El debate sobre el endeudamiento externo

El debate sobre el endeudamiento externo

 

Por Fabián Amico

A medida que el tiempo pasa, van cobrando relevancia las severas consecuencias que tendrá para el futuro próximo del país el nivel y especialmente el tipo de endeudamiento que legó el gobierno de Mauricio Macri. En la proximidad de las elecciones de medio término (y con la pandemia en una situación más contenida), esta problemática fue recobrando el centro de la escena. En el entorno cercano al ex presidente intentaron defender la política de endeudamiento seguida entre 2016 y 2019 con diversos argumentos, sosteniendo que el gobierno actual se estaría endeudando más (o más rápido aún) que el anterior.

Buena parte del debate se focalizó en el tamaño de la deuda y sus plazos de pago, así como su relación con el déficit fiscal. Sin embargo, en esta breve nota queremos poner el énfasis en otro aspecto mucho más relevante: el tipo de endeudamiento que contrajo el gobierno anterior y mostrar que la naturaleza del endeudamiento no tiene siquiera relación con el tamaño de la deuda.

Tamaño y composición de la deuda pública

En la literatura convencional las condiciones de solvencia y sostenibilidad de la deuda externa son tratadas, en general, por la relación entre el flujo de nuevo endeudamiento y el PIB. La relación deuda pública / PIB es un indicador muy habitual. Intenta relacionar los pagos por deuda pública con la generación de ingresos (PIB). Debido a que el gobierno captura parte del PIB bajo la forma de impuestos, el aumento del PIB sería un índice de la capacidad de pago del gobierno vinculada a una mayor recaudación. Es análogo al caso de una familia que relaciona el monto de su deuda con el ingreso familiar, y cómo evolucionan estas dos magnitudes a través del tiempo.

Pero en el caso de la deuda pública surgen dos diferencias cruciales. En primer lugar, si la deuda pública está denominada en moneda doméstica, el Gobierno ya no se parece en nada a una familia. De hecho, una familia no puede emitir pesos (crear dinero) para pagar sus deudas y tampoco puede fijar la tasa de interés que paga por ninguna de sus obligaciones. De modo análogo, una familia nunca podrá influir sobre sus ingresos aumentando o bajando sus gastos. El gobierno sí: cuando el gobierno modifica su gasto, eso altera el tamaño del PIB y por ende modifica su propio ingreso (impuestos). Una familia austera puede controlar el resultado de la diferencia entre gastos e ingresos; el gobierno no, porque los ingresos del gobierno (impuestos) no son independientes de su gasto. El gobierno puede decidir cuánto gastar, pero no puede decidir cuánto “ganar” (recaudar) porque eso depende también de decisiones del sector privado (tanto en consumo como inversión).

El punto principal es que en países donde el Estado emite una moneda soberana, el gobierno no puede ser forzado a quebrar si su deuda está denominada en su propia moneda. Esta condición no solo es verdadera por el hecho obvio de que, en última instancia, el gobierno puede pagar la deuda emitiendo moneda, es decir, mediante el financiamiento directo del banco central. Sino que incluso en aquellos países donde la ley prohíbe al Banco Central financiar directamente al Tesoro, el gobierno no puede quebrar si su deuda está denominada en su propia moneda porque siempre se puede financiar a la tasa de interés de corto plazo fijada por el Banco Central (Como el banco central, en general, tiene un objetivo de tasas de interés, al fijar el nivel de la tasa se compromete en la práctica a comprar cualquier cantidad de estos bonos del gobierno que el sector privado no desee retener en el mercado secundario. De facto, este rol de comprador de último recurso de títulos públicos por parte del Banco Central no configura una monetización de la deuda pública). Un debate posible es acerca de cuáles son los efectos de estas acciones de política, pero eso no cambia la validez de la proposición anterior.

La cuestión cambia considerablemente cuando la deuda pública está denominada en moneda extranjera (básicamente en dólares). En este caso, el gobierno comienza a parecerse a una familia: tiene una deuda en una moneda que no emite, y sobre la cual no controla la tasa de interés. Pero existe un problema más serio aún. Como dijimos al comienzo de esta sección, en la literatura convencional las condiciones de sostenibilidad de la deuda externa son tratadas, en general (y sin distinguir monedas), como una relación entre el flujo de endeudamiento y el PIB. Así, la relación deuda pública / PIB es también el indicador más utilizado en este caso.

Obsérvese que, cuando la deuda pública es denominada en dólares, este tipo de indicador tiene el problema fundamental de tratar el PIB (y los impuestos del gobierno) como un indicador de la capacidad de pago de la deuda en dólares. Ciertamente, el gobierno puede inyectar poder adquisitivo (gastar) para inducir un mayor crecimiento del producto. Si sube el PIB, la relación deuda/PIB mejoraría (el peso de la deuda disminuiría). Sin embargo, esta inyección de poder adquisitivo no está denominada en dólares (salvo que se trate de Estados Unidos) y por tanto no se traduce en una mayor disponibilidad de divisas. De hecho, el PIB se realiza en pesos y los impuestos se recaudan en pesos.

Debido al descalce de monedas (la moneda en que está denominada la deuda externa y la moneda emitida por el gobierno), la relación deuda externa / PIB no puede captar la capacidad para pagar este pasivo. Las cosas no mejoran (más bien empeoran) si el PIB se multiplica por un cierto tipo de cambio y todo se expresa en dólares. ¿Eso significa que Argentina, por ejemplo, puede vender todo su PIB a cambio de dólares en el mercado mundial? Evidentemente no. La parte del PIB que se vende en el mercado mundial y con la cual se obtienen dólares son las exportaciones (también se pueden obtener dólares mediante préstamos o inversiones, pero eso no solo no tiene ninguna relación con el PIB, sino que tiene la contrapartida del pago de intereses y de remisión de utilidades que debe ser tomada en cuenta.  Y una vez más, el único ingreso para pagar esos intereses y beneficios en el largo plazo son las exportaciones). Así, a diferencia de los modelos convencionales, lo que debe considerarse como fuente de pago de una deuda en divisas (dólares) son las exportaciones y no el producto (PIB). Si la trayectoria de las exportaciones (ingreso de dólares) no alcanza para cubrir los pagos de intereses de la deuda (además de los otros gastos de divisas como importaciones, remisión de utilidades, turismo, etc.), el país en cuestión puede quebrar ya que, a menos que se trate de Estados Unidos, no puede emitir dólares para amortizar la deuda.

Existe una dimensión adicional que se suele prestar a confusiones. Muchos organismos internacionales (por ejemplo, FMI y Cepal) consideran como deuda pública externa no al endeudamiento realizado en una moneda extranjera, sino por el hecho de si la deuda del gobierno es con residentes en el país (interna) o con no residentes (externa) con independencia de la moneda. Por supuesto, cada forma de clasificar la deuda puede tener su importancia para diversos fines (jurídicos, políticos, etc.). Pero la forma de medir la sostenibilidad de la deuda debe regirse por los principios antes enunciados. Por caso, si el gobierno se endeuda con residentes nacionales en dólares, las condiciones de sustentabilidad cambian sustancialmente (son más exigentes) en comparación con una deuda en pesos con no residentes.

Trayectorias de déficits fiscales

Veamos un ejemplo real de las distintas trayectorias de endeudamiento de países similares (de América Latina) y su relación con otras variables de interés como los déficits fiscales. Se supone que la deuda pública es la contracara del déficit fiscal del gobierno. Si el gobierno tiene un déficit mayor, y no recurre a la financiación directa del banco central, debe requerir más endeudamiento o subir impuestos (o una combinación de estas alternativas). Cuando se observa la evolución de los déficits fiscales (tanto primario como global, gráficos 1 y 2) surge que el tamaño del déficit de Argentina no era significativamente distinto de los niveles exhibidos por los otros países de la región.

Fuente: Cepal.

El gráfico 1 muestra el déficit fiscal primario de los países escogidos (es decir, el resultado de gastos del gobierno que exceden a sus ingresos, expresados como porcentaje del PIB). El gráfico 2 muestra el déficit global o financiero que contiene además el pago de intereses de deuda. En todos los países se observa la misma tendencia: los déficits tienden a aumentar desde 2011 en adelante debido a la desaceleración del nivel de actividad regional. Cuando el PIB crece menos o cae, forzosamente los impuestos que se recaudan sobre ese nivel de actividad tienden a disminuir. Como los gastos no caen automáticamente y muchos de esos gastos son rígidos a la baja (jubilaciones, salarios, etc.), el déficit fiscal aumenta endógenamente.

Nótese, sin embargo, que en el caso argentino el déficit fiscal primario (gráfico 1) acumulado entre 2016 y 2018 supera el resultado deficitario obtenido entre 2011 y 2015. Una de las razones es que bajo el gobierno de Macri hubo una disminución de los impuestos a las exportaciones (“retenciones”) agropecuarias y mineras, así como una baja del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales. Estas medidas beneficiaron a los grupos sociales más ricos de la sociedad y llevaron a una pérdida de recaudación en 2016 equivalente al 1,5% del PIB (Ver: https://itegaweb.org/cual-es-el-deficit-fiscal/). La otra razón es que la economía tuvo en 2016 una caída del PIB de algo más de 2% en el año, produciendo una disminución de la recaudación tributaria (de IVA, ganancias, etc.). Es decir, parte del endeudamiento para cubrir el déficit sirvió para financiar la rebaja de impuestos a los grupos más ricos.

A partir de 2017 el déficit primario disminuye, pero ya en 2016 había comenzado a crecer el déficit financiero (que contiene el pago de intereses de la deuda, gráfico 2). Alguien podría decir que no hay nada extraordinario en eso. Por caso, Brasil presenta un déficit global mucho más alto que Argentina y no experimentó ninguna de las consecuencias que enfrentó Argentina entre 2018 y 2019. Colombia y Uruguay muestran niveles de déficit similares y ninguna tormenta cambiaria ni amenaza de default tuvo lugar en esos países.

Trayectorias de deudas públicas

La observación empírica de las trayectorias de deuda pública en América Latina encierra estas sutilezas: clasificación por residencia (en lugar de monedas) y relaciones entre deuda pública y PIB. Si observamos las series de deuda pública externa (Ver: https://www.cepal.org/es/publicaciones/46070-estudio-economico-america-latina-caribe-2020-principales-condicionantes), -es decir, deuda con no residentes expresada en dólares- tenemos la trayectoria del Gráfico 3.

Fuente: Cepal.

En el contexto regional la evolución de la deuda argentina no parece ser explosiva. En particular, sobresale nítidamente la trayectoria de deuda de Chile, considerado un modelo a seguir por los analistas más ortodoxos de Argentina y de la región. Sin embargo, el gráfico precedente puede esconder algunas diferencias importantes. En el gráfico 4 se muestra cuánto creció la deuda pública externa (con no residentes) entre 2002 y 2015 en comparación con el lapso 2016-2019.

En el caso argentino, entre 2002 y 2015 la deuda con no residentes creció 11%, mientras entre 2016-2019 aumentó 94%. Sin embargo, Chile tuvo un crecimiento más “explosivo” de su deuda, también Perú, Uruguay y México. Y una vez más: en esos países, sea en un periodo o en otro, frente al aumento de sus deudas y de sus déficits no hubo episodios de salidas persistentes de capital, colapso cambiario o riesgo de default. De hecho, el riesgo de default solo aumentó significativamente en Argentina (gráfico 5).

          Fuente: Emerging Markets Bonds Index calculado por JP Morgan y Cepal.

Tanto la trayectoria de la deuda pública como del déficit no parecen ser suficientes para justificar la debacle que experimentó la argentina desde comienzos de 2018. Algo parece faltar en la explicación.

La temprana advertencia del BIS

El BIS (Bank for International Settlements) es una organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales. Es conocido como el “banco de los bancos centrales” y sus trabajos de investigación suelen ser de una rara calidad para un organismo de esas características.

Un temprano estudio del BIS (Ver: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709w.htm), anticipó algunas claves fundamentales para entender lo que ocurrió con el endeudamiento argentino. El estudio en cuestión observó a fines de 2016 que la deuda pública de los países emergentes era más del doble que en 2007, pero que su composición había cambiado significativamente. Los préstamos se realizaban principalmente en moneda doméstica, mientras la participación de los bonos públicos denominados en moneda extranjera era mínima en la mayoría de los casos.

Los préstamos se realizan principalmente en monedas locales, con vencimientos más largos y a tasas fijas. Así, el estudio reveló que la proporción de bonos públicos en circulación denominados o vinculados a una moneda extranjera era mínima para la mayoría de los países y muchos habían reducido considerablemente el endeudamiento en moneda extranjera en los últimos años.

El BIS observó que “Argentina es una excepción a este patrón”, ya que ha aumentado la emisión de deuda tanto nacional como internacional vinculada o denominada en moneda extranjera. “El gobierno central argentino tiene $ 56 mil millones en títulos de deuda internacional en circulación, de los cuales $ 37 mil millones están denominados en dólares estadounidenses. Alrededor del 56% de los bonos del gobierno central emitidos a nivel nacional en circulación de Argentina están denominados en moneda extranjera, por un valor de 41.000 millones de dólares a fines de 2016. Esta participación ha ido aumentando de manera constante desde 2007, cuando se situó en el 28%”, explicaba el BIS hacia 2017.

Otro desarrollo notable en el ámbito de la deuda pública de los países en desarrollo se relacionaba con el aumento del plazo de vencimiento medio, que en muchos casos era comparable con las economías avanzadas. El vencimiento residual medio de los títulos de deuda del gobierno central de las economías en desarrollo (o “emergentes”) incluidas en la muestra del BIS era de 7,7 años, sólo ligeramente inferior al de las economías avanzadas (8 años).

A contramano del mundo en desarrollo (o emergente), Argentina se endeudaba cada vez más en moneda extranjera, más rápido y con plazos de vencimiento más cortos. No es extraño entonces que el propio FMI sentenciara en un informe de 2018, tras la firma del acuerdo con Argentina, que la deuda de Argentina era sostenible pero “no con una alta probabilidad” (Ver: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/12/19/Argentina-Second-Review-under-the-Stand-By-Arrangement-Financing-Assurances-Review-and-46485). Y aún en esas condiciones el organismo aprobó un préstamo récord de 57 mil millones de dólares (de los cuales se desembolsaron 44 mil).

El acuerdo con el FMI impuso una política fuertemente contraccionista, con una meta de eliminación del déficit fiscal primario en 2019 (“déficit cero”). Pero el acuerdo potenció la inestabilidad ya que el gobierno se comprometió a mantener “un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”, limitando las intervenciones del BCRA a períodos en los que se detecte “una clara disfunción del mercado” (FMI, 2018).

El FMI consideraba que la corrida contra el peso era un síntoma del desequilibrio interno (fiscal) que se traducía en más déficit externo y endeudamiento. Según esa visión, el ajuste fiscal y cambiario corregirían las cosas.

El rasgo más notable es que, al tiempo que disminuía el peso de la deuda pública intraestatal (es decir, deuda entre organismos del mismo gobierno, donde el default es técnicamente imposible), el endeudamiento público en moneda extranjera con el mercado privado prácticamente se multiplicó por dos en menos de tres años (Ver: https://circusrevista.com.ar/wp-content/uploads/04-Amico-La-macroeconom%C3%ADa-de-Macri-52-89.pdf). La carga de la deuda externa se tornó más gravosa aún dado el lento crecimiento de las exportaciones desde 2015.

Habíamos dicho antes que el endeudamiento público es la contracara del déficit fiscal, pero esto deja de ser cierto cuando esa deuda está denominada en moneda extranjera, porque ahora el peso de la deuda (medida en pesos) está mediada por la evolución del tipo de cambio (agradezco esta observación de Fernando García Díaz). La devaluación de la moneda aumenta la carga de intereses en pesos de una deuda en dólares. De este modo, a medida que se deterioraban las cuentas externas y el peso de la deuda en dólares aumentaba rápidamente, los agentes de mercado se daban cuenta que la capacidad de repago de los dólares prestados caía abruptamente, pese a que el déficit fiscal primario se reducía hasta alcanzar un cuasi equilibrio primario.

Ciertamente, el gobierno de Macri nunca discriminó el endeudamiento en moneda doméstica de la deuda en dólares. De hecho, los economistas asociados a ese espacio político siguen insistiendo, contra toda evidencia, que esa diferenciación no es relevante. Tampoco pudieron diferenciar una mejora de los términos de intercambio (mejores precios internacionales de las commodities de exportación) del endeudamiento externo. Como expresó Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía:

“Así como los Kirchner tuvieron nueve años seguidos de súper precio de commodities, el gradualismo corre con la ventaja del endeudamiento (…) El Gobierno necesita dólares y sabe que el que los tiene habla en inglés (…) el endeudamiento es parte del ADN del Gobierno” (Nicolás Dujovne, En Revista Apertura, 26 de Diciembre 2016).

Una cuestión obvia es que, a diferencia del endeudamiento, los dólares obtenidos por los mejores precios internacionales no tienen que ser devueltos a nadie ni suponen una carga de intereses. Pese a la confusión reinante, los agentes de mercado parecen distinguir muy bien dónde radica la verdadera sustentabilidad. Por eso, nadie se preocupa por el nivel de deuda pública de Brasil, Uruguay o Chile. Esos países tienen sus deudas denominadas en monedas domésticas y hasta el agente más ortodoxo sabe que ningún país puede quebrar en su propia moneda. Pero Argentina, hacia el final de 2019, tenía más del 70% de su deuda pública en moneda extranjera.

Una consecuencia de las tendencias del endeudamiento público en países en desarrollo, observada por el estudio mencionado del BIS, es que esas trayectorias ayudan a fortalecer la sostenibilidad y eliminan el riesgo de default al reducir los descalces de monedas.

Además, los vencimientos más prolongados y las deudas a tasa fija dieron soporte a la expansión y desarrollo de mercados de deuda pública (en monedas locales) cada vez más amplios y profundos, con curvas de rendimientos a más largo plazo, generando una estructura más estable y predecible para el rendimiento de los activos financieros domésticos y contribuyendo a reducir cada vez más la dolarización. Justamente el camino opuesto al seguido al final de 2019, cuando se decidió defaultear títulos públicos denominados en moneda doméstica (para no recurrir a la emisión monetaria).

Este análisis tiene la implicación de que para mejorar la sustentabilidad de la deuda no es importante reducir el nivel de la relación deuda pública/PIB, sino cambiar la composición de la deuda pública: más deuda pública en moneda doméstica, y menos deuda en moneda extranjera. De facto, el problema no es tener déficit fiscal (un patrón normal en el mundo actual Ver: https://citra.org.ar/el-mito-del-equilibrio-fiscal/ ), sino tomar deuda en moneda extranjera para “financiarlo”. Además, el uso de instrumentos de deuda en moneda doméstica implicaría brindar un activo de inversión en moneda local con una rentabilidad adecuada para constituirse en una alternativa a la dolarización de los portafolios. En síntesis, tratar de que en este aspecto Argentina vuelva a parecerse a sus vecinos latinoamericanos.

 

La montaña rusa del mercado de trabajo bajo la pandemia

La montaña rusa del mercado de trabajo bajo la pandemia

Autor: Fabián Amico

 

Muy tempranamente, la economista postkeynesiana Joan Robinson sostuvo que el nivel de empleo en la economía se determinaba como la suma del empleo determinado por la demanda efectiva y el nivel de desempleo disfrazado. ¿Qué significa que el nivel de empleo es determinado por la demanda efectiva? La idea (keynesiana) es que en una economía capitalista se tiende a producir lo que puede ser vendido rentablemente. Por ende, el aumento del gasto total en esa economía (demanda efectiva) define cuánto se producirá. Luego, para producir esa cantidad deberán ser contratados cierta cantidad de trabajadores, lo que determinará el nivel de empleo total o agregado en esa economía. La relación entre nivel de actividad y empleo no es directa o lineal, pero en tendencia existe una relación positiva: cuando aumentan la demanda y el producto, tiende a aumentar el nivel de empleo.

Muy bien. ¿Pero qué sería el desempleo “disfrazado”? Robinson definió el desempleo disfrazado de la siguiente manera. Ella pensó en el caso de una sociedad donde no existe seguro de desempleo o programa social alguno para los sectores desprotegidos. En tal caso, las personas que se queden sin trabajo deben ganarse la vida de una forma u otra por su propia cuenta. Así, Robinson se dio cuenta que, en general, una disminución en la demanda efectiva (gasto) que reduce la cantidad de empleo en la economía no necesariamente conduciría al “desempleo” en el sentido de completa inactividad, sino que desplazaría a los trabajadores (despedidos) a una serie de ocupaciones de baja productividad (como vender cosas en la calle o similares). Concluyó que una disminución en un tipo de empleo (“formal” diríamos hoy) conduce a un aumento en otro tipo de empleo (“informal”) y, a primera vista, podría parecer que una disminución en la demanda efectiva no causara ningún desempleo.

La causa de este desvío de trabajadores hacia ocupaciones precarias y de baja productividad sería una disminución de la demanda efectiva y del ritmo de actividad económica, que es exactamente lo mismo que causa el desempleo en el sentido habitual. Por eso, Robinson describió el empleo precario de los trabajadores despedidos como “desempleo disfrazado”.

Obsérvese que esto no tiene nada que ver con las capacidades (reales o potenciales) de los trabajadores desplazados. En verdad, es la falta de vigor del crecimiento lo que los desplaza. Para Robinson, si el nivel de demanda efectiva  fuera mayor, los puestos de trabajo del sector más precario desaparecerían, y con ellos bajaría el desempleo disfrazado.

Los economistas británicos John Eatwell y Murray Milgate en su The Fall and Rise of Keynesian Economics, siguiendo la línea de Robinson, presentaron un ejemplo dramático de la flexibilidad a mediano plazo de la fuerza laboral. Fue el caso del notable aumento del empleo de mujeres en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. En respuesta a la muy alta demanda de mano de obra, la población total empleada aumentó en 2,9 millones (14,5%) entre 1939 y 1943. El 80% de ese aumento consistió en mujeres que no habían estado empleadas anteriormente o que habían estado dedicadas a tareas de cuidado del hogar. Sin embargo, se alcanzaron rápidamente niveles de productividad comparables (o incluso superiores) a los niveles alcanzados por la primera mano de obra predominantemente masculina.

Este ejemplo sugiere que la definición de desempleo disfrazado debería ampliarse para cubrir la inactividad, cuyo grado es una función del ritmo de crecimiento de la demanda efectiva. Por caso, Eatwell y Milgate mostraron que la persistencia de altos niveles de desempleo masculino en Gran Bretaña desde la década de 1970 provocó que un gran número de hombres se retirara por completo de la fuerza laboral. De este modo, un aumento del desempleo disfrazado es claramente una pérdida de recursos, ya que la mano de obra se desempeña a un nivel de productividad muy por debajo de su verdadero potencial.

¿Qué tiene que ver esto con la Argentina?

Existen varias formas de percibir ese desempleo “disfrazado”. Una es la de aquellas personas que aunque tienen empleo siguen demandando trabajo, otra, las diversas medidas de subocupación de la fuerza de trabajo; una tercera, el tamaño de la población inactiva (que no participa del mercado de trabajo); la última, el tamaño y la evolución del sector informal.

Es interesante observar cómo evolucionó el tamaño del sector informal en Argentina en relación con el ritmo de crecimiento de la demanda y el producto. Como se observa en el gráfico siguiente, el nivel de informalidad (entendida simplemente como asalariados sin descuentos jubilatorios) se redujo sistemáticamente desde fines de 2003 hasta comienzos de 2015. El nivel máximo se alcanzó en la segunda parte de 2003 con 49,5% de informalidad del total de asalariados y en el primer trimestre de 2015 se registró el mínimo histórico (31,9%).

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, INDEC

A esa etapa de reducción de la informalidad siguió una nueva fase de estancamiento con una tendencia al aumento que se acentuó desde fines de 2018 y se prolongó hasta fines de 2019. Nótese que esta segunda fase coincide con una etapa de bajo (o nulo) crecimiento económico que desde 2017 se convierte en recesión. Desde comienzos de 2020, y con la irrupción de la pandemia, ingresamos en una tercera fase, en la cual se produce -como veremos enseguida- una reducción abrupta de la informalidad debido sencillamente a que se destruyó mucho más empleo informal que formal.

Siguiendo a Joan Robinson, podemos afirmar que en 2003 existía, además del desempleo “abierto” o registrado, un enorme desempleo “disfrazado”. La depresión económica producida en el final de la convertibilidad había llevado el desempleo a niveles muy elevados, forzando a mucha gente a procurarse ocupaciones informales y precarias. Casi el 50% de los trabajadores asalariados se hallaban en esa situación en 2002/2003, mientras en 1994 eran 28% del total. En todo ese periodo, la tasa de desempleo había pasado de 13% en 1994 a 22,1% en 2002. Por ende podemos afirmar, siguiendo la lógica antes expuesta, que el “verdadero” desempleo era considerablemente más alto.

En la segunda etapa, el proceso de crecimiento persistente abierto en 2003 produjo varios resultados al mismo tiempo: redujo la tasa de desempleo (del 22% en 2002 al 6,5% en 2015) y también redujo el desempleo “disfrazado” oculto en la informalidad (del pico de 49% en 2002 al mínimo de 32% a comienzos de 2015).

Desde 2015 en adelante esta tendencia se revierte. No solo se instala una tendencia al aumento del desempleo a partir de fines de 2017, siguiendo la declinación del nivel de actividad. Además, incluso hasta el primer trimestre de 2020 el empleo asalariado informal crece más que la ocupación en el sector formal (que, de hecho, destruye empleo).

Otra vez se confirma la predicción de Robinson: cuando la demanda efectiva y el crecimiento se ralentizan, aumenta el desempleo “disfrazado” con empleos precarios e informales. Como se aprecia en el gráfico siguiente, esto venía ocurriendo desde la primera mitad de 2017 (la línea roja está siempre por encima de la azul hasta la pandemia). Así, mientras la economía se estancaba y retrocedía, la informalidad aumentaba, limitando el aumento del desempleo registrado pero expandiendo el desempleo “disfrazado”.

Fuente: Ministerio de Economía e INDEC.

En verdad, un aumento muy grande de la tasa de desempleo es un fenómeno transitorio. Además del desempleo oculto que acaba limitando el aumento de la tasa de desempleo ante una caída de la demanda efectiva y de los niveles de empleo industrial, lo que termina ocurriendo cuando se estanca el crecimiento de la actividad y el empleo es que, a partir de cierto momento, el comportamiento de la población en edad de trabajar (la oferta de trabajo) comienza a cambiar.[1]

Así, en un período de caída de la demanda efectiva, además del desempleo disfrazado, la propia fuerza de trabajo se adapta a las oportunidades de empleo a través de procesos como la inmigración, los cambios en las tasas de participación de ciertos segmentos de la sociedad (jóvenes y mujeres) que eventualmente terminan abandonando la fuerza laboral, ya sea por efecto de desánimo u otras causas.

En este sentido, una medida más amplia de desempleo podría comprender además del desempleo abierto, aquellos grupos sociales que tienen insuficiencia de horas trabajadas o incluso de los ocupados que aún demandan empleo. Esta tasa más “amplia” de desempleo según el Indec era de 39,9% de la población activa en el primer trimestre de 2020 y aún alcanzaba al 38,6% en el primer trimestre de 2021.

Argentina: la montaña rusa del empleo

De este modo, en el momento previo a la irrupción de la pandemia, el mercado de trabajo presentaba claros síntomas de debilitamiento, con aumento del desempleo registrado y oculto, así como de las ocupaciones informales de baja productividad e ingresos. Tomando en cuenta este cuadro podemos entender mejor lo que ocurrió bajo la pandemia utilizando las tasas e indicadores del mercado de trabajo según los últimos datos publicados por el Indec (correspondientes al primer trimestre de 2021).[2]

Los indicadores laborales bajo la pandemia

(en % de la población total y de la PEA)

Fuente: Elaborado en base a Indec.

Como se observa en el gráfico previo, en los 31 aglomerados urbanos (donde habitan casi 29 millones de personas) entre el primer y segundo trimestre de 2020, unos 2,49 millones de personas perdieron su empleo. En el mismo lapso, la población activa (esto es, la población ocupada o que busca activamente empleo) cayó en 2,45 millones de personas. Por ende, pese a que se destruyeron casi 2,5 millones de empleos, la cantidad de desocupados en esos aglomerados aumentó “solo” en unas 40 mil personas.

Sin embargo, en ese mismo periodo, casi 2,5 millones de personas abandonaron la población activa. Muchos de ellos no salieron a buscar empleo porque las actividades donde podían conseguir trabajo estaban cerradas o porque pensaron que no podía encontrar nada en un contexto tan crítico. Al no buscar activamente empleo, las encuestas no los registraron como desocupados. Estos desalentados que abandonaron la población activa a causa de la pandemia eran muchos de los desempleados “disfrazados” u “ocultos” generados en la etapa previa a la pandemia. Así, la pandemia no hizo sino revelar lo que estaba oculto: la fragilidad creciente del mercado laboral y el tamaño del desempleo disfrazado.

Como es claro en el gráfico “Dinámica del empleo, informalidad y crecimiento”, el grueso de la destrucción de empleo en la pandemia afectó al sector informal, que había crecido en el periodo previo de estancamiento y declinación de la demanda y el producto. Un estudio reciente muestra que un proceso muy similar tuvo lugar en un conjunto de 14 países de América Latina, en el segundo trimestre del año pasado la cantidad de ocupados disminuyó en 46 millones, pero los desocupados registrados aumentaron “sólo” en 4 millones respecto del primer trimestre. Este proceso se dio con mucha claridad en Brasil, como explica la economista brasileña Julia Braga.

Sin embargo, esa situación se fue revirtiendo bastante rápidamente en Argentina en tanto la economía se recuperaba, al punto tal que en el primer trimestre del corriente año el cuadro laboral, según estos indicadores, era casi idéntico al del primer trimestre del 2020. Puesto en otros términos, la pandemia generó una suerte de montaña rusa en el mercado de trabajo (con vertiginosos movimiento de expansión y contracción) para dejarnos prácticamente igual que al final del gobierno de Macri. Obviamente las políticas que el gobierno puso en marcha en medio de la crisis fueron un factor decisivo para conseguir esa reversión de la tendencia.

¿Todo quedó igual?

Sin embargo, no todo quedó igual que en la etapa previa a la pandemia. Ante todo, conviene subrayar que esta montaña rusa del empleo no resultó neutra en términos distributivos y de ingresos. La irrupción de la pandemia y el confinamiento de abril-2020 frenaron una recuperación salarial que venía tomando forma desde el inicio del gobierno justo en momentos en que se producía un nuevo ciclo de aceleración inflacionaria. La pandemia llevó a un inédito resultado: una contracción del salario nominal en los meses de abril y mayo de 2020.

Fuente: Elaborado en base a Ministerio de Trabajo e Indec.

Como se muestra en el gráfico previo, los salarios nominales pasaron de crecer 8,5% mensual (contra una inflación mensual de 2,3%), a caer en términos nominales -0,2% por mes en abril y mayo, cuando la inflación cayó solo a 1,5% mensual. Esta abrupta desaceleración del aumento del salario nominal (que es el instrumento de los trabajadores para obtener aumentos reales) estuvo muy asociado al cambio en las condiciones de negociación salarial: de repente el empleo se transformó en la prioridad y el estado del conflicto cambió sustancialmente, postergando para un futuro incierto la recuperación salarial. Asimismo, una tendencia subyacente más poderosa, el aumento persistente del desempleo registrado (que pasó de una zona del 6,5% en 2015 a moverse en torno al 10% al final de 2019), también contribuyó al debilitamiento general del poder de negociación salarial.

Adicionalmente, para observar mejor la situación actual del mercado de trabajo, podemos comparar las dos fotos (cuadros de situación) vigentes en el primer trimestre de 2021 en relación al mismo periodo de 2020 (es decir, el instante previo a la irrupción plena de la pandemia). Podemos apreciar mejor las tendencias generales con la ayuda de un gráfico que compare las cifras totales del primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021.[3]

El cuadro laboral general tras la pandemia

(en miles de personas)

Fuente: Elaborado en base a Indec.

Como se ve, la cantidad de desocupación abierta (o registrada), de población activa (PEA) y de ocupados es muy similar. Sin embargo, podemos puntualizar los siguientes cambios:

i) la población activa (PEA) cayó en 102 mil personas como resultado de la disminución del desempleo (-39 mil) y una reducción de la ocupación (-63 mil);

ii) el nivel de ocupados asalariados, al primer trimestre de 2021, era menor que en 2020 (-233 mil) al tiempo que se registraba una aumento del empleo no asalariado (+170 mil personas, en especial cuentapropistas). El resultado neto es la pérdida ya mencionada de 63 mil empleos.

iii) la reducción del empleo asalariado fue resultado de la destrucción de empleos asalariados informales. Mientras el empleo asalariado formal creció (+141 mil) los puestos informales disminuyeron mucho más (-374 mil), lo que resulta en la pérdida de 233 mil empleos asalariados;

iv) hubo un aumento del empleo no asalariado de 170 mil personas (en especial, de los trabajadores por cuenta propia), lo que restando la pérdida de los 233 mil empleos asalariados, resulta en la reducción de la ocupación total (63 mil puestos) que son trabajadores que aún permanecen en la inactividad.

v) hubo un aumento de la incidencia del empleo no asalariado en el total de las ocupaciones (del 26 al 28%), un segmento donde predominan los trabajos informales. 

En síntesis, el mercado de trabajo está regresando a los niveles registrados en la etapa inmediata previa a la pandemia, pero las heridas producidas por la crisis del Covid-19 no han desaparecido por completo. Hay un cambio de composición a favor de los empleos no asalariados, donde predominan las ocupaciones informales (es decir. un aumento del desempleo oculto). Asimismo se observa la misma tasa de desempleo (en torno al 10% de la PEA) y la posibilidad de que, ya sea por la recuperación del empleo asalariado informal o por la potencial irrupción de los inactivos, el nivel de desempleo baje muy lentamente (más aún si la economía disminuye su ritmo de crecimiento). En cierto sentido, la pandemia puso en primer plano la creciente fragilidad y precariedad del mercado laboral y, en especial, el tamaño del desempleo oculto o “disfrazado”, revelando que puede llevar más tiempo de lo esperado revertir los efectos que produjo en el mercado laboral la debacle económica del gobierno anterior y su prolongación bajo la pandemia.


[1] Los economistas neoclásicos o marginalistas, que constituyen el mainstream de la profesión, suelen argumentar que, a nivel empírico, el hecho de que las tasas de desempleo abierto no tiendan a aumentar indefinidamente sería una confirmación de la visión neoclásica tradicional de que el aumento de la oferta de trabajo terminaría generando, a través de la flexibilidad (baja) del salario real, un aumento de la demanda de trabajo. En realidad, como observaron muchos economistas heterodoxos, ocurre lo contrario: es la propia oferta de trabajo la que acaba por adaptarse a las oportunidades de empleo.

[2] Las tasas de empleo, actividad y desempleo se estiman sobre el total de 31 aglomerados urbanos.

[3] Se consideran los datos de la EPH para 31 aglomerados urbanos.

Sobre la inflación como objetivo excluyente de política económica (Por Fabián Amico)

Sobre la inflación como objetivo excluyente de política económica

Por Fabián Amico (IET CITRA-UMET)

Existe un consenso entre los economistas convencionales acerca de que una inflación baja es siempre mejor (usualmente un dígito) y que la reducción de la inflación sería un objetivo excluyente de política económica (por encima, por ejemplo, del pleno empleo). Además, muchos economistas ortodoxos argumentan que la inflación afecta mucho más a los pobres. Por lo tanto, en términos de distribución de la riqueza, una inflación muy baja debería ser una prioridad. Esto no deja de ser cierto en algunos casos, pero es falso como caso general.

Para indagar sobre este punto resulta muy interesante un trabajo reciente ( Ver Zack, Guido, Schteingart, Daniel, & Favata, Federico. (2020)) que reconstruye una serie completa (y comparable) del índice de pobreza para Argentina. Como se puede observar en el gráfico siguiente, es evidente que entre 2003 y 2013 la pobreza se fue reduciendo persistentemente pese a que la inflación mantuvo una tendencia creciente y se fijó en dos dígitos desde 2006 en adelante. Luego, entre 2014 y 2017 la pobreza se estabilizó, aunque con oscilaciones muy marcadas por las devaluaciones de la moneda. Finalmente, la tendencia se revirtió en 2018 y de allí en más aumentó considerablemente.

Fuente: elaborado en base a Zack, Schteingart & Favata (2020) e Indec.

¿Qué piensan los trabajadores sobre la inflación?

Sin embargo, los resultados de algunas investigaciones parecen poner en tela de juicio la sabiduría convencional. Hace unos años, el economista Arjun Jayadev revisó encuestas sobre las preferencias de la gente con respecto a la inflación y el desempleo(ver Arjun Jayadev 2006). Mientras que las investigaciones anteriores se habían focalizado en si a la gente le gustaba o no la inflación, Jayadev investigó una pregunta más apropiada: ¿cuál problema se considera más serio: la inflación o el desempleo? Jayadev encontró que las personas que se ubican en las zonas más bajas de la distribución del ingreso (los más pobres) percibían el desempleo como algo más grave que la inflación, mientras ocurría lo contrario con las personas ubicadas en las zonas más altas de la distribución.

En un estudio posterior (ver Arjun Jayadev 2007 ), Jayadev encuentra resultados similares cuando divide las muestras por clase social y no por grupos de individuos. Al realizar una evaluación sobre una muestra de 27 países de las “preferencias de clase” hacia la política antiinflacionaria y el desempleo, halló que la clase trabajadora definida en términos generales (en particular los trabajadores menos calificados) tienden a priorizar la lucha contra el desempleo por encima de la lucha contra la inflación. ¿Acaso los trabajadores se equivocan o tienen una conducta irracional al privilegiar la baja del desempleo por encima del objetivo de una inflación baja?

La inflación como un conflicto distributivo

La tendencia de la inflación, tanto en Argentina como en América Latina, es un fenómeno asociado con factores de costo (tipo de cambio, precios internacionales) y de conflicto distributivo (salarios y ganancias) como revela un amplio estudio reciente de Cepal (Comisión Económica para América Latina) sobre 11 países de la región ( ver CEPAL ). En general, puede entenderse como un conflicto sobre la distribución del excedente generado, donde la variable que lidera el proceso inflacionario termina con una porción mayor del excedente y esto determina un cierto resultado distributivo.

Podemos ilustrar este punto considerando las grandes etapas recientes de la inflación argentina.

* 1991-2001: en la etapa del plan de Convertibilidad coexistieron una inflación muy baja, con salarios decrecientes y estancados y un muy alto desempleo. La participación de los asalariados en el ingreso disminuyó y se estabilizó en un nivel más bajo, mientras los niveles de pobreza aumentaron considerablemente. En 2002 una fuerte devaluación acentuó aún más la regresividad distributiva, reduciendo aún más los salarios y aumentando la rentabilidad promedio de la economía. En toda esta etapa, el control de los salarios monetarios fue la llave para mantener una inflación muy baja. A su vez, este control fue posible gracias al mantenimiento de altas tasas de desempleo que funcionaron como factores “disciplinadores” de los conflictos salariales (ver gráfico).

Fuente: Elaboración propia en base a Nueva Mayoría e Indec.

* 2003-2015: en esta etapa aparecen asociados una inflación creciente con aumentos persistentes del salario real. Ni el nivel de la inflación, ni el ritmo de crecimiento del salario real tienen parangón en la región. Asimismo, hubo una pronunciada reducción del desempleo, acompañada de una mejora de la participación de los trabajadores en el ingreso y una disminución de la pobreza. Todo este proceso admitió una reversión parcial en 2014, cuando se produjo una gran devaluación.

Como muestra el estudio de Cepal antes mencionado, buena parte de la inflación de esa etapa estaba motorizada por la suba de los costos laborales, porque en la economía el salario no solo es la fuente de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, sino que también es un costo de producción para las empresas. Por ende, la suba de los salarios nominales por encima del alza promedio de los precios producía inflación (por su impacto en los costos de producción), pero esa inflación no podía erosionar completamente los aumentos en términos reales.

* 2016-2019: en esta etapa el tipo de cambio y las tarifas fueron las variables que motorizaron la inflación, con los salarios nominales creciendo sistemáticamente por detrás de los precios (excepto en la breve etapa electoral de 2017). Pese a que terminó en una crisis, este resultado distributivo fue un objetivo explícito de la política económica, focalizada en el aumento de la rentabilidad de las empresas y la reducción del costo laboral con el fin de estimular la inversión (política que más tarde se reveló como un fracaso). El desempleo y la pobreza aumentaron, y empeoró la distribución del ingreso.

Fuente: Elaborado en base a Graña & Terranova (2020) e Indec.

* 2020-2021: en esta breve etapa, la inflación estuvo muy influenciada inicialmente por el tipo de cambio y más recientemente por una importante suba de los precios internacionales de las commodities que exporta el país. Estos factores han dificultado la recuperación salarial, especialmente en el contexto de crisis impuesto por la pandemia, que llevó tanto a un elevado desempleo como a un aumento de la pobreza.

Los resultados distributivos de los distintos episodios inflacionarios revelan que un desempleo muy alto disminuye sustancialmente el poder de negociación de los sindicatos y, en general, esto se traduce en salarios nominales (o monetarios) menores sea cual fuera la tasa de inflación. La convertibilidad es un ejemplo: muy baja inflación con salarios nominales estancados, aumento del desempleo y la pobreza, y empeoramiento de la distribución del ingreso.

Pero una inflación muy alta no tiene como contrapartida necesaria salarios reales más altos. Eso depende de qué variable está motorizando la inflación. Si son los salarios los que toman la delantera, eso dará un cierto resultado distributivo (como en 2003-2015), pero si los motores inflacionarios son el tipo de cambio y las tarifas llevará a una resultado bien diferente (como en 2016-2019). Por último, el alza de los precios internacionales funciona de modo análogo a una devaluación, porque encarece el precio de los alimentos que son bienes que integran la canasta de los asalariados. La diferencia con una devaluación es que es un episodio ajeno a la política económica y a la dinámica interna. Y cuando se produce en un contexto de alto desempleo, dificulta la recuperación de los salarios.

Obsérvese que en todos los casos, aún con distintos niveles de inflación, un factor crucial para la dinámica del salario nominal (y real) es el nivel de desempleo, algo que explica el resultado que encontró Jayadev y permite entender el núcleo racional de las preferencias de los trabajadores.

 

De los pecados de la carne (al cierre de exportaciones)

De los pecados de la carne

(al cierre de exportaciones)

Por Fabián Amico (IET CITRA-UMET)

El gobierno decidió suspender por un mes las exportaciones de carne vacuna, en un intento de contener la suba de precios que se viene registrando en los últimos meses. La suspensión de las exportaciones formaría parte de la instrumentación de un conjunto de medidas de emergencia procurando el reordenamiento del sector al tiempo que se restringen prácticas especulativas y se evitan las operaciones de evasión en el comercio exterior. Ciertamente, el precio (promedio) de la carne venía creciendo bien por encima de la inflación de alimentos y esa tendencia se exacerbó desde diciembre pasado (ver gráfico), llegando a crecer más de 70% en la comparación anual.

Indice de precios al consumidor y precio de la carne (variación % anual)

Fuente: Indec.

* El “Precio de la carne” es el promedio simple del precio (minorista) por kg de asado, carne picada, cuadril, paleta y nalga registrado por el Indec.

Se argumentó en el debate público que el problema de la inflación de alimentos tiene estrecha relación con el alza de los precios internacionales de las commodities primarias. Dado que nuestro país toma como un dato exógeno los precios de los productos primarios que exporta (es “tomador” de precios), eso implica que el nivel de precio interno del bien debe seguir de cerca al nivel de precio internacional multiplicado por el tipo de cambio nominal (neto de eventuales retenciones y subsidios).

Un precio doméstico mayor al internacional no sería perdurable, porque sería más barato importar el bien. Lo contrario tampoco sería sostenible: los productores nacionales obtendrían un ingreso más alto por las exportaciones que por vender al mercado interno, lo que forzaría la inflación del precio doméstico. Así, sin interferencia oficial, la inflación internacional se traslada más o menos automáticamente a los precios domésticos. Sin embargo, un aspecto curioso es que, en el caso de la carne, los precios de referencia a nivel internacional se mantuvieron relativamente estables y de ningún modo pueden explicar las fuertes alzas del precio interno.

¿Será que la suba de precios se debe a un exceso de demanda doméstica? No parece ser el caso ya que debido al estancamiento relativo del consumo y la lenta recuperación salarial, el consumo por habitante está en el nivel más bajo de los últimos años, algo menos de 50 kg anuales por persona (ver gráfico). 

Fuente: Ministerio de Agricultura.

Existen (al menos) dos explicaciones mucho más plausibles para explicar esta tendencia del precio de la carne. Desde hace algunos años se abrió un pujante mercado de exportación de carnes argentinas hacia China, algo que junto con el intenso proceso de devaluación de los años 2018 y 2019 ofreció la promesa de atractivas ganancias. Esto atrajo a jugadores desde otros sectores en busca de oportunidades rentables para invertir.

El punto es que el proceso de producción de carne es mucho más lento que en otros sectores. La vaca es al mismo tiempo un bien de consumo final y un “bien de capital” (ya que se usa para “hacer” vacas). Cuando alguien invierte en el sector, debe retirar animales de la oferta del periodo (hay menos vacas para consumo) y mantenerlos durante todo el proceso de reproducción. Este ciclo se caracteriza por su lentitud, determinada en buena medida por el ciclo biológico del animal. Entre la decisión de aumentar la producción y el aumento efectivo de la oferta deben pasar casi tres años. Así, un aumento muy rápido de la demanda externa se traduce necesariamente en una fuerte presión sobre el precio interno (hoy el 75% de las exportaciones de carne tienen a China por destino).

La segunda explicación viene del lado de los costos y refuerza el efecto anterior. Para criar y engordar el ganado hay que alimentarlo. Un componente principal de la dieta es el maíz. Como explicamos antes, dado que Argentina exporta maíz, el precio interno de este bien sigue de cerca la cotización internacional traducida en pesos (es decir, multiplicada por el tipo de cambio nominal). Cuando se observa cómo evolucionó el precio internacional del maíz medido en pesos surge un fortísimo impacto de la inflación internacional sobre los costos de producción de la carne, ya que el precio resultante se ubica bien por encima del precio doméstico de la carne y lo impulsa incesantemente hacia arriba (ver gráfico).

Fuente: INDEC y FMI

¿Qué se puede hacer ante esta situación? La suspensión de las exportaciones puede atenuar un poco el problema, pero es una medida de muy corto plazo (30 días) y además implica renunciar a los dólares que generan esas exportaciones. Otra posibilidad sería aumentar las retenciones a las exportaciones de maíz justamente para provocar una diferenciación entre el precio internacional y el precio interno, y suavizar el impacto en los costos de producción del ganado (y otros bienes). Aquí existe un problema político: las retenciones actuales al maíz son del 12% y pueden aumentar hasta 15% (máximo) por decisión del gobierno. Para un porcentaje superior, el aumento debe tener aprobación parlamentaria.

Una tercera opción sería bajar más rápido la tasa de devaluación (es decir, que el precio del dólar crezca más lentamente). De ese modo, el precio internacional se trasladaría al precio interno a un ritmo cada vez menor. Una cuarta herramienta sería subsidiar los aumentos de costos producidos por el alza de precio del maíz. En suma, cualquiera sea el menú de herramientas se impone alguna política más consistente que evite el alza descontrolada del precio de los bienes que conforman la canasta de los asalariados y restringen las posibilidades de recuperación de los ingresos.

El mito del equilibrio fiscal

El mito del equilibrio fiscal

Por Fabián Amico

El déficit fiscal, esto es, la tendencia del gobierno a gastar por encima de sus ingresos, aparece en el debate público como una “enfermedad crónica” de Argentina con la cual nos hemos acostumbrado a convivir.  Esta “enfermedad” tendría la principal responsabilidad por la elevada inflación, la pobreza y el estancamiento económico.

Este problema “endémico” habría imposibilitado que el país pudiera gozar de estabilidad económica y habría sido consecuencia de una inclinación hacia una macroeconomía del populismo[1], una estrategia que siempre falla y que termina teniendo una alto costo para los mismos grupos que supuestamente intenta favorecer.

La respuesta convencional es que los déficits presupuestarios sostenidos tienden a reducir la inversión, lo que lleva a niveles más bajos de ingresos per cápita en el futuro y a menores tasas de crecimiento en el largo plazo.

Según esta visión, las “crisis fiscales” serían resultados de factores exógenos (es decir, factores que actúan desde afuera del sistema), entre los principales las de malas decisiones de los responsables por las políticas, es decir, el populismo macroeconómico. En ese sentido, es poco lo que se puede hacer para evitar la crisis fiscal más allá de educar al público y a la comunidad política y esperar lo mejor.

¿Y el mundo cómo anda?

Sin embargo, si a alguien se le ocurriera indagar sobre la evolución fiscal de otros países se podría encontrar con un resultado desconcertante. Por ejemplo, ¿cuántos países se supone que tienen superávit fiscal en 2020 según datos del FMI? Solo cuatro (4), menos del 1% de los países del mundo.

Alguien podría argumentar que es poco inteligente medir los déficits fiscales en medio de la peor crisis del último siglo. Y eso sería verdad.

Entonces, ¿qué pasa si observamos la evolución de los déficit fiscales en tiempos “normales”? El punto sorprendente es que, en tiempos “normales”, el déficit fiscal permanente es la norma en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Un relevamiento (no publicado) del economista Fernando García Díaz basado en datos del FMI[2] reveló que la proporción de países con déficit varía con el ciclo económico global, pero siempre es mayor al 50%. En los últimos años rondó el 80%.

En 2020 prácticamente todos los Estados del planeta fueron deficitarios. Y la mitad del total lleva al menos 10 años con déficit! Además, los superávits duran poco: menos de 5% de los países tiene superávit hace 10 años. 

Resultado Fiscal Total: Años 2006 a 2020

Así que el déficit parece ser la norma del estado moderno, y no una rareza argentina.

¿Todo el mundo padece entonces la misma “enfermedad” que Argentina? ¿Es una enfermedad”? Obsérvese que cuando el Estado tiene déficit, la contrapartida es un “superávit” del sector privado, ya que el gobierno está poniendo con una mano (gasto) más de lo que retira con la otra (impuestos). Si el gobierno tuviera superávits permanentes eso implicaría un endeudamiento creciente del sector privado para que éste cubra su déficit. Y claramente la deuda pública es mucho más sostenible en el tiempo que la deuda de los hogares y las empresas.

¿Las deudas siempre se pagan?

Quizás por esa razón los Estados modernos acumulan deudas voluminosas desde hace décadas, deudas que nunca se pagan y reflejan, precisamente, un déficit permanente. Se destacan en años recientes, los niveles de deuda pública alcanzados por Japón (donde la deuda del gobierno representa el 250% del pib), Estados Unidos o Alemania (con deudas cercanas al 150% del PIB), según el relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).[3]

Deuda del gobierno (en % del PIB)         

Deuda del gobierno  (en % del PIB)

Fuente: OCDE.

Lo mismo se observa en los casos de España, Italia y Portugal, e incluso en países más serios como Canadá o Bélgica, donde la deuda pública excede el 100% de la riqueza generada cada año.

Seguramente, más de un economista argentino típico aseguraría que, irremediablemente, esos déficits permanentes (y las voluminosas deudas públicas) deberían reflejarse en mayores tasas de inflación. Otra vez la respuesta es negativa. 

Si se comparan los déficits fiscales de estos países con la evolución de la inflación (por ejemplo, entre 2007 y 2017), no existe ninguna relación entre los dos fenómenos.

Déficit Fiscal e Inflación

En síntesis, las denominadas “finanzas sanas” (basadas en el equilibrio del presupuesto) no parecen ser tan “saludables”. Estos resultados no son tan extraños si se considera a los grandes economistas ortodoxos de hace algunas décadas atrás, cuando la corriente dominante en economía tenía una mayor dosis de realismo.

Paul Samuelson, uno de los economistas ortodoxos más prestigioso de todos los tiempos (premio Nobel de Economía en 1970), reconoció abiertamente que la necesidad del equilibrio fiscal era una “superstición“.[4] En una entrevista realizada por Mark Blaug en su documental sobre la vida de Keynes[5], Samuelson dice:

Creo que hay un elemento de verdad en la superstición de que el presupuesto debe estar equilibrado en todo momento. Una vez que eso se niega, se quita uno de los baluartes que toda sociedad debe tener contra el gasto fuera de control [] Una de las funciones de la religión pasada de moda era asustar a las personas mediante lo que se podría considerar como mitos para que se comporten de la manera que requiere la vida civilizada a largo plazo.

Así, existen muchos debates sobre los rasgos específicos que producen la inestabilidad crónica de la economía argentina, pero el déficit fiscal no es uno de  ellos. El déficit fiscal y la deuda pública son el estado “normal” de las economías modernas.