Estimadas compañeras y compañeros, nos resulta muy grato presentarles este primer número de Pulso Laboral, publicación del Observatorio de Condiciones de Trabajo (OCT) que integra el Centro de Innovación de los trabajadores (CITRA – CONICET / UMET). Con esta nueva publicación queremos poner a disposición, a partir de artículos breves, información que consideramos sumamente valiosa vinculada a las condiciones de trabajo. Nos proponemos reunir un conjunto de materiales que nos posibiliten acceder, conocer y abordar de forma crítica sus dimensiones y problemáticas. Los artículos actúan como una aproximación, compartiendo lo elaborado por trabajadores/as, dirigentes/as sindicales, profesionales e investigadores/as de distintos centros tanto académicos como gubernamentales y de igual manera se proponen actuar como un disparador sobre las distintas temáticas. Nos resulta clave también, articular iniciativas ya existentes, dando difusión a los sistemas de información disponibles, y fortalecer los vínculos de cooperación entre aquellas instituciones que investigan sobre los distintos aspectos relacionados a las condiciones de trabajo. En Pulso Laboral están contemplados distintos apartados. En primer lugar, en cada número se examinarán los principales indicadores laborales que componen el mercado de trabajo, de forma tal que posibilite un análisis de la coyuntura laboral. De igual modo, está previsto abordar el aspecto normativo. Tanto novedades vinculadas al plano internacional, como así también propuestas o proyectos que se estén debatiendo en nuestro país. En esta edición se presentan la Declaración por parte de la OIT de la salud y seguridad en el trabajo como derecho fundamental, la ratificación del Convenio 190 sobre Violencia Laboral y el proyecto Cuidar Argentina vinculado a las licencias en las tareas de cuidados. Cada número también presentará un panorama de un sector en particular, como a su vez se pondrá especial énfasis en las experiencias desarrolladas por los sindicatos en materia de salud y seguridad en el trabajo. En este primer número, se aborda la especificidad del sector audiovisual en la pos pandemia y se expone la construcción sindical que viene desarrollando el Espacio Intersindical Participación, Salud y Trabajo. A su vez se presenta el programa de formación sindical organizado desde la Diplomatura en Condiciones y Medio de Trabajo (CyMAT) creado por ATE Capital. Asimismo, presentamos una nueva herramienta que ponemos a disposición desde el OCT: el Repositorio Digital Sindical sobre Condiciones de Trabajo. A partir de la creación del sitio https://repositorio.citra.org.ar/ buscamos preservar, organizar, dar visibilidad y difundir, la importante producción realizada por distintas organizaciones sindicales de Argentina sobre esta temática. Cada edición incluirá un breve artículo en el que haremos referencia a un aspecto teórico, como así también de una destacada experiencia internacional. En este caso se realiza una primera aproximación a Pensar la relación salud – trabajo, y entrevistamos a la fundadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH). En esta edición agregamos, además, una brevísima historia de la formación profesional en Argentina, y también rendimos homenaje a Victorio Paulón, gran dirigente del movimiento obrero, que nos dejó hace poco tiempo. Por último, queremos agradecer especialmente a los autores y autoras de los artículos por haberse sumado a esta iniciativa: Claudio San Juan, María Noel Bulloni, Lilian Capone, Lali Feldman, Gladys Zena, Juliana Boli de Lebrón, María Luisa Regalado y Armando Belmes. A todos ellos, nuestro agradecimiento. Esperamos con este material generar una herramienta para todas y todos aquellos que se interesan por el mundo del trabajo. Los invitamos a difundirlo y participar.
Autores: Lucio Fernández Mouján, Ernesto Mate y Santiago Sorroche
Apuntes de Economía Popular es una colección que realizamos desde el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), a través del Programa de Economía Popular y Tecnologías Sociales (PEPTIS), el Programa Antropología en Colabor y el Observatorio de Protesta Social (OPS). Con el objetivo de seguir periódicamente la composición y trayectoria de la población de la Economía Popular, estos informes se basan en la propuesta de medición que elaboramos en agosto de 2021. Como mencionamos en el primer número, utilizamos las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta medición nos permitió dar cuenta de la magnitud que en el último trimestre del 2020 alcanzó el heterogéneo universo de las y los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular (Fernández Álvarez, Natalucci, Di Giovambattista, Fernández Mouján, Mate y Sorroche, 2021). En dicho documento, el lector podrá encontrar un detalle pormenorizado de la metodología para la construcción de los datos. En un segundo informe, a partir de una serie de intercambios realizados con investigadores e investigadoras de la temática y representantes de diversas organizaciones sociales, incorporamos reformulaciones a la propuesta inicial, que incluimos en la actualización de los datos de nuestra medición para el primer y segundo trimestre del año 2021, y establecimos la evolución de la población de la Economía Popular entre el cuarto trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021 (Natalucci, Fernández Álvarez, Di Giovambattista, Fernández Moujan, Mate y Sorroche, 2021). En este tercer informe presentamos los datos1 actualizados correspondientes al tercer trimestre del 2021 de acuerdo a la forma de estimación que hemos desarrollado e incorporando un análisis de la población en función del género.2 Esta decisión pretende abonar a las problematizaciones y debates en torno al alto grado de feminización de este universo. En este sentido, se destaca el relevamiento realizado por el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), en donde, para abril de este año, se establece que el 57,8% (1.864.804) de las personas que se inscribieron se identifican como mujeres. Esta cuestión no escapa a la realidad latinoamericana, donde la OIT (2020) señala que de los 130 millones de trabajadores informales -categoría que el organismo utiliza para la población que no accede a los derechos vinculados al trabajo registrado- en el continente el 53% son mujeres. En este marco, el aporte que pretendemos hacer desde este informe es el de intentar dimensionar cuantitativamente la feminización del universo de las y los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular en relación a las sub-poblaciones construidas. Por último, tal como señalamos en los informes anteriores, el objetivo principal es el de ofrecer un insumo relevante que contribuya a la elaboración de políticas públicas para una población que adquiere creciente centralidad en el contexto actual principalmente en relación al peso de la Economía Popular al interior de la clase trabajadora; según datos del propio ReNaTEP, en nueve provincias hay más trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular que trabajadoras y trabajadores asalariados registrados.3 En este sentido, esta realidad conlleva a repensar las dinámicas actuales del mercado de trabajo y al peso de la Economía Popular en el mismo.
1. La elaboración de los indicadores estadísticos estuvo a cargo de la Lic. Ana Paula Di Giovambattista.
2. Reproducimos la distinción entre las categorías “varones” y “mujeres” ya que es la que se establece desde la propia EPH y, por lo tanto, es la que somos capaces de medir y distinguir. No obstante, utilizamos el término “género” por sobre “sexo” acorde a las problematizaciones actuales. Por otra parte, sostenemos el uso del masculino para las categorías de las subpoblaciones construidas tal como son denominadas en la Encuesta.
3. Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Apuntes de Economía Popular. Publicación del Programa de Estudios e Investigaciones de Economía Popular y Tecnologías de Impacto Social (PEPTIS) del CITRA (CONICET-UMET). ISSN 2796- 7662 Sarmiento 2058 CP (1044), CABA, Argentina [email protected]
Al segundo trimestre de 2021 la fragilidad laboral alcanzó los 42,9 puntos a nivel nacional.
Llamamos fragilidad laboral1 a la distancia entre las condiciones deseables de la dinámica del mercado de trabajo y aquellas efectivamente vigentes, asumiendo que existiría un “modo ideal” de funcionamiento. En ese sentido, el Índice de Fragilidad Laboral (IFL) describe la situación y evolución del mercado de trabajo argentino en los últimos años (2016-2021) a partir de la medición cuantitativa del grado de fragilidad. El IFL surge como un indicador compuesto y multidimensional que sintetiza tres dimensiones o sub-fragilidades: (a) déficit de empleo (DE), definido como el grado de escasez de puestos de trabajo; (b) precariedad laboral (P), entendida como la calidad de la estructura de puestos de trabajo disponibles; y (c) pobreza e ingresos (PeI), que mide el poder de compra de los ingresos familiares en relación a la línea de pobreza (y su distribución). Eso implica que para analizar la fragilidad agregada se mide la capacidad de la economía para generar los puestos de trabajo necesarios para absorber a la totalidad de la población activa; la calidad y modalidad de empleo predominante, en vínculo directo con la dinámica de los ingresos (y su distribución), y la evolución de la pobreza. Así, el IFL asume valores entre 0 y 1, donde 0 representa el escenario de no-fragilidad y 1 el de fragilidad crítica. Al multiplicarlo por 100 se interpreta como el nivel de fragilidad laboral en vigor (es decir, la distancia existente entre el escenario ideal de no-fragilidad -IFL=0- y las condiciones vigentes), medido en puntos. El período analizado va del segundo trimestre de 2016 al segundo trimestre del 2021. Los resultados muestran que la fragilidad laboral inicia una tendencia al alza en el tercer trimestre de 2018, como resultado de la crisis macroeconómica que implicó devaluación del tipo de cambio y, consecuentemente, aceleración inflacionaria. Esto, a su vez, redujo la capacidad de compra de los ingresos, al tiempo que, al caer la actividad cayó también el empleo -en simultaneidad con el aumento de la participación de empleo informal-. De esta forma, el cimbronazo de la pandemia de la COVID-19 a inicios del 2020 se da en el marco de un mercado laboral signado por el déficit de empleo, una creciente precariedad laboral y la intensificación de la pobreza y desigualdad en los ingresos de la población trabajadora. Al segundo trimestre de 2021 la fragilidad laboral alcanzó los 42,9 puntos a nivel nacional, lo que implica un aumento de 7,7 puntos porcentuales (pp) respecto a igual período de 2018, de 3,32 respecto al 2t-2019 y de 1 pp respecto al 2t-2020. De modo que se constata que la tendencia de creciente fragilidad iniciada a mediados de 2018 se intensifica con la irrupción de la pandemia. Dicho valor indica que el funcionamiento del mercado laboral se encontró a 42,9 puntos del escenario de nula fragilidad, ubicándose un 2,5% (1pp) por encima del valor del segundo trimestre del 2020. En relación a lo acontecido un año atrás, destaca un significativo avance de la dimensión de Precariedad (+11,5 pp) y el aumento -aunque más acotado- de la de Pobreza e Ingresos (+1,6pp), que resultan parcialmente compensados por la disminución de la fragilidad ligada a la dinámica de Déficit de Empleo, que se reduce 9,9 pp. Antes de continuar, es relevante hacer foco en dos puntos relevantes. En primer lugar, que los resultados no pueden disociarse del período de excepcionalidad que se encuentra atravesando el mundo a raíz de la pandemia de la COVID-19, así como tampoco puede interpretarse el contexto laboral sin considerar la profundidad de las reconfiguraciones en las jornadas laborales y los procesos de trabajo derivados de las disposiciones de distanciamiento social. En segundo lugar, que la interpretación de estos resultados no debiera omitir un estado de situación de fragilidad en ascenso durante al menos un año y medio previo a la irrupción de la pandemia. Es sobre ese marco que, aún cuando se estipularan medidas de protección del empleo -como el Decreto 329/2020 de prohibición de despidos y suspensiones, o el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), Decreto 332/2020- constatamos que la crisis sanitaria y las disposiciones de aislamiento derivadas profundizaron las debilidades preexistentes, configurando un escenario crítico del mercado de trabajo.
1 Para más detalles metodológicos respecto de la construcción del IFL ver Anexo metodológico en Novick, M., Di Giovambattista, A. y Gárriz, A. (2019) ”Índice de Fragilidad Laboral en Argentina (2016-2019), https://pulsocitra.org/wp- content/uploads/2019/11/IFL-Octubre-2019.pdf; y Anexo Presentación del Índice de Fragilidad Laboral en este documento
Los usos del tiempo
en la pandemia.
Análisis preliminar de
los datos recolectados
en una encuesta
Cora Arias, Ana Paula Di Giovambattista y Federico Vocos
En el presente informe se presentan los resultados de un relevamiento llevado a cabo por el Observatorio de Condiciones de Trabajo del CITRA (CONICET/UMET) sobre los usos del tiempo durante la pandemia. El objetivo de la investigación es analizar el impacto provocado por la situación sanitaria y el confinamiento en las representaciones sociales acerca del tiempo. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que el virus que afecta a diferentes países del mundo (SARS-CoV-2, de la familia de los coronavirus) debía definirse en términos de pandemia. El día 20 de ese mismo mes, el gobierno argentino, a través del Decreto 297/2020, dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que implicó el confinamiento de las personas en los lugares en los que se encontraban en ese momento. La medida tenía un doble objetivo: por un lado, resguardar la salud pública de la población y, por otro, mitigar el impacto sanitario provocado por la pandemia en un sistema ya en crisis. Como efecto no buscado, aunque sí previsible, se vieron trastocadas las condiciones de reproducción de la vida cotidiana de las personas, de su trabajo junto con la organización familiar, así como la paralización de la mayoría de los procesos de producción, circulación y comercialización. Las consecuencias materiales que sobrevinieron a esa situación excepcional e inevitable se constataron inmediatamente: caída de la actividad económica, cierre de establecimientos, aumento de la pobreza y la indigencia, pérdida de puestos de trabajo, en un contexto dominado por decenas de miles de personas contagiadas y centenares de muertes por día. Pero las implicancias subjetivas de la pandemia y el necesario confinamiento no podían evaluarse frente a las urgencias de la crisis sanitaria y económica. Recién ahora, habiendo transcurrido un año y medio del inicio de este proceso, con indicadores epidemiológicos muy favorables y algunos indicios de recuperación económica, podemos disponernos a indagar sobre las repercusiones en la subjetividad de una situación tan extraordinaria en la historia de la humanidad. Con ciertos matices, tanto la etapa más estricta del ASPO como los meses de distanciamiento significaron la permanencia de las personas en sus hogares. La prohibición o restricción para circular, la imposibilidad de ir al trabajo o a la escuela, la inexistencia de encuentros sociales, forzaron la permanencia en un mismo espacio. En la pandemia, trabajar, estudiar y divertirse se realizan en un mismo lugar, el hogar. Esta situación inevitablemente modificó la cotidianeidad y alteró la subjetividad. Nuestra hipótesis es que, además, esa experiencia espacial transformó tanto las prácticas como las representaciones acerca del tiempo. El espacio y el tiempo, en tanto que categorías históricas que articulan la vida social, están incrustadas en las prácticas materiales de los sujetos. A pesar de la diversidad de clasificaciones y percepciones de estas categorías, existe un sentido englobante y objetivo para cada una de ellas que, sin embargo, se encuentra en constante disputa. Las experiencias espaciales y temporales extraordinarias vivenciadas en el transcurso de la pandemia y el confinamiento se traducen en la proliferación de distintas percepciones sobre esas categorías estructurantes de la sociedad. Por eso, en esta investigación nos proponemos describir y analizar las representaciones sociales sobre los usos del tiempo durante la pandemia y el confinamiento. Este estudio pretende ser un complemento de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo que se encuentra desarrollando el INDEC en el momento que estamos escribiendo este informe. En ese caso, se busca caracterizar la vida de personas de distintas edades y el tiempo que le dedican a las actividades que realizan dentro y fuera de los hogares: trabajo remunerado, las tareas domésticas y de cuidado a otros miembros del hogar, y las actividades personales (estas acciones incluyen desde comer y usar el celular, hasta trabajar, cuidar niñas y niños, limpiar, cocinar y reunirse con otras personas). Este relevamiento se basa en la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo que se llevó a cabo durante el tercer trimestre de 2013. El análisis de las representaciones sociales que presenta nuestro estudio constituye un marco analítico para acompañar los datos estadísticos que serán difundidos por los organismos públicos.
En noviembre, la inflación de las y los trabajadores se ubicó en 2,9%, lo que representa una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto al 3,3% registrado en octubre. De este modo, la inflación acumula un 45,4% en lo que va del año y un 51,2% en los últimos doce meses. Con estos guarismos, para que la inflación de 2021 no supere el 50% deberíamos tener que la inflación de diciembre fuera inferior al 3,2%. La inflación de noviembre estuvo traccionada en primer lugar por Recreación y Cultura (5,7%), lo cual se explica por subas promedio cercanas al 25% en paquetes turísticos para viajar en el país y en el exterior. Estas subas tienen un claro componente estacional, habida cuenta de la cercanía con las vacaciones de verano. En segundo lugar, Indumentaria y Calzado trepó 5,2%, en el marco de la cercanía con las fiestas de fin de año. Destacaron particularmente las subas en remeras para hombres (31,6%) y mujeres (13,9%). En tercer orden, Transporte se encareció 4,4%, impulsado por subas de pasajes de avión y en el precio de las motos 0km. Por debajo del nivel general encontramos en primer lugar a Alimentos y Bebidas (+2,8%). En este caso las subas se explican en gran medida por las carnes, que treparon 8% en el mes y cortaron con cinco meses de relativa estabilidad de precios. Las bajas del 7,9% en las verduras -producto de una estacionalidad favorable- permitieron atenuar las alzas promedio de los alimentos. Equipamiento y mantenimiento del hogar se encareció 2,3% en noviembre. Jugó a favor la virtual estabilidad de precios (+0,2%) de los electrodomésticos, la cual fue parcialmente contrarrestada con fuertes alzas en muebles (+6,8%). Salud subió 2,2% en noviembre, en un mes en el que las prepagas no tuvieron movimientos y los medicamentos subieron 2,3% promedio. Las mayores alzas vinieron por el lado de las consultas médicas (3,5%). Educación se encareció 1,5% en noviembre, con las mayores subas registrándose en útiles escolares y textos. Comunicaciones (1,2%), Otros bienes y servicios (1,0%) y Vivienda (0,9%) fueron los ítems de menores aumentos. En este último caso, el congelamiento tarifario continúa repercutiendo en una reducida inflación del sector. A pesar de la muy elevada inflación de 2021, los salarios reales están pudiendo recomponerse gradualmente, al menos en el segmento privado registrado. En septiembre, el poder adquisitivo de los asalariados registrados del sector privado anotó la tercera suba mensual al hilo y estuvo 2,8% por encima de diciembre de 2019. Asimismo, alcanzó el mayor valor desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, visto en una perspectiva de más larga duración, el salario real se encuentra en niveles similares a los de 2008, y un 15% por debajo del pico de 2013.
Los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens obtuvieron el premio Nobel de Economía 2021. Los tres académicos tienen en común haber realizado un cambio metodológico con el uso de “experimentos naturales” en la investigación empírica de los efectos de la política económica. Card, en particular, se destacó por sus investigaciones sobre los efectos de la suba del salario mínimo sobre el empleo en un trabajo junto con Alan Kueger en 1994 ( Ver https://www.nber.org/papers/w4509).
Estos experimentos “naturales” intentan acercarse a los ensayos clínicos que evalúan, por ejemplo, la eficacia de nuevos medicamentos, separando de forma aleatoria a distintos grupos sometidos a pruebas. En ciencias sociales puede ser difícil o éticamente inadmisible la realización de estos experimentos. Pero se pueden utilizar situaciones surgidas de la vida real que luego pueden ser estudiadas para analizar relaciones de causa a efecto.
Es el caso estudiado por Card y Krueger. En 1992 hubo un aumento del salario mínimo de Nueva Jersey. Para evaluar el impacto de la ley sobre el empleo, compararon la situación del mercado laboral en la zona fronteriza entre los estados de Nueva Jersey (donde había aumentado el salario mínimo) y el de Pensilvania (donde se mantuvo sin cambios). Al focalizarse en una zona geográfica homogénea, encuestaron varios centenares de locales de comida rápida en Nueva Jersey y el este de Pensilvania antes y después del aumento. Estas investigaciones de Card y Krueger pudieron mostrar que la subida del salario mínimo no había generado un descenso del número de empleados. Incluso mostraron que el empleo había aumentado algo más en Nueva Jersey que en Pensilvania.
Es interesante describir sintéticamente la trayectoria de David Card entre la publicación del paper y la recepción del premio. Como escribió hace unos años Christopher Hayes en The Nation (Ver: https://www.thenation.com/article/archive/hip-heterodoxy/ ) los ortodoxos son un grupo muy unido y suelen penalizar a los que traspasan los límites. Hayes mostró cualquiera que se desvíe de la sabiduría convencional está en peligro de ser condenado al ostracismo. Cuando Card, un economista entonces muy estimado de la Universidad de California, anunció los resultados de sus investigaciones fue casi de inmediato criticado por su herejía. El trabajo atrajo tal cantidad de críticas, que el propio Card abandonó en gran medida esa línea de investigación. En una entrevista de 2006, explicó su decisión de dejar el tema atrás de esta manera: “Posteriormente, me he mantenido alejado de la literatura sobre el salario mínimo por varias razones. Primero, me costó muchos amigos. Las personas que conocía desde hacía muchos años, por ejemplo, algunas de las que conocí en mi primer trabajo en la Universidad de Chicago, se enojaron o decepcionaron mucho. Pensaban que al publicar nuestro trabajo estábamos siendo traidores a la causa de la economía en su conjunto” ( Ver
Ante reacciones como estas, el conocido economista Dani Rodrik llegó a preguntarse: “¿la economía neoclásica es una mafia?” ( Ver
https://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2007/05/is_neoclassical.html ). Quizás la palabra mafia suene exagerada, pero como admite Hayes hay algo similar a un código de La ley del silencio (u omertá en el lenguaje mafioso siciliano) dentro de la disciplina. De hecho, más recientemente empezaron a publicarse trabajos que cuestionaban el resultado de Card y Krueger. Por ejemplo, David Neumark emprendió casi una cruzada contra los resultados de Card y Krueger y encabezó una investigación alternativa. La justificación fue que en su estudio accedió a una base de datos mucho más rica que en los trabajos anteriores. Y obviamente la conclusión fue que aumentar el salario mínimo perjudicaba, en vez de beneficiar, a los trabajadores de menores recursos.
El trabajo se jactó de reivindicar lo que la teoría y el “raciocinio económico” vienen diciendo desde hace décadas: subir los salarios mínimos tiene un costo en términos de empleo. En verdad, Card y cia nunca se propusieron contradecir la teoría establecida, la cual nunca estuvo en tela de juicio. Las reacciones antes este resultado paradojal siguen la rutina de una larga lista de resultados empíricos “perversos” que luego serán explicados mediante la misma teoría. Es lo que viene ocurriendo en teoría económica desde Keynes: cada investigación relevante, cada caso “perverso”, es capturado por la visión dominante y de algún modo subsumido en el mismo cuerpo teórico. Lo irónico es que algunos analistas consideran esto como una prueba de que “no hay una sola voz en la profesión” y que realmente se confrontan enfoques alternativos.
¿Qué piensan los economistas de la corriente principal sobre el salario mínimo?
El profesor David Colander, en una actualización de un análisis realizado en 1987 en de “The Making of an Economist”, preguntó a los estudiantes de posgrado qué pensaban sobre varios temas económicos de seis programas principales. Uno está relacionado con sus opiniones sobre el salario mínimo: un tercio piensa que es malo, mientras que un poco menos de una cuarta parte piensa que está bien. La tabla incluida en el libro (ver abajo) muestra las opiniones de entonces (1987) y las más recientes (2005), por fechas de publicación, sobre si el salario mínimo aumenta el desempleo entre los trabajadores jóvenes no calificados. La evidencia parece sugerir que en general no hay mucho cambio, con un 34% en ese entonces y un 33% ahora de acuerdo con la propuesta neoclásica convencional.
Fuente: David C. Colander, David Colander, Arjo Klamer, The Making of an Economist, Redux, Princeton University Press, 2007.
Pero, como sugiere Matías Vernengo ( Ver http://nakedkeynesianism.blogspot.com/2014/03/what-do-mainstream-economists-think.html ) , las razones del cambio de opinión, por pequeñas que sean, no están relacionadas con las fallas lógicas del modelo convencional. Ni siquiera parecería deberse a la evidencia creciente desde la publicación del análisis de Card y Krueger. Vernengo supone que ha sido la tremenda desigualdad de ingresos existente lo que ha influido en la inclinación de los estudiantes de rechazar las conclusiones de la teoría que se les enseña. En síntesis, el trabajo de Card y Krueger no tuvo mayor impacto en la visión teórica imperante en la profesión, pese a que el resultado era desafiante e iba en contra de las predicciones de la teoría utilizando un procedimiento empírico difícil de cuestionar.
¿Y por casa?
A comienzos de 2010, los economistas Guillermo Cruces, Sebastian Galiani y Susana Kidyba publicaron un estudio empírico que analizaba el efecto de los cambios en los impuestos sobre los salarios y el empleo en Argentina ( Ver
https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/wp-content/uploads/doc_cedlas93.pdf ) . Los resultados revelaron que los cambios en las tasas de impuestos sobre el trabajo no tenían ningún efecto significativo sobre el empleo. Muy en línea con los resultados relativos al salario mínimo, las modificaciones en el costo de contratación (aportes patronales) no mostraban incidencia en el nivel de empleo. Unos años después, Sebastián Galiani fue viceministro de Economía (entre 2017 y 2018) como segundo de Nicolás Dujovne. Sorprendente, en 2017 propuso una reforma del sistema de aportes patronales (una reducción) a fines de bajar los costos laborales y favorecer la contratación de trabajadores menos calificados ( https://www.infobae.com/economia/2017/11/02/el-cerebro-detras-de-la-reforma-impositiva-contesta-las-dudas-sobre-los-cambios-que-se-vienen/ ). Por si acaso, aclaremos: el Galiani de 2017 es el mismo de 2010…
Esto revela una suerte de inmunidad de la profesión frente a los resultados de investigaciones empíricas o históricas. De modo análogo a los resultados recolectados por Colander, aquí las opiniones sobre los efectos que los costos de contratación (salario mínimo, impuestos al trabajo, etc.) tendrían sobre el empleo no cambian, aunque sistemáticamente los resultados empíricos indiquen lo contrario. De hecho, distintos estudios confirman que el fortalecimiento del salario mínimo fue uno de las causas de la mejora distributiva en distintos países de la región en años recientes. Pero fue más que eso. Frente al argumento de que el aumento del salario mínimo promovería la informalidad, una trabajo de Roxana Maurizio publicado por Cepal demostró que en tales países (como Argentina y Brasil, y con menor intensidad Uruguay) hubo un importante proceso de formalización al tiempo que el crecimiento del empleo se aceleraba y el salario mínimo aumentaba significativamente ( https://www.cepal.org/es/publicaciones/37208-impacto-distributivo-salario-minimo-la-argentina-brasil-chile-uruguay ) . Estos resultados confirman trabajos previos como el de Fernando Groisman, apuntado a investigar el efecto del salario mínimo en el mercado de trabajo. La evidencia aportada reveló que las modificaciones en el salario mínimo no contrajeron la demanda de empleo ni incentivaron la precariedad laboral ( https://ojs.econ.uba.ar/index.php/REPBA/article/view/407 ).
Salario mínimo y empleo en Argentina
Cuando se observa la evolución reciente del salario mínimo en términos reales se comprueba un desplome a partir de 2016 (ver gráfico abajo). En el mismo lapso, mientras el salario mínimo real se derrumbaba, el índice de empleo total también colapsaba.
La asociación empírica en las variaciones de cada variable (salario mínimo y empleo) no solo es alta (el coeficiente de correlación es 0.61), sino que es positiva: más empleo se relaciona con mayor salario (lo mismo ocurre con el salario real promedio).
¿Qué significa el salario mínimo?
La idea de un salario mínimo incorpora una dimensión ética y político-institucional en la estructura y el nivel de las remuneraciones de los trabajadores. Esto responde a una lógica subyacente de funcionamiento del sistema económico en el cual la distribución del ingreso (y los salarios reales) no son una variable determinada irreversiblemente por la tecnología y el mercado (las célebres curvas de oferta y demanda) sino que es una dimensión abierta a muy amplias influencias no solo económicas, sino también políticas y culturales. Básicamente la parte que se llevan los trabajadores en el excedente generado no está predeterminada mecánicamente ni por la tecnología ni por el mercado, ni existe una relación sistemática y necesaria entre el crecimiento y la distribución. En este marco, dada una cierta estructura técnica de la producción, las tasas de beneficio aparecen inversamente relacionadas con la participación de los salarios en el ingreso, y la distribución suele ser un terreno de conflicto más que un mundo donde impera la armonía social.
El nivel de los salarios es así el resultado de una negociación cuyo resultado final depende del poder relativo de las partes y por ende está también muy influido por la orientación de los gobiernos, el momento del ciclo económico (auge o recesión) y las condiciones internacionales. En particular, el momento del ciclo económico es importante porque la trayectoria del nivel de actividad determina si el desempleo es más alto o más bajo, lo que puede condicionar de manera decisiva el poder de negociación de los trabajadores.
En un contexto tal, donde no existe una tendencia espontánea del mercado (oferta y demanda) hacia el pleno empleo, se pueden generar (y de hecho se generan) amplias segmentaciones en los mercados de trabajo, en particular puede producirse una desvalorización de los trabajadores menos calificados y una ampliación de la desigualdad intrasalarial.
Instituciones y economía
Del reconocimiento de esas “trampas de pobreza” nace la institucionalización del salario mínimo, usualmente en medio de grandes crisis (como la de los años 30 en Estados Unidos), dejando atrás para siempre la intocable “libertad de contratación”. Hoy es un instrumento vigente en prácticamente todos los países de mundo. Por definición, el salario mínimo introduce un punto de vista puramente moral en la formación de precios y se relaciona con el valor que la sociedad confiere al trabajo, y con la premisa de que ningún trabajador debe vivir en la pobreza.
Lo importante de destacar es que, a diferencia el enfoque convencional (o neoclásico) este punto de vista moral es posible de ser introducido, justamente porque el salario no tiene un valor de equilibrio que garantice el pleno empleo, y porque no existe a priori ninguna relación sistemática entre salarios y empleo. Si el punto de vista ortodoxo fuera correcto, entonces la fijación de un salario mínimo efectivamente sería una “distorsión” que conduciría a resultados artificiales (e insostenibles). Pero el mundo no funciona de ese modo.
Hay varios problemas con la historia convencional dominante (marginalista) sobre los efectos de los salarios mínimos. No existe razón para creer que las empresas contratarán más trabajadores cuando baje el precio de la fuerza de trabajo. El principio de sustitución factorial, en el cual se basa la teoría, no funciona y no existe relación entre la intensidad del uso de un factor de producción (trabajo) y su remuneración (salario real). En términos simples, no hay razón para contratar trabajadores, incluso si sus salarios son más bajos, si no hay demanda para los productos. Y si la economía está creciendo, el empleo tenderá a aumentar aún con salarios crecientes.
Además, en un mercado de trabajo crecientemente segmentado, con sectores informales cada vez más grandes producto de la crisis de los últimos años, la importancia del salario mínimo es mayor aún, ya que puede constituir una referencia para fijar un “piso” salarial y un cierto nivel estable en los mercados “secundarios” de trabajo (trabajadores informales, independientes, etc.). Card y Krueger observaron que en EE.UU. un aumento en el salario mínimo aumentaba el salario promedio y reducía las brechas salariales, produciendo una compresión de las diferencias en la zona baja de la pirámide distributiva y una reducción de la desigualdad salarial.
El salario mínimo como faro y propulsor
Varios economistas estructuralistas, como por ejemplo Carlos Medeiros ( Ver https://www.scielo.br/j/ecos/a/DLLqHvqcsdGHsRSfggvryMD/?lang=pt&format=pdf ) , han mostrado que el salario mínimo puede actuar como un “faro”, es decir, una referencia o piso para las remuneraciones de los trabajadores menos favorecidos, en especial trabajadores independientes, cuentapropistas, etc. Además, el salario mínimo actúa en tal caso como un factor de expansión de la demanda de esos sectores de trabajadores que, a veces, tienen como proveedores a los mismos trabajadores informales o independientes.
Por caso, si se observa la trayectoria de los salarios reales del sector informal que mide el Indec y se lo compara con el salario mínimo (también en términos reales), la correlación es muy cercana.
Así, a contramano de lo que mucha gente piensa, el salario mínimo parece tener una “eficacia” en el mercado de trabajo en Argentina e indudablemente es una herramienta válida, junto a otras, para promover el empleo, la expansión de los ingresos y la disminución de la desigualdad y la pobreza. Y no solo en Argentina. Recientemente, el presidente de Estados Unidos Joe Biden decidió aumentar 50% en el salario mínimo que debe regir para los contratistas federales, beneficiando a cientos de miles de trabajadores, en un contexto más general de recuperación de los salarios y de reconstitución de los sindicatos y las instituciones laborales. Quizás esto ayude a comprender las razones profundas de la entrega de un premio a quienes hace casi treinta años se dieron cuenta que el salario mínimo no perjudicaba el empleo, aun cuando la teoría no haya cambiado y en la profesión sigan prevaleciendo prácticamente las mismas voces (o el mismo silencio) de siempre.
En octubre, la inflación de las y los trabajadores se aceleró 0,3 puntos y se ubicó en el 3,3%.
En octubre, la inflación de las y los trabajadores se aceleró 0,3 puntos y se ubicó en el 3,3%. De este modo, en los primeros diez meses del año la inflación acumula un 40,7%. En tanto, la inflación interanual alcanzó el 51,8%, siendo el cuarto mes consecutivo en torno a ese guarismo. Si la inflación de las y los trabajadores se ubicara en el 3% mensual en los últimos dos meses del año, 2021 habría terminado con una suba de precios del 49,4%. La inflación de Octubre estuvo motorizada en primer lugar por Educación (9,6%), lo cual se explica por las subas de cuotas tanto en escuelas primarias, como en secundarias y jardines. En segundo orden, se destacó Alimentos y bebidas con alzas del 4,7%. Vale acotar que el congelamiento y retrotraimiento de precios se produjo en la última parte del mes, de modo que el grueso de octubre estuvo marcado por subas preventivas de precios ante el cambio de autoridades en la Secretaría de Comercio. De esta manera, el impacto bajista debería notarse en la medición de Noviembre. Las subas más importantes se dieron en verduras (9,2%), aceites y grasas (7,1%) y bebidas no alcohólicas (7,0%). En tanto, las carnes (+2,4%) continúan subiendo por debajo del nivel general de precios. La división Transporte se encareció 4,1%, impulsada por los autos cero kilómetro, cuyos precios continúan subiendo por encima de la media debido a la brecha cambiaria y la escasez de oferta. La suba del 6% en prepagas traccionó al alza la división Salud (3,8%), que en los próximos meses debería moderar sus subas a partir del acuerdo del gobierno con los laboratorios por el precio de los medicamentos. Por debajo del nivel general encontramos a Equipamiento del hogar, con un 2,9%, al igual que la división Otros bienes y servicios. En tanto, la división Indumentaria y calzado trepó 2,1%, Recreación y cultura un 1,8%, Comunicaciones un 1,0% y Vivienda un 0,8%. En este último caso, las subas continúan siendo acotadas debido al congelamiento de tarifas de electricidad, gas y agua. Por su lado, el salario real del sector privado formal se viene recuperando, aunque con una tendencia irregular y débil. Tras el desplome de los primeros meses de la pandemia, el poder adquisitivo ha tendido a recuperarse, aunque a un ritmo moderado. En Agosto de 2021, el salario real en el sector privado formal fue 1,4% mayor al de Diciembre de 2019. No obstante, esa fecha era un punto de referencia bajo en términos históricos, ya que en los cuatro años previos el salario real privado registrado se había retraído un 15,1%.
En septiembre, tras dos meses por debajo, la inflación volvió a alcanzar el 3%.
Tras dos meses debajo de la franja del 3%, la inflación de las y los trabajadores volvió a cobrar impulso en septiembre y se ubicó en el 3,0%. De este modo, en los primeros nueve meses del año la inflación acumula un 36,2%. En tanto, la inflación interanual alcanzó el 52,1%, siendo el tercer mes consecutivo en torno a ese guarismo. Si la inflación de las y los trabajadores continuara en el 3% mensual en lo que resta del año, 2021 habría terminado con una suba de precios del 48,8%.
La inflación de septiembre estuvo motorizada por Alimentos y bebidas, que subieron 4,4% y explicaron el 47% de la suba de precios del mes del conjunto de bienes y servicios. Destacaron subas en pan y cereales, verduras y frutas. Como dato positivo, se destaca la moderada inflación de carnes (1,1%), rubro que pudo estabilizar sus precios en los últimos meses (subió 3,3% acumulado desde junio).
En segundo lugar, Otros bienes y servicios subió 3,8% en septiembre, por alzas en peluquería para hombres, jabones de tocador, cigarrillos y papel higiénico. Indumentaria y calzado y Salud se encarecieron 3,7%. En este último caso, las subas estuvieron motorizadas por las prepagas (+9%). Transporte subió 3,5%, debido a alzas de vehículos cero kilómetro (en un contexto de creciente brecha cambiaria y problemas de oferta) y en pasajes de avión de cabotaje (debido a que las reaperturas están impactando en una rápida aceleración de la demanda). Enseñanza trepó 3,0%, lo cual se explica mayormente por útiles escolares, cursos de apoyo, de idiomas y de enseñanza artística.
Por debajo del nivel general encontramos en primer lugar a Recreación y cultura (+2,7%, con subas superiores al 12% en juguetes). Equipamiento y mantenimiento del hogar trepó 2,0%. Se trata de un rubro que venía teniendo subas mayores a la media en el último año; la moderación de septiembre se explica en parte por los muebles, que subieron 1,2%. En tanto, Vivienda (0,3%) y Comunicaciones (-0,1%) prácticamente no tuvieron movimientos. En el caso de Vivienda, ello se debe a la estabilidad en las tarifas de servicios públicos de electricidad, gas y agua; en tanto, en Comunicaciones no hubo mayores variaciones ni en los servicios ni en los equipos de telefonía. Vale destacar que en agosto esta división había sido la de mayores subas de toda la canasta, de modo que la estabilidad de este mes en parte compensa dichas alzas.
En la segunda parte del informe se detalla la evolución del salario real en el sector privado registrado. Se toman dos métricas: el salario promedio y el salario mediano. Mientras que el primero muestra una tenue tendencia a la recuperación (ubicándose 1,2% por encima de diciembre de 2019), en el salario mediano el escenario es de estancamiento en el último año (e incluso caída frente a fines de 2019). La razón de ello tiene que ver con que la evolución salarial de los trabajadores de menores ingresos (que inciden más en la mediana que en la media) fue más desfavorable que la de los de mayores ingresos. Esta tendencia en rigor es previa a la pandemia, pero se consolidó en los últimos meses. Dos razones posibles detrás de este peor comportamiento relativo del salario mediano respecto al salario medio tienen que ver con que la pandemia impactó relativamente más en sectores de menores salarios (como por ejemplo hoteles y restaurantes) y, a su vez, en las PyMEs, en donde las remuneraciones son por lo general inferiores a las firmas grandes.
La inflación de las y los trabajadores se ubicó en el 2,9% en agosto, mismo guarismo que en julio. En lo que va del año acumula un 32,2%, y en los últimos doce meses un 51,9%. Sobrepasada la meta oficial del 29%, los escenarios más probables de cara a fin de año se ubican en la franja del 45-50%. Si la inflación permaneciese en el 2,9% mensual en lo que resta del año, los precios de 2021 habrían acumulado un 48,2%. Para que la inflación de 2021 no supere el 45%, los precios mensuales deberían subir como mucho un 2,3% mensual, lo cual implicaría una marcada desaceleración respecto al registro de los últimos cuatro meses (que rondaron el 3%). Como dato positivo se destaca la significativa desaceleración de los precios de los Alimentos y Bebidas, que treparon 1,9% en agosto. Se trata del menor registro en más de un año (desde junio de 2020). Las razones de esta moderación se deben básicamente a tres ítems: carnes (que estabilizaron su precio tras el cierre parcial de las exportaciones, el menor ritmo de devaluación del peso y cierto reflujo en la suba de los precios internacionales), frutas y verduras. En estos dos últimos casos, las bajas son más por razones estacionales que otra cosa. A pesar de esta mejora, los alimentos subieron 53,8% en el último año, por encima del nivel general. Por fuera de los alimentos, se puede observar que la mayoría de las divisiones de la canasta registró alzas mayores al 3% mensual en agosto. Comunicaciones destacó con 6,7%, debido a subas en servicios de telefonía celular. Indumentaria y calzado trepó 5,8%, por razones estacionales asociadas al inicio de la temporada primavera-verano, con alzas destacadas en ropa para hombres (que habían experimentado inversamente fuertes bajas en julio). Este sector, además, viene recomponiendo su demanda, tras haber sido uno de los más afectados por la pandemia (el consumo de prendas de vestir cayó en muchos países producto de la menor frecuencia de reuniones sociales). Recreación y cultura trepó 4,5%, en gran medida por las subas de 16,2% en TV por cable, uno de los principales ítems de la división. Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 4,0%, debido al servicio doméstico, los muebles y los productos de limpieza. En este último caso, se observa en los últimos meses un sistemático incremento por encima del resto de los precios, lo cual obedece a que estos artículos habían quedado muy desfasados mientras duró el programa de Precios Máximos que terminó en junio. Otros bienes y servicios subió 3,1%, debido, al igual que con productos del limpieza, a la recomposición de precios en bienes que habían estado con precios contenidos durante Precios Máximos, como desodorantes, pañales, champú y dentífricos. Educación subió 3,0%, impulsada por subas en las cuotas de la educación superior privada (coincidentes con el inicio del segundo cuatrimestre). Por debajo del nivel general se encuentra Salud, que subió 2,7% en el mes, debido a las prepagas (+9%). Este rubro había tenido aumentos acotados en los últimos meses pero comenzó en agosto un proceso de recomposición de precios, que incluirá un 9% en septiembre, otro 9% en octubre y luego un 9% en enero. Transporte subió 2,4%, impulsada por autos cero kilómetro, aceites y lubricantes y GNC. Las subas, de todos modos, fueron inferiores a las del nivel general gracias al congelamiento de tarifas de transporta público y de la nafta. Por último, Vivienda (1,0%) fue la división de subas más acotadas, lo cual se explica por la estabilidad de los precios de la electricidad, el gas y el agua y, a su vez, a cierta desaceleración en los alquileres y materiales de construcción.
A medida que el tiempo pasa, van cobrando relevancia las severas consecuencias que tendrá para el futuro próximo del país el nivel y especialmente el tipo de endeudamiento que legó el gobierno de Mauricio Macri. En la proximidad de las elecciones de medio término (y con la pandemia en una situación más contenida), esta problemática fue recobrando el centro de la escena. En el entorno cercano al ex presidente intentaron defender la política de endeudamiento seguida entre 2016 y 2019 con diversos argumentos, sosteniendo que el gobierno actual se estaría endeudando más (o más rápido aún) que el anterior.
Buena parte del debate se focalizó en el tamaño de la deuda y sus plazos de pago, así como su relación con el déficit fiscal. Sin embargo, en esta breve nota queremos poner el énfasis en otro aspecto mucho más relevante: el tipo de endeudamiento que contrajo el gobierno anterior y mostrar que la naturaleza del endeudamiento no tiene siquiera relación con el tamaño de la deuda.
Tamaño y composición de la deuda pública
En la literatura convencional las condiciones de solvencia y sostenibilidad de la deuda externa son tratadas, en general, por la relación entre el flujo de nuevo endeudamiento y el PIB. La relación deuda pública / PIB es un indicador muy habitual. Intenta relacionar los pagos por deuda pública con la generación de ingresos (PIB). Debido a que el gobierno captura parte del PIB bajo la forma de impuestos, el aumento del PIB sería un índice de la capacidad de pago del gobierno vinculada a una mayor recaudación. Es análogo al caso de una familia que relaciona el monto de su deuda con el ingreso familiar, y cómo evolucionan estas dos magnitudes a través del tiempo.
Pero en el caso de la deuda pública surgen dos diferencias cruciales. En primer lugar, si la deuda pública está denominada en moneda doméstica, el Gobierno ya no se parece en nada a una familia. De hecho, una familia no puede emitir pesos (crear dinero) para pagar sus deudas y tampoco puede fijar la tasa de interés que paga por ninguna de sus obligaciones. De modo análogo, una familia nunca podrá influir sobre sus ingresos aumentando o bajando sus gastos. El gobierno sí: cuando el gobierno modifica su gasto, eso altera el tamaño del PIB y por ende modifica su propio ingreso (impuestos). Una familia austera puede controlar el resultado de la diferencia entre gastos e ingresos; el gobierno no, porque los ingresos del gobierno (impuestos) no son independientes de su gasto. El gobierno puede decidir cuánto gastar, pero no puede decidir cuánto “ganar” (recaudar) porque eso depende también de decisiones del sector privado (tanto en consumo como inversión).
El punto principal es que en países donde el Estado emite una moneda soberana, el gobierno no puede ser forzado a quebrar si su deuda está denominada en su propia moneda. Esta condición no solo es verdadera por el hecho obvio de que, en última instancia, el gobierno puede pagar la deuda emitiendo moneda, es decir, mediante el financiamiento directo del banco central. Sino que incluso en aquellos países donde la ley prohíbe al Banco Central financiar directamente al Tesoro, el gobierno no puede quebrar si su deuda está denominada en su propia moneda porque siempre se puede financiar a la tasa de interés de corto plazo fijada por el Banco Central (Como el banco central, en general, tiene un objetivo de tasas de interés, al fijar el nivel de la tasa se compromete en la práctica a comprar cualquier cantidad de estos bonos del gobierno que el sector privado no desee retener en el mercado secundario. De facto, este rol de comprador de último recurso de títulos públicos por parte del Banco Central no configura una monetización de la deuda pública). Un debate posible es acerca de cuáles son los efectos de estas acciones de política, pero eso no cambia la validez de la proposición anterior.
La cuestión cambia considerablemente cuando la deuda pública está denominada en moneda extranjera (básicamente en dólares). En este caso, el gobierno comienza a parecerse a una familia: tiene una deuda en una moneda que no emite, y sobre la cual no controla la tasa de interés. Pero existe un problema más serio aún. Como dijimos al comienzo de esta sección, en la literatura convencional las condiciones de sostenibilidad de la deuda externa son tratadas, en general (y sin distinguir monedas), como una relación entre el flujo de endeudamiento y el PIB. Así, la relación deuda pública / PIB es también el indicador más utilizado en este caso.
Obsérvese que, cuando la deuda pública es denominada en dólares, este tipo de indicador tiene el problema fundamental de tratar el PIB (y los impuestos del gobierno) como un indicador de la capacidad de pago de la deuda en dólares. Ciertamente, el gobierno puede inyectar poder adquisitivo (gastar) para inducir un mayor crecimiento del producto. Si sube el PIB, la relación deuda/PIB mejoraría (el peso de la deuda disminuiría). Sin embargo, esta inyección de poder adquisitivo no está denominada en dólares (salvo que se trate de Estados Unidos) y por tanto no se traduce en una mayor disponibilidad de divisas. De hecho, el PIB se realiza en pesos y los impuestos se recaudan en pesos.
Debido al descalce de monedas (la moneda en que está denominada la deuda externa y la moneda emitida por el gobierno), la relación deuda externa / PIB no puede captar la capacidad para pagar este pasivo. Las cosas no mejoran (más bien empeoran) si el PIB se multiplica por un cierto tipo de cambio y todo se expresa en dólares. ¿Eso significa que Argentina, por ejemplo, puede vender todo su PIB a cambio de dólares en el mercado mundial? Evidentemente no. La parte del PIB que se vende en el mercado mundial y con la cual se obtienen dólares son las exportaciones (también se pueden obtener dólares mediante préstamos o inversiones, pero eso no solo no tiene ninguna relación con el PIB, sino que tiene la contrapartida del pago de intereses y de remisión de utilidades que debe ser tomada en cuenta. Y una vez más, el único ingreso para pagar esos intereses y beneficios en el largo plazo son las exportaciones). Así, a diferencia de los modelos convencionales, lo que debe considerarse como fuente de pago de una deuda en divisas (dólares) son las exportaciones y no el producto (PIB). Si la trayectoria de las exportaciones (ingreso de dólares) no alcanza para cubrir los pagos de intereses de la deuda (además de los otros gastos de divisas como importaciones, remisión de utilidades, turismo, etc.), el país en cuestión puede quebrar ya que, a menos que se trate de Estados Unidos, no puede emitir dólares para amortizar la deuda.
Existe una dimensión adicional que se suele prestar a confusiones. Muchos organismos internacionales (por ejemplo, FMI y Cepal) consideran como deuda pública externa no al endeudamiento realizado en una moneda extranjera, sino por el hecho de si la deuda del gobierno es con residentes en el país (interna) o con no residentes (externa) con independencia de la moneda. Por supuesto, cada forma de clasificar la deuda puede tener su importancia para diversos fines (jurídicos, políticos, etc.). Pero la forma de medir la sostenibilidad de la deuda debe regirse por los principios antes enunciados. Por caso, si el gobierno se endeuda con residentes nacionales en dólares, las condiciones de sustentabilidad cambian sustancialmente (son más exigentes) en comparación con una deuda en pesos con no residentes.
Trayectorias de déficits fiscales
Veamos un ejemplo real de las distintas trayectorias de endeudamiento de países similares (de América Latina) y su relación con otras variables de interés como los déficits fiscales. Se supone que la deuda pública es la contracara del déficit fiscal del gobierno. Si el gobierno tiene un déficit mayor, y no recurre a la financiación directa del banco central, debe requerir más endeudamiento o subir impuestos (o una combinación de estas alternativas). Cuando se observa la evolución de los déficits fiscales (tanto primario como global, gráficos 1 y 2) surge que el tamaño del déficit de Argentina no era significativamente distinto de los niveles exhibidos por los otros países de la región.
Fuente: Cepal.
El gráfico 1 muestra el déficit fiscal primario de los países escogidos (es decir, el resultado de gastos del gobierno que exceden a sus ingresos, expresados como porcentaje del PIB). El gráfico 2 muestra el déficit global o financiero que contiene además el pago de intereses de deuda. En todos los países se observa la misma tendencia: los déficits tienden a aumentar desde 2011 en adelante debido a la desaceleración del nivel de actividad regional. Cuando el PIB crece menos o cae, forzosamente los impuestos que se recaudan sobre ese nivel de actividad tienden a disminuir. Como los gastos no caen automáticamente y muchos de esos gastos son rígidos a la baja (jubilaciones, salarios, etc.), el déficit fiscal aumenta endógenamente.
Nótese, sin embargo, que en el caso argentino el déficit fiscal primario (gráfico 1) acumulado entre 2016 y 2018 supera el resultado deficitario obtenido entre 2011 y 2015. Una de las razones es que bajo el gobierno de Macri hubo una disminución de los impuestos a las exportaciones (“retenciones”) agropecuarias y mineras, así como una baja del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales. Estas medidas beneficiaron a los grupos sociales más ricos de la sociedad y llevaron a una pérdida de recaudación en 2016 equivalente al 1,5% del PIB (Ver: https://itegaweb.org/cual-es-el-deficit-fiscal/). La otra razón es que la economía tuvo en 2016 una caída del PIB de algo más de 2% en el año, produciendo una disminución de la recaudación tributaria (de IVA, ganancias, etc.). Es decir, parte del endeudamiento para cubrir el déficit sirvió para financiar la rebaja de impuestos a los grupos más ricos.
A partir de 2017 el déficit primario disminuye, pero ya en 2016 había comenzado a crecer el déficit financiero (que contiene el pago de intereses de la deuda, gráfico 2). Alguien podría decir que no hay nada extraordinario en eso. Por caso, Brasil presenta un déficit global mucho más alto que Argentina y no experimentó ninguna de las consecuencias que enfrentó Argentina entre 2018 y 2019. Colombia y Uruguay muestran niveles de déficit similares y ninguna tormenta cambiaria ni amenaza de default tuvo lugar en esos países.
Trayectorias de deudas públicas
La observación empírica de las trayectorias de deuda pública en América Latina encierra estas sutilezas: clasificación por residencia (en lugar de monedas) y relaciones entre deuda pública y PIB. Si observamos las series de deuda pública externa (Ver: https://www.cepal.org/es/publicaciones/46070-estudio-economico-america-latina-caribe-2020-principales-condicionantes), -es decir, deuda con no residentes expresada en dólares- tenemos la trayectoria del Gráfico 3.
Fuente: Cepal.
En el contexto regional la evolución de la deuda argentina no parece ser explosiva. En particular, sobresale nítidamente la trayectoria de deuda de Chile, considerado un modelo a seguir por los analistas más ortodoxos de Argentina y de la región. Sin embargo, el gráfico precedente puede esconder algunas diferencias importantes. En el gráfico 4 se muestra cuánto creció la deuda pública externa (con no residentes) entre 2002 y 2015 en comparación con el lapso 2016-2019.
En el caso argentino, entre 2002 y 2015 la deuda con no residentes creció 11%, mientras entre 2016-2019 aumentó 94%. Sin embargo, Chile tuvo un crecimiento más “explosivo” de su deuda, también Perú, Uruguay y México. Y una vez más: en esos países, sea en un periodo o en otro, frente al aumento de sus deudas y de sus déficits no hubo episodios de salidas persistentes de capital, colapso cambiario o riesgo de default. De hecho, el riesgo de default solo aumentó significativamente en Argentina (gráfico 5).
Fuente: Emerging Markets Bonds Index calculado por JP Morgan y Cepal.
Tanto la trayectoria de la deuda pública como del déficit no parecen ser suficientes para justificar la debacle que experimentó la argentina desde comienzos de 2018. Algo parece faltar en la explicación.
La temprana advertencia del BIS
El BIS (Bank for International Settlements) es una organización internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales. Es conocido como el “banco de los bancos centrales” y sus trabajos de investigación suelen ser de una rara calidad para un organismo de esas características.
Un temprano estudio del BIS (Ver: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709w.htm), anticipó algunas claves fundamentales para entender lo que ocurrió con el endeudamiento argentino. El estudio en cuestión observó a fines de 2016 que la deuda pública de los países emergentes era más del doble que en 2007, pero que su composición había cambiado significativamente. Los préstamos se realizaban principalmente en moneda doméstica, mientras la participación de los bonos públicos denominados en moneda extranjera era mínima en la mayoría de los casos.
Los préstamos se realizan principalmente en monedas locales, con vencimientos más largos y a tasas fijas. Así, el estudio reveló que la proporción de bonos públicos en circulación denominados o vinculados a una moneda extranjera era mínima para la mayoría de los países y muchos habían reducido considerablemente el endeudamiento en moneda extranjera en los últimos años.
El BIS observó que “Argentina es una excepción a este patrón”, ya que ha aumentado la emisión de deuda tanto nacional como internacional vinculada o denominada en moneda extranjera. “El gobierno central argentino tiene $ 56 mil millones en títulos de deuda internacional en circulación, de los cuales $ 37 mil millones están denominados en dólares estadounidenses. Alrededor del 56% de los bonos del gobierno central emitidos a nivel nacional en circulación de Argentina están denominados en moneda extranjera, por un valor de 41.000 millones de dólares a fines de 2016. Esta participación ha ido aumentando de manera constante desde 2007, cuando se situó en el 28%”, explicaba el BIS hacia 2017.
Otro desarrollo notable en el ámbito de la deuda pública de los países en desarrollo se relacionaba con el aumento del plazo de vencimiento medio, que en muchos casos era comparable con las economías avanzadas. El vencimiento residual medio de los títulos de deuda del gobierno central de las economías en desarrollo (o “emergentes”) incluidas en la muestra del BIS era de 7,7 años, sólo ligeramente inferior al de las economías avanzadas (8 años).
A contramano del mundo en desarrollo (o emergente), Argentina se endeudaba cada vez más en moneda extranjera, más rápido y con plazos de vencimiento más cortos. No es extraño entonces que el propio FMI sentenciara en un informe de 2018, tras la firma del acuerdo con Argentina, que la deuda de Argentina era sostenible pero “no con una alta probabilidad” (Ver: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/12/19/Argentina-Second-Review-under-the-Stand-By-Arrangement-Financing-Assurances-Review-and-46485). Y aún en esas condiciones el organismo aprobó un préstamo récord de 57 mil millones de dólares (de los cuales se desembolsaron 44 mil).
El acuerdo con el FMI impuso una política fuertemente contraccionista, con una meta de eliminación del déficit fiscal primario en 2019 (“déficit cero”). Pero el acuerdo potenció la inestabilidad ya que el gobierno se comprometió a mantener “un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”, limitando las intervenciones del BCRA a períodos en los que se detecte “una clara disfunción del mercado” (FMI, 2018).
El FMI consideraba que la corrida contra el peso era un síntoma del desequilibrio interno (fiscal) que se traducía en más déficit externo y endeudamiento. Según esa visión, el ajuste fiscal y cambiario corregirían las cosas.
El rasgo más notable es que, al tiempo que disminuía el peso de la deuda pública intraestatal (es decir, deuda entre organismos del mismo gobierno, donde el default es técnicamente imposible), el endeudamiento público en moneda extranjera con el mercado privado prácticamente se multiplicó por dos en menos de tres años (Ver: https://circusrevista.com.ar/wp-content/uploads/04-Amico-La-macroeconom%C3%ADa-de-Macri-52-89.pdf). La carga de la deuda externa se tornó más gravosa aún dado el lento crecimiento de las exportaciones desde 2015.
Habíamos dicho antes que el endeudamiento público es la contracara del déficit fiscal, pero esto deja de ser cierto cuando esa deuda está denominada en moneda extranjera, porque ahora el peso de la deuda (medida en pesos) está mediada por la evolución del tipo de cambio (agradezco esta observación de Fernando García Díaz). La devaluación de la moneda aumenta la carga de intereses en pesos de una deuda en dólares. De este modo, a medida que se deterioraban las cuentas externas y el peso de la deuda en dólares aumentaba rápidamente, los agentes de mercado se daban cuenta que la capacidad de repago de los dólares prestados caía abruptamente, pese a que el déficit fiscal primario se reducía hasta alcanzar un cuasi equilibrio primario.
Ciertamente, el gobierno de Macri nunca discriminó el endeudamiento en moneda doméstica de la deuda en dólares. De hecho, los economistas asociados a ese espacio político siguen insistiendo, contra toda evidencia, que esa diferenciación no es relevante. Tampoco pudieron diferenciar una mejora de los términos de intercambio (mejores precios internacionales de las commodities de exportación) del endeudamiento externo. Como expresó Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía:
“Así como los Kirchner tuvieron nueve años seguidos de súper precio de commodities, el gradualismo corre con la ventaja del endeudamiento (…) El Gobierno necesita dólares y sabe que el que los tiene habla en inglés (…) el endeudamiento es parte del ADN del Gobierno” (Nicolás Dujovne, En Revista Apertura, 26 de Diciembre 2016).
Una cuestión obvia es que, a diferencia del endeudamiento, los dólares obtenidos por los mejores precios internacionales no tienen que ser devueltos a nadie ni suponen una carga de intereses. Pese a la confusión reinante, los agentes de mercado parecen distinguir muy bien dónde radica la verdadera sustentabilidad. Por eso, nadie se preocupa por el nivel de deuda pública de Brasil, Uruguay o Chile. Esos países tienen sus deudas denominadas en monedas domésticas y hasta el agente más ortodoxo sabe que ningún país puede quebrar en su propia moneda. Pero Argentina, hacia el final de 2019, tenía más del 70% de su deuda pública en moneda extranjera.
Una consecuencia de las tendencias del endeudamiento público en países en desarrollo, observada por el estudio mencionado del BIS, es que esas trayectorias ayudan a fortalecer la sostenibilidad y eliminan el riesgo de default al reducir los descalces de monedas.
Además, los vencimientos más prolongados y las deudas a tasa fija dieron soporte a la expansión y desarrollo de mercados de deuda pública (en monedas locales) cada vez más amplios y profundos, con curvas de rendimientos a más largo plazo, generando una estructura más estable y predecible para el rendimiento de los activos financieros domésticos y contribuyendo a reducir cada vez más la dolarización. Justamente el camino opuesto al seguido al final de 2019, cuando se decidió defaultear títulos públicos denominados en moneda doméstica (para no recurrir a la emisión monetaria).
Este análisis tiene la implicación de que para mejorar la sustentabilidad de la deuda no es importante reducir el nivel de la relación deuda pública/PIB, sino cambiar la composición de la deuda pública: más deuda pública en moneda doméstica, y menos deuda en moneda extranjera. De facto, el problema no es tener déficit fiscal (un patrón normal en el mundo actual Ver: https://citra.org.ar/el-mito-del-equilibrio-fiscal/ ), sino tomar deuda en moneda extranjera para “financiarlo”. Además, el uso de instrumentos de deuda en moneda doméstica implicaría brindar un activo de inversión en moneda local con una rentabilidad adecuada para constituirse en una alternativa a la dolarización de los portafolios. En síntesis, tratar de que en este aspecto Argentina vuelva a parecerse a sus vecinos latinoamericanos.
Apuntes de Economía Popular es una colección que realizamos desde el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), a través del Programa de Economía Popular y Tecnologías Sociales (PEPTIS), el Programa Antropología en Colabor y el Observatorio de Protesta Social (OPS). Con el objetivo de seguir periódicamente la composición y trayectoria de la población de la Economía Popular, estos informes se basan en la propuesta de medición que elaboramos en agosto de 2021.
