INDICE DE FRAGILIDADSOCIAL (IFS)2° trimestre de 2021

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INDICE DE FRAGILIDAD SOCIAL (IFS)
2° trimestre de 2021

Las personas en situación de fragilidad social son aquellas que tienen altas probabilidades de caer en la pobreza en contextos socioeconómicos críticos. No son pobres, pero tampoco están integradas socialmente en forma plena. Mientras el concepto de pobreza hace referencia a una situación de privación efectiva y actual, la fragilidad alude al riesgo de empobrecimiento en el futuro. Hay frágiles por ingresos y frágiles estructurales, que no sólo posee bajos ingresos sino que, además, detenta ciertas características sociodemográficas y laborales altamente asociadas con la pobreza que incrementan sensiblemente sus chances de pasar a engrosar la población pobre en contextos económicos desfavorables.
Este trabajo analiza la incidencia y la evolución de la integración social y, particularmente, de la fragilidad social durante el período 2016-2021, a nivel nacional. El segundo trimestre de 2018 marca el inicio de un período de profundización de la fragilidad socioeconómica, y consecuentemente, del crecimiento de la Población No Integrada Socialmente (PNIS) en términos sociales. Dichos fenómenos responden a la crisis económica que se hace explícita a partir de la dinámica insostenible del sector externo, y a partir de la cual se produjeron tensiones en el mercado cambiario que finalmente derivaron en el primero de los episodios devaluatorios que marcaron el 2019.
En particular, entre el segundo semestre de 2018 y el segundo de 2019, la PNIS creció un 9,5 pp alcanzando al 58,6% de la población -valor máximo desde el inicio de la serie a ese momento-.Por tanto el impacto de la COVID-19 debe analizarse en el contexto de una situación socioeconómica caracterizada por el aumento de la Población No Integrada Socialmente durante un año y medio antes. Asimismo, la crisis sanitaria muestra su impacto fundamentalmente durante el segundo trimestre de 2020, cuando las disposiciones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) implicaron restricciones a la circulación bien estrictas. En ese período, 2t-2020, la PNIS asume en el valor más elevado de la serie, alcanzando el 66,4%: más de 6 de cada 10 residentes no se encontraban integrados en términos sociales con plenitud; y se ubicó 7,8 puntos porcentuales por encima del valor del 2t-2019.
Durante el tercer trimestre del 2020 y como consecuencia del relativo relajamiento de las restricciones a la circulación y la posibilidad de percibir ingresos de parte de la población que ante el confinamiento había estado privada de trabajar, la PNIS decreció al 59,4% aunque para el último trimestre del 2020, en el contexto de una aceleración de la dinámica inflacionaria que conllevó al deterioro de la capacidad de compra de los ingresos, volvió a ubicarse por encima del 66% (66,2%). Así, el inicio del año 2021 estuvo signado por una situación socioeconómica en la que nuevamente más de 6 de cada 10 personas eran indigentes, pobres o frágiles. Puntualmente, y respecto del último trimestre del 2019, crecieron las tasas de pobreza e indigencia en 1,9 y 5 pp, respectivamente, y creció también la tasa de fragilidad agregada en 1,3 pp -resultado de un aumento de la población frágil estructural de 2,2 pp y una leve reducción de la frágil por ingresos, en 0,9 pp-.
Para el segundo trimestre del 2021, que abarca una nueva y temporaria fase de restricciones a la circulación durante el mes de mayo, la Población No Integrada Socialmente alcanzó el valor del 63,7%. Es decir, 6 de cada 10 personas se encontraron en situación de no integración social de forma plena; 3 de esos 6 fueron pobres, 1 fue indigente y los 2 restantes resultaron frágiles. La tasa de fragilidad social ascendió al 22,2% de la población: la tasa de fragilidad por ingresos fue del 8,6% – 0,5 pp por encima del valor del 2t-2020- al tiempo que la tasa de fragilidad estructural alcanzó el 13,6% – 2,2 puntos superior al mismo trimestre del año anterior-.
Además, de la etapa que inicia con la recesión iniciada en abril de 2018 y hasta el último semestre móvil -que incluye primer y segundo trimestre del 2021- se desprende una relativa estabilidad en la proporción de la población que constituye el grupo de frágiles totales. Por tanto, el crecimiento de la Población No Integrada Socialmente que se verifica en ese período se explica por el crecimiento de la indigencia y la pobreza.
A ello debe adicionarse el hecho de que, al interior de la población frágil, la subpoblación de frágiles por ingresos presenta lógicamente mayor volatilidad que la población frágil estructural -cuyos valores mínimo y máximo de la serie son muy cercanos, del 12% y del 14,6% respectivamente-. De ambas regularidades señaladas, se desprende, entonces la potencialidad de las políticas de ingresos para favorecer una mayor integración social.

Impulsada por alimentos, la inflación alcanzó un 4,3% en febrero.

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Impulsada por alimentos, la inflación alcanzó un 4,3% en febrero.

En febrero, la inflación de las y los trabajadores se ubicó en 4,3%, lo que representa una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto al 4,2% registrado en enero. De este modo, en los dos primeros meses del año, la inflación alcanzó un 8,7%. En tanto, en los últimos doce meses fue del 51,5%.
La inflación de febrero estuvo motorizada por los Alimentos y Bebidas, que subieron 6,5% luego de haberlo hecho en 5,8% en enero. Hubo una particular disparada de las verduras (+25,2%), la cual se registró en una diversidad de productos, tales como cebolla, zanahoria,
papa o tomate, entre otros. Las frutas subieron 8,6%, destacándose la naranja y la banana.
El pan y los cereales treparon 8,5%, traccionado por el pan francés (+12,5%). Vale tener en cuenta que estos valores casi no recogen las presiones inflacionarias derivadas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que dispararon el precio internacional del trigo a partir de finales de febrero. El pescado (+7,8%), las bebidas alcohólicas (+7,7%) y los aceites y grasas (+6,6%) también tuvieron un febrero particularmente inflacionario. Solo las carnes (+1,7%) permitieron amortiguar las fuertes subas registradas en el mes.
La segunda división con mayores alzas fue Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 4,3%, con alzas destacadas en productos de higiene y limpieza. Le siguen en orden Salud, que trepó un 4% adicional, Otros bienes y servicios (+3,9%), Comunicaciones (+3,9%), Transporte (+3,5%, hubo suba de naftas) y Recreación y cultura (+3,1%). Solo Vivienda (+2,6%), Educación (1,6%) e Indumentaria y calzado (+1,1%) registraron alzas por debajo del 3%.
En la segunda mitad del informe se detalla la situación de la actividad, el empleo y los salarios reales. La última parte de 2021 terminó con inflación elevada, pero también con un claro repunte económico y, más moderadamente, en el empleo y los salarios. A fines de
2021, la actividad económica alcanzó el mayor nivel desde marzo de 2018, apuntalada por la industria -en primer lugar-, pero también por la recuperación de la construcción, los hidrocarburos en Vaca Muerta, el comercio y algunos servicios como por ejemplo los informáticos. En el empleo formal privado, diciembre fue el mes en el que se retornó a la cantidad de puestos de trabajo formales asalariados privados previos a la pandemia. En tanto, el salario real a fines de 2021 se ubicó levemente por encima de los guarismos de fines de 2019.
No obstante, vistas en una perspectiva de más largo plazo, estas mejoras son muy débiles dentro de una tendencia de deterioro. El empleo formal privado ajustado por crecimiento poblacional está actualmente en el menor valor desde 2009 (solo por encima de 2020). En tanto, el salario real privado está 14,7% por debajo de 2013 y el público 20,4% por detrás del mismo año.

La inflación volvió a acelerarse en el primer mes de 2022: 4,2%

La inflación volvió a acelerarse en el primer mes de 2022: 4,2%

En enero, la inflación de las y los trabajadores se ubicó en 4,2%, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al 3,9% registrado en diciembre. De este modo, en los últimos doce meses, la inflación acumuló un 51,2%.
La inflación de enero estuvo particularmente influenciada por Alimentos y bebidas, que subieron 5,8% en el mes, acumulando así un 59,8% en los últimos 12 meses. Dado el gran peso que tienen los alimentos en la canasta de las y los trabajadores, la suba de precios de este rubro explicó el 46% de la inflación total registrada en el mes.
La gran mayoría de los rubros alimenticios subió por encima del 4% mensual, con la excepción de carnes (2,5%), aceites y grasas (1,6%) y bebidas no alcohólicas (3,3%). Las mayores alzas se produjeron en verduras (27,5%), lo cual se debe principalmente al tomate (76% el redondo), la lechuga (+32,6%) y la cebolla (+14,5%). Las bebidas alcohólicas subieron 8,2% (acumulando un 83,5% interanual), con la cerveza trepando 8,7% y el vino fino 8,1%. El vino ha registrado una muy intensa suba en el último año, con un rango que va del 127% en el vino fino al 148% al vino de mesa.
Además de los alimentos, destacan las subas del 5,1% en Educación, impulsada por los útiles escolares que subieron 14,5%. Recreación y cultura subió 4,4%, debido a la temporada alta turística, que incidió sobre precios de pasajes y hoteles.
Por debajo del nivel general, encontramos en primer lugar a Comunicaciones (3,7%), Salud (3,6%), Indumentaria y calzado (3,5%), Transporte (3,5%) y Otros bienes y servicios (3,5%). Solo Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,8%) y Vivienda (2,1%) registraron alzas por debajo del 3%.
Así como los datos inflacionarios de los últimos meses son preocupantes, los de reactivación económica se muestran mucho más auspiciosos de lo previsto. 2021 finalizó con el mayor nivel de actividad económica desde 2017, en parte gracias a que las exportaciones -que alcanzaron el mayor nivel desde 2012- permitieron dar más aire al BCRA para acumular reservas en la primera mitad del año y, de este modo, habilitar las importaciones de insumos y maquinarias necesarias para una economía en crecimiento.
La industria, que había tenido un muy negativo desempeño en el período 2015-2019, mostró una sólida recuperación: diciembre pasado fue el mejor diciembre desde 2015, y con una producción industrial 15,9% superior a la de 2019. Tomando el conjunto del año 2021, la producción industrial terminó 7,1% por encima de la de 2019 e incluso 0,3% por arriba de la de 2018. Más allá de esta fuerte reactivación, aparecen interrogantes respecto a la continuidad de dicha mejora para 2022, toda vez que las reservas del BCRA (fundamentales para que la recuperación económica prosiga) están enflaquecidas. Será clave, en ese sentido, lo que ocurra con la cosecha agropecuaria (principal fuente de divisas del país) y con cómo se desenvuelva el acuerdo con el FMI.

En el plano del empleo, desde fines de 2020 se aprecia una recuperación sostenida del empleo asalariado formal privado, aunque a noviembre de 2021 todavía faltaban recuperarse 18.000 puestos de trabajo comparado contra febrero de 2020. Una mirada más profunda (tomando no solo el empleo formal sino también el informal y el cuentapropista) permite ver que en el tercer trimestre de 2021 se había recuperado el PBI de 2019, pero no todavía el empleo. La razón es que las ramas de menor productividad relativa (esto es, que contribuyen más al empleo que al PBI), estuvieron entre las más afectadas por la pandemia, como servicio doméstico y turismo y gastronomía. En contraste, las actividades de mayor productividad relativa (como industria, petróleo o minería, entre otros), y que contribuyen más al PBI que al empleo, tuvieron una reactivación muy clara.

Al segundo trimestre de 2021 la fragilidad laboral alcanzó los 42,9 puntos a nivel nacional

Al segundo trimestre de 2021 la fragilidad laboral alcanzó los 42,9 puntos a nivel nacional.

Llamamos fragilidad laboral1 a la distancia entre las condiciones deseables de la dinámica del mercado de trabajo y aquellas efectivamente vigentes, asumiendo que existiría un “modo ideal” de funcionamiento.
En ese sentido, el Índice de Fragilidad Laboral (IFL) describe la situación y evolución del mercado de trabajo argentino en los últimos años (2016-2021) a partir de la medición cuantitativa del grado de fragilidad. El IFL surge como un indicador compuesto y multidimensional que sintetiza tres dimensiones o sub-fragilidades:
(a) déficit de empleo (DE), definido como el grado de escasez de puestos de trabajo; (b) precariedad laboral (P), entendida como la calidad de la estructura de puestos de trabajo disponibles; y (c) pobreza e ingresos (PeI), que mide el poder de compra de los ingresos familiares en relación a la línea de pobreza (y su distribución).
Eso implica que para analizar la fragilidad agregada se mide la capacidad de la economía para generar los puestos de trabajo necesarios para absorber a la totalidad de la población activa; la calidad y modalidad de empleo predominante, en vínculo directo con la dinámica de los ingresos (y su distribución), y la evolución de la pobreza. Así, el IFL asume valores entre 0 y 1, donde 0 representa el escenario de no-fragilidad y 1 el de fragilidad crítica. Al multiplicarlo por 100 se interpreta como el nivel de fragilidad laboral en vigor (es decir, la distancia existente entre el escenario ideal de no-fragilidad -IFL=0- y las condiciones vigentes), medido en puntos.
El período analizado va del segundo trimestre de 2016 al segundo trimestre del 2021. Los resultados muestran que la fragilidad laboral inicia una tendencia al alza en el tercer trimestre de 2018, como resultado de la crisis macroeconómica que implicó devaluación del tipo de cambio y, consecuentemente, aceleración inflacionaria. Esto, a su vez, redujo la capacidad de compra de los ingresos, al tiempo que, al caer la actividad cayó también el empleo -en simultaneidad con el aumento de la participación de empleo informal-. De esta forma, el cimbronazo de la pandemia de la COVID-19 a inicios del 2020 se da en el marco de un mercado laboral signado por el déficit de empleo, una creciente precariedad laboral y la intensificación de la pobreza y desigualdad en los ingresos de la población trabajadora.
Al segundo trimestre de 2021 la fragilidad laboral alcanzó los 42,9 puntos a nivel nacional, lo que implica un aumento de 7,7 puntos porcentuales (pp) respecto a igual período de 2018, de 3,32 respecto al 2t-2019 y de 1 pp respecto al 2t-2020. De modo que se constata que la tendencia de creciente fragilidad iniciada a mediados de 2018 se intensifica con la irrupción de la pandemia.
Dicho valor indica que el funcionamiento del mercado laboral se encontró a 42,9 puntos del escenario de nula fragilidad, ubicándose un 2,5% (1pp) por encima del valor del segundo trimestre del 2020. En relación a lo acontecido un año atrás, destaca un significativo avance de la dimensión de Precariedad (+11,5 pp) y el aumento -aunque más acotado- de la de Pobreza e Ingresos (+1,6pp), que resultan parcialmente compensados por la disminución de la fragilidad ligada a la dinámica de Déficit de Empleo, que se reduce 9,9 pp.
Antes de continuar, es relevante hacer foco en dos puntos relevantes. En primer lugar, que los resultados no pueden disociarse del período de excepcionalidad que se encuentra atravesando el mundo a raíz de la pandemia de la COVID-19, así como tampoco puede interpretarse el contexto laboral sin considerar la profundidad de las reconfiguraciones en las jornadas laborales y los procesos de trabajo derivados de las disposiciones de distanciamiento social. En segundo lugar, que la interpretación de estos resultados no debiera omitir un estado de situación de fragilidad en ascenso durante al menos un año y medio previo a la irrupción de la pandemia. Es sobre ese marco que, aún cuando se estipularan medidas de protección del empleo -como el Decreto 329/2020 de prohibición de despidos y suspensiones, o el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), Decreto 332/2020- constatamos que la crisis sanitaria y las disposiciones de aislamiento derivadas profundizaron las debilidades preexistentes, configurando un escenario crítico del mercado de trabajo.

1
Para más detalles metodológicos respecto de la construcción del IFL ver Anexo metodológico en Novick, M., Di Giovambattista, A. y Gárriz, A. (2019) ”Índice de Fragilidad Laboral en Argentina (2016-2019), https://pulsocitra.org/wp-
content/uploads/2019/11/IFL-Octubre-2019.pdf; y Anexo Presentación del Índice de Fragilidad Laboral en este documento

Un premio para el salario mínimo (y aquí no ha pasado nada)

IET

Por Fabián Amico

Los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens obtuvieron el premio Nobel de Economía 2021. Los tres académicos tienen en común haber realizado un cambio metodológico con el uso de “experimentos naturales” en la investigación empírica de los efectos de la política económica. Card, en particular, se destacó por sus investigaciones sobre los efectos de la suba del salario mínimo sobre el empleo en un trabajo junto con Alan Kueger en 1994 ( Ver https://www.nber.org/papers/w4509).


Estos experimentos “naturales” intentan acercarse a los ensayos clínicos que evalúan, por ejemplo, la eficacia de nuevos medicamentos, separando de forma aleatoria a distintos grupos sometidos a pruebas. En ciencias sociales puede ser difícil o éticamente inadmisible la realización de estos experimentos. Pero se pueden utilizar situaciones surgidas de la vida real que luego pueden ser estudiadas para analizar relaciones de causa a efecto.


Es el caso estudiado por Card y Krueger. En 1992 hubo un aumento del salario mínimo de Nueva Jersey. Para evaluar el impacto de la ley sobre el empleo, compararon la situación del mercado laboral en la zona fronteriza entre los estados de Nueva Jersey (donde había aumentado el salario mínimo) y el de Pensilvania (donde se mantuvo sin cambios). Al focalizarse en una zona geográfica homogénea, encuestaron varios centenares de locales de comida rápida en Nueva Jersey y el este de Pensilvania antes y después del aumento. Estas investigaciones de Card y Krueger pudieron mostrar que la subida del salario mínimo no había generado un descenso del número de empleados. Incluso mostraron que el empleo había aumentado algo más en Nueva Jersey que en Pensilvania.


Es interesante describir sintéticamente la trayectoria de David Card entre la publicación del paper y la recepción del premio. Como escribió hace unos años Christopher Hayes en The Nation (Ver: https://www.thenation.com/article/archive/hip-heterodoxy/ ) los ortodoxos son un grupo muy unido y suelen penalizar a los que traspasan los límites. Hayes mostró cualquiera que se desvíe de la sabiduría convencional está en peligro de ser condenado al ostracismo.
Cuando Card, un economista entonces muy estimado de la Universidad de California, anunció los resultados de sus investigaciones fue casi de inmediato criticado por su herejía. El trabajo atrajo tal cantidad de críticas, que el propio Card abandonó en gran medida esa línea de investigación. En una entrevista de 2006, explicó su decisión de dejar el tema atrás de esta manera: “Posteriormente, me he mantenido alejado de la literatura sobre el salario mínimo por varias razones. Primero, me costó muchos amigos. Las personas que conocía desde hacía muchos años, por ejemplo, algunas de las que conocí en mi primer trabajo en la Universidad de Chicago, se enojaron o decepcionaron mucho. Pensaban que al publicar nuestro trabajo estábamos siendo traidores a la causa de la economía en su conjunto” ( Ver

https://www.minneapolisfed.org/article/2006/interview-with-david-card).

Ante reacciones como estas, el conocido economista Dani Rodrik llegó a preguntarse: “¿la economía neoclásica es una mafia?” ( Ver

https://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2007/05/is_neoclassical.html ). Quizás la palabra mafia suene exagerada, pero como admite Hayes hay algo similar a un código de La ley del silencio (u omertá en el lenguaje mafioso siciliano) dentro de la disciplina. De hecho, más recientemente empezaron a publicarse trabajos que cuestionaban el resultado de Card y Krueger. Por ejemplo, David Neumark emprendió casi una cruzada contra los resultados de Card y Krueger y encabezó una investigación alternativa. La justificación fue que en su estudio accedió a una base de datos mucho más rica que en los trabajos anteriores. Y obviamente la conclusión fue que aumentar el salario mínimo perjudicaba, en vez de beneficiar, a los trabajadores de menores recursos.


El trabajo se jactó de reivindicar lo que la teoría y el “raciocinio económico” vienen diciendo desde hace décadas: subir los salarios mínimos tiene un costo en términos de empleo. En verdad, Card y cia nunca se propusieron contradecir la teoría establecida, la cual nunca estuvo en tela de juicio. Las reacciones antes este resultado paradojal siguen la rutina de una larga lista de resultados empíricos “perversos” que luego serán explicados mediante la misma teoría. Es lo que viene ocurriendo en teoría económica desde Keynes: cada investigación relevante, cada caso “perverso”, es capturado por la visión dominante y de algún modo subsumido en el mismo cuerpo teórico. Lo irónico es que algunos analistas consideran esto como una prueba de que “no hay una sola voz en la profesión” y que realmente se confrontan enfoques alternativos.

¿Qué piensan los economistas de la corriente principal sobre el salario mínimo?


El profesor David Colander, en una actualización de un análisis realizado en 1987 en de “The Making of an Economist”, preguntó a los estudiantes de posgrado qué pensaban sobre varios temas económicos de seis programas principales. Uno está relacionado con sus opiniones sobre el salario mínimo: un tercio piensa que es malo, mientras que un poco menos de una cuarta parte piensa que está bien.
La tabla incluida en el libro (ver abajo) muestra las opiniones de entonces (1987) y las más recientes (2005), por fechas de publicación, sobre si el salario mínimo aumenta el desempleo entre los trabajadores jóvenes no calificados. La evidencia parece sugerir que en general no hay mucho cambio, con un 34% en ese entonces y un 33% ahora de acuerdo con la propuesta neoclásica convencional.

Fuente: David C. Colander, David Colander, Arjo Klamer, The Making of an Economist, Redux, Princeton University Press, 2007.

Pero, como sugiere Matías Vernengo ( Ver http://nakedkeynesianism.blogspot.com/2014/03/what-do-mainstream-economists-think.html ) , las razones del cambio de opinión, por pequeñas que sean, no están relacionadas con las fallas lógicas del modelo convencional. Ni siquiera parecería deberse a la evidencia creciente desde la publicación del análisis de Card y Krueger. Vernengo supone que ha sido la tremenda desigualdad de ingresos existente lo que ha influido en la inclinación de los estudiantes de rechazar las conclusiones de la teoría que se les enseña.
En síntesis, el trabajo de Card y Krueger no tuvo mayor impacto en la visión teórica imperante en la profesión, pese a que el resultado era desafiante e iba en contra de las predicciones de la teoría utilizando un procedimiento empírico difícil de cuestionar.


¿Y por casa?


A comienzos de 2010, los economistas Guillermo Cruces, Sebastian Galiani y Susana Kidyba publicaron un estudio empírico que analizaba el efecto de los cambios en los impuestos sobre los salarios y el empleo en Argentina ( Ver

https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/doc_cedlas93.pdf ) . Los resultados revelaron que los cambios en las tasas de impuestos sobre el trabajo no tenían ningún efecto significativo sobre el empleo. Muy en línea con los resultados relativos al salario mínimo, las modificaciones en el costo de contratación (aportes patronales) no mostraban incidencia en el nivel de empleo.
Unos años después, Sebastián Galiani fue viceministro de Economía (entre 2017 y 2018) como segundo de Nicolás Dujovne. Sorprendente, en 2017 propuso una reforma del sistema de aportes patronales (una reducción) a fines de bajar los costos laborales y favorecer la contratación de trabajadores menos calificados ( https://www.infobae.com/economia/2017/11/02/el-cerebro-detras-de-la-reforma-impositiva-contesta-las-dudas-sobre-los-cambios-que-se-vienen/ ). Por si acaso, aclaremos: el Galiani de 2017 es el mismo de 2010…


Esto revela una suerte de inmunidad de la profesión frente a los resultados de investigaciones empíricas o históricas. De modo análogo a los resultados recolectados por Colander, aquí las opiniones sobre los efectos que los costos de contratación (salario mínimo, impuestos al trabajo, etc.) tendrían sobre el empleo no cambian, aunque sistemáticamente los resultados empíricos indiquen lo contrario.
De hecho, distintos estudios confirman que el fortalecimiento del salario mínimo fue uno de las causas de la mejora distributiva en distintos países de la región en años recientes. Pero fue más que eso. Frente al argumento de que el aumento del salario mínimo promovería la informalidad, una trabajo de Roxana Maurizio publicado por Cepal demostró que en tales países (como Argentina y Brasil, y con menor intensidad Uruguay) hubo un importante proceso de formalización al tiempo que el crecimiento del empleo se aceleraba y el salario mínimo aumentaba significativamente ( https://www.cepal.org/es/publicaciones/37208-impacto-distributivo-salario-minimo-la-argentina-brasil-chile-uruguay ) . Estos resultados confirman trabajos previos como el de Fernando Groisman, apuntado a investigar el efecto del salario mínimo en el mercado de trabajo. La evidencia aportada reveló que las modificaciones en el salario mínimo no contrajeron la demanda de empleo ni incentivaron la precariedad laboral ( https://ojs.econ.uba.ar/index.php/REPBA/article/view/407 ).

Salario mínimo y empleo en Argentina


Cuando se observa la evolución reciente del salario mínimo en términos reales se comprueba un desplome a partir de 2016 (ver gráfico abajo). En el mismo lapso, mientras el salario mínimo real se derrumbaba, el índice de empleo total también colapsaba.

La asociación empírica en las variaciones de cada variable (salario mínimo y empleo) no solo es alta (el coeficiente de correlación es 0.61), sino que es positiva: más empleo se relaciona con mayor salario (lo mismo ocurre con el salario real promedio).

¿Qué significa el salario mínimo?


La idea de un salario mínimo incorpora una dimensión ética y político-institucional en la estructura y el nivel de las remuneraciones de los trabajadores. Esto responde a una lógica subyacente de funcionamiento del sistema económico en el cual la distribución del ingreso (y los salarios reales) no son una variable determinada irreversiblemente por la tecnología y el mercado (las célebres curvas de oferta y demanda) sino que es una dimensión abierta a muy amplias influencias no solo económicas, sino también políticas y culturales.
Básicamente la parte que se llevan los trabajadores en el excedente generado no está predeterminada mecánicamente ni por la tecnología ni por el mercado, ni existe una relación sistemática y necesaria entre el crecimiento y la distribución. En este marco, dada una cierta estructura técnica de la producción, las tasas de beneficio aparecen inversamente relacionadas con la participación de los salarios en el ingreso, y la distribución suele ser un terreno de conflicto más que un mundo donde impera la armonía social.


El nivel de los salarios es así el resultado de una negociación cuyo resultado final depende del poder relativo de las partes y por ende está también muy influido por la orientación de los gobiernos, el momento del ciclo económico (auge o recesión) y las condiciones internacionales. En particular, el momento del ciclo económico es importante porque la trayectoria del nivel de actividad determina si el desempleo es más alto o más bajo, lo que puede condicionar de manera decisiva el poder de negociación de los trabajadores.


En un contexto tal, donde no existe una tendencia espontánea del mercado (oferta y demanda) hacia el pleno empleo, se pueden generar (y de hecho se generan) amplias segmentaciones en los mercados de trabajo, en particular puede producirse una desvalorización de los trabajadores menos calificados y una ampliación de la desigualdad intrasalarial.

Instituciones y economía

Del reconocimiento de esas “trampas de pobreza” nace la institucionalización del salario mínimo, usualmente en medio de grandes crisis (como la de los años 30 en Estados Unidos), dejando atrás para siempre la intocable “libertad de contratación”. Hoy es un instrumento vigente en prácticamente todos los países de mundo. Por definición, el salario mínimo introduce un punto de vista puramente moral en la formación de precios y se relaciona con el valor que la sociedad confiere al trabajo, y con la premisa de que ningún trabajador debe vivir en la pobreza.


Lo importante de destacar es que, a diferencia el enfoque convencional (o neoclásico) este punto de vista moral es posible de ser introducido, justamente porque el salario no tiene un valor de equilibrio que garantice el pleno empleo, y porque no existe a priori ninguna relación sistemática entre salarios y empleo. Si el punto de vista ortodoxo fuera correcto, entonces la fijación de un salario mínimo efectivamente sería una “distorsión” que conduciría a resultados artificiales (e insostenibles). Pero el mundo no funciona de ese modo.


Hay varios problemas con la historia convencional dominante (marginalista) sobre los efectos de los salarios mínimos. No existe razón para creer que las empresas contratarán más trabajadores cuando baje el precio de la fuerza de trabajo. El principio de sustitución factorial, en el cual se basa la teoría, no funciona y no existe relación entre la intensidad del uso de un factor de producción (trabajo) y su remuneración (salario real). En términos simples, no hay razón para contratar trabajadores, incluso si sus salarios son más bajos, si no hay demanda para los productos. Y si la economía está creciendo, el empleo tenderá a aumentar aún con salarios crecientes.


Además, en un mercado de trabajo crecientemente segmentado, con sectores informales cada vez más grandes producto de la crisis de los últimos años, la importancia del salario mínimo es mayor aún, ya que puede constituir una referencia para fijar un “piso” salarial y un cierto nivel estable en los mercados “secundarios” de trabajo (trabajadores informales, independientes, etc.). Card y Krueger observaron que en EE.UU. un aumento en el salario mínimo aumentaba el salario promedio y reducía las brechas salariales, produciendo una compresión de las diferencias en la zona baja de la pirámide distributiva y una reducción de la desigualdad salarial.

El salario mínimo como faro y propulsor


Varios economistas estructuralistas, como por ejemplo Carlos Medeiros ( Ver https://www.scielo.br/j/ecos/a/DLLqHvqcsdGHsRSfggvryMD/?lang=pt&format=pdf ) , han mostrado que el salario mínimo puede actuar como un “faro”, es decir, una referencia o piso para las remuneraciones de los trabajadores menos favorecidos, en especial trabajadores independientes, cuentapropistas, etc. Además, el salario mínimo actúa en tal caso como un factor de expansión de la demanda de esos sectores de trabajadores que, a veces, tienen como proveedores a los mismos trabajadores informales o independientes.

Por caso, si se observa la trayectoria de los salarios reales del sector informal que mide el Indec y se lo compara con el salario mínimo (también en términos reales), la correlación es muy cercana.

Así, a contramano de lo que mucha gente piensa, el salario mínimo parece tener una “eficacia” en el mercado de trabajo en Argentina e indudablemente es una herramienta válida, junto a otras, para promover el empleo, la expansión de los ingresos y la disminución de la desigualdad y la pobreza.
Y no solo en Argentina. Recientemente, el presidente de Estados Unidos Joe Biden decidió aumentar 50% en el salario mínimo que debe regir para los contratistas federales, beneficiando a cientos de miles de trabajadores, en un contexto más general de recuperación de los salarios y de reconstitución de los sindicatos y las instituciones laborales. Quizás esto ayude a comprender las razones profundas de la entrega de un premio a quienes hace casi treinta años se dieron cuenta que el salario mínimo no perjudicaba el empleo, aun cuando la teoría no haya cambiado y en la profesión sigan prevaleciendo prácticamente las mismas voces (o el mismo silencio) de siempre.

En Octubre, la inflación de las y los trabajadores se aceleró 0,3 puntos y se ubicó en el 3,3%.

En octubre, la inflación de las y los trabajadores se aceleró 0,3 puntos y se ubicó en el 3,3%.

En octubre, la inflación de las y los trabajadores se aceleró 0,3 puntos y se ubicó en el 3,3%. De este modo, en los primeros diez meses del año la inflación acumula un 40,7%. En tanto, la inflación interanual alcanzó el 51,8%, siendo el cuarto mes consecutivo en torno a ese guarismo. Si la inflación de las y los trabajadores se ubicara en el 3% mensual en los últimos dos meses del año, 2021 habría terminado con una suba de precios del 49,4%.
La inflación de Octubre estuvo motorizada en primer lugar por Educación (9,6%), lo cual se explica por las subas de cuotas tanto en escuelas primarias, como en secundarias y jardines. En segundo orden, se destacó Alimentos y bebidas con alzas del 4,7%. Vale acotar que el congelamiento y retrotraimiento de precios se produjo en la última parte del mes, de modo que el grueso de octubre estuvo marcado por subas preventivas de precios ante el cambio de autoridades en la Secretaría de Comercio. De esta manera, el impacto bajista debería notarse en la medición de Noviembre. Las subas más importantes se dieron en verduras (9,2%), aceites y grasas (7,1%) y bebidas no alcohólicas (7,0%). En tanto, las carnes (+2,4%) continúan subiendo por debajo del nivel general de precios.
La división Transporte se encareció 4,1%, impulsada por los autos cero kilómetro, cuyos precios continúan subiendo por encima de la media debido a la brecha cambiaria y la escasez de oferta. La suba del 6% en prepagas traccionó al alza la división Salud (3,8%), que en los próximos meses debería moderar sus subas a partir del acuerdo del gobierno con los laboratorios por el precio de los medicamentos.
Por debajo del nivel general encontramos a Equipamiento del hogar, con un 2,9%, al igual que la división Otros bienes y servicios. En tanto, la división Indumentaria y calzado trepó 2,1%, Recreación y cultura un 1,8%, Comunicaciones un 1,0% y Vivienda un 0,8%. En este último caso, las subas continúan siendo acotadas debido al congelamiento de tarifas de electricidad, gas y agua.
Por su lado, el salario real del sector privado formal se viene recuperando, aunque con una tendencia irregular y débil. Tras el desplome de los primeros meses de la pandemia, el poder adquisitivo ha tendido a recuperarse, aunque a un ritmo moderado. En Agosto de 2021, el salario real en el sector privado formal fue 1,4% mayor al de Diciembre de 2019. No obstante, esa fecha era un punto de referencia bajo en términos históricos, ya que en los cuatro años previos el salario real privado registrado se había retraído un 15,1%.

En septiembre, tras dos meses por debajo del 3%, la inflación volvió a alcanzar el 3%.

En septiembre, tras dos meses por debajo, la inflación volvió a alcanzar el 3%.

Tras dos meses debajo de la franja del 3%, la inflación de las y los trabajadores volvió a cobrar impulso en septiembre y se ubicó en el 3,0%. De este modo, en los primeros nueve meses del año la inflación acumula un 36,2%. En tanto, la inflación interanual alcanzó el 52,1%, siendo el tercer mes consecutivo en torno a ese guarismo. Si la inflación de las y los trabajadores continuara en el 3% mensual en lo que resta del año, 2021 habría terminado con una suba de precios del 48,8%.

La inflación de septiembre estuvo motorizada por Alimentos y bebidas, que subieron 4,4% y explicaron el 47% de la suba de precios del mes del conjunto de bienes y servicios. Destacaron subas en pan y cereales, verduras y frutas. Como dato positivo, se destaca la moderada inflación de carnes (1,1%), rubro que pudo estabilizar sus precios en los últimos meses (subió 3,3% acumulado desde junio).

En segundo lugar, Otros bienes y servicios subió 3,8% en septiembre, por alzas en peluquería para hombres, jabones de tocador, cigarrillos y papel higiénico. Indumentaria y calzado y Salud se encarecieron 3,7%. En este último caso, las subas estuvieron motorizadas por las prepagas (+9%). Transporte subió 3,5%, debido a alzas de vehículos cero kilómetro (en un contexto de creciente brecha cambiaria y problemas de oferta) y en pasajes de avión de cabotaje (debido a que las reaperturas están impactando en una rápida aceleración de la demanda). Enseñanza trepó 3,0%, lo cual se explica mayormente por útiles escolares, cursos de apoyo, de idiomas y de enseñanza artística.

Por debajo del nivel general encontramos en primer lugar a Recreación y cultura (+2,7%, con subas superiores al 12% en juguetes). Equipamiento y mantenimiento del hogar trepó 2,0%. Se trata de un rubro que venía teniendo subas mayores a la media en el último año; la moderación de septiembre se explica en parte por los muebles, que subieron 1,2%. En tanto, Vivienda (0,3%) y Comunicaciones (-0,1%) prácticamente no tuvieron movimientos. En el caso de Vivienda, ello se debe a la estabilidad en las tarifas de servicios públicos de electricidad, gas y agua; en tanto, en Comunicaciones no hubo mayores variaciones ni en los servicios ni en los equipos de telefonía. Vale destacar que en agosto esta división había sido la de mayores subas de toda la canasta, de modo que la estabilidad de este mes en parte compensa dichas alzas.

En la segunda parte del informe se detalla la evolución del salario real en el sector privado registrado. Se toman dos métricas: el salario promedio y el salario mediano. Mientras que el primero muestra una tenue tendencia a la recuperación (ubicándose 1,2% por encima de diciembre de 2019), en el salario mediano el escenario es de estancamiento en el último año (e incluso caída frente a fines de 2019). La razón de ello tiene que ver con que la evolución salarial de los trabajadores de menores ingresos (que inciden más en la mediana que en la media) fue más desfavorable que la de los de mayores ingresos. Esta tendencia en rigor es previa a la pandemia, pero se consolidó en los últimos meses. Dos razones posibles detrás de este peor comportamiento relativo del salario mediano respecto al salario medio tienen que ver con que la pandemia impactó relativamente más en sectores de menores salarios (como por ejemplo hoteles y restaurantes) y, a su vez, en las PyMEs, en donde las remuneraciones son por lo general inferiores a las firmas grandes.

En agosto, como en julio, la inflación se ubicó en 2,9%.

La inflación de las y los trabajadores se ubicó en el 2,9% en agosto, mismo guarismo que en julio. En lo que va del año acumula un 32,2%, y en los últimos doce meses un 51,9%. Sobrepasada la meta oficial del 29%, los escenarios más probables de cara a fin de año se ubican en la franja del 45-50%. Si la inflación permaneciese en el 2,9% mensual en lo que resta del año, los precios de 2021 habrían acumulado un 48,2%. Para que la inflación de 2021 no supere el 45%, los precios mensuales deberían subir como mucho un 2,3% mensual, lo cual implicaría una marcada desaceleración respecto al registro de los últimos cuatro meses (que rondaron el 3%).
Como dato positivo se destaca la significativa desaceleración de los precios de los Alimentos y Bebidas, que treparon 1,9% en agosto. Se trata del menor registro en más de un año (desde junio de 2020). Las razones de esta moderación se deben básicamente a tres ítems: carnes (que estabilizaron su precio tras el cierre parcial de las exportaciones, el menor ritmo de devaluación del peso y cierto reflujo en la suba de los precios internacionales), frutas y verduras. En estos dos últimos casos, las bajas son más por razones estacionales que otra cosa. A pesar de esta mejora, los alimentos subieron 53,8% en el último año, por encima del nivel general.
Por fuera de los alimentos, se puede observar que la mayoría de las divisiones de la canasta registró alzas mayores al 3% mensual en agosto. Comunicaciones destacó con 6,7%, debido a subas en servicios de telefonía celular. Indumentaria y calzado trepó 5,8%, por razones estacionales asociadas al inicio de la temporada primavera-verano, con alzas destacadas en ropa para hombres (que habían experimentado inversamente fuertes bajas en julio). Este sector, además, viene recomponiendo su demanda, tras haber sido uno de los más afectados por la pandemia (el consumo de prendas de vestir cayó en muchos países producto de la menor frecuencia de reuniones sociales).
Recreación y cultura trepó 4,5%, en gran medida por las subas de 16,2% en TV por cable, uno de los principales ítems de la división. Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 4,0%, debido al servicio doméstico, los muebles y los productos de limpieza. En este último caso, se observa en los últimos meses un sistemático incremento por encima del resto de los precios, lo cual obedece a que estos artículos habían quedado muy desfasados mientras duró el programa de Precios Máximos que terminó en junio. Otros bienes y servicios subió 3,1%, debido, al igual que con productos del limpieza, a la recomposición de precios en bienes que habían estado con precios contenidos durante Precios Máximos, como desodorantes, pañales, champú y dentífricos. Educación subió 3,0%, impulsada por subas en las cuotas de la educación superior privada (coincidentes con el inicio del segundo cuatrimestre).
Por debajo del nivel general se encuentra Salud, que subió 2,7% en el mes, debido a las prepagas (+9%). Este rubro había tenido aumentos acotados en los últimos meses pero comenzó en agosto un proceso de recomposición de precios, que incluirá un 9% en septiembre, otro 9% en octubre y luego un 9% en enero. Transporte subió 2,4%, impulsada por autos cero kilómetro, aceites y lubricantes y GNC. Las subas, de todos modos, fueron inferiores a las del nivel general gracias al congelamiento de tarifas de transporta público y de la nafta. Por último, Vivienda (1,0%) fue la división de subas más acotadas, lo cual se explica por la estabilidad de los precios de la electricidad, el gas y el agua y, a su vez, a cierta desaceleración en los alquileres y materiales de construcción.

El debate sobre el endeudamiento externo

El debate sobre el endeudamiento externo

 

Por Fabián Amico

A medida que el tiempo pasa, van cobrando relevancia las severas consecuencias que tendrá para el futuro próximo del país el nivel y especialmente el tipo de endeudamiento que legó el gobierno de Mauricio Macri. En la proximidad de las elecciones de medio término (y con la pandemia en una situación más contenida), esta problemática fue recobrando el centro de la escena. En el entorno cercano al ex presidente intentaron defender la política de endeudamiento seguida entre 2016 y 2019 con diversos argumentos, sosteniendo que el gobierno actual se estaría endeudando más (o más rápido aún) que el anterior.

Buena parte del debate se focalizó en el tamaño de la deuda y sus plazos de pago, así como su relación con el déficit fiscal. Sin embargo, en esta breve nota queremos poner el énfasis en otro aspecto mucho más relevante: el tipo de endeudamiento que contrajo el gobierno anterior y mostrar que la naturaleza del endeudamiento no tiene siquiera relación con el tamaño de la deuda.

Tamaño y composición de la deuda pública

En la literatura convencional las condiciones de solvencia y sostenibilidad de la deuda externa son tratadas, en general, por la relación entre el flujo de nuevo endeudamiento y el PIB. La relación deuda pública / PIB es un indicador muy habitual. Intenta relacionar los pagos por deuda pública con la generación de ingresos (PIB). Debido a que el gobierno captura parte del PIB bajo la forma de impuestos, el aumento del PIB sería un índice de la capacidad de pago del gobierno vinculada a una mayor recaudación. Es análogo al caso de una familia que relaciona el monto de su deuda con el ingreso familiar, y cómo evolucionan estas dos magnitudes a través del tiempo.

Pero en el caso de la deuda pública surgen dos diferencias cruciales. En primer lugar, si la deuda pública está denominada en moneda doméstica, el Gobierno ya no se parece en nada a una familia. De hecho, una familia no puede emitir pesos (crear dinero) para pagar sus deudas y tampoco puede fijar la tasa de interés que paga por ninguna de sus obligaciones. De modo análogo, una familia nunca podrá influir sobre sus ingresos aumentando o bajando sus gastos. El gobierno sí: cuando el gobierno modifica su gasto, eso altera el tamaño del PIB y por ende modifica su propio ingreso (impuestos). Una familia austera puede controlar el resultado de la diferencia entre gastos e ingresos; el gobierno no, porque los ingresos del gobierno (impuestos) no son independientes de su gasto. El gobierno puede decidir cuánto gastar, pero no puede decidir cuánto “ganar” (recaudar) porque eso depende también de decisiones del sector privado (tanto en consumo como inversión).

El punto principal es que en países donde el Estado emite una moneda soberana, el gobierno no puede ser forzado a quebrar si su deuda está denominada en su propia moneda. Esta condición no solo es verdadera por el hecho obvio de que, en última instancia, el gobierno puede pagar la deuda emitiendo moneda, es decir, mediante el financiamiento directo del banco central. Sino que incluso en aquellos países donde la ley prohíbe al Banco Central financiar directamente al Tesoro, el gobierno no puede quebrar si su deuda está denominada en su propia moneda porque siempre se puede financiar a la tasa de interés de corto plazo fijada por el Banco Central (Como el banco central, en general, tiene un objetivo de tasas de interés, al fijar el nivel de la tasa se compromete en la práctica a comprar cualquier cantidad de estos bonos del gobierno que el sector privado no desee retener en el mercado secundario. De facto, este rol de comprador de último recurso de títulos públicos por parte del Banco Central no configura una monetización de la deuda pública). Un debate posible es acerca de cuáles son los efectos de estas acciones de política, pero eso no cambia la validez de la proposición anterior.

La cuestión cambia considerablemente cuando la deuda pública está denominada en moneda extranjera (básicamente en dólares). En este caso, el gobierno comienza a parecerse a una familia: tiene una deuda en una moneda que no emite, y sobre la cual no controla la tasa de interés. Pero existe un problema más serio aún. Como dijimos al comienzo de esta sección, en la literatura convencional las condiciones de sostenibilidad de la deuda externa son tratadas, en general (y sin distinguir monedas), como una relación entre el flujo de endeudamiento y el PIB. Así, la relación deuda pública / PIB es también el indicador más utilizado en este caso.

Obsérvese que, cuando la deuda pública es denominada en dólares, este tipo de indicador tiene el problema fundamental de tratar el PIB (y los impuestos del gobierno) como un indicador de la capacidad de pago de la deuda en dólares. Ciertamente, el gobierno puede inyectar poder adquisitivo (gastar) para inducir un mayor crecimiento del producto. Si sube el PIB, la relación deuda/PIB mejoraría (el peso de la deuda disminuiría). Sin embargo, esta inyección de poder adquisitivo no está denominada en dólares (salvo que se trate de Estados Unidos) y por tanto no se traduce en una mayor disponibilidad de divisas. De hecho, el PIB se realiza en pesos y los impuestos se recaudan en pesos.

Debido al descalce de monedas (la moneda en que está denominada la deuda externa y la moneda emitida por el gobierno), la relación deuda externa / PIB no puede captar la capacidad para pagar este pasivo. Las cosas no mejoran (más bien empeoran) si el PIB se multiplica por un cierto tipo de cambio y todo se expresa en dólares. ¿Eso significa que Argentina, por ejemplo, puede vender todo su PIB a cambio de dólares en el mercado mundial? Evidentemente no. La parte del PIB que se vende en el mercado mundial y con la cual se obtienen dólares son las exportaciones (también se pueden obtener dólares mediante préstamos o inversiones, pero eso no solo no tiene ninguna relación con el PIB, sino que tiene la contrapartida del pago de intereses y de remisión de utilidades que debe ser tomada en cuenta.  Y una vez más, el único ingreso para pagar esos intereses y beneficios en el largo plazo son las exportaciones). Así, a diferencia de los modelos convencionales, lo que debe considerarse como fuente de pago de una deuda en divisas (dólares) son las exportaciones y no el producto (PIB). Si la trayectoria de las exportaciones (ingreso de dólares) no alcanza para cubrir los pagos de intereses de la deuda (además de los otros gastos de divisas como importaciones, remisión de utilidades, turismo, etc.), el país en cuestión puede quebrar ya que, a menos que se trate de Estados Unidos, no puede emitir dólares para amortizar la deuda.

Existe una dimensión adicional que se suele prestar a confusiones. Muchos organismos internacionales (por ejemplo, FMI y Cepal) consideran como deuda pública externa no al endeudamiento realizado en una moneda extranjera, sino por el hecho de si la deuda del gobierno es con residentes en el país (interna) o con no residentes (externa) con independencia de la moneda. Por supuesto, cada forma de clasificar la deuda puede tener su importancia para diversos fines (jurídicos, políticos, etc.). Pero la forma de medir la sostenibilidad de la deuda debe regirse por los principios antes enunciados. Por caso, si el gobierno se endeuda con residentes nacionales en dólares, las condiciones de sustentabilidad cambian sustancialmente (son más exigentes) en comparación con una deuda en pesos con no residentes.

Trayectorias de déficits fiscales

Veamos un ejemplo real de las distintas trayectorias de endeudamiento de países similares (de América Latina) y su relación con otras variables de interés como los déficits fiscales. Se supone que la deuda pública es la contracara del déficit fiscal del gobierno. Si el gobierno tiene un déficit mayor, y no recurre a la financiación directa del banco central, debe requerir más endeudamiento o subir impuestos (o una combinación de estas alternativas). Cuando se observa la evolución de los déficits fiscales (tanto primario como global, gráficos 1 y 2) surge que el tamaño del déficit de Argentina no era significativamente distinto de los niveles exhibidos por los otros países de la región.

Fuente: Cepal.

El gráfico 1 muestra el déficit fiscal primario de los países escogidos (es decir, el resultado de gastos del gobierno que exceden a sus ingresos, expresados como porcentaje del PIB). El gráfico 2 muestra el déficit global o financiero que contiene además el pago de intereses de deuda. En todos los países se observa la misma tendencia: los déficits tienden a aumentar desde 2011 en adelante debido a la desaceleración del nivel de actividad regional. Cuando el PIB crece menos o cae, forzosamente los impuestos que se recaudan sobre ese nivel de actividad tienden a disminuir. Como los gastos no caen automáticamente y muchos de esos gastos son rígidos a la baja (jubilaciones, salarios, etc.), el déficit fiscal aumenta endógenamente.

Nótese, sin embargo, que en el caso argentino el déficit fiscal primario (gráfico 1) acumulado entre 2016 y 2018 supera el resultado deficitario obtenido entre 2011 y 2015. Una de las razones es que bajo el gobierno de Macri hubo una disminución de los impuestos a las exportaciones (“retenciones”) agropecuarias y mineras, así como una baja del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales. Estas medidas beneficiaron a los grupos sociales más ricos de la sociedad y llevaron a una pérdida de recaudación en 2016 equivalente al 1,5% del PIB (Ver: https://itegaweb.org/cual-es-el-deficit-fiscal/). La otra razón es que la economía tuvo en 2016 una caída del PIB de algo más de 2% en el año, produciendo una disminución de la recaudación tributaria (de IVA, ganancias, etc.). Es decir, parte del endeudamiento para cubrir el déficit sirvió para financiar la rebaja de impuestos a los grupos más ricos.

A partir de 2017 el déficit primario disminuye, pero ya en 2016 había comenzado a crecer el déficit financiero (que contiene el pago de intereses de la deuda, gráfico 2). Alguien podría decir que no hay nada extraordinario en eso. Por caso, Brasil presenta un déficit global mucho más alto que Argentina y no experimentó ninguna de las consecuencias que enfrentó Argentina entre 2018 y 2019. Colombia y Uruguay muestran niveles de déficit similares y ninguna tormenta cambiaria ni amenaza de default tuvo lugar en esos países.

Trayectorias de deudas públicas

La observación empírica de las trayectorias de deuda pública en América Latina encierra estas sutilezas: clasificación por residencia (en lugar de monedas) y relaciones entre deuda pública y PIB. Si observamos las series de deuda pública externa (Ver: https://www.cepal.org/es/publicaciones/46070-estudio-economico-america-latina-caribe-2020-principales-condicionantes), -es decir, deuda con no residentes expresada en dólares- tenemos la trayectoria del Gráfico 3.

Fuente: Cepal.

En el contexto regional la evolución de la deuda argentina no parece ser explosiva. En particular, sobresale nítidamente la trayectoria de deuda de Chile, considerado un modelo a seguir por los analistas más ortodoxos de Argentina y de la región. Sin embargo, el gráfico precedente puede esconder algunas diferencias importantes. En el gráfico 4 se muestra cuánto creció la deuda pública externa (con no residentes) entre 2002 y 2015 en comparación con el lapso 2016-2019.

En el caso argentino, entre 2002 y 2015 la deuda con no residentes creció 11%, mientras entre 2016-2019 aumentó 94%. Sin embargo, Chile tuvo un crecimiento más “explosivo” de su deuda, también Perú, Uruguay y México. Y una vez más: en esos países, sea en un periodo o en otro, frente al aumento de sus deudas y de sus déficits no hubo episodios de salidas persistentes de capital, colapso cambiario o riesgo de default. De hecho, el riesgo de default solo aumentó significativamente en Argentina (gráfico 5).

          Fuente: Emerging Markets Bonds Index calculado por JP Morgan y Cepal.

Tanto la trayectoria de la deuda pública como del déficit no parecen ser suficientes para justificar la debacle que experimentó la argentina desde comienzos de 2018. Algo parece faltar en la explicación.

La temprana advertencia del BIS

El BIS (Bank for International Settlements) es una organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales. Es conocido como el “banco de los bancos centrales” y sus trabajos de investigación suelen ser de una rara calidad para un organismo de esas características.

Un temprano estudio del BIS (Ver: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709w.htm), anticipó algunas claves fundamentales para entender lo que ocurrió con el endeudamiento argentino. El estudio en cuestión observó a fines de 2016 que la deuda pública de los países emergentes era más del doble que en 2007, pero que su composición había cambiado significativamente. Los préstamos se realizaban principalmente en moneda doméstica, mientras la participación de los bonos públicos denominados en moneda extranjera era mínima en la mayoría de los casos.

Los préstamos se realizan principalmente en monedas locales, con vencimientos más largos y a tasas fijas. Así, el estudio reveló que la proporción de bonos públicos en circulación denominados o vinculados a una moneda extranjera era mínima para la mayoría de los países y muchos habían reducido considerablemente el endeudamiento en moneda extranjera en los últimos años.

El BIS observó que “Argentina es una excepción a este patrón”, ya que ha aumentado la emisión de deuda tanto nacional como internacional vinculada o denominada en moneda extranjera. “El gobierno central argentino tiene $ 56 mil millones en títulos de deuda internacional en circulación, de los cuales $ 37 mil millones están denominados en dólares estadounidenses. Alrededor del 56% de los bonos del gobierno central emitidos a nivel nacional en circulación de Argentina están denominados en moneda extranjera, por un valor de 41.000 millones de dólares a fines de 2016. Esta participación ha ido aumentando de manera constante desde 2007, cuando se situó en el 28%”, explicaba el BIS hacia 2017.

Otro desarrollo notable en el ámbito de la deuda pública de los países en desarrollo se relacionaba con el aumento del plazo de vencimiento medio, que en muchos casos era comparable con las economías avanzadas. El vencimiento residual medio de los títulos de deuda del gobierno central de las economías en desarrollo (o “emergentes”) incluidas en la muestra del BIS era de 7,7 años, sólo ligeramente inferior al de las economías avanzadas (8 años).

A contramano del mundo en desarrollo (o emergente), Argentina se endeudaba cada vez más en moneda extranjera, más rápido y con plazos de vencimiento más cortos. No es extraño entonces que el propio FMI sentenciara en un informe de 2018, tras la firma del acuerdo con Argentina, que la deuda de Argentina era sostenible pero “no con una alta probabilidad” (Ver: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/12/19/Argentina-Second-Review-under-the-Stand-By-Arrangement-Financing-Assurances-Review-and-46485). Y aún en esas condiciones el organismo aprobó un préstamo récord de 57 mil millones de dólares (de los cuales se desembolsaron 44 mil).

El acuerdo con el FMI impuso una política fuertemente contraccionista, con una meta de eliminación del déficit fiscal primario en 2019 (“déficit cero”). Pero el acuerdo potenció la inestabilidad ya que el gobierno se comprometió a mantener “un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”, limitando las intervenciones del BCRA a períodos en los que se detecte “una clara disfunción del mercado” (FMI, 2018).

El FMI consideraba que la corrida contra el peso era un síntoma del desequilibrio interno (fiscal) que se traducía en más déficit externo y endeudamiento. Según esa visión, el ajuste fiscal y cambiario corregirían las cosas.

El rasgo más notable es que, al tiempo que disminuía el peso de la deuda pública intraestatal (es decir, deuda entre organismos del mismo gobierno, donde el default es técnicamente imposible), el endeudamiento público en moneda extranjera con el mercado privado prácticamente se multiplicó por dos en menos de tres años (Ver: https://circusrevista.com.ar/wp-content/uploads/04-Amico-La-macroeconom%C3%ADa-de-Macri-52-89.pdf). La carga de la deuda externa se tornó más gravosa aún dado el lento crecimiento de las exportaciones desde 2015.

Habíamos dicho antes que el endeudamiento público es la contracara del déficit fiscal, pero esto deja de ser cierto cuando esa deuda está denominada en moneda extranjera, porque ahora el peso de la deuda (medida en pesos) está mediada por la evolución del tipo de cambio (agradezco esta observación de Fernando García Díaz). La devaluación de la moneda aumenta la carga de intereses en pesos de una deuda en dólares. De este modo, a medida que se deterioraban las cuentas externas y el peso de la deuda en dólares aumentaba rápidamente, los agentes de mercado se daban cuenta que la capacidad de repago de los dólares prestados caía abruptamente, pese a que el déficit fiscal primario se reducía hasta alcanzar un cuasi equilibrio primario.

Ciertamente, el gobierno de Macri nunca discriminó el endeudamiento en moneda doméstica de la deuda en dólares. De hecho, los economistas asociados a ese espacio político siguen insistiendo, contra toda evidencia, que esa diferenciación no es relevante. Tampoco pudieron diferenciar una mejora de los términos de intercambio (mejores precios internacionales de las commodities de exportación) del endeudamiento externo. Como expresó Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía:

“Así como los Kirchner tuvieron nueve años seguidos de súper precio de commodities, el gradualismo corre con la ventaja del endeudamiento (…) El Gobierno necesita dólares y sabe que el que los tiene habla en inglés (…) el endeudamiento es parte del ADN del Gobierno” (Nicolás Dujovne, En Revista Apertura, 26 de Diciembre 2016).

Una cuestión obvia es que, a diferencia del endeudamiento, los dólares obtenidos por los mejores precios internacionales no tienen que ser devueltos a nadie ni suponen una carga de intereses. Pese a la confusión reinante, los agentes de mercado parecen distinguir muy bien dónde radica la verdadera sustentabilidad. Por eso, nadie se preocupa por el nivel de deuda pública de Brasil, Uruguay o Chile. Esos países tienen sus deudas denominadas en monedas domésticas y hasta el agente más ortodoxo sabe que ningún país puede quebrar en su propia moneda. Pero Argentina, hacia el final de 2019, tenía más del 70% de su deuda pública en moneda extranjera.

Una consecuencia de las tendencias del endeudamiento público en países en desarrollo, observada por el estudio mencionado del BIS, es que esas trayectorias ayudan a fortalecer la sostenibilidad y eliminan el riesgo de default al reducir los descalces de monedas.

Además, los vencimientos más prolongados y las deudas a tasa fija dieron soporte a la expansión y desarrollo de mercados de deuda pública (en monedas locales) cada vez más amplios y profundos, con curvas de rendimientos a más largo plazo, generando una estructura más estable y predecible para el rendimiento de los activos financieros domésticos y contribuyendo a reducir cada vez más la dolarización. Justamente el camino opuesto al seguido al final de 2019, cuando se decidió defaultear títulos públicos denominados en moneda doméstica (para no recurrir a la emisión monetaria).

Este análisis tiene la implicación de que para mejorar la sustentabilidad de la deuda no es importante reducir el nivel de la relación deuda pública/PIB, sino cambiar la composición de la deuda pública: más deuda pública en moneda doméstica, y menos deuda en moneda extranjera. De facto, el problema no es tener déficit fiscal (un patrón normal en el mundo actual Ver: https://citra.org.ar/el-mito-del-equilibrio-fiscal/ ), sino tomar deuda en moneda extranjera para “financiarlo”. Además, el uso de instrumentos de deuda en moneda doméstica implicaría brindar un activo de inversión en moneda local con una rentabilidad adecuada para constituirse en una alternativa a la dolarización de los portafolios. En síntesis, tratar de que en este aspecto Argentina vuelva a parecerse a sus vecinos latinoamericanos.

 

En julio, la inflación perforó el 3% por primera vez en el año: 2,9%.

La inflación de las y los trabajadores se volvió a desacelerar en julio, y se ubicó en el 2,9% (0,4 puntos por debajo del registro de junio). Se trata del tercer mes consecutivo de desaceleración de la inflación y la primera vez en 2021 que se ubica debajo del 3%.En los primeros siete meses del año, los precios subieron 28,5%. Pese a la desaceleración mensual, la inflación interanual volvió a acelerarse y alcanzó el 51,8% (+1,5 p.p respecto al mes previo). La razón de ello tiene que ver con que estuvieron saliendo del cómputo meses de inflación moderada (como abril, mayo, junio y julio de 2020) e ingresando meses en donde la inflación fue bastante más elevada.
Recreación y cultura fue la división de mayor incremento en julio, con un 7,5%. La principal razón de ello tiene que ver con la suba de los paquetes turísticos (+26,4% al exterior y +50,9% de cabotaje) producto de las vacaciones de invierno. Alimentos y bebidas trepó 3,7% en julio, y explicó más del 42% de la inflación del mes. Si bien las carnes tuvieron un julio tranquilo (+1,0%), hubo subas muy marcadas en verduras (+15,3%, particularmente por el tomate) y bebidas alcohólicas (+9,7%). Salud subió 3,6% en el mes, impulsada por fuertes alzas en las consultas médicas (+12,5% en clínica médica y +22,2% en pediatría). Transporte subió 3,5%, debido a incrementos del 6,1% en automóviles cero kilómetro (posiblemente impulsadas por el aumento de la brecha cambiaria).
Por debajo del nivel general tenemos a Educación con un 2,9% (debido a algunos ajustes en las cuotas de cara a la segunda mitad del año, en cursos de educación no formal y sobre todo en útiles, que subieron 10%). Equipamiento y mantenimiento del hogar se encareció 2,7%, a partir de alzas del 4,3% en electrodomésticos. Otros bienes y servicios subió 2,3%, debido a peluquerías (+6,5%), pañales (+5,6%) y papel higiénico (+4,4%). En estos dos casos, se están produciendo reacomodamientos de precios tras el fin del programa de Precios Máximos, que había mantenido contenido los precios de este tipo de bienes. En tanto, Vivienda subió 1,4%, mayormente por los alquileres (+3,2%), en un contexto en donde hubo estabilidad en el precio de los servicios públicos. Comunicaciones registró una suba del 1,2%, debido a subas del 3,2% en teléfonos móviles. Por último, Indumentaria y calzado tuvo una baja del 2,1%, principalmente por motivos estacionales.
Además, se analiza la evolución del salario real privado registrado en los últimos años y el impacto de la pandemia en el mismo. En los últimos meses se visualiza una estabilidad (con ligera tendencia al alza) en el poder adquisitivo de las y los trabajadores formales del sector privado, aunque se encuentra aun por debajo del pico de 2013: -18,5%. De cara a los próximos meses es de esperar una moderada recuperación, de la mano de la reapertura de paritarias en conjunción con una muy paulatina desaceleración de la inflación a medida que se acercan las elecciones. De cara al largo plazo, la recuperación sostenible del salario real dependerá de la disponibilidad de divisas del Banco Central, que son las que determinan los riesgos de una posible devaluación. De ahí la importancia de políticas que ahorren divisas, como la promoción de exportaciones y/o la sustitución de importaciones, entre otras.