarial de los trabajadores de menores ingresos (que inciden más en la mediana que en la media) fue más desfavorable que la de los de mayores ingresos. Esta tendencia en rigor es previa a la pandemia, pero se consolidó en los últimos meses. Dos razones posibles detrás de este peor comportamiento relativo del salario mediano respecto al salario medio tienen que ver con que la pandemia impactó relativamente más en sectores de menores salarios (como por ejemplo hoteles y restaurantes) y, a su vez, en las PyMEs, en donde las remuneraciones son por lo general inferiores a las firmas grandes.
La inflación de las y los trabajadores se ubicó en el 2,9% en agosto, mismo guarismo que en julio. En lo que va del año acumula un 32,2%, y en los últimos doce meses un 51,9%. Sobrepasada la meta oficial del 29%, los escenarios más probables de cara a fin de año se ubican en la franja del 45-50%. Si la inflación permaneciese en el 2,9% mensual en lo que resta del año, los precios de 2021 habrían acumulado un 48,2%. Para que la inflación de 2021 no supere el 45%, los precios mensuales deberían subir como mucho un 2,3% mensual, lo cual implicaría una marcada desaceleración respecto al registro de los últimos cuatro meses (que rondaron el 3%). Como dato positivo se destaca la significativa desaceleración de los precios de los Alimentos y Bebidas, que treparon 1,9% en agosto. Se trata del menor registro en más de un año (desde junio de 2020). Las razones de esta moderación se deben básicamente a tres ítems: carnes (que estabilizaron su precio tras el cierre parcial de las exportaciones, el menor ritmo de devaluación del peso y cierto reflujo en la suba de los precios internacionales), frutas y verduras. En estos dos últimos casos, las bajas son más por razones estacionales que otra cosa. A pesar de esta mejora, los alimentos subieron 53,8% en el último año, por encima del nivel general. Por fuera de los alimentos, se puede observar que la mayoría de las divisiones de la canasta registró alzas mayores al 3% mensual en agosto. Comunicaciones destacó con 6,7%, debido a subas en servicios de telefonía celular. Indumentaria y calzado trepó 5,8%, por razones estacionales asociadas al inicio de la temporada primavera-verano, con alzas destacadas en ropa para hombres (que habían experimentado inversamente fuertes bajas en julio). Este sector, además, viene recomponiendo su demanda, tras haber sido uno de los más afectados por la pandemia (el consumo de prendas de vestir cayó en muchos países producto de la menor frecuencia de reuniones sociales). Recreación y cultura trepó 4,5%, en gran medida por las subas de 16,2% en TV por cable, uno de los principales ítems de la división. Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 4,0%, debido al servicio doméstico, los muebles y los productos de limpieza. En este último caso, se observa en los últimos meses un sistemático incremento por encima del resto de los precios, lo cual obedece a que estos artículos habían quedado muy desfasados mientras duró el programa de Precios Máximos que terminó en junio. Otros bienes y servicios subió 3,1%, debido, al igual que con productos del limpieza, a la recomposición de precios en bienes que habían estado con precios contenidos durante Precios Máximos, como desodorantes, pañales, champú y dentífricos. Educación subió 3,0%, impulsada por subas en las cuotas de la educación superior privada (coincidentes con el inicio del segundo cuatrimestre). Por debajo del nivel general se encuentra Salud, que subió 2,7% en el mes, debido a las prepagas (+9%). Este rubro había tenido aumentos acotados en los últimos meses pero comenzó en agosto un proceso de recomposición de precios, que incluirá un 9% en septiembre, otro 9% en octubre y luego un 9% en enero. Transporte subió 2,4%, impulsada por autos cero kilómetro, aceites y lubricantes y GNC. Las subas, de todos modos, fueron inferiores a las del nivel general gracias al congelamiento de tarifas de transporta público y de la nafta. Por último, Vivienda (1,0%) fue la división de subas más acotadas, lo cual se explica por la estabilidad de los precios de la electricidad, el gas y el agua y, a su vez, a cierta desaceleración en los alquileres y materiales de construcción.
A medida que el tiempo pasa, van cobrando relevancia las severas consecuencias que tendrá para el futuro próximo del país el nivel y especialmente el tipo de endeudamiento que legó el gobierno de Mauricio Macri. En la proximidad de las elecciones de medio término (y con la pandemia en una situación más contenida), esta problemática fue recobrando el centro de la escena. En el entorno cercano al ex presidente intentaron defender la política de endeudamiento seguida entre 2016 y 2019 con diversos argumentos, sosteniendo que el gobierno actual se estaría endeudando más (o más rápido aún) que el anterior.
Buena parte del debate se focalizó en el tamaño de la deuda y sus plazos de pago, así como su relación con el déficit fiscal. Sin embargo, en esta breve nota queremos poner el énfasis en otro aspecto mucho más relevante: el tipo de endeudamiento que contrajo el gobierno anterior y mostrar que la naturaleza del endeudamiento no tiene siquiera relación con el tamaño de la deuda.
Tamaño y composición de la deuda pública
En la literatura convencional las condiciones de solvencia y sostenibilidad de la deuda externa son tratadas, en general, por la relación entre el flujo de nuevo endeudamiento y el PIB. La relación deuda pública / PIB es un indicador muy habitual. Intenta relacionar los pagos por deuda pública con la generación de ingresos (PIB). Debido a que el gobierno captura parte del PIB bajo la forma de impuestos, el aumento del PIB sería un índice de la capacidad de pago del gobierno vinculada a una mayor recaudación. Es análogo al caso de una familia que relaciona el monto de su deuda con el ingreso familiar, y cómo evolucionan estas dos magnitudes a través del tiempo.
Pero en el caso de la deuda pública surgen dos diferencias cruciales. En primer lugar, si la deuda pública está denominada en moneda doméstica, el Gobierno ya no se parece en nada a una familia. De hecho, una familia no puede emitir pesos (crear dinero) para pagar sus deudas y tampoco puede fijar la tasa de interés que paga por ninguna de sus obligaciones. De modo análogo, una familia nunca podrá influir sobre sus ingresos aumentando o bajando sus gastos. El gobierno sí: cuando el gobierno modifica su gasto, eso altera el tamaño del PIB y por ende modifica su propio ingreso (impuestos). Una familia austera puede controlar el resultado de la diferencia entre gastos e ingresos; el gobierno no, porque los ingresos del gobierno (impuestos) no son independientes de su gasto. El gobierno puede decidir cuánto gastar, pero no puede decidir cuánto «ganar» (recaudar) porque eso depende también de decisiones del sector privado (tanto en consumo como inversión).
El punto principal es que en países donde el Estado emite una moneda soberana, el gobierno no puede ser forzado a quebrar si su deuda está denominada en su propia moneda. Esta condición no solo es verdadera por el hecho obvio de que, en última instancia, el gobierno puede pagar la deuda emitiendo moneda, es decir, mediante el financiamiento directo del banco central. Sino que incluso en aquellos países donde la ley prohíbe al Banco Central financiar directamente al Tesoro, el gobierno no puede quebrar si su deuda está denominada en su propia moneda porque siempre se puede financiar a la tasa de interés de corto plazo fijada por el Banco Central (Como el banco central, en general, tiene un objetivo de tasas de interés, al fijar el nivel de la tasa se compromete en la práctica a comprar cualquier cantidad de estos bonos del gobierno que el sector privado no desee retener en el mercado secundario. De facto, este rol de comprador de último recurso de títulos públicos por parte del Banco Central no configura una monetización de la deuda pública). Un debate posible es acerca de cuáles son los efectos de estas acciones de política, pero eso no cambia la validez de la proposición anterior.
La cuestión cambia considerablemente cuando la deuda pública está denominada en moneda extranjera (básicamente en dólares). En este caso, el gobierno comienza a parecerse a una familia: tiene una deuda en una moneda que no emite, y sobre la cual no controla la tasa de interés. Pero existe un problema más serio aún. Como dijimos al comienzo de esta sección, en la literatura convencional las condiciones de sostenibilidad de la deuda externa son tratadas, en general (y sin distinguir monedas), como una relación entre el flujo de endeudamiento y el PIB. Así, la relación deuda pública / PIB es también el indicador más utilizado en este caso.
Obsérvese que, cuando la deuda pública es denominada en dólares, este tipo de indicador tiene el problema fundamental de tratar el PIB (y los impuestos del gobierno) como un indicador de la capacidad de pago de la deuda en dólares. Ciertamente, el gobierno puede inyectar poder adquisitivo (gastar) para inducir un mayor crecimiento del producto. Si sube el PIB, la relación deuda/PIB mejoraría (el peso de la deuda disminuiría). Sin embargo, esta inyección de poder adquisitivo no está denominada en dólares (salvo que se trate de Estados Unidos) y por tanto no se traduce en una mayor disponibilidad de divisas. De hecho, el PIB se realiza en pesos y los impuestos se recaudan en pesos.
Debido al descalce de monedas (la moneda en que está denominada la deuda externa y la moneda emitida por el gobierno), la relación deuda externa / PIB no puede captar la capacidad para pagar este pasivo. Las cosas no mejoran (más bien empeoran) si el PIB se multiplica por un cierto tipo de cambio y todo se expresa en dólares. ¿Eso significa que Argentina, por ejemplo, puede vender todo su PIB a cambio de dólares en el mercado mundial? Evidentemente no. La parte del PIB que se vende en el mercado mundial y con la cual se obtienen dólares son las exportaciones (también se pueden obtener dólares mediante préstamos o inversiones, pero eso no solo no tiene ninguna relación con el PIB, sino que tiene la contrapartida del pago de intereses y de remisión de utilidades que debe ser tomada en cuenta. Y una vez más, el único ingreso para pagar esos intereses y beneficios en el largo plazo son las exportaciones). Así, a diferencia de los modelos convencionales, lo que debe considerarse como fuente de pago de una deuda en divisas (dólares) son las exportaciones y no el producto (PIB). Si la trayectoria de las exportaciones (ingreso de dólares) no alcanza para cubrir los pagos de intereses de la deuda (además de los otros gastos de divisas como importaciones, remisión de utilidades, turismo, etc.), el país en cuestión puede quebrar ya que, a menos que se trate de Estados Unidos, no puede emitir dólares para amortizar la deuda.
Existe una dimensión adicional que se suele prestar a confusiones. Muchos organismos internacionales (por ejemplo, FMI y Cepal) consideran como deuda pública externa no al endeudamiento realizado en una moneda extranjera, sino por el hecho de si la deuda del gobierno es con residentes en el país (interna) o con no residentes (externa) con independencia de la moneda. Por supuesto, cada forma de clasificar la deuda puede tener su importancia para diversos fines (jurídicos, políticos, etc.). Pero la forma de medir la sostenibilidad de la deuda debe regirse por los principios antes enunciados. Por caso, si el gobierno se endeuda con residentes nacionales en dólares, las condiciones de sustentabilidad cambian sustancialmente (son más exigentes) en comparación con una deuda en pesos con no residentes.
Trayectorias de déficits fiscales
Veamos un ejemplo real de las distintas trayectorias de endeudamiento de países similares (de América Latina) y su relación con otras variables de interés como los déficits fiscales. Se supone que la deuda pública es la contracara del déficit fiscal del gobierno. Si el gobierno tiene un déficit mayor, y no recurre a la financiación directa del banco central, debe requerir más endeudamiento o subir impuestos (o una combinación de estas alternativas). Cuando se observa la evolución de los déficits fiscales (tanto primario como global, gráficos 1 y 2) surge que el tamaño del déficit de Argentina no era significativamente distinto de los niveles exhibidos por los otros países de la región.
Fuente: Cepal.
El gráfico 1 muestra el déficit fiscal primario de los países escogidos (es decir, el resultado de gastos del gobierno que exceden a sus ingresos, expresados como porcentaje del PIB). El gráfico 2 muestra el déficit global o financiero que contiene además el pago de intereses de deuda. En todos los países se observa la misma tendencia: los déficits tienden a aumentar desde 2011 en adelante debido a la desaceleración del nivel de actividad regional. Cuando el PIB crece menos o cae, forzosamente los impuestos que se recaudan sobre ese nivel de actividad tienden a disminuir. Como los gastos no caen automáticamente y muchos de esos gastos son rígidos a la baja (jubilaciones, salarios, etc.), el déficit fiscal aumenta endógenamente.
Nótese, sin embargo, que en el caso argentino el déficit fiscal primario (gráfico 1) acumulado entre 2016 y 2018 supera el resultado deficitario obtenido entre 2011 y 2015. Una de las razones es que bajo el gobierno de Macri hubo una disminución de los impuestos a las exportaciones («retenciones») agropecuarias y mineras, así como una baja del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales. Estas medidas beneficiaron a los grupos sociales más ricos de la sociedad y llevaron a una pérdida de recaudación en 2016 equivalente al 1,5% del PIB (Ver: https://itegaweb.org/cual-es-el-deficit-fiscal/). La otra razón es que la economía tuvo en 2016 una caída del PIB de algo más de 2% en el año, produciendo una disminución de la recaudación tributaria (de IVA, ganancias, etc.). Es decir, parte del endeudamiento para cubrir el déficit sirvió para financiar la rebaja de impuestos a los grupos más ricos.
A partir de 2017 el déficit primario disminuye, pero ya en 2016 había comenzado a crecer el déficit financiero (que contiene el pago de intereses de la deuda, gráfico 2). Alguien podría decir que no hay nada extraordinario en eso. Por caso, Brasil presenta un déficit global mucho más alto que Argentina y no experimentó ninguna de las consecuencias que enfrentó Argentina entre 2018 y 2019. Colombia y Uruguay muestran niveles de déficit similares y ninguna tormenta cambiaria ni amenaza de default tuvo lugar en esos países.
Trayectorias de deudas públicas
La observación empírica de las trayectorias de deuda pública en América Latina encierra estas sutilezas: clasificación por residencia (en lugar de monedas) y relaciones entre deuda pública y PIB. Si observamos las series de deuda pública externa (Ver: https://www.cepal.org/es/publicaciones/46070-estudio-economico-america-latina-caribe-2020-principales-condicionantes), -es decir, deuda con no residentes expresada en dólares- tenemos la trayectoria del Gráfico 3.
Fuente: Cepal.
En el contexto regional la evolución de la deuda argentina no parece ser explosiva. En particular, sobresale nítidamente la trayectoria de deuda de Chile, considerado un modelo a seguir por los analistas más ortodoxos de Argentina y de la región. Sin embargo, el gráfico precedente puede esconder algunas diferencias importantes. En el gráfico 4 se muestra cuánto creció la deuda pública externa (con no residentes) entre 2002 y 2015 en comparación con el lapso 2016-2019.
En el caso argentino, entre 2002 y 2015 la deuda con no residentes creció 11%, mientras entre 2016-2019 aumentó 94%. Sin embargo, Chile tuvo un crecimiento más “explosivo” de su deuda, también Perú, Uruguay y México. Y una vez más: en esos países, sea en un periodo o en otro, frente al aumento de sus deudas y de sus déficits no hubo episodios de salidas persistentes de capital, colapso cambiario o riesgo de default. De hecho, el riesgo de default solo aumentó significativamente en Argentina (gráfico 5).
Fuente: Emerging Markets Bonds Index calculado por JP Morgan y Cepal.
Tanto la trayectoria de la deuda pública como del déficit no parecen ser suficientes para justificar la debacle que experimentó la argentina desde comienzos de 2018. Algo parece faltar en la explicación.
La temprana advertencia del BIS
El BIS (Bank for International Settlements) es una organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales. Es conocido como el «banco de los bancos centrales» y sus trabajos de investigación suelen ser de una rara calidad para un organismo de esas características.
Un temprano estudio del BIS (Ver: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709w.htm), anticipó algunas claves fundamentales para entender lo que ocurrió con el endeudamiento argentino. El estudio en cuestión observó a fines de 2016 que la deuda pública de los países emergentes era más del doble que en 2007, pero que su composición había cambiado significativamente. Los préstamos se realizaban principalmente en moneda doméstica, mientras la participación de los bonos públicos denominados en moneda extranjera era mínima en la mayoría de los casos.
Los préstamos se realizan principalmente en monedas locales, con vencimientos más largos y a tasas fijas. Así, el estudio reveló que la proporción de bonos públicos en circulación denominados o vinculados a una moneda extranjera era mínima para la mayoría de los países y muchos habían reducido considerablemente el endeudamiento en moneda extranjera en los últimos años.
El BIS observó que “Argentina es una excepción a este patrón”, ya que ha aumentado la emisión de deuda tanto nacional como internacional vinculada o denominada en moneda extranjera. “El gobierno central argentino tiene $ 56 mil millones en títulos de deuda internacional en circulación, de los cuales $ 37 mil millones están denominados en dólares estadounidenses. Alrededor del 56% de los bonos del gobierno central emitidos a nivel nacional en circulación de Argentina están denominados en moneda extranjera, por un valor de 41.000 millones de dólares a fines de 2016. Esta participación ha ido aumentando de manera constante desde 2007, cuando se situó en el 28%”, explicaba el BIS hacia 2017.
Otro desarrollo notable en el ámbito de la deuda pública de los países en desarrollo se relacionaba con el aumento del plazo de vencimiento medio, que en muchos casos era comparable con las economías avanzadas. El vencimiento residual medio de los títulos de deuda del gobierno central de las economías en desarrollo (o “emergentes”) incluidas en la muestra del BIS era de 7,7 años, sólo ligeramente inferior al de las economías avanzadas (8 años).
A contramano del mundo en desarrollo (o emergente), Argentina se endeudaba cada vez más en moneda extranjera, más rápido y con plazos de vencimiento más cortos. No es extraño entonces que el propio FMI sentenciara en un informe de 2018, tras la firma del acuerdo con Argentina, que la deuda de Argentina era sostenible pero “no con una alta probabilidad» (Ver: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/12/19/Argentina-Second-Review-under-the-Stand-By-Arrangement-Financing-Assurances-Review-and-46485). Y aún en esas condiciones el organismo aprobó un préstamo récord de 57 mil millones de dólares (de los cuales se desembolsaron 44 mil).
El acuerdo con el FMI impuso una política fuertemente contraccionista, con una meta de eliminación del déficit fiscal primario en 2019 («déficit cero»). Pero el acuerdo potenció la inestabilidad ya que el gobierno se comprometió a mantener «un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado», limitando las intervenciones del BCRA a períodos en los que se detecte «una clara disfunción del mercado» (FMI, 2018).
El FMI consideraba que la corrida contra el peso era un síntoma del desequilibrio interno (fiscal) que se traducía en más déficit externo y endeudamiento. Según esa visión, el ajuste fiscal y cambiario corregirían las cosas.
El rasgo más notable es que, al tiempo que disminuía el peso de la deuda pública intraestatal (es decir, deuda entre organismos del mismo gobierno, donde el default es técnicamente imposible), el endeudamiento público en moneda extranjera con el mercado privado prácticamente se multiplicó por dos en menos de tres años (Ver: https://circusrevista.com.ar/wp-content/uploads/04-Amico-La-macroeconom%C3%ADa-de-Macri-52-89.pdf). La carga de la deuda externa se tornó más gravosa aún dado el lento crecimiento de las exportaciones desde 2015.
Habíamos dicho antes que el endeudamiento público es la contracara del déficit fiscal, pero esto deja de ser cierto cuando esa deuda está denominada en moneda extranjera, porque ahora el peso de la deuda (medida en pesos) está mediada por la evolución del tipo de cambio (agradezco esta observación de Fernando García Díaz). La devaluación de la moneda aumenta la carga de intereses en pesos de una deuda en dólares. De este modo, a medida que se deterioraban las cuentas externas y el peso de la deuda en dólares aumentaba rápidamente, los agentes de mercado se daban cuenta que la capacidad de repago de los dólares prestados caía abruptamente, pese a que el déficit fiscal primario se reducía hasta alcanzar un cuasi equilibrio primario.
Ciertamente, el gobierno de Macri nunca discriminó el endeudamiento en moneda doméstica de la deuda en dólares. De hecho, los economistas asociados a ese espacio político siguen insistiendo, contra toda evidencia, que esa diferenciación no es relevante. Tampoco pudieron diferenciar una mejora de los términos de intercambio (mejores precios internacionales de las commodities de exportación) del endeudamiento externo. Como expresó Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía:
“Así como los Kirchner tuvieron nueve años seguidos de súper precio de commodities, el gradualismo corre con la ventaja del endeudamiento (…) El Gobierno necesita dólares y sabe que el que los tiene habla en inglés (…) el endeudamiento es parte del ADN del Gobierno» (Nicolás Dujovne, En Revista Apertura, 26 de Diciembre 2016).
Una cuestión obvia es que, a diferencia del endeudamiento, los dólares obtenidos por los mejores precios internacionales no tienen que ser devueltos a nadie ni suponen una carga de intereses. Pese a la confusión reinante, los agentes de mercado parecen distinguir muy bien dónde radica la verdadera sustentabilidad. Por eso, nadie se preocupa por el nivel de deuda pública de Brasil, Uruguay o Chile. Esos países tienen sus deudas denominadas en monedas domésticas y hasta el agente más ortodoxo sabe que ningún país puede quebrar en su propia moneda. Pero Argentina, hacia el final de 2019, tenía más del 70% de su deuda pública en moneda extranjera.
Una consecuencia de las tendencias del endeudamiento público en países en desarrollo, observada por el estudio mencionado del BIS, es que esas trayectorias ayudan a fortalecer la sostenibilidad y eliminan el riesgo de default al reducir los descalces de monedas.
Además, los vencimientos más prolongados y las deudas a tasa fija dieron soporte a la expansión y desarrollo de mercados de deuda pública (en monedas locales) cada vez más amplios y profundos, con curvas de rendimientos a más largo plazo, generando una estructura más estable y predecible para el rendimiento de los activos financieros domésticos y contribuyendo a reducir cada vez más la dolarización. Justamente el camino opuesto al seguido al final de 2019, cuando se decidió defaultear títulos públicos denominados en moneda doméstica (para no recurrir a la emisión monetaria).
Este análisis tiene la implicación de que para mejorar la sustentabilidad de la deuda no es importante reducir el nivel de la relación deuda pública/PIB, sino cambiar la composición de la deuda pública: más deuda pública en moneda doméstica, y menos deuda en moneda extranjera. De facto, el problema no es tener déficit fiscal (un patrón normal en el mundo actual Ver: https://citra.org.ar/el-mito-del-equilibrio-fiscal/ ), sino tomar deuda en moneda extranjera para «financiarlo». Además, el uso de instrumentos de deuda en moneda doméstica implicaría brindar un activo de inversión en moneda local con una rentabilidad adecuada para constituirse en una alternativa a la dolarización de los portafolios. En síntesis, tratar de que en este aspecto Argentina vuelva a parecerse a sus vecinos latinoamericanos.
La inflación de las y los trabajadores se volvió a desacelerar en julio, y se ubicó en el 2,9% (0,4 puntos por debajo del registro de junio). Se trata del tercer mes consecutivo de desaceleración de la inflación y la primera vez en 2021 que se ubica debajo del 3%.En los primeros siete meses del año, los precios subieron 28,5%. Pese a la desaceleración mensual, la inflación interanual volvió a acelerarse y alcanzó el 51,8% (+1,5 p.p respecto al mes previo). La razón de ello tiene que ver con que estuvieron saliendo del cómputo meses de inflación moderada (como abril, mayo, junio y julio de 2020) e ingresando meses en donde la inflación fue bastante más elevada. Recreación y cultura fue la división de mayor incremento en julio, con un 7,5%. La principal razón de ello tiene que ver con la suba de los paquetes turísticos (+26,4% al exterior y +50,9% de cabotaje) producto de las vacaciones de invierno. Alimentos y bebidas trepó 3,7% en julio, y explicó más del 42% de la inflación del mes. Si bien las carnes tuvieron un julio tranquilo (+1,0%), hubo subas muy marcadas en verduras (+15,3%, particularmente por el tomate) y bebidas alcohólicas (+9,7%). Salud subió 3,6% en el mes, impulsada por fuertes alzas en las consultas médicas (+12,5% en clínica médica y +22,2% en pediatría). Transporte subió 3,5%, debido a incrementos del 6,1% en automóviles cero kilómetro (posiblemente impulsadas por el aumento de la brecha cambiaria). Por debajo del nivel general tenemos a Educación con un 2,9% (debido a algunos ajustes en las cuotas de cara a la segunda mitad del año, en cursos de educación no formal y sobre todo en útiles, que subieron 10%). Equipamiento y mantenimiento del hogar se encareció 2,7%, a partir de alzas del 4,3% en electrodomésticos. Otros bienes y servicios subió 2,3%, debido a peluquerías (+6,5%), pañales (+5,6%) y papel higiénico (+4,4%). En estos dos casos, se están produciendo reacomodamientos de precios tras el fin del programa de Precios Máximos, que había mantenido contenido los precios de este tipo de bienes. En tanto, Vivienda subió 1,4%, mayormente por los alquileres (+3,2%), en un contexto en donde hubo estabilidad en el precio de los servicios públicos. Comunicaciones registró una suba del 1,2%, debido a subas del 3,2% en teléfonos móviles. Por último, Indumentaria y calzado tuvo una baja del 2,1%, principalmente por motivos estacionales. Además, se analiza la evolución del salario real privado registrado en los últimos años y el impacto de la pandemia en el mismo. En los últimos meses se visualiza una estabilidad (con ligera tendencia al alza) en el poder adquisitivo de las y los trabajadores formales del sector privado, aunque se encuentra aun por debajo del pico de 2013: -18,5%. De cara a los próximos meses es de esperar una moderada recuperación, de la mano de la reapertura de paritarias en conjunción con una muy paulatina desaceleración de la inflación a medida que se acercan las elecciones. De cara al largo plazo, la recuperación sostenible del salario real dependerá de la disponibilidad de divisas del Banco Central, que son las que determinan los riesgos de una posible devaluación. De ahí la importancia de políticas que ahorren divisas, como la promoción de exportaciones y/o la sustitución de importaciones, entre otras.
María Inés Fernández Álvarez y Ana Natalucci (Coord.), Ana Paula Di Giovambattista, Lucio Fernández Mouján, Ernesto Mate y Santiago Sorroche
Introducción
La creación de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) luego de la disposición de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), decretado el 20 de marzo por el gobierno nacional (Decreto 297/2020) como consecuencia de la pandemia provocada por el SARS- CoV-2, de la familia de los coronavirus, hizo legible la situación en la que se encuentra un amplio sector de la población con preponderancia de condiciones laborales desprotegidas y el cual no es considerado por las estadísticas oficiales: trabajadores/as con empleos no registrados, informales, precarizados. Recapitulando, el IFE fue creado el 23 de marzo por el Decreto 310/2020, e implementado rápidamente desde abril, frente a la urgencia de dar respuestas a aquellos sectores que se habían quedado sin ingresos. A modo de prestación monetaria no contributiva, el programa ha representado un pago equivalente a 10.000 pesos mensuales de carácter excepcional, destinado a “trabajadores/as afectados por inserciones laborales precarias (monotributistas de categorías bajas, trabajadores/ as de casas particulares, empleados/as informales y desocupados/as” (Decreto 310/2020, p. 4). Mientras los cálculos gubernamentales iniciales proyectaban alcanzar a 3.6 millones de personas, el IFE fue solicitado por 13.4 millones, de las cuales fueron admitidas 8.9 millones por cumplir con los requisitos (ANSES, 2020).
La alta cifra de titulares del programa tuvo un impacto significativo respecto de la visibilización de un conjunto de la población económicamente activa, heterogénea en su composición y no reconocida como tal por las estadísticas oficiales, poniendo en crisis la forma en que los dispositivos estatales captan a este sector en general definido como “informal”.Esta definición de “informal” constituye una de las principales dificultades a la hora de cuantificar esta población en tantotoma como punto de partida las formas legales de vinculación con el mercado de trabajo, reduciendo así una amplia y compleja diversidad de las relaciones de trabajo, producción y reproducción de la vida. A diferencia, la categoría de economía popular hace referencia a quienes se ganan la vida a través de una pluralidad de actividades que se desarrollan sin derechos laborales y sin patrón visible y en los últimos años han generado nuevas formas organizativas, asociativas y de representación gremial.
En resumen, la pandemia echó luz sobre la inexistencia en el sistema de estadísticas nacional de una fuente de información periódica y pública, que permita dimensionar a la economía popular, comprender su composición y trayectoria en el tiempo. Al respecto, recientemente se ha impulsado un registro estadístico a partir de la implementación en julio de 2020 del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP [Resolución Ministerial 408/2020]) en el marco de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que había sido creado por la Ley de Emergencia Social (Nº 27.345/2016). Sin duda, este registro constituye un paso relevante para la generación de información que posibilite el abordaje estatal en torno a este universo de trabajadores y trabajadoras.
En ese marco, y tomando en consideración las limitaciones de las fuentes disponibles, desde el Programa de Economía Popular y Tecnologías Sociales (PEPTIS) del CITRA-UMET trabajamos en una propuesta de medición periódica de esta población. A tal efecto decidimos utilizar las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), dado que produce información trimestral y releva datos laborales de la población de 31 aglomerados urbanos, abarcando alrededor del 60% de la población total del país. Como resultado de ese proceso, pretendemos dar cuenta tanto de la magnitud que asume este universo, así como de su heterogeneidad por el peso relativo que detentan las sub-poblaciones constitutivas en términos de sus características y variaciones entre períodos.
Para la operativización del ejercicio de cuantificación de este universo que presentamos en este Informe Técnico, realizamos un relevamiento de antecedentes recopilando las distintas mediciones disponibles, con el objetivo de definir las dimensiones y filtros necesarios para poder construir la mejor medición asequible a partir de las herramientas disponibles. En este sentido, nos interesa señalar que este esfuerzo de elaborar un criterio de medición en base a la EPH está en estrecha relación con la necesidad de abrir un debate urgente sobre la necesidad de construir nuevas formas de recopilación de información, con preguntas actualizadas respecto de las situaciones sociales y laborales que permita captar las realidades de los y las trabajadoras y las heterogeneidades que los atraviesan.
Finalmente, este Informe Técnico fue realizado por el CITRA, a través del Programa de Economía Popular y Tecnologías Sociales (PEPTIS), el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), el Programa Antropología en Colabor y el Observatorio Protesta Social (OPS), atendiendo a la posibilidad no sólo de contribuir con una medicióndel universo de la economía popular, sino que este informeconstituya un insumo relevante para imaginar nuevas formas de abordar, y, en definitiva, de elaborar políticas públicas eficaces para una población que adquiere creciente centralidad en el contexto actual.[1]
Mediciones actuales sobre la economía popular
En los últimos años, desde diferentes perspectivas se han propuesto formas de medición, con resultados divergentes. Por un lado, Arango, Chena y Roig (2017) toman múltiples fuentes estadísticas para reconstruir cuantitativamente al universo de la economía popular; entre ellas, la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU-INDEC), informes estadísticos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), la Encuesta sobre Deuda e Ingresos en los Sectores Populares -realizada por el Centro de Investigaciones Socio-económica de Buenos Aires (CISBA)- y encuestas propias. Para los autores, la economía popular abarca cuatro grandes segmentos: a) cuentapropistas (trabajadoras/es que no tienen patrón) que realizan actividades de oficio o subsistencia, incluyendo los titulares de planes sociales; b) la totalidad de trabajadoras/es del servicio doméstico; c) personas que realizan tareas familiares sin remuneración; d) trabajadoras/es asalariados no registrados empleados en unidades informales. De acuerdo a esta medición, para el tercer trimestre de 2014 la economía popular estaba integrada por 4.220.890.
Otras propuestas de medición se realizaron partiendo exclusivamente de la información brindada por la EPH. Una de estas fue planteada por Salvia, Poy y Donza (2019). Los autores toman una definición operativa amplia de la economía popular, entendida como el “conjunto de actividades, unidades productivas y formas de inserción ocupacional orientadas por la lógica de reproducción”, caracterizadas por ser generalmente “unidades económicas y formas de inserción de baja productividad y, por lo tanto, de bajas remuneraciones” (2019, p. 711). A partir de la EPH, su propuesta incluye: a) patrones no profesionales de microempresas entre que tienen entre 1 y 4 empleados; b) trabajadores por cuenta propia que realizan tareas técnicas, operativas y no calificadas; c) trabajadores familiares no profesionales; d) trabajadores del servicio doméstico no registrados que trabajan en 1 o más casas; e) titulares de programas sociales de empleo. Transversalmente, toman el criterio de corte por ingresos equivalente a 1.5 Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para ocupados plenos y el equivalente correspondiente para aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales. Desde estos criterios, considerando los datos de la EPH del primer trimestre de 2017, integraban este universo 2.400.838 personas.
Otra medición a partir de los datos de la EPH ha sido propuesta por Pissaco (2019) en el período 2004-2017. El autor caracteriza a la economía popular como aquel “…sector de los trabajadores, que, inmersos en sociedades capitalistas donde la relación asalariada aparece como la forma general, tienen otras formas de inserción en el proceso productivo” (2019, p. 11). Esta propuesta introduce varias diferencias con respecto a la elaborada por Salvia, Poy y Donza. La primera, la inclusión de la totalidad de aquellos/as que desempeñan tareas en casas particulares, justificada por la particular forma en que se insertan en los procesos productivos. La segunda, la eliminación de la restricción del nivel de ingresos propuesto por Salvia et. al (2019). Sin embargo, vale aclarar que este corte es recuperado para señalar que, además de quienes componen la economía popular, hay un alto número de trabajadores cuyos ingresos se encuentran por debajo de este valor. Por último, excluye a los asalariados en su totalidad, a quienes tienen nivel educativo universitario en todos los casos -cuentapropistas, patrones, trabajadores familiares sin salario- y entre cuentapropistas a quienes cuentan con una calificación profesional. Para Pissaco, “el universo de los trabajadores de la economía popular representa el 23,9% de la PEA y el 26,4% de los ocupados. Esto es: más de 1 de cada cuatro trabajadores ocupados se enmarca en este sector” (2019, p. 19), con un total de 3.003.417 personas.
Por su parte, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) (Bertellotti, 2019) propone definir a la economía popular como una actividad de subsistencia, realizada de forma autogestiva y de tipo “trabajo-intensiva”, con máquinas obsoletas o de bajo desarrollo tecnológico. De esta forma, la economía popular es caracterizadacomo un universo con un alto nivel de precariedad, bajos ingresos con largas jornadas de trabajo y sin derechos laborales básicos como aguinaldo, vacaciones, obra social, etc. Para estimar la cantidad de trabajadores que componen este universo, el OCEPP considera tres grandes grupos: a) trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados que realizan actividades no profesionales según el Clasificador Nacional de Ocupaciones; b) de la categoría asalariados incluyen dos conjuntos: i) trabajadoras/es del servicio doméstico no registradas que realizan su actividad en más de un hogar y ii) personas cuyo principal ingreso lo conforma un programa de empleo; y c) personas desocupadas no profesionales. Considerando los datos del segundo trimestre de 2019 de la EPH, se obtuvo que los y las trabajadores ascendieron a las 4.174.221 personas, representando el 21.4% de la PEA.
Finalmente, como mencionamos en la Introducción, recientemente desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se impulsaron iniciativas de medición que permitan dimensionar al universo de la economía popular, para la construcción y planificación de las políticas públicas. En este sentido, el ReNaTEP, entre julio de 2020 y febrero de 2021, abrió un registro en el que se inscribieron un total de 2.093.850 personas de todo el país[2]. Entre los inscriptos, se observa un mayor porcentaje de mujeres, prevaleciendo los y las jóvenes y la población de mediana edad; y, con un porcentaje mayor al 50% sin completar los estudios obligatorios. Otro de los datos significativos señalaque la mayoría de los inscriptos no recibe la AUH ni otro tipo de subsidio, como el Potenciar Trabajo (Secretaría de Economía Social, 2021). Es importante tener en cuenta que el registro es personal y la cifra corresponde a quienes se autoadscriben como trabajadores/as de la economía popular. Por otro lado, es fundamental considerar que la diferencia numérica observada entre esta cifray las mediciones sintetizadas previamente debe atribuirse a que el registro se encuentra aún en curso y se realizó de manera virtual durante la pandemia SARS- CoV-2; de ahí que el ReNaTEP tenga previsto realizar una segunda etapa de modo presencial.
En resumen, estas propuestas han realizado una importante contribución a la construcción de indicadores que permitan medir el universo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular en Argentina. Nuestra propuesta de un criterio de medición a partir de la EPH, que presentamos a continuación, se nutre de la puesta en diálogo de estas discusiones previas.
Propuesta de medición PEPTIS: fuentes de información y aspectos metodológicos
Como ya mencionamos, en este Informe Técnico presentamos una propuesta de medición que construimos para dimensionar cuantitativamente el universo de la economía popular, específicamente su magnitud en relación a la población económicamente activa así como su dinámica y trayectoria en el tiempo. Adicionalmente, dado que la medición considera la agregación de distintas sub-poblaciones que integran la economía popular, es posible analizar su peso relativo atendiendo a sus características y variaciones en los diferentes períodos.
Respecto de las fuentes de información, como anticipamos, proponemos utilizar la EPH del INDEC. Esta decisión responde al hecho de que la EPH es una encuesta que provee información respecto a las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas de la población, por su participación en la producción de bienes y servicios y en la distribución del ingreso. Además, a partir de la EPH se elabora la estadística oficial sobre los índices de empleo, desocupación, subocupación y pobreza que justifica la implementación y gestión de las políticas sociales y laborales. La encuesta produce información trimestral de la población de 31 aglomerados urbanos, abarcando a cerca del 60% de la población total del país. Está basada en un cuestionario de hogares y personas respecto de las siguientes variables: condición de ocupación e ingresos de los individuos y las características del grupo familiar y de los hogares. Por esta razón, constituye una herramienta potente para construir estadística sobre el mundo del trabajo y condiciones de vida. Asimismo, su periodicidad trimestral es clave para el seguimiento del sector a lo largo del tiempo, dado que es factible realizar la estimación haciendo uso de las bases de microdatos de personas correspondientes a las ondas que van desde el segundo trimestre de 2016 al cuarto trimestre del 2020[3].
No obstante estos méritos, la EPH presenta una serie de limitaciones que deben considerarse al momento de medir cuantitativamente a la economía popular. Una de estas es la cobertura exclusivamente urbana, por lo que no cubre a amplios sectores rurales o poblaciones urbanas de menor tamaño. A los fines de nuestro objetivo, esta limitación implica que no puedan incorporarse en la medición a los sectores campesinos y de la agricultura familiar, que constituyen un componente significativo del sector. Otra limitación concierne al módulo de trabajadores independientes, en tanto se orienta a relevar información ligada a la posesión de capital, sin incluir preguntas que permitan captar la heterogeneidad del sector. Al respecto, es clave construir distintas medidas para identificar y aproximarse a las diversas subpoblaciones que constituyen el universo de la economía popular (detallado en el apartado metodológico). Una última limitación está vinculada a la subdeclaración de ingresos, que implica que los ingresos agregados de los hogares que surgen de encuestas resulten inferiores a los ingresos agregados que se obtienen de los sistemas de Cuentas Nacionales o de datos de registros administrativos (Villatoro, 2015, p. 9). El subregistro de ingresos es un error no muestral de las encuestas de hogares y tiene distintas causas potenciales: a) la subdeclaración de algunas fuentes puntuales de ingreso por parte de los individuos (Salvia y Donza, 1999); b) la cobertura de la encuesta; c) la focalización de algunos tipos de ingreso que dificulta que los perceptores sean captados. Dado lo anterior, debe considerarse que múltiples variables de ingresos relevadas por la EPH no pueden ser efectivamente fiscalizadas –en especial aquellas asociadas al desarrollo de actividades no registradas, y asumiendo igual tratamiento para los ingresos derivados de la ocupación secundaria–. Por este motivo, la estimación realizada –al incorporar a los ingresos como una de las dimensiones para la identificación de la población de interés– debe interpretarse considerando que el filtro monetario incorpora una potencial distorsión al número final.
Marcadas las principales limitaciones que se derivan de la fuente de información utilizada, y tomando en cuenta que se han analizado fuentes de información secundaria en calidad de antecedentes para la definición operativa de la economía popular, a continuación nos ocupamos de describir la serie de operaciones efectuadas en el proceso de determinación del universo.
Definición del universo de análisis
Para la construcción del universo de análisis en primer lugar nos ocupamos de definir las diversas sub-poblaciones constitutivas de la economía popular. Para este punto, analizamos fuentes de información secundaria en calidad de antecedentes para la definición operativa, y dada la heterogeneidad del universo de actividades que conforman la economía popular, realizamos la definición de criterios ligados a: i) categoría ocupacional, ii) grado de calificación de la ocupación, iii) situación frente a la propiedad de capital física e iv) ingresos declarados. A partir de ello, para la estimación del universo seleccionamos los siguientes grupos poblacionales:
Cuentapropistas no profesionales,
Desocupados no profesionales,
Servicio Doméstico no registrado,
Asalariados cuya principal fuente de ingreso declarado se corresponde con ingresos provenientes de «subsidios del gobierno», lo que incluye montos percibidos en calidad de titulares de programas de empleo.
Trabajadores familiares sin remuneración no profesionales.
Respecto de las variables relativas al cuestionario de la base de personas de la EPH que se utilizaron para la construcción de las distintas categorías, consideramos:
Cuentapropistas no profesionales, se utilizaron las variables Categoría Ocupacional (CAT_OCUP) y el Código de Ocupación que surge del Clasificador Nacional de Ocupaciones -CNO, versión 2001[4]– (PP04D COD). El CNO se conforma por 5 dígitos, cuya estructura provee la siguiente información:
Tabla 1.- Dimensiones del Código de Ocupación, por dígito.
Dígito
Dimensión
Definición de Dimensión
1 y 2
Carácter Ocupacional
Permite clasificar ocupaciones según el objeto o producto generado, independientemente de la rama de actividad
3
Jerarquía Ocupacional
Distingue las formas jerárquico-organizativas del proceso del trabajo. A saber, Dirección, Cuentapropia, Jefes, Asalariados
4
Tecnología Ocupacional
Distingue las diversas formas técnico-organizativas de los procesos de trabajo. Sin operación de maquinaria, con operación de maquinaria y equipos electromecánicos, con operación de sistemas y equipos informatizados
5
Calificación Ocupacional
Mide la complejidad del trabajo desarrollado, en base a los conocimientos y habilidades requeridas para la ocupación. Distingue entre Profesionales, Técnicos, Operativos y No calificados
Fuente: Elaboración propia en base al Código de Ocupación que surge del Clasificador Nacional de Ocupaciones -CNO, versión 2001.
Por lo tanto, la combinación que realizamos implicó restringir por categoría ocupacional a trabajadores por cuenta propia, y haciendo uso de la información que provee el dígito 5 del CNO, identificar a quienes además de trabajar por cuenta propia, desarrollan actividades no profesionales. Esto implica entonces incluir a Técnicos, Operativos y No Calificados.
Para este primer grupo poblacional, además, se ensayaron dos mediciones:
Medición de Cuentapropistas No Profesionales amplia, la que se comenta inmediatamente arriba-, y
Medición de Cuentapropistas No Profesionales restringida, surge de aplicar un filtro adicional ligado a las variables sobre si en el establecimiento de trabajo independiente se cuenta con maquinarias/equipos (PP05C_1), local (PP05C_2), y vehículo (PP05C_3). El criterio adicional de esta medición restringida radica en excluir también a aquellas personas que declaren posesión simultánea de maquinarias, local y vehículo.
2. Desocupados no profesionales, se utilizan las variables Condición de Actividad (ESTADO) y Categoría Ocupacional (CAT-OCUP). A partir de tales variables, se identifica a desocupados que no hayan sido patrones ni trabajadores asalariados formales.
3. Servicio Doméstico no registrado, incluye personas que prestan servicio doméstico en hogares particulares, en más de un hogar, dado que un trabajo en sólo un establecimiento puede esconder una relación salarial encubierta, y no cuentan con descuento jubilatorio -proxy para identificar el no registro-. Se usan las variables, Si presta servicio doméstico en hogares Particulares (PP04B1), En cuántas casas trabaja? (PP04B2), y ¿Por ese trabajo tiene descuento jubilatorio?(PP07H), y se controla por la variable Total de horas que trabajó en la semana en la ocupación principal (PP3E_TOT) a efectos de excluir a quienes han declarado trabajar más de 35 hs -es decir, que son ocupados/as plenos/as).
4. Asalariados con predominancia de ingresos provenientes de “subsidios del gobierno”, se filtra inicialmente por Categoría Ocupacional (CAT_OCUP) a obreros/empleados y aquellos no categorizados. Luego, se construye la variable para medir el peso de los ingresos provenientes de «ayuda del Estado» en los ingresos declarados por la ocupación principal, definida como el ratio entre el Monto del ingreso por SUBSIDIO O AYUDA SOCIAL (EN DINERO) DEL GOBIERNO, IGLESIAS, ETC. (V5_M) y MONTO DE INGRESO DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL (P21).
Finalmente, el grupo se compone de aquellas personas que son obreros o no categorizados, cuyos ingresos por transferencias relativas a programas de ingresos explican al menos un 50% del monto declarado como ingreso por ocupación principal, y que, además, dicho ingreso por ocupación principal no supere a 1.5 veces el SMVM vigente en el trimestre evaluado.
5. Trabajadores familiares sin remuneración no profesionales, se identifica mediante la variable Categoría Ocupacional (CAT_OCUP)y se controla por el dígito 5 del Clasificador Nacional de Ocupaciones para excluir por calificación de la ocupación a aquellos profesionales.
En adición, a cada categoría definida se le aplicó un último filtro ligado al nivel de ingresos. En ese sentido, se buscó incluir en la población estimada a todas las personas que siendo previamente identificadas como 1. Cuentapropistas no profesionales, o 2. Desocupados no profesionales, o 3. Servicio Doméstico no registrado, o 4. Asalariados cuya principal fuente de ingreso declarado se corresponde con ingresos provenientes de «subsidios del gobierno», lo que incluye montos percibidos en calidad de titulares de programas de empleo, o 5. Trabajadores familiares sin remuneración no profesionales; además cumplieran con la condición de contar con ingresos de la ocupación principal que no fueran superiores a 1.5 veces el SMVM del período.
Finalmente, vinculado al grado de cobertura poblacional de la EPH al que aludimos antes, es relevante destacar que los resultados aquí estimados son ponderados a partir de los factores de expansión que la propia encuesta provee. Conceptualmente, los factores de expansión posibilitan que las estimaciones obtenidas para cada aglomerado se extrapolen a la población proyectada de cada jurisdicción (Comari, 2010). Es decir que el factor de expansión se interpreta como la cantidad de registros en la población que representa cada registro de la muestra, posibilitando estimar parámetros poblacionales. Aplicado este factor, los resultados obtenidos deben leerse en relación al total de población urbana. De modo que se alcanza la representatividad sobre la población urbana a partir del muestreo extrapolado, aunque queda sin cobertura la población rural.
Resultados preliminares 4º trimestre de 2020
A continuación se presentan los dos universos de la economía popular estimados para el cuatro trimestre del 2020 en base a EPH y expandido a la población urbana, a partir de las operaciones comentadas en el apartado anterior.
Tabla 2.- Estimación Universos (amplio y restringido) de la economía popular, por sub-población. Datos correspondientes al 4t-2020.
Sub-población
Personas
1a
CUENTAPROPISTAS NP
2,277,902
1b
CUENTAPROPISTAS NP SC
2,191,806
2
DESOCUP NP
305,029
3
SS DOM NR 35HS
302,022
4
ASAL Y MAY POR V5M
1,333,055
5
TRAB FLIAR SIN REM
60,743
Universo Amplio (1a+2+3+4+5)
4,278,751
Universo Restringido (1b+2+3+4+5)
4,192,655
Universo Amplio % PEA
33.1%
Universo Restringido % PEA
32.4%
Fuente: Elaboración propia en base Encuesta Permanente de Hogares -INDEC.
El Universo Amplio de la economía popular ascendió a 4.278.751 personas, un 33.1% de la Población Económicamente Activa del trimestre. En términos de composición, Cuentapropistas no profesionales y Asalariados con predominancia de ingresos provenientes de “subsidios del gobierno” conjuntamente representaron al 84.4% del universo.
Gráfico 1.- Composición del Universo Amplio de la Economía Popular, por sub-población. Datos correspondientes al 4t-2020.
Fuente: Elaboración propia en base Encuesta Permanente de Hogares -INDEC.
En tanto, el Universo Restringido de la economía popular -que se diferencia del Universo Amplio en el filtro adicional aplicado sobre la sub-población de Cuentapropistas no profesionales respecto a la posesión de capital, posibilitando excluir también a aquellas personas que declaren posesión simultánea de maquinarias, local y vehículo- ascendió a 4.192.655 personas, un 32.4% de la Población Económicamente Activa del trimestre. La composición, en lo que refiere al peso relativo de las sub-poblaciones del universo, no se modifica respecto a lo hallado en el Universo Amplio, en el sentido de que Cuentapropistas no profesionales y Asalariados con predominancia de ingresos provenientes de “subsidios del gobierno”permanecen comolas sub-poblaciones de mayor relevancia, explicando conjuntamente el 84% del universo.
Gráfico 2.- Composición del Universo Restringido de la Economía Popular, por sub-población. Datos correspondientes al 4t-2020.
Para los próximos trabajos, pretendemos indagar en la dimensión y constitución del universo de la economía popular. Es decir, se buscará analizar a partir de la definición operativa aquí propuesta en el tiempo -y la descomposición interna en sus sub-poblaciones constitutivas-, así como su peso en relación a la PEA. Asimismo, resulta factible indagar con mayor profundidad por dimensiones adicionales como género, edad, distribución regional de cada grupo poblacional.
Arango, Y., Chena, P., y Roig, A. (2017). Trabajos, ingresos y consumos en la economía popular. Cartografías Del Sur. Revista de Ciencias, Artes y Tecnología, (6), 1-18.
Comari, C. (2010). Ponderación de la muestra y tratamiento de valores faltantes en las variables de ingreso en la Encuesta Permanente de Hogares. Metodología, 15, 2-51.
Salvia, A. y Donza, E. (1999). Problemas de medición y sesgos de estimación derivados derivados de la no respuesta a preguntas de ingresos en la EPH (1990-1998). Asociación Argentina de Especialistas de Estudios del Trabajo/ASET, (18), 93-120.
Salvia, A., Donza, E., y Poy, S. (2019). El escenario laboral de la economía popular: tipos de inserción ocupacional y características de los trabajadores. En G. Pérez Sosto (Coord.) ¿Cuál es el futuro del trabajo? De la división social del trabajo al auge de la precariedad (pp. 703-744). Ciccus.
Villatoro, P. (2015). Ajuste de los ingresos de las encuestas a las Cuentas Nacionales: una revisión de la literatura. CEPAL – Serie de Estudios Estadísticos, 91, 1-25.
[1] Este trabajo se realizó en el marco de los proyectos los PICT 2016 Nº 2043 “Trabajo no salarial y formas emergentes de organización. Un análisis del heterogéneo campo de la economía popular” (IR Dra. Ana Natalucci), PICT 2018 Nº 3095 “Política colectiva, (re)producción de la vida y experiencia cotidiana: un estudio antropológico sobre procesos de organización de trabajadores y trabajadoras de sectores populares en Buenos Aires, Córdoba y Rosario” (IR Dra. María Inés Fernández Alvarez) y contribuye al PISAC COVID-19 – 00085 “Programa de Investigación Regional Comparativa (PIRC): Cambios recientes en la estructura social argentina: trabajo, ingresos y desigualdad social en tiempos de pandemia y postpandemia” (IR Dr. Pablo Dalle).
[2] La inscripción al registro se realizó a través de la página web del MDSN donde los/as trabajadores/as debían completar un formulario online con una serie de preguntas referidas a sus datos personales, el trabajo que desarrollan y la unidad productiva en la cual se desempeñan. El anuncio y convocatoria de la inscripción fue realizada por “la comunicación institucional masiva por parte del MDSN como así también por parte de las organizaciones sociales vinculadas a la economía popular. También resulta de interés destacar la firma de convenios de colaboración con distintas provincias que han favorecido una inscripción masiva y federal” (Secretaría de Economía Social, 2021, p. 10).
[3] Por motivos de discrepancias metodológicas entre las ondas de EPH del período analizado y las de años previos, no resulta extrapolable el análisis a trimestres pre 2t-2016.
Apuntes de Economía Popular. Publicación del Programa de Estudios o Investigaciones de Economía Popular y Tecnologías de Impacto Social (PEPTIS) del CITRA (CONICET-UMET). ISSN 2796- 7662 Sarmiento 2058 CP (1044), CABA, Argentina [email protected]
La montaña rusa del mercado de trabajo bajo la pandemia
Autor: Fabián Amico
Muy tempranamente, la economista postkeynesiana Joan Robinson sostuvo que el nivel de empleo en la economía se determinaba como la suma del empleo determinado por la demanda efectiva y el nivel de desempleo disfrazado. ¿Qué significa que el nivel de empleo es determinado por la demanda efectiva? La idea (keynesiana) es que en una economía capitalista se tiende a producir lo que puede ser vendido rentablemente. Por ende, el aumento del gasto total en esa economía (demanda efectiva) define cuánto se producirá. Luego, para producir esa cantidad deberán ser contratados cierta cantidad de trabajadores, lo que determinará el nivel de empleo total o agregado en esa economía. La relación entre nivel de actividad y empleo no es directa o lineal, pero en tendencia existe una relación positiva: cuando aumentan la demanda y el producto, tiende a aumentar el nivel de empleo.
Muy bien. ¿Pero qué sería el desempleo «disfrazado»? Robinson definió el desempleo disfrazado de la siguiente manera. Ella pensó en el caso de una sociedad donde no existe seguro de desempleo o programa social alguno para los sectores desprotegidos. En tal caso, las personas que se queden sin trabajo deben ganarse la vida de una forma u otra por su propia cuenta. Así, Robinson se dio cuenta que, en general, una disminución en la demanda efectiva (gasto) que reduce la cantidad de empleo en la economía no necesariamente conduciría al «desempleo» en el sentido de completa inactividad, sino que desplazaría a los trabajadores (despedidos) a una serie de ocupaciones de baja productividad (como vender cosas en la calle o similares). Concluyó que una disminución en un tipo de empleo («formal» diríamos hoy) conduce a un aumento en otro tipo de empleo («informal») y, a primera vista, podría parecer que una disminución en la demanda efectiva no causara ningún desempleo.
La causa de este desvío de trabajadores hacia ocupaciones precarias y de baja productividad sería una disminución de la demanda efectiva y del ritmo de actividad económica, que es exactamente lo mismo que causa el desempleo en el sentido habitual. Por eso, Robinson describió el empleo precario de los trabajadores despedidos como «desempleo disfrazado».
Obsérvese que esto no tiene nada que ver con las capacidades (reales o potenciales) de los trabajadores desplazados. En verdad, es la falta de vigor del crecimiento lo que los desplaza. Para Robinson, si el nivel de demanda efectiva fuera mayor, los puestos de trabajo del sector más precario desaparecerían, y con ellos bajaría el desempleo disfrazado.
Los economistas británicos John Eatwell y Murray Milgate en su The Fall and Rise of Keynesian Economics, siguiendo la línea de Robinson, presentaron un ejemplo dramático de la flexibilidad a mediano plazo de la fuerza laboral. Fue el caso del notable aumento del empleo de mujeres en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. En respuesta a la muy alta demanda de mano de obra, la población total empleada aumentó en 2,9 millones (14,5%) entre 1939 y 1943. El 80% de ese aumento consistió en mujeres que no habían estado empleadas anteriormente o que habían estado dedicadas a tareas de cuidado del hogar. Sin embargo, se alcanzaron rápidamente niveles de productividad comparables (o incluso superiores) a los niveles alcanzados por la primera mano de obra predominantemente masculina.
Este ejemplo sugiere que la definición de desempleo disfrazado debería ampliarse para cubrir la inactividad, cuyo grado es una función del ritmo de crecimiento de la demanda efectiva. Por caso, Eatwell y Milgate mostraron que la persistencia de altos niveles de desempleo masculino en Gran Bretaña desde la década de 1970 provocó que un gran número de hombres se retirara por completo de la fuerza laboral. De este modo, un aumento del desempleo disfrazado es claramente una pérdida de recursos, ya que la mano de obra se desempeña a un nivel de productividad muy por debajo de su verdadero potencial.
¿Qué tiene que ver esto con la Argentina?
Existen varias formas de percibir ese desempleo «disfrazado». Una es la de aquellas personas que aunque tienen empleo siguen demandando trabajo, otra, las diversas medidas de subocupación de la fuerza de trabajo; una tercera, el tamaño de la población inactiva (que no participa del mercado de trabajo); la última, el tamaño y la evolución del sector informal.
Es interesante observar cómo evolucionó el tamaño del sector informal en Argentina en relación con el ritmo de crecimiento de la demanda y el producto. Como se observa en el gráfico siguiente, el nivel de informalidad (entendida simplemente como asalariados sin descuentos jubilatorios) se redujo sistemáticamente desde fines de 2003 hasta comienzos de 2015. El nivel máximo se alcanzó en la segunda parte de 2003 con 49,5% de informalidad del total de asalariados y en el primer trimestre de 2015 se registró el mínimo histórico (31,9%).
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC
A esa etapa de reducción de la informalidad siguió una nueva fase de estancamiento con una tendencia al aumento que se acentuó desde fines de 2018 y se prolongó hasta fines de 2019. Nótese que esta segunda fase coincide con una etapa de bajo (o nulo) crecimiento económico que desde 2017 se convierte en recesión. Desde comienzos de 2020, y con la irrupción de la pandemia, ingresamos en una tercera fase, en la cual se produce -como veremos enseguida- una reducción abrupta de la informalidad debido sencillamente a que se destruyó mucho más empleo informal que formal.
Siguiendo a Joan Robinson, podemos afirmar que en 2003 existía, además del desempleo «abierto» o registrado, un enorme desempleo «disfrazado». La depresión económica producida en el final de la convertibilidad había llevado el desempleo a niveles muy elevados, forzando a mucha gente a procurarse ocupaciones informales y precarias. Casi el 50% de los trabajadores asalariados se hallaban en esa situación en 2002/2003, mientras en 1994 eran 28% del total. En todo ese periodo, la tasa de desempleo había pasado de 13% en 1994 a 22,1% en 2002. Por ende podemos afirmar, siguiendo la lógica antes expuesta, que el «verdadero» desempleo era considerablemente más alto.
En la segunda etapa, el proceso de crecimiento persistente abierto en 2003 produjo varios resultados al mismo tiempo: redujo la tasa de desempleo (del 22% en 2002 al 6,5% en 2015) y también redujo el desempleo «disfrazado» oculto en la informalidad (del pico de 49% en 2002 al mínimo de 32% a comienzos de 2015).
Desde 2015 en adelante esta tendencia se revierte. No solo se instala una tendencia al aumento del desempleo a partir de fines de 2017, siguiendo la declinación del nivel de actividad. Además, incluso hasta el primer trimestre de 2020 el empleo asalariado informal crece más que la ocupación en el sector formal (que, de hecho, destruye empleo).
Otra vez se confirma la predicción de Robinson: cuando la demanda efectiva y el crecimiento se ralentizan, aumenta el desempleo «disfrazado» con empleos precarios e informales. Como se aprecia en el gráfico siguiente, esto venía ocurriendo desde la primera mitad de 2017 (la línea roja está siempre por encima de la azul hasta la pandemia). Así, mientras la economía se estancaba y retrocedía, la informalidad aumentaba, limitando el aumento del desempleo registrado pero expandiendo el desempleo «disfrazado».
Fuente: Ministerio de Economía e INDEC.
En verdad, un aumento muy grande de la tasa de desempleo es un fenómeno transitorio. Además del desempleo oculto que acaba limitando el aumento de la tasa de desempleo ante una caída de la demanda efectiva y de los niveles de empleo industrial, lo que termina ocurriendo cuando se estanca el crecimiento de la actividad y el empleo es que, a partir de cierto momento, el comportamiento de la población en edad de trabajar (la oferta de trabajo) comienza a cambiar.[1]
Así, en un período de caída de la demanda efectiva, además del desempleo disfrazado, la propia fuerza de trabajo se adapta a las oportunidades de empleo a través de procesos como la inmigración, los cambios en las tasas de participación de ciertos segmentos de la sociedad (jóvenes y mujeres) que eventualmente terminan abandonando la fuerza laboral, ya sea por efecto de desánimo u otras causas.
En este sentido, una medida más amplia de desempleo podría comprender además del desempleo abierto, aquellos grupos sociales que tienen insuficiencia de horas trabajadas o incluso de los ocupados que aún demandan empleo. Esta tasa más «amplia» de desempleo según el Indec era de 39,9% de la población activa en el primer trimestre de 2020 y aún alcanzaba al 38,6% en el primer trimestre de 2021.
Argentina: la montaña rusa del empleo
De este modo, en el momento previo a la irrupción de la pandemia, el mercado de trabajo presentaba claros síntomas de debilitamiento, con aumento del desempleo registrado y oculto, así como de las ocupaciones informales de baja productividad e ingresos. Tomando en cuenta este cuadro podemos entender mejor lo que ocurrió bajo la pandemia utilizando las tasas e indicadores del mercado de trabajo según los últimos datos publicados por el Indec (correspondientes al primer trimestre de 2021).[2]
Los indicadores laborales bajo la pandemia
(en % de la población total y de la PEA)
Fuente: Elaborado en base a Indec.
Como se observa en el gráfico previo, en los 31 aglomerados urbanos (donde habitan casi 29 millones de personas) entre el primer y segundo trimestre de 2020, unos 2,49 millones de personas perdieron su empleo. En el mismo lapso, la población activa (esto es, la población ocupada o que busca activamente empleo) cayó en 2,45 millones de personas. Por ende, pese a que se destruyeron casi 2,5 millones de empleos, la cantidad de desocupados en esos aglomerados aumentó «solo» en unas 40 mil personas.
Sin embargo, en ese mismo periodo, casi 2,5 millones de personas abandonaron la población activa. Muchos de ellos no salieron a buscar empleo porque las actividades donde podían conseguir trabajo estaban cerradas o porque pensaron que no podía encontrar nada en un contexto tan crítico. Al no buscar activamente empleo, las encuestas no los registraron como desocupados. Estos desalentados que abandonaron la población activa a causa de la pandemia eran muchos de los desempleados «disfrazados» u «ocultos» generados en la etapa previa a la pandemia. Así, la pandemia no hizo sino revelar lo que estaba oculto: la fragilidad creciente del mercado laboral y el tamaño del desempleo disfrazado.
Como es claro en el gráfico «Dinámica del empleo, informalidad y crecimiento», el grueso de la destrucción de empleo en la pandemia afectó al sector informal, que había crecido en el periodo previo de estancamiento y declinación de la demanda y el producto. Un estudio reciente muestra que un proceso muy similar tuvo lugar en un conjunto de 14 países de América Latina, en el segundo trimestre del año pasado la cantidad de ocupados disminuyó en 46 millones, pero los desocupados registrados aumentaron «sólo» en 4 millones respecto del primer trimestre. Este proceso se dio con mucha claridad en Brasil, como explica la economista brasileña Julia Braga.
Sin embargo, esa situación se fue revirtiendo bastante rápidamente en Argentina en tanto la economía se recuperaba, al punto tal que en el primer trimestre del corriente año el cuadro laboral, según estos indicadores, era casi idéntico al del primer trimestre del 2020. Puesto en otros términos, la pandemia generó una suerte de montaña rusa en el mercado de trabajo (con vertiginosos movimiento de expansión y contracción) para dejarnos prácticamente igual que al final del gobierno de Macri. Obviamente las políticas que el gobierno puso en marcha en medio de la crisis fueron un factor decisivo para conseguir esa reversión de la tendencia.
¿Todo quedó igual?
Sin embargo, no todo quedó igual que en la etapa previa a la pandemia. Ante todo, conviene subrayar que esta montaña rusa del empleo no resultó neutra en términos distributivos y de ingresos. La irrupción de la pandemia y el confinamiento de abril-2020 frenaron una recuperación salarial que venía tomando forma desde el inicio del gobierno justo en momentos en que se producía un nuevo ciclo de aceleración inflacionaria. La pandemia llevó a un inédito resultado: una contracción del salario nominal en los meses de abril y mayo de 2020.
Fuente: Elaborado en base a Ministerio de Trabajo e Indec.
Como se muestra en el gráfico previo, los salarios nominales pasaron de crecer 8,5% mensual (contra una inflación mensual de 2,3%), a caer en términos nominales -0,2% por mes en abril y mayo, cuando la inflación cayó solo a 1,5% mensual. Esta abrupta desaceleración del aumento del salario nominal (que es el instrumento de los trabajadores para obtener aumentos reales) estuvo muy asociado al cambio en las condiciones de negociación salarial: de repente el empleo se transformó en la prioridad y el estado del conflicto cambió sustancialmente, postergando para un futuro incierto la recuperación salarial. Asimismo, una tendencia subyacente más poderosa, el aumento persistente del desempleo registrado (que pasó de una zona del 6,5% en 2015 a moverse en torno al 10% al final de 2019), también contribuyó al debilitamiento general del poder de negociación salarial.
Adicionalmente, para observar mejor la situación actual del mercado de trabajo, podemos comparar las dos fotos (cuadros de situación) vigentes en el primer trimestre de 2021 en relación al mismo periodo de 2020 (es decir, el instante previo a la irrupción plena de la pandemia). Podemos apreciar mejor las tendencias generales con la ayuda de un gráfico que compare las cifras totales del primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021.[3]
El cuadro laboral general tras la pandemia
(en miles de personas)
Fuente: Elaborado en base a Indec.
Como se ve, la cantidad de desocupación abierta (o registrada), de población activa (PEA) y de ocupados es muy similar. Sin embargo, podemos puntualizar los siguientes cambios:
i) la población activa (PEA) cayó en 102 mil personas como resultado de la disminución del desempleo (-39 mil) y una reducción de la ocupación (-63 mil);
ii) el nivel de ocupados asalariados, al primer trimestre de 2021, era menor que en 2020 (-233 mil) al tiempo que se registraba una aumento del empleo no asalariado (+170 mil personas, en especial cuentapropistas). El resultado neto es la pérdida ya mencionada de 63 mil empleos.
iii) la reducción del empleo asalariado fue resultado de la destrucción de empleos asalariados informales. Mientras el empleo asalariado formal creció (+141 mil) los puestos informales disminuyeron mucho más (-374 mil), lo que resulta en la pérdida de 233 mil empleos asalariados;
iv) hubo un aumento del empleo no asalariado de 170 mil personas (en especial, de los trabajadores por cuenta propia), lo que restando la pérdida de los 233 mil empleos asalariados, resulta en la reducción de la ocupación total (63 mil puestos) que son trabajadores que aún permanecen en la inactividad.
v) hubo un aumento de la incidencia del empleo no asalariado en el total de las ocupaciones (del 26 al 28%), un segmento donde predominan los trabajos informales.
En síntesis, el mercado de trabajo está regresando a los niveles registrados en la etapa inmediata previa a la pandemia, pero las heridas producidas por la crisis del Covid-19 no han desaparecido por completo. Hay un cambio de composición a favor de los empleos no asalariados, donde predominan las ocupaciones informales (es decir. un aumento del desempleo oculto). Asimismo se observa la misma tasa de desempleo (en torno al 10% de la PEA) y la posibilidad de que, ya sea por la recuperación del empleo asalariado informal o por la potencial irrupción de los inactivos, el nivel de desempleo baje muy lentamente (más aún si la economía disminuye su ritmo de crecimiento). En cierto sentido, la pandemia puso en primer plano la creciente fragilidad y precariedad del mercado laboral y, en especial, el tamaño del desempleo oculto o «disfrazado», revelando que puede llevar más tiempo de lo esperado revertir los efectos que produjo en el mercado laboral la debacle económica del gobierno anterior y su prolongación bajo la pandemia.
[1] Los economistas neoclásicos o marginalistas, que constituyen el mainstream de la profesión, suelen argumentar que, a nivel empírico, el hecho de que las tasas de desempleo abierto no tiendan a aumentar indefinidamente sería una confirmación de la visión neoclásica tradicional de que el aumento de la oferta de trabajo terminaría generando, a través de la flexibilidad (baja) del salario real, un aumento de la demanda de trabajo. En realidad, como observaron muchos economistas heterodoxos, ocurre lo contrario: es la propia oferta de trabajo la que acaba por adaptarse a las oportunidades de empleo.
[2] Las tasas de empleo, actividad y desempleo se estiman sobre el total de 31 aglomerados urbanos.
[3] Se consideran los datos de la EPH para 31 aglomerados urbanos.
Anotó un 3,3% (0,4 puntos por debajo del registro de mayo y 0,8 inferior al del de abril). De este modo, acumuló un 24,9% en el primer semestre del año. Pese a la desaceleración mensual, la inflación interanual volvió a acelerarse y superar el 50% (50,3%). La razón de ello tiene que ver con que salen del cómputo meses de inflación moderada (como abril, mayo y junio de 2020) e ingresan meses en donde la inflación fue bastante más elevada. Comunicaciones fue la división de mayor incremento en junio, con un 7,1%. Se explica por alzas del 8,2% en telefonía celular y del 6,1% en internet. En segundo lugar, Recreación y cultura anotó un 5,4% adicional, por la suba de paquetes turísticos tanto al exterior como de cabotaje (39,7% y 41,8%) en la previa de las vacaciones de invierno (y tras el relajamiento de las restricciones de mayo). Equipamiento y mantenimiento del hogar se encareció 3,8% en junio. Si bien los muebles (+2,8%) y los electrodomésticos (+0,8%) se desaceleraron (gracias al menor ritmo de depreciación del peso), la suba de la división se explicó en buena medida por subas del 12% en el servicio doméstico. Alimentos y bebidas volvió a subir por encima de la media en junio (3,5%). Explicado por el fin del programa Precios Máximos anunciado el 8 de junio, que será reemplazado por la canasta “Súper cerca” (que incluye 70 productos con precios impresos en el envase, orientados mayormente a comercios de proximidad). El fin de Precios Máximos fue de la mano con subas de precios en rubros alimenticios que habían tenido relativamente pocos aumentos desde el inicio de la pandemia, como lácteos e infusiones (que subieron por encima del 6% en junio). Las carnes treparon 4,5% en junio, y a pesar del cierre de exportaciones por 30 días iniciado a fines de mayo. En tanto, las frutas y verduras permitieron descomprimir el índice, con bajas respectivas del 4,5% y el 5,6% por motivos estacionales. Por su parte, Vivienda trepó 3,4% en junio, tanto por alquileres (3,3%) como por subas en gas natural pautadas para junio. Otros bienes y servicios también subió 3,4% en junio, impulsados por los cigarrillos (7,9%). Por debajo del nivel general, encontramos a Salud (2,6%), lo cual se debe a alzas del 4,9% en medicamentos. Por último, las subas más moderadas se registraron en Indumentaria y calzado (1,4%), Educación (1,3%) y Transporte (1,0%). Este último rubro desaceleró su suba de precios gracias a la estabilidad en el precio de las naftas, que habían siendo impulsoras de la inflación desde fines del año pasado. En tanto, en las últimas semanas el INDEC dio a conocer datos relevantes de empleo y actividad económica. Los datos referidos al primer trimestre del 2021 fueron mejores a lo esperado, con una tasa de desocupación similar a la previa a la pandemia y con una recuperación significativa del empleo. Sin embargo, dicha recuperación fue asimétrica entre géneros, con los varones mejorando su situación ocupacional mucho más rápidamente que las mujeres. No obstante, los datos del segundo trimestre del año muestran un impacto considerable de la segunda ola en la actividad económica (aunque mucho menos profundo que el de la primera). La actividad económica se contrajo 1,2% mensual en abril, y la industrial lo hizo en 5% en mayo. Con todo, los primeros datos disponibles de junio (producción automotriz y despachos de cemento) muestran mejoras respecto a abril-mayo. De cara a la segunda mitad de 2021, que acaba de comenzar, la pregunta fundamental será cuándo la economía logrará retornar a los niveles prepandemia. Eso dependerá en buena medida de lo que ocurra con el poder adquisitivo de los salarios, que son un motor fundamental de la demanda en una economía en donde el consumo supera el 60% del PBI. En este sentido, la reapertura de paritarias podría permitir recuperar más rápidamente el alicaído poder adquisitivo y dar impulso a la demanda en los meses que siguen.
Sobre la inflación como objetivo excluyente de política económica
Por Fabián Amico (IET CITRA-UMET)
Existe un consenso entre los economistas convencionales acerca de que una inflación baja es siempre mejor (usualmente un dígito) y que la reducción de la inflación sería un objetivo excluyente de política económica (por encima, por ejemplo, del pleno empleo). Además, muchos economistas ortodoxos argumentan que la inflación afecta mucho más a los pobres. Por lo tanto, en términos de distribución de la riqueza, una inflación muy baja debería ser una prioridad. Esto no deja de ser cierto en algunos casos, pero es falso como caso general.
Para indagar sobre este punto resulta muy interesante un trabajo reciente ( Ver Zack, Guido, Schteingart, Daniel, & Favata, Federico. (2020)) que reconstruye una serie completa (y comparable) del índice de pobreza para Argentina. Como se puede observar en el gráfico siguiente, es evidente que entre 2003 y 2013 la pobreza se fue reduciendo persistentemente pese a que la inflación mantuvo una tendencia creciente y se fijó en dos dígitos desde 2006 en adelante. Luego, entre 2014 y 2017 la pobreza se estabilizó, aunque con oscilaciones muy marcadas por las devaluaciones de la moneda. Finalmente, la tendencia se revirtió en 2018 y de allí en más aumentó considerablemente.
Fuente: elaborado en base a Zack, Schteingart & Favata (2020) e Indec.
¿Qué piensan los trabajadores sobre la inflación?
Sin embargo, los resultados de algunas investigaciones parecen poner en tela de juicio la sabiduría convencional. Hace unos años, el economista Arjun Jayadev revisó encuestas sobre las preferencias de la gente con respecto a la inflación y el desempleo(ver Arjun Jayadev 2006). Mientras que las investigaciones anteriores se habían focalizado en si a la gente le gustaba o no la inflación, Jayadev investigó una pregunta más apropiada: ¿cuál problema se considera más serio: la inflación o el desempleo? Jayadev encontró que las personas que se ubican en las zonas más bajas de la distribución del ingreso (los más pobres) percibían el desempleo como algo más grave que la inflación, mientras ocurría lo contrario con las personas ubicadas en las zonas más altas de la distribución.
En un estudio posterior (ver Arjun Jayadev 2007 ), Jayadev encuentra resultados similares cuando divide las muestras por clase social y no por grupos de individuos. Al realizar una evaluación sobre una muestra de 27 países de las «preferencias de clase» hacia la política antiinflacionaria y el desempleo, halló que la clase trabajadora definida en términos generales (en particular los trabajadores menos calificados) tienden a priorizar la lucha contra el desempleo por encima de la lucha contra la inflación. ¿Acaso los trabajadores se equivocan o tienen una conducta irracional al privilegiar la baja del desempleo por encima del objetivo de una inflación baja?
La inflación como un conflicto distributivo
La tendencia de la inflación, tanto en Argentina como en América Latina, es un fenómeno asociado con factores de costo (tipo de cambio, precios internacionales) y de conflicto distributivo (salarios y ganancias) como revela un amplio estudio reciente de Cepal (Comisión Económica para América Latina) sobre 11 países de la región ( ver CEPAL ). En general, puede entenderse como un conflicto sobre la distribución del excedente generado, donde la variable que lidera el proceso inflacionario termina con una porción mayor del excedente y esto determina un cierto resultado distributivo.
Podemos ilustrar este punto considerando las grandes etapas recientes de la inflación argentina.
* 1991-2001: en la etapa del plan de Convertibilidad coexistieron una inflación muy baja, con salarios decrecientes y estancados y un muy alto desempleo. La participación de los asalariados en el ingreso disminuyó y se estabilizó en un nivel más bajo, mientras los niveles de pobreza aumentaron considerablemente. En 2002 una fuerte devaluación acentuó aún más la regresividad distributiva, reduciendo aún más los salarios y aumentando la rentabilidad promedio de la economía. En toda esta etapa, el control de los salarios monetarios fue la llave para mantener una inflación muy baja. A su vez, este control fue posible gracias al mantenimiento de altas tasas de desempleo que funcionaron como factores «disciplinadores» de los conflictos salariales (ver gráfico).
Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Mayoría e Indec.
* 2003-2015: en esta etapa aparecen asociados una inflación creciente con aumentos persistentes del salario real. Ni el nivel de la inflación, ni el ritmo de crecimiento del salario real tienen parangón en la región. Asimismo, hubo una pronunciada reducción del desempleo, acompañada de una mejora de la participación de los trabajadores en el ingreso y una disminución de la pobreza. Todo este proceso admitió una reversión parcial en 2014, cuando se produjo una gran devaluación.
Como muestra el estudio de Cepal antes mencionado, buena parte de la inflación de esa etapa estaba motorizada por la suba de los costos laborales, porque en la economía el salario no solo es la fuente de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, sino que también es un costo de producción para las empresas. Por ende, la suba de los salarios nominales por encima del alza promedio de los precios producía inflación (por su impacto en los costos de producción), pero esa inflación no podía erosionar completamente los aumentos en términos reales.
* 2016-2019: en esta etapa el tipo de cambio y las tarifas fueron las variables que motorizaron la inflación, con los salarios nominales creciendo sistemáticamente por detrás de los precios (excepto en la breve etapa electoral de 2017). Pese a que terminó en una crisis, este resultado distributivo fue un objetivo explícito de la política económica, focalizada en el aumento de la rentabilidad de las empresas y la reducción del costo laboral con el fin de estimular la inversión (política que más tarde se reveló como un fracaso). El desempleo y la pobreza aumentaron, y empeoró la distribución del ingreso.
* 2020-2021: en esta breve etapa, la inflación estuvo muy influenciada inicialmente por el tipo de cambio y más recientemente por una importante suba de los precios internacionales de las commodities que exporta el país. Estos factores han dificultado la recuperación salarial, especialmente en el contexto de crisis impuesto por la pandemia, que llevó tanto a un elevado desempleo como a un aumento de la pobreza.
Los resultados distributivos de los distintos episodios inflacionarios revelan que un desempleo muy alto disminuye sustancialmente el poder de negociación de los sindicatos y, en general, esto se traduce en salarios nominales (o monetarios) menores sea cual fuera la tasa de inflación. La convertibilidad es un ejemplo: muy baja inflación con salarios nominales estancados, aumento del desempleo y la pobreza, y empeoramiento de la distribución del ingreso.
Pero una inflación muy alta no tiene como contrapartida necesaria salarios reales más altos. Eso depende de qué variable está motorizando la inflación. Si son los salarios los que toman la delantera, eso dará un cierto resultado distributivo (como en 2003-2015), pero si los motores inflacionarios son el tipo de cambio y las tarifas llevará a una resultado bien diferente (como en 2016-2019). Por último, el alza de los precios internacionales funciona de modo análogo a una devaluación, porque encarece el precio de los alimentos que son bienes que integran la canasta de los asalariados. La diferencia con una devaluación es que es un episodio ajeno a la política económica y a la dinámica interna. Y cuando se produce en un contexto de alto desempleo, dificulta la recuperación de los salarios.
Obsérvese que en todos los casos, aún con distintos niveles de inflación, un factor crucial para la dinámica del salario nominal (y real) es el nivel de desempleo, algo que explica el resultado que encontró Jayadev y permite entender el núcleo racional de las preferencias de los trabajadores.
La inflación de las y los trabajadores se desaceleró al 3,7% en mayo (0,4 puntos por debajo del registro de abril). De este modo, acumuló un 20,9% en lo que va del año y 49,4% en los últimos doce meses, lo que representa una suba de casi 15 puntos porcentuales respecto a noviembre pasado. La inflación de mayo estuvo motorizada en primer lugar por Vivienda (+5,2%), en un mes en donde se produjeron aumentos de electricidad promedio del 9% en zonas como el Área Metropolitana de Buenos Aires. En segundo lugar, el rubro de Comunicaciones se encareció 4,5%, explicado por subas en servicios de telefonía celular de la misma magnitud. Salud trepó 4,0%, en un mes en donde volvió a haber aumentos de prepagas. Alimentos y bebidas subió muy parecido a la media (3,8%). Dentro de este capítulo, el que más incide en la canasta, las mayores subas se produjeron en verduras (+7,3%), en gran medida por lo ocurrido por el tomate (+27,2% el redondo). Las carnes registraron una desaceleración y treparon 3%. Por debajo del nivel general encontramos a Recreación y cultura, que trepó 3,5% impulsado por alimentos para mascotas que subió por encima del 20% por segundo mes consecutivo. Otros bienes y servicios se encareció 3,4%, traccionado por pañales para bebés (11,4%). Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 3,4% y Transporte lo hizo en 3,3% (la nafta super subió 5,1% y explicó parte de la suba). Por último, Educación subió 2,4% (mayormente por útiles escolares y cursos de educación informal) e Indumentaria y Calzado lo hizo en 1,9%. Mayo se caracterizó a nivel nacional por el cierre de las exportaciones de carne vacuna, cuya inflación en moneda doméstica fue del 74,1% interanual. Más allá de la coyuntura -en donde incide un gran aumento de la demanda china sobre una producción que creció moderadamente en los últimos tres años-, en el largo plazo el precio doméstico de la carne viene subiendo muy por encima del resto de los precios. El kilo de asado se multiplicó por más de 180 veces desde fines de 2001, casi el doble que lo que subió el dólar, y muy por encima de otras proteínas como la aviar y la porcina. La razón del profundo encarecimiento de largo plazo de la carne -que hizo que en los últimos meses el poder de compra en kilos de asado fuera el menor desde por lo menos 1995- obedece a una producción estancada en términos tendenciales. Con una población argentina que crece al 1% anual y una producción ganadera estancada, el resultado ha sido una baja de la producción per cápita y, por ende, una suba del precio que ha redundado en una reducción del consumo per cápita, que en 2020 fue el menor desde 1920. Sin embargo, el panorama luce muy diferente si se incorpora lo ocurrido con la carne aviar y la porcina, cuya producción creció sostenidamente desde los ’90 (y muy por encima del crecimiento poblacional). Esa mayor oferta permitió precios más accesibles, que, a su vez, explican un rápido aumento del consumo de estas proteínas.
