Índice de Fragilidad Laboral (IFL)
2° trimestre 2022

Índice de Fragilidad Laboral (IFL) 2° trimestre 2022

Resumen ejecutivo  

Este informe analiza la incidencia y la evolución de la Fragilidad Laboral en Argentina en el período comprendido entre el segundo trimestre del 2016 y el segundo trimestre de 2022.

Llamamos fragilidad laboral a la distancia entre las condiciones deseables de la dinámica del mercado de trabajo y aquellas efectivamente vigentes, a partir de un “modo ideal” de comportamiento de las principales variables de empleo, ingresos y distribución. De esta forma, por oposición, el concepto de fragilidad laboral alude a la existencia de un mercado de trabajo no frágil u óptimo, dando cuenta que no sólo es relevante contar con empleos suficientes para absorber a la población activa, sino también que estos se encuentren en línea con las normas legales vigentes y sean capaces de brindar a los trabajadores y sus familias los ingresos necesarios para acceder a nivel de vida considerados básicos, en el marco de una distribución equitativa de los ingresos salariales[1].

El Índice de Fragilidad Laboral (IFL) surge como un indicador compuesto y multidimensional que sintetiza tres dimensiones o sub-fragilidades: (a) déficit de empleo (DE), definido como el grado de escasez de puestos de trabajo; (b) precariedad laboral (P), entendida como la calidad de la estructura de puestos de trabajo disponibles; y (c) pobreza e ingresos (PeI), que mide el poder de compra de los ingresos familiares en relación con la línea de pobreza y su distribución. El IFL asume valores entre 0 y 1, donde 0 representa el escenario de no-fragilidad y 1 el de fragilidad crítica. Al multiplicarlo por 100 se interpreta como el nivel de fragilidad laboral en vigor (es decir, la distancia existente entre el escenario ideal de no-fragilidad -IFL=0- y las condiciones vigentes)[2].  

La fragilidad laboral muestra una tendencia al alza desde 2018, en el marco de la doble crisis que atravesó el país desde aquel entonces: la primera, entre 2018 y 2019, en un contexto de contracción de la actividad económica y caída de los ingresos, y la segunda en 2020, como resultado de la irrupción de la pandemia. A lo largo de estos años el índice de fragilidad laboral se incrementa en forma constante, de 35,2% en el segundo trimestre de 2019, a 39,6% y 41,8% en los segundos trimestres de 2019 y 2020, respectivamente.

Las tendencias negativas en el índice de fragilidad laboral se acentúan a lo largo de 2020, lo que conduce a que el indicador alcance, en el último trimestre de ese año, el valor más alto de la serie analizada (46,5%). Desde entonces, a lo largo de 2021 y hasta el primer trimestre de 2022, se asiste a cierta reversión de estas tendencias negativas, lo que obedeció fundamentalmente a una mejora en el índice de déficit de empleo, producto del contexto de recuperación de la actividad económica y de la generación de puestos de trabajo.

Sin embargo, en el segundo trimestre de 2022 el proceso parece detenerse: sin haber recuperado los valores previos a las dos crisis atravesadas por el país, la fragilidad laboral volvió a experimentar un incremento alcanzando el 40,4%. Si bien el porcentaje es menor en 2,5 pp al registrado un año antes (42,9%), la interrupción del proceso a la baja que venía registrándose en los trimestres anteriores advierte sobre la posibilidad del inicio de una nueva tendencia ascendente, que podría ser motorizada por la expansión del índice de precariedad, frente a una estructura productiva que sigue mostrando problemas para generar puestos de trabajo de calidad, y del índice de pobreza e ingresos, en el marco de un contexto caracterizado por altos niveles de inflación que impacta sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

[1] Para más detalles metodológicos respecto de la construcción del IFL ver Anexo metodológico en Novick, M., Di Giovambattista, A. y Gárriz, A. (2019) ”Índice de Fragilidad Laboral en Argentina (2016-2019), https://pulsocitra.org/wp-content/uploads/2019/11/IFL-Octubre-2019.pdf; y el Anexo de este documento.

[2]Los indicadores incorporados en el IFL presentan comportamiento estacional, por lo que un correcto análisis de su evolución requiere compararlos entre idénticos trimestres.

Índice de Fragilidad Social (IFS)
2° trimestre 2022

Índice de Fragilidad Social (IFS) 2° trimestre 2022

Resumen ejecutivo

Este informe analiza la incidencia y la evolución de la Población No Integrada Socialmente y, particularmente, de la Fragilidad Social, desde el segundo trimestre del 2016 en la Argentina.

Las personas en situación de fragilidad social son aquellas que tienen altas probabilidades de caer en la pobreza en contextos socioeconómicos críticos. No son pobres, pero tampoco están integradas socialmente en forma plena. Mientras el concepto de pobreza hace referencia a una situación de privación efectiva y actual, la fragilidad alude al riesgo de empobrecimiento en el futuro.  Hay frágiles por ingresos y frágiles estructurales. Estos últimos, además de poseer bajos ingresos, detentan ciertas características sociodemográficas y laborales que incrementan sensiblemente sus chances de pasar a engrosar la población pobre en contextos económicos desfavorables.

Así, en cada etapa es factible identificar al segmento que denominamos población no integrada socialmente, compuesto por las sub-poblaciones de indigentes y pobres, pero también por aquellos en situación de fragilidad social (por ingresos y estructurales).

Durante el período analizado se registran tendencias negativas en materia de integración social. El porcentaje de población no integrada socialmente mostró incrementos significativos en dos etapas: entre 2018-2019, en el marco de la crisis económica y social por la que atravesó el país por esos años, y la segunda en 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Si entre los segundos trimestres de 2018 y 2019 la población no integrada socialmente había aumentado 9,4 pp, de 49,2% a 58,6%, la irrupción de la pandemia llevaría a que ese porcentaje alcance un pico de 66,4% en el segundo trimestre de 2020. Si bien en 2021 el indicador registró cierta disminución, no se logró alcanzar los valores previos a las dos crisis.

Los últimos datos disponibles, para el segundo trimestre de 2022, muestran que el contexto de aceleración inflacionaria atravesado por el país se tradujo en un nuevo incremento de la población no integrada socialmente. En ese trimestre, el porcentaje de población no integrada socialmente en la Argentina ascendió a 60,2%, 11 p.p. por encima del valor registrado cuatro años antes, en el segundo trimestre de 2018 (49,2%).  Del total de 60,2% de personas no integradas socialmente, 8,8% era indigente, 29,4% pobre (aunque no indigente), y un 22,0% adicional se encontraba en condición de fragilidad social. Entre la población socialmente frágil, y en forma similar a lo observado durante todos los años analizados, la mayoría, 13,7%, eran frágiles estructurales, el 13,7%, mientras el resto, 8,3%, lo eran únicamente por ingresos.

Índice de Fragilidad Social (IFS) 2° trimestre de 2021

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INDICE DE FRAGILIDAD SOCIAL (IFS)
2° trimestre de 2021

Las personas en situación de fragilidad social son aquellas que tienen altas probabilidades de caer en la pobreza en contextos socioeconómicos críticos. No son pobres, pero tampoco están integradas socialmente en forma plena. Mientras el concepto de pobreza hace referencia a una situación de privación efectiva y actual, la fragilidad alude al riesgo de empobrecimiento en el futuro. Hay frágiles por ingresos y frágiles estructurales, que no sólo posee bajos ingresos sino que, además, detenta ciertas características sociodemográficas y laborales altamente asociadas con la pobreza que incrementan sensiblemente sus chances de pasar a engrosar la población pobre en contextos económicos desfavorables.
Este trabajo analiza la incidencia y la evolución de la integración social y, particularmente, de la fragilidad social durante el período 2016-2021, a nivel nacional. El segundo trimestre de 2018 marca el inicio de un período de profundización de la fragilidad socioeconómica, y consecuentemente, del crecimiento de la Población No Integrada Socialmente (PNIS) en términos sociales. Dichos fenómenos responden a la crisis económica que se hace explícita a partir de la dinámica insostenible del sector externo, y a partir de la cual se produjeron tensiones en el mercado cambiario que finalmente derivaron en el primero de los episodios devaluatorios que marcaron el 2019.
En particular, entre el segundo semestre de 2018 y el segundo de 2019, la PNIS creció un 9,5 pp alcanzando al 58,6% de la población -valor máximo desde el inicio de la serie a ese momento-.Por tanto el impacto de la COVID-19 debe analizarse en el contexto de una situación socioeconómica caracterizada por el aumento de la Población No Integrada Socialmente durante un año y medio antes. Asimismo, la crisis sanitaria muestra su impacto fundamentalmente durante el segundo trimestre de 2020, cuando las disposiciones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) implicaron restricciones a la circulación bien estrictas. En ese período, 2t-2020, la PNIS asume en el valor más elevado de la serie, alcanzando el 66,4%: más de 6 de cada 10 residentes no se encontraban integrados en términos sociales con plenitud; y se ubicó 7,8 puntos porcentuales por encima del valor del 2t-2019.
Durante el tercer trimestre del 2020 y como consecuencia del relativo relajamiento de las restricciones a la circulación y la posibilidad de percibir ingresos de parte de la población que ante el confinamiento había estado privada de trabajar, la PNIS decreció al 59,4% aunque para el último trimestre del 2020, en el contexto de una aceleración de la dinámica inflacionaria que conllevó al deterioro de la capacidad de compra de los ingresos, volvió a ubicarse por encima del 66% (66,2%). Así, el inicio del año 2021 estuvo signado por una situación socioeconómica en la que nuevamente más de 6 de cada 10 personas eran indigentes, pobres o frágiles. Puntualmente, y respecto del último trimestre del 2019, crecieron las tasas de pobreza e indigencia en 1,9 y 5 pp, respectivamente, y creció también la tasa de fragilidad agregada en 1,3 pp -resultado de un aumento de la población frágil estructural de 2,2 pp y una leve reducción de la frágil por ingresos, en 0,9 pp-.
Para el segundo trimestre del 2021, que abarca una nueva y temporaria fase de restricciones a la circulación durante el mes de mayo, la Población No Integrada Socialmente alcanzó el valor del 63,7%. Es decir, 6 de cada 10 personas se encontraron en situación de no integración social de forma plena; 3 de esos 6 fueron pobres, 1 fue indigente y los 2 restantes resultaron frágiles. La tasa de fragilidad social ascendió al 22,2% de la población: la tasa de fragilidad por ingresos fue del 8,6% – 0,5 pp por encima del valor del 2t-2020- al tiempo que la tasa de fragilidad estructural alcanzó el 13,6% – 2,2 puntos superior al mismo trimestre del año anterior-.
Además, de la etapa que inicia con la recesión iniciada en abril de 2018 y hasta el último semestre móvil -que incluye primer y segundo trimestre del 2021- se desprende una relativa estabilidad en la proporción de la población que constituye el grupo de frágiles totales. Por tanto, el crecimiento de la Población No Integrada Socialmente que se verifica en ese período se explica por el crecimiento de la indigencia y la pobreza.
A ello debe adicionarse el hecho de que, al interior de la población frágil, la subpoblación de frágiles por ingresos presenta lógicamente mayor volatilidad que la población frágil estructural -cuyos valores mínimo y máximo de la serie son muy cercanos, del 12% y del 14,6% respectivamente-. De ambas regularidades señaladas, se desprende, entonces la potencialidad de las políticas de ingresos para favorecer una mayor integración social.

Impulsada por alimentos, la inflación alcanzó un 4,3% en febrero.

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Impulsada por alimentos, la inflación alcanzó un 4,3% en febrero.

En febrero, la inflación de las y los trabajadores se ubicó en 4,3%, lo que representa una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto al 4,2% registrado en enero. De este modo, en los dos primeros meses del año, la inflación alcanzó un 8,7%. En tanto, en los últimos doce meses fue del 51,5%.
La inflación de febrero estuvo motorizada por los Alimentos y Bebidas, que subieron 6,5% luego de haberlo hecho en 5,8% en enero. Hubo una particular disparada de las verduras (+25,2%), la cual se registró en una diversidad de productos, tales como cebolla, zanahoria,
papa o tomate, entre otros. Las frutas subieron 8,6%, destacándose la naranja y la banana.
El pan y los cereales treparon 8,5%, traccionado por el pan francés (+12,5%). Vale tener en cuenta que estos valores casi no recogen las presiones inflacionarias derivadas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que dispararon el precio internacional del trigo a partir de finales de febrero. El pescado (+7,8%), las bebidas alcohólicas (+7,7%) y los aceites y grasas (+6,6%) también tuvieron un febrero particularmente inflacionario. Solo las carnes (+1,7%) permitieron amortiguar las fuertes subas registradas en el mes.
La segunda división con mayores alzas fue Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 4,3%, con alzas destacadas en productos de higiene y limpieza. Le siguen en orden Salud, que trepó un 4% adicional, Otros bienes y servicios (+3,9%), Comunicaciones (+3,9%), Transporte (+3,5%, hubo suba de naftas) y Recreación y cultura (+3,1%). Solo Vivienda (+2,6%), Educación (1,6%) e Indumentaria y calzado (+1,1%) registraron alzas por debajo del 3%.
En la segunda mitad del informe se detalla la situación de la actividad, el empleo y los salarios reales. La última parte de 2021 terminó con inflación elevada, pero también con un claro repunte económico y, más moderadamente, en el empleo y los salarios. A fines de
2021, la actividad económica alcanzó el mayor nivel desde marzo de 2018, apuntalada por la industria -en primer lugar-, pero también por la recuperación de la construcción, los hidrocarburos en Vaca Muerta, el comercio y algunos servicios como por ejemplo los informáticos. En el empleo formal privado, diciembre fue el mes en el que se retornó a la cantidad de puestos de trabajo formales asalariados privados previos a la pandemia. En tanto, el salario real a fines de 2021 se ubicó levemente por encima de los guarismos de fines de 2019.
No obstante, vistas en una perspectiva de más largo plazo, estas mejoras son muy débiles dentro de una tendencia de deterioro. El empleo formal privado ajustado por crecimiento poblacional está actualmente en el menor valor desde 2009 (solo por encima de 2020). En tanto, el salario real privado está 14,7% por debajo de 2013 y el público 20,4% por detrás del mismo año.

La inflación volvió a acelerarse en el primer mes de 2022: 4,2%

La inflación volvió a acelerarse en el primer mes de 2022: 4,2%

En enero, la inflación de las y los trabajadores se ubicó en 4,2%, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al 3,9% registrado en diciembre. De este modo, en los últimos doce meses, la inflación acumuló un 51,2%.
La inflación de enero estuvo particularmente influenciada por Alimentos y bebidas, que subieron 5,8% en el mes, acumulando así un 59,8% en los últimos 12 meses. Dado el gran peso que tienen los alimentos en la canasta de las y los trabajadores, la suba de precios de este rubro explicó el 46% de la inflación total registrada en el mes.
La gran mayoría de los rubros alimenticios subió por encima del 4% mensual, con la excepción de carnes (2,5%), aceites y grasas (1,6%) y bebidas no alcohólicas (3,3%). Las mayores alzas se produjeron en verduras (27,5%), lo cual se debe principalmente al tomate (76% el redondo), la lechuga (+32,6%) y la cebolla (+14,5%). Las bebidas alcohólicas subieron 8,2% (acumulando un 83,5% interanual), con la cerveza trepando 8,7% y el vino fino 8,1%. El vino ha registrado una muy intensa suba en el último año, con un rango que va del 127% en el vino fino al 148% al vino de mesa.
Además de los alimentos, destacan las subas del 5,1% en Educación, impulsada por los útiles escolares que subieron 14,5%. Recreación y cultura subió 4,4%, debido a la temporada alta turística, que incidió sobre precios de pasajes y hoteles.
Por debajo del nivel general, encontramos en primer lugar a Comunicaciones (3,7%), Salud (3,6%), Indumentaria y calzado (3,5%), Transporte (3,5%) y Otros bienes y servicios (3,5%). Solo Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,8%) y Vivienda (2,1%) registraron alzas por debajo del 3%.
Así como los datos inflacionarios de los últimos meses son preocupantes, los de reactivación económica se muestran mucho más auspiciosos de lo previsto. 2021 finalizó con el mayor nivel de actividad económica desde 2017, en parte gracias a que las exportaciones -que alcanzaron el mayor nivel desde 2012- permitieron dar más aire al BCRA para acumular reservas en la primera mitad del año y, de este modo, habilitar las importaciones de insumos y maquinarias necesarias para una economía en crecimiento.
La industria, que había tenido un muy negativo desempeño en el período 2015-2019, mostró una sólida recuperación: diciembre pasado fue el mejor diciembre desde 2015, y con una producción industrial 15,9% superior a la de 2019. Tomando el conjunto del año 2021, la producción industrial terminó 7,1% por encima de la de 2019 e incluso 0,3% por arriba de la de 2018. Más allá de esta fuerte reactivación, aparecen interrogantes respecto a la continuidad de dicha mejora para 2022, toda vez que las reservas del BCRA (fundamentales para que la recuperación económica prosiga) están enflaquecidas. Será clave, en ese sentido, lo que ocurra con la cosecha agropecuaria (principal fuente de divisas del país) y con cómo se desenvuelva el acuerdo con el FMI.

En el plano del empleo, desde fines de 2020 se aprecia una recuperación sostenida del empleo asalariado formal privado, aunque a noviembre de 2021 todavía faltaban recuperarse 18.000 puestos de trabajo comparado contra febrero de 2020. Una mirada más profunda (tomando no solo el empleo formal sino también el informal y el cuentapropista) permite ver que en el tercer trimestre de 2021 se había recuperado el PBI de 2019, pero no todavía el empleo. La razón es que las ramas de menor productividad relativa (esto es, que contribuyen más al empleo que al PBI), estuvieron entre las más afectadas por la pandemia, como servicio doméstico y turismo y gastronomía. En contraste, las actividades de mayor productividad relativa (como industria, petróleo o minería, entre otros), y que contribuyen más al PBI que al empleo, tuvieron una reactivación muy clara.

Índice de Fragilidad Laboral (IFL) 2°trimestre de 2021

Al segundo trimestre de 2021 la fragilidad laboral alcanzó los 42,9 puntos a nivel nacional.

Llamamos fragilidad laboral1 a la distancia entre las condiciones deseables de la dinámica del mercado de trabajo y aquellas efectivamente vigentes, asumiendo que existiría un “modo ideal” de funcionamiento.
En ese sentido, el Índice de Fragilidad Laboral (IFL) describe la situación y evolución del mercado de trabajo argentino en los últimos años (2016-2021) a partir de la medición cuantitativa del grado de fragilidad. El IFL surge como un indicador compuesto y multidimensional que sintetiza tres dimensiones o sub-fragilidades:
(a) déficit de empleo (DE), definido como el grado de escasez de puestos de trabajo; (b) precariedad laboral (P), entendida como la calidad de la estructura de puestos de trabajo disponibles; y (c) pobreza e ingresos (PeI), que mide el poder de compra de los ingresos familiares en relación a la línea de pobreza (y su distribución).
Eso implica que para analizar la fragilidad agregada se mide la capacidad de la economía para generar los puestos de trabajo necesarios para absorber a la totalidad de la población activa; la calidad y modalidad de empleo predominante, en vínculo directo con la dinámica de los ingresos (y su distribución), y la evolución de la pobreza. Así, el IFL asume valores entre 0 y 1, donde 0 representa el escenario de no-fragilidad y 1 el de fragilidad crítica. Al multiplicarlo por 100 se interpreta como el nivel de fragilidad laboral en vigor (es decir, la distancia existente entre el escenario ideal de no-fragilidad -IFL=0- y las condiciones vigentes), medido en puntos.
El período analizado va del segundo trimestre de 2016 al segundo trimestre del 2021. Los resultados muestran que la fragilidad laboral inicia una tendencia al alza en el tercer trimestre de 2018, como resultado de la crisis macroeconómica que implicó devaluación del tipo de cambio y, consecuentemente, aceleración inflacionaria. Esto, a su vez, redujo la capacidad de compra de los ingresos, al tiempo que, al caer la actividad cayó también el empleo -en simultaneidad con el aumento de la participación de empleo informal-. De esta forma, el cimbronazo de la pandemia de la COVID-19 a inicios del 2020 se da en el marco de un mercado laboral signado por el déficit de empleo, una creciente precariedad laboral y la intensificación de la pobreza y desigualdad en los ingresos de la población trabajadora.
Al segundo trimestre de 2021 la fragilidad laboral alcanzó los 42,9 puntos a nivel nacional, lo que implica un aumento de 7,7 puntos porcentuales (pp) respecto a igual período de 2018, de 3,32 respecto al 2t-2019 y de 1 pp respecto al 2t-2020. De modo que se constata que la tendencia de creciente fragilidad iniciada a mediados de 2018 se intensifica con la irrupción de la pandemia.
Dicho valor indica que el funcionamiento del mercado laboral se encontró a 42,9 puntos del escenario de nula fragilidad, ubicándose un 2,5% (1pp) por encima del valor del segundo trimestre del 2020. En relación a lo acontecido un año atrás, destaca un significativo avance de la dimensión de Precariedad (+11,5 pp) y el aumento -aunque más acotado- de la de Pobreza e Ingresos (+1,6pp), que resultan parcialmente compensados por la disminución de la fragilidad ligada a la dinámica de Déficit de Empleo, que se reduce 9,9 pp.
Antes de continuar, es relevante hacer foco en dos puntos relevantes. En primer lugar, que los resultados no pueden disociarse del período de excepcionalidad que se encuentra atravesando el mundo a raíz de la pandemia de la COVID-19, así como tampoco puede interpretarse el contexto laboral sin considerar la profundidad de las reconfiguraciones en las jornadas laborales y los procesos de trabajo derivados de las disposiciones de distanciamiento social. En segundo lugar, que la interpretación de estos resultados no debiera omitir un estado de situación de fragilidad en ascenso durante al menos un año y medio previo a la irrupción de la pandemia. Es sobre ese marco que, aún cuando se estipularan medidas de protección del empleo -como el Decreto 329/2020 de prohibición de despidos y suspensiones, o el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), Decreto 332/2020- constatamos que la crisis sanitaria y las disposiciones de aislamiento derivadas profundizaron las debilidades preexistentes, configurando un escenario crítico del mercado de trabajo.

1
Para más detalles metodológicos respecto de la construcción del IFL ver Anexo metodológico en Novick, M., Di Giovambattista, A. y Gárriz, A. (2019) ”Índice de Fragilidad Laboral en Argentina (2016-2019), https://pulsocitra.org/wp-
content/uploads/2019/11/IFL-Octubre-2019.pdf; y Anexo Presentación del Índice de Fragilidad Laboral en este documento

El debate sobre el endeudamiento externo

El debate sobre el endeudamiento externo

 

Por Fabián Amico

A medida que el tiempo pasa, van cobrando relevancia las severas consecuencias que tendrá para el futuro próximo del país el nivel y especialmente el tipo de endeudamiento que legó el gobierno de Mauricio Macri. En la proximidad de las elecciones de medio término (y con la pandemia en una situación más contenida), esta problemática fue recobrando el centro de la escena. En el entorno cercano al ex presidente intentaron defender la política de endeudamiento seguida entre 2016 y 2019 con diversos argumentos, sosteniendo que el gobierno actual se estaría endeudando más (o más rápido aún) que el anterior.

Buena parte del debate se focalizó en el tamaño de la deuda y sus plazos de pago, así como su relación con el déficit fiscal. Sin embargo, en esta breve nota queremos poner el énfasis en otro aspecto mucho más relevante: el tipo de endeudamiento que contrajo el gobierno anterior y mostrar que la naturaleza del endeudamiento no tiene siquiera relación con el tamaño de la deuda.

Tamaño y composición de la deuda pública

En la literatura convencional las condiciones de solvencia y sostenibilidad de la deuda externa son tratadas, en general, por la relación entre el flujo de nuevo endeudamiento y el PIB. La relación deuda pública / PIB es un indicador muy habitual. Intenta relacionar los pagos por deuda pública con la generación de ingresos (PIB). Debido a que el gobierno captura parte del PIB bajo la forma de impuestos, el aumento del PIB sería un índice de la capacidad de pago del gobierno vinculada a una mayor recaudación. Es análogo al caso de una familia que relaciona el monto de su deuda con el ingreso familiar, y cómo evolucionan estas dos magnitudes a través del tiempo.

Pero en el caso de la deuda pública surgen dos diferencias cruciales. En primer lugar, si la deuda pública está denominada en moneda doméstica, el Gobierno ya no se parece en nada a una familia. De hecho, una familia no puede emitir pesos (crear dinero) para pagar sus deudas y tampoco puede fijar la tasa de interés que paga por ninguna de sus obligaciones. De modo análogo, una familia nunca podrá influir sobre sus ingresos aumentando o bajando sus gastos. El gobierno sí: cuando el gobierno modifica su gasto, eso altera el tamaño del PIB y por ende modifica su propio ingreso (impuestos). Una familia austera puede controlar el resultado de la diferencia entre gastos e ingresos; el gobierno no, porque los ingresos del gobierno (impuestos) no son independientes de su gasto. El gobierno puede decidir cuánto gastar, pero no puede decidir cuánto “ganar” (recaudar) porque eso depende también de decisiones del sector privado (tanto en consumo como inversión).

El punto principal es que en países donde el Estado emite una moneda soberana, el gobierno no puede ser forzado a quebrar si su deuda está denominada en su propia moneda. Esta condición no solo es verdadera por el hecho obvio de que, en última instancia, el gobierno puede pagar la deuda emitiendo moneda, es decir, mediante el financiamiento directo del banco central. Sino que incluso en aquellos países donde la ley prohíbe al Banco Central financiar directamente al Tesoro, el gobierno no puede quebrar si su deuda está denominada en su propia moneda porque siempre se puede financiar a la tasa de interés de corto plazo fijada por el Banco Central (Como el banco central, en general, tiene un objetivo de tasas de interés, al fijar el nivel de la tasa se compromete en la práctica a comprar cualquier cantidad de estos bonos del gobierno que el sector privado no desee retener en el mercado secundario. De facto, este rol de comprador de último recurso de títulos públicos por parte del Banco Central no configura una monetización de la deuda pública). Un debate posible es acerca de cuáles son los efectos de estas acciones de política, pero eso no cambia la validez de la proposición anterior.

La cuestión cambia considerablemente cuando la deuda pública está denominada en moneda extranjera (básicamente en dólares). En este caso, el gobierno comienza a parecerse a una familia: tiene una deuda en una moneda que no emite, y sobre la cual no controla la tasa de interés. Pero existe un problema más serio aún. Como dijimos al comienzo de esta sección, en la literatura convencional las condiciones de sostenibilidad de la deuda externa son tratadas, en general (y sin distinguir monedas), como una relación entre el flujo de endeudamiento y el PIB. Así, la relación deuda pública / PIB es también el indicador más utilizado en este caso.

Obsérvese que, cuando la deuda pública es denominada en dólares, este tipo de indicador tiene el problema fundamental de tratar el PIB (y los impuestos del gobierno) como un indicador de la capacidad de pago de la deuda en dólares. Ciertamente, el gobierno puede inyectar poder adquisitivo (gastar) para inducir un mayor crecimiento del producto. Si sube el PIB, la relación deuda/PIB mejoraría (el peso de la deuda disminuiría). Sin embargo, esta inyección de poder adquisitivo no está denominada en dólares (salvo que se trate de Estados Unidos) y por tanto no se traduce en una mayor disponibilidad de divisas. De hecho, el PIB se realiza en pesos y los impuestos se recaudan en pesos.

Debido al descalce de monedas (la moneda en que está denominada la deuda externa y la moneda emitida por el gobierno), la relación deuda externa / PIB no puede captar la capacidad para pagar este pasivo. Las cosas no mejoran (más bien empeoran) si el PIB se multiplica por un cierto tipo de cambio y todo se expresa en dólares. ¿Eso significa que Argentina, por ejemplo, puede vender todo su PIB a cambio de dólares en el mercado mundial? Evidentemente no. La parte del PIB que se vende en el mercado mundial y con la cual se obtienen dólares son las exportaciones (también se pueden obtener dólares mediante préstamos o inversiones, pero eso no solo no tiene ninguna relación con el PIB, sino que tiene la contrapartida del pago de intereses y de remisión de utilidades que debe ser tomada en cuenta.  Y una vez más, el único ingreso para pagar esos intereses y beneficios en el largo plazo son las exportaciones). Así, a diferencia de los modelos convencionales, lo que debe considerarse como fuente de pago de una deuda en divisas (dólares) son las exportaciones y no el producto (PIB). Si la trayectoria de las exportaciones (ingreso de dólares) no alcanza para cubrir los pagos de intereses de la deuda (además de los otros gastos de divisas como importaciones, remisión de utilidades, turismo, etc.), el país en cuestión puede quebrar ya que, a menos que se trate de Estados Unidos, no puede emitir dólares para amortizar la deuda.

Existe una dimensión adicional que se suele prestar a confusiones. Muchos organismos internacionales (por ejemplo, FMI y Cepal) consideran como deuda pública externa no al endeudamiento realizado en una moneda extranjera, sino por el hecho de si la deuda del gobierno es con residentes en el país (interna) o con no residentes (externa) con independencia de la moneda. Por supuesto, cada forma de clasificar la deuda puede tener su importancia para diversos fines (jurídicos, políticos, etc.). Pero la forma de medir la sostenibilidad de la deuda debe regirse por los principios antes enunciados. Por caso, si el gobierno se endeuda con residentes nacionales en dólares, las condiciones de sustentabilidad cambian sustancialmente (son más exigentes) en comparación con una deuda en pesos con no residentes.

Trayectorias de déficits fiscales

Veamos un ejemplo real de las distintas trayectorias de endeudamiento de países similares (de América Latina) y su relación con otras variables de interés como los déficits fiscales. Se supone que la deuda pública es la contracara del déficit fiscal del gobierno. Si el gobierno tiene un déficit mayor, y no recurre a la financiación directa del banco central, debe requerir más endeudamiento o subir impuestos (o una combinación de estas alternativas). Cuando se observa la evolución de los déficits fiscales (tanto primario como global, gráficos 1 y 2) surge que el tamaño del déficit de Argentina no era significativamente distinto de los niveles exhibidos por los otros países de la región.

Fuente: Cepal.

El gráfico 1 muestra el déficit fiscal primario de los países escogidos (es decir, el resultado de gastos del gobierno que exceden a sus ingresos, expresados como porcentaje del PIB). El gráfico 2 muestra el déficit global o financiero que contiene además el pago de intereses de deuda. En todos los países se observa la misma tendencia: los déficits tienden a aumentar desde 2011 en adelante debido a la desaceleración del nivel de actividad regional. Cuando el PIB crece menos o cae, forzosamente los impuestos que se recaudan sobre ese nivel de actividad tienden a disminuir. Como los gastos no caen automáticamente y muchos de esos gastos son rígidos a la baja (jubilaciones, salarios, etc.), el déficit fiscal aumenta endógenamente.

Nótese, sin embargo, que en el caso argentino el déficit fiscal primario (gráfico 1) acumulado entre 2016 y 2018 supera el resultado deficitario obtenido entre 2011 y 2015. Una de las razones es que bajo el gobierno de Macri hubo una disminución de los impuestos a las exportaciones (“retenciones”) agropecuarias y mineras, así como una baja del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales. Estas medidas beneficiaron a los grupos sociales más ricos de la sociedad y llevaron a una pérdida de recaudación en 2016 equivalente al 1,5% del PIB (Ver: https://itegaweb.org/cual-es-el-deficit-fiscal/). La otra razón es que la economía tuvo en 2016 una caída del PIB de algo más de 2% en el año, produciendo una disminución de la recaudación tributaria (de IVA, ganancias, etc.). Es decir, parte del endeudamiento para cubrir el déficit sirvió para financiar la rebaja de impuestos a los grupos más ricos.

A partir de 2017 el déficit primario disminuye, pero ya en 2016 había comenzado a crecer el déficit financiero (que contiene el pago de intereses de la deuda, gráfico 2). Alguien podría decir que no hay nada extraordinario en eso. Por caso, Brasil presenta un déficit global mucho más alto que Argentina y no experimentó ninguna de las consecuencias que enfrentó Argentina entre 2018 y 2019. Colombia y Uruguay muestran niveles de déficit similares y ninguna tormenta cambiaria ni amenaza de default tuvo lugar en esos países.

Trayectorias de deudas públicas

La observación empírica de las trayectorias de deuda pública en América Latina encierra estas sutilezas: clasificación por residencia (en lugar de monedas) y relaciones entre deuda pública y PIB. Si observamos las series de deuda pública externa (Ver: https://www.cepal.org/es/publicaciones/46070-estudio-economico-america-latina-caribe-2020-principales-condicionantes), -es decir, deuda con no residentes expresada en dólares- tenemos la trayectoria del Gráfico 3.

Fuente: Cepal.

En el contexto regional la evolución de la deuda argentina no parece ser explosiva. En particular, sobresale nítidamente la trayectoria de deuda de Chile, considerado un modelo a seguir por los analistas más ortodoxos de Argentina y de la región. Sin embargo, el gráfico precedente puede esconder algunas diferencias importantes. En el gráfico 4 se muestra cuánto creció la deuda pública externa (con no residentes) entre 2002 y 2015 en comparación con el lapso 2016-2019.

En el caso argentino, entre 2002 y 2015 la deuda con no residentes creció 11%, mientras entre 2016-2019 aumentó 94%. Sin embargo, Chile tuvo un crecimiento más “explosivo” de su deuda, también Perú, Uruguay y México. Y una vez más: en esos países, sea en un periodo o en otro, frente al aumento de sus deudas y de sus déficits no hubo episodios de salidas persistentes de capital, colapso cambiario o riesgo de default. De hecho, el riesgo de default solo aumentó significativamente en Argentina (gráfico 5).

          Fuente: Emerging Markets Bonds Index calculado por JP Morgan y Cepal.

Tanto la trayectoria de la deuda pública como del déficit no parecen ser suficientes para justificar la debacle que experimentó la argentina desde comienzos de 2018. Algo parece faltar en la explicación.

La temprana advertencia del BIS

El BIS (Bank for International Settlements) es una organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales. Es conocido como el “banco de los bancos centrales” y sus trabajos de investigación suelen ser de una rara calidad para un organismo de esas características.

Un temprano estudio del BIS (Ver: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709w.htm), anticipó algunas claves fundamentales para entender lo que ocurrió con el endeudamiento argentino. El estudio en cuestión observó a fines de 2016 que la deuda pública de los países emergentes era más del doble que en 2007, pero que su composición había cambiado significativamente. Los préstamos se realizaban principalmente en moneda doméstica, mientras la participación de los bonos públicos denominados en moneda extranjera era mínima en la mayoría de los casos.

Los préstamos se realizan principalmente en monedas locales, con vencimientos más largos y a tasas fijas. Así, el estudio reveló que la proporción de bonos públicos en circulación denominados o vinculados a una moneda extranjera era mínima para la mayoría de los países y muchos habían reducido considerablemente el endeudamiento en moneda extranjera en los últimos años.

El BIS observó que “Argentina es una excepción a este patrón”, ya que ha aumentado la emisión de deuda tanto nacional como internacional vinculada o denominada en moneda extranjera. “El gobierno central argentino tiene $ 56 mil millones en títulos de deuda internacional en circulación, de los cuales $ 37 mil millones están denominados en dólares estadounidenses. Alrededor del 56% de los bonos del gobierno central emitidos a nivel nacional en circulación de Argentina están denominados en moneda extranjera, por un valor de 41.000 millones de dólares a fines de 2016. Esta participación ha ido aumentando de manera constante desde 2007, cuando se situó en el 28%”, explicaba el BIS hacia 2017.

Otro desarrollo notable en el ámbito de la deuda pública de los países en desarrollo se relacionaba con el aumento del plazo de vencimiento medio, que en muchos casos era comparable con las economías avanzadas. El vencimiento residual medio de los títulos de deuda del gobierno central de las economías en desarrollo (o “emergentes”) incluidas en la muestra del BIS era de 7,7 años, sólo ligeramente inferior al de las economías avanzadas (8 años).

A contramano del mundo en desarrollo (o emergente), Argentina se endeudaba cada vez más en moneda extranjera, más rápido y con plazos de vencimiento más cortos. No es extraño entonces que el propio FMI sentenciara en un informe de 2018, tras la firma del acuerdo con Argentina, que la deuda de Argentina era sostenible pero “no con una alta probabilidad” (Ver: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/12/19/Argentina-Second-Review-under-the-Stand-By-Arrangement-Financing-Assurances-Review-and-46485). Y aún en esas condiciones el organismo aprobó un préstamo récord de 57 mil millones de dólares (de los cuales se desembolsaron 44 mil).

El acuerdo con el FMI impuso una política fuertemente contraccionista, con una meta de eliminación del déficit fiscal primario en 2019 (“déficit cero”). Pero el acuerdo potenció la inestabilidad ya que el gobierno se comprometió a mantener “un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”, limitando las intervenciones del BCRA a períodos en los que se detecte “una clara disfunción del mercado” (FMI, 2018).

El FMI consideraba que la corrida contra el peso era un síntoma del desequilibrio interno (fiscal) que se traducía en más déficit externo y endeudamiento. Según esa visión, el ajuste fiscal y cambiario corregirían las cosas.

El rasgo más notable es que, al tiempo que disminuía el peso de la deuda pública intraestatal (es decir, deuda entre organismos del mismo gobierno, donde el default es técnicamente imposible), el endeudamiento público en moneda extranjera con el mercado privado prácticamente se multiplicó por dos en menos de tres años (Ver: https://circusrevista.com.ar/wp-content/uploads/04-Amico-La-macroeconom%C3%ADa-de-Macri-52-89.pdf). La carga de la deuda externa se tornó más gravosa aún dado el lento crecimiento de las exportaciones desde 2015.

Habíamos dicho antes que el endeudamiento público es la contracara del déficit fiscal, pero esto deja de ser cierto cuando esa deuda está denominada en moneda extranjera, porque ahora el peso de la deuda (medida en pesos) está mediada por la evolución del tipo de cambio (agradezco esta observación de Fernando García Díaz). La devaluación de la moneda aumenta la carga de intereses en pesos de una deuda en dólares. De este modo, a medida que se deterioraban las cuentas externas y el peso de la deuda en dólares aumentaba rápidamente, los agentes de mercado se daban cuenta que la capacidad de repago de los dólares prestados caía abruptamente, pese a que el déficit fiscal primario se reducía hasta alcanzar un cuasi equilibrio primario.

Ciertamente, el gobierno de Macri nunca discriminó el endeudamiento en moneda doméstica de la deuda en dólares. De hecho, los economistas asociados a ese espacio político siguen insistiendo, contra toda evidencia, que esa diferenciación no es relevante. Tampoco pudieron diferenciar una mejora de los términos de intercambio (mejores precios internacionales de las commodities de exportación) del endeudamiento externo. Como expresó Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía:

“Así como los Kirchner tuvieron nueve años seguidos de súper precio de commodities, el gradualismo corre con la ventaja del endeudamiento (…) El Gobierno necesita dólares y sabe que el que los tiene habla en inglés (…) el endeudamiento es parte del ADN del Gobierno” (Nicolás Dujovne, En Revista Apertura, 26 de Diciembre 2016).

Una cuestión obvia es que, a diferencia del endeudamiento, los dólares obtenidos por los mejores precios internacionales no tienen que ser devueltos a nadie ni suponen una carga de intereses. Pese a la confusión reinante, los agentes de mercado parecen distinguir muy bien dónde radica la verdadera sustentabilidad. Por eso, nadie se preocupa por el nivel de deuda pública de Brasil, Uruguay o Chile. Esos países tienen sus deudas denominadas en monedas domésticas y hasta el agente más ortodoxo sabe que ningún país puede quebrar en su propia moneda. Pero Argentina, hacia el final de 2019, tenía más del 70% de su deuda pública en moneda extranjera.

Una consecuencia de las tendencias del endeudamiento público en países en desarrollo, observada por el estudio mencionado del BIS, es que esas trayectorias ayudan a fortalecer la sostenibilidad y eliminan el riesgo de default al reducir los descalces de monedas.

Además, los vencimientos más prolongados y las deudas a tasa fija dieron soporte a la expansión y desarrollo de mercados de deuda pública (en monedas locales) cada vez más amplios y profundos, con curvas de rendimientos a más largo plazo, generando una estructura más estable y predecible para el rendimiento de los activos financieros domésticos y contribuyendo a reducir cada vez más la dolarización. Justamente el camino opuesto al seguido al final de 2019, cuando se decidió defaultear títulos públicos denominados en moneda doméstica (para no recurrir a la emisión monetaria).

Este análisis tiene la implicación de que para mejorar la sustentabilidad de la deuda no es importante reducir el nivel de la relación deuda pública/PIB, sino cambiar la composición de la deuda pública: más deuda pública en moneda doméstica, y menos deuda en moneda extranjera. De facto, el problema no es tener déficit fiscal (un patrón normal en el mundo actual Ver: https://citra.org.ar/el-mito-del-equilibrio-fiscal/ ), sino tomar deuda en moneda extranjera para “financiarlo”. Además, el uso de instrumentos de deuda en moneda doméstica implicaría brindar un activo de inversión en moneda local con una rentabilidad adecuada para constituirse en una alternativa a la dolarización de los portafolios. En síntesis, tratar de que en este aspecto Argentina vuelva a parecerse a sus vecinos latinoamericanos.

 

En julio, la inflación perforó el 3% por primera vez en el año: 2,9%.

La inflación de las y los trabajadores se volvió a desacelerar en julio, y se ubicó en el 2,9% (0,4 puntos por debajo del registro de junio). Se trata del tercer mes consecutivo de desaceleración de la inflación y la primera vez en 2021 que se ubica debajo del 3%.En los primeros siete meses del año, los precios subieron 28,5%. Pese a la desaceleración mensual, la inflación interanual volvió a acelerarse y alcanzó el 51,8% (+1,5 p.p respecto al mes previo). La razón de ello tiene que ver con que estuvieron saliendo del cómputo meses de inflación moderada (como abril, mayo, junio y julio de 2020) e ingresando meses en donde la inflación fue bastante más elevada.
Recreación y cultura fue la división de mayor incremento en julio, con un 7,5%. La principal razón de ello tiene que ver con la suba de los paquetes turísticos (+26,4% al exterior y +50,9% de cabotaje) producto de las vacaciones de invierno. Alimentos y bebidas trepó 3,7% en julio, y explicó más del 42% de la inflación del mes. Si bien las carnes tuvieron un julio tranquilo (+1,0%), hubo subas muy marcadas en verduras (+15,3%, particularmente por el tomate) y bebidas alcohólicas (+9,7%). Salud subió 3,6% en el mes, impulsada por fuertes alzas en las consultas médicas (+12,5% en clínica médica y +22,2% en pediatría). Transporte subió 3,5%, debido a incrementos del 6,1% en automóviles cero kilómetro (posiblemente impulsadas por el aumento de la brecha cambiaria).
Por debajo del nivel general tenemos a Educación con un 2,9% (debido a algunos ajustes en las cuotas de cara a la segunda mitad del año, en cursos de educación no formal y sobre todo en útiles, que subieron 10%). Equipamiento y mantenimiento del hogar se encareció 2,7%, a partir de alzas del 4,3% en electrodomésticos. Otros bienes y servicios subió 2,3%, debido a peluquerías (+6,5%), pañales (+5,6%) y papel higiénico (+4,4%). En estos dos casos, se están produciendo reacomodamientos de precios tras el fin del programa de Precios Máximos, que había mantenido contenido los precios de este tipo de bienes. En tanto, Vivienda subió 1,4%, mayormente por los alquileres (+3,2%), en un contexto en donde hubo estabilidad en el precio de los servicios públicos. Comunicaciones registró una suba del 1,2%, debido a subas del 3,2% en teléfonos móviles. Por último, Indumentaria y calzado tuvo una baja del 2,1%, principalmente por motivos estacionales.
Además, se analiza la evolución del salario real privado registrado en los últimos años y el impacto de la pandemia en el mismo. En los últimos meses se visualiza una estabilidad (con ligera tendencia al alza) en el poder adquisitivo de las y los trabajadores formales del sector privado, aunque se encuentra aun por debajo del pico de 2013: -18,5%. De cara a los próximos meses es de esperar una moderada recuperación, de la mano de la reapertura de paritarias en conjunción con una muy paulatina desaceleración de la inflación a medida que se acercan las elecciones. De cara al largo plazo, la recuperación sostenible del salario real dependerá de la disponibilidad de divisas del Banco Central, que son las que determinan los riesgos de una posible devaluación. De ahí la importancia de políticas que ahorren divisas, como la promoción de exportaciones y/o la sustitución de importaciones, entre otras.

La montaña rusa del mercado de trabajo bajo la pandemia

La montaña rusa del mercado de trabajo bajo la pandemia

Autor: Fabián Amico

 

Muy tempranamente, la economista postkeynesiana Joan Robinson sostuvo que el nivel de empleo en la economía se determinaba como la suma del empleo determinado por la demanda efectiva y el nivel de desempleo disfrazado. ¿Qué significa que el nivel de empleo es determinado por la demanda efectiva? La idea (keynesiana) es que en una economía capitalista se tiende a producir lo que puede ser vendido rentablemente. Por ende, el aumento del gasto total en esa economía (demanda efectiva) define cuánto se producirá. Luego, para producir esa cantidad deberán ser contratados cierta cantidad de trabajadores, lo que determinará el nivel de empleo total o agregado en esa economía. La relación entre nivel de actividad y empleo no es directa o lineal, pero en tendencia existe una relación positiva: cuando aumentan la demanda y el producto, tiende a aumentar el nivel de empleo.

Muy bien. ¿Pero qué sería el desempleo “disfrazado”? Robinson definió el desempleo disfrazado de la siguiente manera. Ella pensó en el caso de una sociedad donde no existe seguro de desempleo o programa social alguno para los sectores desprotegidos. En tal caso, las personas que se queden sin trabajo deben ganarse la vida de una forma u otra por su propia cuenta. Así, Robinson se dio cuenta que, en general, una disminución en la demanda efectiva (gasto) que reduce la cantidad de empleo en la economía no necesariamente conduciría al “desempleo” en el sentido de completa inactividad, sino que desplazaría a los trabajadores (despedidos) a una serie de ocupaciones de baja productividad (como vender cosas en la calle o similares). Concluyó que una disminución en un tipo de empleo (“formal” diríamos hoy) conduce a un aumento en otro tipo de empleo (“informal”) y, a primera vista, podría parecer que una disminución en la demanda efectiva no causara ningún desempleo.

La causa de este desvío de trabajadores hacia ocupaciones precarias y de baja productividad sería una disminución de la demanda efectiva y del ritmo de actividad económica, que es exactamente lo mismo que causa el desempleo en el sentido habitual. Por eso, Robinson describió el empleo precario de los trabajadores despedidos como “desempleo disfrazado”.

Obsérvese que esto no tiene nada que ver con las capacidades (reales o potenciales) de los trabajadores desplazados. En verdad, es la falta de vigor del crecimiento lo que los desplaza. Para Robinson, si el nivel de demanda efectiva  fuera mayor, los puestos de trabajo del sector más precario desaparecerían, y con ellos bajaría el desempleo disfrazado.

Los economistas británicos John Eatwell y Murray Milgate en su The Fall and Rise of Keynesian Economics, siguiendo la línea de Robinson, presentaron un ejemplo dramático de la flexibilidad a mediano plazo de la fuerza laboral. Fue el caso del notable aumento del empleo de mujeres en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. En respuesta a la muy alta demanda de mano de obra, la población total empleada aumentó en 2,9 millones (14,5%) entre 1939 y 1943. El 80% de ese aumento consistió en mujeres que no habían estado empleadas anteriormente o que habían estado dedicadas a tareas de cuidado del hogar. Sin embargo, se alcanzaron rápidamente niveles de productividad comparables (o incluso superiores) a los niveles alcanzados por la primera mano de obra predominantemente masculina.

Este ejemplo sugiere que la definición de desempleo disfrazado debería ampliarse para cubrir la inactividad, cuyo grado es una función del ritmo de crecimiento de la demanda efectiva. Por caso, Eatwell y Milgate mostraron que la persistencia de altos niveles de desempleo masculino en Gran Bretaña desde la década de 1970 provocó que un gran número de hombres se retirara por completo de la fuerza laboral. De este modo, un aumento del desempleo disfrazado es claramente una pérdida de recursos, ya que la mano de obra se desempeña a un nivel de productividad muy por debajo de su verdadero potencial.

¿Qué tiene que ver esto con la Argentina?

Existen varias formas de percibir ese desempleo “disfrazado”. Una es la de aquellas personas que aunque tienen empleo siguen demandando trabajo, otra, las diversas medidas de subocupación de la fuerza de trabajo; una tercera, el tamaño de la población inactiva (que no participa del mercado de trabajo); la última, el tamaño y la evolución del sector informal.

Es interesante observar cómo evolucionó el tamaño del sector informal en Argentina en relación con el ritmo de crecimiento de la demanda y el producto. Como se observa en el gráfico siguiente, el nivel de informalidad (entendida simplemente como asalariados sin descuentos jubilatorios) se redujo sistemáticamente desde fines de 2003 hasta comienzos de 2015. El nivel máximo se alcanzó en la segunda parte de 2003 con 49,5% de informalidad del total de asalariados y en el primer trimestre de 2015 se registró el mínimo histórico (31,9%).

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC

A esa etapa de reducción de la informalidad siguió una nueva fase de estancamiento con una tendencia al aumento que se acentuó desde fines de 2018 y se prolongó hasta fines de 2019. Nótese que esta segunda fase coincide con una etapa de bajo (o nulo) crecimiento económico que desde 2017 se convierte en recesión. Desde comienzos de 2020, y con la irrupción de la pandemia, ingresamos en una tercera fase, en la cual se produce -como veremos enseguida- una reducción abrupta de la informalidad debido sencillamente a que se destruyó mucho más empleo informal que formal.

Siguiendo a Joan Robinson, podemos afirmar que en 2003 existía, además del desempleo “abierto” o registrado, un enorme desempleo “disfrazado”. La depresión económica producida en el final de la convertibilidad había llevado el desempleo a niveles muy elevados, forzando a mucha gente a procurarse ocupaciones informales y precarias. Casi el 50% de los trabajadores asalariados se hallaban en esa situación en 2002/2003, mientras en 1994 eran 28% del total. En todo ese periodo, la tasa de desempleo había pasado de 13% en 1994 a 22,1% en 2002. Por ende podemos afirmar, siguiendo la lógica antes expuesta, que el “verdadero” desempleo era considerablemente más alto.

En la segunda etapa, el proceso de crecimiento persistente abierto en 2003 produjo varios resultados al mismo tiempo: redujo la tasa de desempleo (del 22% en 2002 al 6,5% en 2015) y también redujo el desempleo “disfrazado” oculto en la informalidad (del pico de 49% en 2002 al mínimo de 32% a comienzos de 2015).

Desde 2015 en adelante esta tendencia se revierte. No solo se instala una tendencia al aumento del desempleo a partir de fines de 2017, siguiendo la declinación del nivel de actividad. Además, incluso hasta el primer trimestre de 2020 el empleo asalariado informal crece más que la ocupación en el sector formal (que, de hecho, destruye empleo).

Otra vez se confirma la predicción de Robinson: cuando la demanda efectiva y el crecimiento se ralentizan, aumenta el desempleo “disfrazado” con empleos precarios e informales. Como se aprecia en el gráfico siguiente, esto venía ocurriendo desde la primera mitad de 2017 (la línea roja está siempre por encima de la azul hasta la pandemia). Así, mientras la economía se estancaba y retrocedía, la informalidad aumentaba, limitando el aumento del desempleo registrado pero expandiendo el desempleo “disfrazado”.

Fuente: Ministerio de Economía e INDEC.

En verdad, un aumento muy grande de la tasa de desempleo es un fenómeno transitorio. Además del desempleo oculto que acaba limitando el aumento de la tasa de desempleo ante una caída de la demanda efectiva y de los niveles de empleo industrial, lo que termina ocurriendo cuando se estanca el crecimiento de la actividad y el empleo es que, a partir de cierto momento, el comportamiento de la población en edad de trabajar (la oferta de trabajo) comienza a cambiar.[1]

Así, en un período de caída de la demanda efectiva, además del desempleo disfrazado, la propia fuerza de trabajo se adapta a las oportunidades de empleo a través de procesos como la inmigración, los cambios en las tasas de participación de ciertos segmentos de la sociedad (jóvenes y mujeres) que eventualmente terminan abandonando la fuerza laboral, ya sea por efecto de desánimo u otras causas.

En este sentido, una medida más amplia de desempleo podría comprender además del desempleo abierto, aquellos grupos sociales que tienen insuficiencia de horas trabajadas o incluso de los ocupados que aún demandan empleo. Esta tasa más “amplia” de desempleo según el Indec era de 39,9% de la población activa en el primer trimestre de 2020 y aún alcanzaba al 38,6% en el primer trimestre de 2021.

Argentina: la montaña rusa del empleo

De este modo, en el momento previo a la irrupción de la pandemia, el mercado de trabajo presentaba claros síntomas de debilitamiento, con aumento del desempleo registrado y oculto, así como de las ocupaciones informales de baja productividad e ingresos. Tomando en cuenta este cuadro podemos entender mejor lo que ocurrió bajo la pandemia utilizando las tasas e indicadores del mercado de trabajo según los últimos datos publicados por el Indec (correspondientes al primer trimestre de 2021).[2]

Los indicadores laborales bajo la pandemia

(en % de la población total y de la PEA)

Fuente: Elaborado en base a Indec.

Como se observa en el gráfico previo, en los 31 aglomerados urbanos (donde habitan casi 29 millones de personas) entre el primer y segundo trimestre de 2020, unos 2,49 millones de personas perdieron su empleo. En el mismo lapso, la población activa (esto es, la población ocupada o que busca activamente empleo) cayó en 2,45 millones de personas. Por ende, pese a que se destruyeron casi 2,5 millones de empleos, la cantidad de desocupados en esos aglomerados aumentó “solo” en unas 40 mil personas.

Sin embargo, en ese mismo periodo, casi 2,5 millones de personas abandonaron la población activa. Muchos de ellos no salieron a buscar empleo porque las actividades donde podían conseguir trabajo estaban cerradas o porque pensaron que no podía encontrar nada en un contexto tan crítico. Al no buscar activamente empleo, las encuestas no los registraron como desocupados. Estos desalentados que abandonaron la población activa a causa de la pandemia eran muchos de los desempleados “disfrazados” u “ocultos” generados en la etapa previa a la pandemia. Así, la pandemia no hizo sino revelar lo que estaba oculto: la fragilidad creciente del mercado laboral y el tamaño del desempleo disfrazado.

Como es claro en el gráfico “Dinámica del empleo, informalidad y crecimiento”, el grueso de la destrucción de empleo en la pandemia afectó al sector informal, que había crecido en el periodo previo de estancamiento y declinación de la demanda y el producto. Un estudio reciente muestra que un proceso muy similar tuvo lugar en un conjunto de 14 países de América Latina, en el segundo trimestre del año pasado la cantidad de ocupados disminuyó en 46 millones, pero los desocupados registrados aumentaron “sólo” en 4 millones respecto del primer trimestre. Este proceso se dio con mucha claridad en Brasil, como explica la economista brasileña Julia Braga.

Sin embargo, esa situación se fue revirtiendo bastante rápidamente en Argentina en tanto la economía se recuperaba, al punto tal que en el primer trimestre del corriente año el cuadro laboral, según estos indicadores, era casi idéntico al del primer trimestre del 2020. Puesto en otros términos, la pandemia generó una suerte de montaña rusa en el mercado de trabajo (con vertiginosos movimiento de expansión y contracción) para dejarnos prácticamente igual que al final del gobierno de Macri. Obviamente las políticas que el gobierno puso en marcha en medio de la crisis fueron un factor decisivo para conseguir esa reversión de la tendencia.

¿Todo quedó igual?

Sin embargo, no todo quedó igual que en la etapa previa a la pandemia. Ante todo, conviene subrayar que esta montaña rusa del empleo no resultó neutra en términos distributivos y de ingresos. La irrupción de la pandemia y el confinamiento de abril-2020 frenaron una recuperación salarial que venía tomando forma desde el inicio del gobierno justo en momentos en que se producía un nuevo ciclo de aceleración inflacionaria. La pandemia llevó a un inédito resultado: una contracción del salario nominal en los meses de abril y mayo de 2020.

Fuente: Elaborado en base a Ministerio de Trabajo e Indec.

Como se muestra en el gráfico previo, los salarios nominales pasaron de crecer 8,5% mensual (contra una inflación mensual de 2,3%), a caer en términos nominales -0,2% por mes en abril y mayo, cuando la inflación cayó solo a 1,5% mensual. Esta abrupta desaceleración del aumento del salario nominal (que es el instrumento de los trabajadores para obtener aumentos reales) estuvo muy asociado al cambio en las condiciones de negociación salarial: de repente el empleo se transformó en la prioridad y el estado del conflicto cambió sustancialmente, postergando para un futuro incierto la recuperación salarial. Asimismo, una tendencia subyacente más poderosa, el aumento persistente del desempleo registrado (que pasó de una zona del 6,5% en 2015 a moverse en torno al 10% al final de 2019), también contribuyó al debilitamiento general del poder de negociación salarial.

Adicionalmente, para observar mejor la situación actual del mercado de trabajo, podemos comparar las dos fotos (cuadros de situación) vigentes en el primer trimestre de 2021 en relación al mismo periodo de 2020 (es decir, el instante previo a la irrupción plena de la pandemia). Podemos apreciar mejor las tendencias generales con la ayuda de un gráfico que compare las cifras totales del primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021.[3]

El cuadro laboral general tras la pandemia

(en miles de personas)

Fuente: Elaborado en base a Indec.

Como se ve, la cantidad de desocupación abierta (o registrada), de población activa (PEA) y de ocupados es muy similar. Sin embargo, podemos puntualizar los siguientes cambios:

i) la población activa (PEA) cayó en 102 mil personas como resultado de la disminución del desempleo (-39 mil) y una reducción de la ocupación (-63 mil);

ii) el nivel de ocupados asalariados, al primer trimestre de 2021, era menor que en 2020 (-233 mil) al tiempo que se registraba una aumento del empleo no asalariado (+170 mil personas, en especial cuentapropistas). El resultado neto es la pérdida ya mencionada de 63 mil empleos.

iii) la reducción del empleo asalariado fue resultado de la destrucción de empleos asalariados informales. Mientras el empleo asalariado formal creció (+141 mil) los puestos informales disminuyeron mucho más (-374 mil), lo que resulta en la pérdida de 233 mil empleos asalariados;

iv) hubo un aumento del empleo no asalariado de 170 mil personas (en especial, de los trabajadores por cuenta propia), lo que restando la pérdida de los 233 mil empleos asalariados, resulta en la reducción de la ocupación total (63 mil puestos) que son trabajadores que aún permanecen en la inactividad.

v) hubo un aumento de la incidencia del empleo no asalariado en el total de las ocupaciones (del 26 al 28%), un segmento donde predominan los trabajos informales. 

En síntesis, el mercado de trabajo está regresando a los niveles registrados en la etapa inmediata previa a la pandemia, pero las heridas producidas por la crisis del Covid-19 no han desaparecido por completo. Hay un cambio de composición a favor de los empleos no asalariados, donde predominan las ocupaciones informales (es decir. un aumento del desempleo oculto). Asimismo se observa la misma tasa de desempleo (en torno al 10% de la PEA) y la posibilidad de que, ya sea por la recuperación del empleo asalariado informal o por la potencial irrupción de los inactivos, el nivel de desempleo baje muy lentamente (más aún si la economía disminuye su ritmo de crecimiento). En cierto sentido, la pandemia puso en primer plano la creciente fragilidad y precariedad del mercado laboral y, en especial, el tamaño del desempleo oculto o “disfrazado”, revelando que puede llevar más tiempo de lo esperado revertir los efectos que produjo en el mercado laboral la debacle económica del gobierno anterior y su prolongación bajo la pandemia.


[1] Los economistas neoclásicos o marginalistas, que constituyen el mainstream de la profesión, suelen argumentar que, a nivel empírico, el hecho de que las tasas de desempleo abierto no tiendan a aumentar indefinidamente sería una confirmación de la visión neoclásica tradicional de que el aumento de la oferta de trabajo terminaría generando, a través de la flexibilidad (baja) del salario real, un aumento de la demanda de trabajo. En realidad, como observaron muchos economistas heterodoxos, ocurre lo contrario: es la propia oferta de trabajo la que acaba por adaptarse a las oportunidades de empleo.

[2] Las tasas de empleo, actividad y desempleo se estiman sobre el total de 31 aglomerados urbanos.

[3] Se consideran los datos de la EPH para 31 aglomerados urbanos.

La inflación de las y los trabajadores se volvió a desacelerar en junio

Anotó un 3,3% (0,4 puntos por debajo del registro de mayo y 0,8 inferior al del de abril). De este modo, acumuló un 24,9% en el primer semestre del año. Pese a la desaceleración mensual, la inflación interanual volvió a acelerarse y superar el 50% (50,3%). La razón de ello tiene que ver con que salen del cómputo meses de inflación moderada (como abril, mayo y junio de 2020) e ingresan meses en donde la inflación fue bastante más elevada.
Comunicaciones fue la división de mayor incremento en junio, con un 7,1%. Se explica por alzas del 8,2% en telefonía celular y del 6,1% en internet. En segundo lugar, Recreación y cultura anotó un 5,4% adicional, por la suba de paquetes turísticos tanto al exterior como de cabotaje (39,7% y 41,8%) en la previa de las vacaciones de invierno (y tras el relajamiento de las restricciones de mayo). Equipamiento y mantenimiento del hogar se encareció 3,8% en junio. Si bien los muebles (+2,8%) y los electrodomésticos (+0,8%) se desaceleraron (gracias al menor ritmo de depreciación del peso), la suba de la división se explicó en buena medida por subas del 12% en el servicio doméstico.
Alimentos y bebidas volvió a subir por encima de la media en junio (3,5%). Explicado por el fin del programa Precios Máximos anunciado el 8 de junio, que será reemplazado por la canasta “Súper cerca” (que incluye 70 productos con precios impresos en el envase, orientados mayormente a comercios de proximidad). El fin de Precios Máximos fue de la mano con subas de precios en rubros alimenticios que habían tenido relativamente pocos aumentos desde el inicio de la pandemia, como lácteos e infusiones (que subieron por encima del 6% en junio). Las carnes treparon 4,5% en junio, y a pesar del cierre de exportaciones por 30 días iniciado a fines de mayo. En tanto, las frutas y verduras permitieron descomprimir el índice, con bajas respectivas del 4,5% y el 5,6% por motivos estacionales.
Por su parte, Vivienda trepó 3,4% en junio, tanto por alquileres (3,3%) como por subas en gas natural pautadas para junio. Otros bienes y servicios también subió 3,4% en junio, impulsados por los cigarrillos (7,9%).
Por debajo del nivel general, encontramos a Salud (2,6%), lo cual se debe a alzas del 4,9% en medicamentos. Por último, las subas más moderadas se registraron en Indumentaria y calzado (1,4%), Educación (1,3%) y Transporte (1,0%). Este último rubro desaceleró su suba de precios gracias a la estabilidad en el precio de las naftas, que habían siendo impulsoras de la inflación desde fines del año pasado.
En tanto, en las últimas semanas el INDEC dio a conocer datos relevantes de empleo y actividad económica. Los datos referidos al primer trimestre del 2021 fueron mejores a lo esperado, con una tasa de desocupación similar a la previa a la pandemia y con una recuperación significativa del empleo. Sin embargo, dicha recuperación fue asimétrica entre géneros, con los varones mejorando su situación ocupacional mucho más rápidamente que las mujeres. No obstante, los datos del segundo trimestre del año muestran un impacto considerable de la segunda ola en la actividad económica (aunque mucho menos profundo que el de la primera). La actividad económica se contrajo 1,2% mensual en abril, y la industrial lo hizo en 5% en mayo. Con todo, los primeros datos disponibles de junio (producción automotriz y despachos de cemento) muestran mejoras respecto a abril-mayo. De cara a la segunda mitad de 2021, que acaba de comenzar, la pregunta fundamental será cuándo la economía logrará retornar a los niveles prepandemia. Eso dependerá en buena medida de lo que ocurra con el poder adquisitivo de los salarios, que son un motor fundamental de la demanda en una economía en donde el consumo supera el 60% del PBI. En este sentido, la reapertura de paritarias podría permitir recuperar más rápidamente el alicaído poder adquisitivo y dar impulso a la demanda en los meses que siguen.