Anotó un 3,3% (0,4 puntos por debajo del registro de mayo y 0,8 inferior al del de abril). De este modo, acumuló un 24,9% en el primer semestre del año. Pese a la desaceleración mensual, la inflación interanual volvió a acelerarse y superar el 50% (50,3%). La razón de ello tiene que ver con que salen del cómputo meses de inflación moderada (como abril, mayo y junio de 2020) e ingresan meses en donde la inflación fue bastante más elevada.
Comunicaciones fue la división de mayor incremento en junio, con un 7,1%. Se explica por alzas del 8,2% en telefonía celular y del 6,1% en internet. En segundo lugar, Recreación y cultura anotó un 5,4% adicional, por la suba de paquetes turísticos tanto al exterior como de cabotaje (39,7% y 41,8%) en la previa de las vacaciones de invierno (y tras el relajamiento de las restricciones de mayo). Equipamiento y mantenimiento del hogar se encareció 3,8% en junio. Si bien los muebles (+2,8%) y los electrodomésticos (+0,8%) se desaceleraron (gracias al menor ritmo de depreciación del peso), la suba de la división se explicó en buena medida por subas del 12% en el servicio doméstico.
Alimentos y bebidas volvió a subir por encima de la media en junio (3,5%). Explicado por el fin del programa Precios Máximos anunciado el 8 de junio, que será reemplazado por la canasta “Súper cerca” (que incluye 70 productos con precios impresos en el envase, orientados mayormente a comercios de proximidad). El fin de Precios Máximos fue de la mano con subas de precios en rubros alimenticios que habían tenido relativamente pocos aumentos desde el inicio de la pandemia, como lácteos e infusiones (que subieron por encima del 6% en junio). Las carnes treparon 4,5% en junio, y a pesar del cierre de exportaciones por 30 días iniciado a fines de mayo. En tanto, las frutas y verduras permitieron descomprimir el índice, con bajas respectivas del 4,5% y el 5,6% por motivos estacionales.
Por su parte, Vivienda trepó 3,4% en junio, tanto por alquileres (3,3%) como por subas en gas natural pautadas para junio. Otros bienes y servicios también subió 3,4% en junio, impulsados por los cigarrillos (7,9%).
Por debajo del nivel general, encontramos a Salud (2,6%), lo cual se debe a alzas del 4,9% en medicamentos. Por último, las subas más moderadas se registraron en Indumentaria y calzado (1,4%), Educación (1,3%) y Transporte (1,0%). Este último rubro desaceleró su suba de precios gracias a la estabilidad en el precio de las naftas, que habían siendo impulsoras de la inflación desde fines del año pasado.
En tanto, en las últimas semanas el INDEC dio a conocer datos relevantes de empleo y actividad económica. Los datos referidos al primer trimestre del 2021 fueron mejores a lo esperado, con una tasa de desocupación similar a la previa a la pandemia y con una recuperación significativa del empleo. Sin embargo, dicha recuperación fue asimétrica entre géneros, con los varones mejorando su situación ocupacional mucho más rápidamente que las mujeres. No obstante, los datos del segundo trimestre del año muestran un impacto considerable de la segunda ola en la actividad económica (aunque mucho menos profundo que el de la primera). La actividad económica se contrajo 1,2% mensual en abril, y la industrial lo hizo en 5% en mayo. Con todo, los primeros datos disponibles de junio (producción automotriz y despachos de cemento) muestran mejoras respecto a abril-mayo. De cara a la segunda mitad de 2021, que acaba de comenzar, la pregunta fundamental será cuándo la economía logrará retornar a los niveles prepandemia. Eso dependerá en buena medida de lo que ocurra con el poder adquisitivo de los salarios, que son un motor fundamental de la demanda en una economía en donde el consumo supera el 60% del PBI. En este sentido, la reapertura de paritarias podría permitir recuperar más rápidamente el alicaído poder adquisitivo y dar impulso a la demanda en los meses que siguen.
Categoría: Otros
Sobre la inflación como objetivo excluyente de política económica (Por Fabián Amico)
Sobre la inflación como objetivo excluyente de política económica
Por Fabián Amico (IET CITRA-UMET)
Existe un consenso entre los economistas convencionales acerca de que una inflación baja es siempre mejor (usualmente un dígito) y que la reducción de la inflación sería un objetivo excluyente de política económica (por encima, por ejemplo, del pleno empleo). Además, muchos economistas ortodoxos argumentan que la inflación afecta mucho más a los pobres. Por lo tanto, en términos de distribución de la riqueza, una inflación muy baja debería ser una prioridad. Esto no deja de ser cierto en algunos casos, pero es falso como caso general.
Para indagar sobre este punto resulta muy interesante un trabajo reciente ( Ver Zack, Guido, Schteingart, Daniel, & Favata, Federico. (2020)) que reconstruye una serie completa (y comparable) del índice de pobreza para Argentina. Como se puede observar en el gráfico siguiente, es evidente que entre 2003 y 2013 la pobreza se fue reduciendo persistentemente pese a que la inflación mantuvo una tendencia creciente y se fijó en dos dígitos desde 2006 en adelante. Luego, entre 2014 y 2017 la pobreza se estabilizó, aunque con oscilaciones muy marcadas por las devaluaciones de la moneda. Finalmente, la tendencia se revirtió en 2018 y de allí en más aumentó considerablemente.
¿Qué piensan los trabajadores sobre la inflación?
Sin embargo, los resultados de algunas investigaciones parecen poner en tela de juicio la sabiduría convencional. Hace unos años, el economista Arjun Jayadev revisó encuestas sobre las preferencias de la gente con respecto a la inflación y el desempleo(ver Arjun Jayadev 2006). Mientras que las investigaciones anteriores se habían focalizado en si a la gente le gustaba o no la inflación, Jayadev investigó una pregunta más apropiada: ¿cuál problema se considera más serio: la inflación o el desempleo? Jayadev encontró que las personas que se ubican en las zonas más bajas de la distribución del ingreso (los más pobres) percibían el desempleo como algo más grave que la inflación, mientras ocurría lo contrario con las personas ubicadas en las zonas más altas de la distribución.
En un estudio posterior (ver Arjun Jayadev 2007 ), Jayadev encuentra resultados similares cuando divide las muestras por clase social y no por grupos de individuos. Al realizar una evaluación sobre una muestra de 27 países de las “preferencias de clase” hacia la política antiinflacionaria y el desempleo, halló que la clase trabajadora definida en términos generales (en particular los trabajadores menos calificados) tienden a priorizar la lucha contra el desempleo por encima de la lucha contra la inflación. ¿Acaso los trabajadores se equivocan o tienen una conducta irracional al privilegiar la baja del desempleo por encima del objetivo de una inflación baja?
La inflación como un conflicto distributivo
La tendencia de la inflación, tanto en Argentina como en América Latina, es un fenómeno asociado con factores de costo (tipo de cambio, precios internacionales) y de conflicto distributivo (salarios y ganancias) como revela un amplio estudio reciente de Cepal (Comisión Económica para América Latina) sobre 11 países de la región ( ver CEPAL ). En general, puede entenderse como un conflicto sobre la distribución del excedente generado, donde la variable que lidera el proceso inflacionario termina con una porción mayor del excedente y esto determina un cierto resultado distributivo.
Podemos ilustrar este punto considerando las grandes etapas recientes de la inflación argentina.
* 1991-2001: en la etapa del plan de Convertibilidad coexistieron una inflación muy baja, con salarios decrecientes y estancados y un muy alto desempleo. La participación de los asalariados en el ingreso disminuyó y se estabilizó en un nivel más bajo, mientras los niveles de pobreza aumentaron considerablemente. En 2002 una fuerte devaluación acentuó aún más la regresividad distributiva, reduciendo aún más los salarios y aumentando la rentabilidad promedio de la economía. En toda esta etapa, el control de los salarios monetarios fue la llave para mantener una inflación muy baja. A su vez, este control fue posible gracias al mantenimiento de altas tasas de desempleo que funcionaron como factores “disciplinadores” de los conflictos salariales (ver gráfico).
* 2003-2015: en esta etapa aparecen asociados una inflación creciente con aumentos persistentes del salario real. Ni el nivel de la inflación, ni el ritmo de crecimiento del salario real tienen parangón en la región. Asimismo, hubo una pronunciada reducción del desempleo, acompañada de una mejora de la participación de los trabajadores en el ingreso y una disminución de la pobreza. Todo este proceso admitió una reversión parcial en 2014, cuando se produjo una gran devaluación.
Como muestra el estudio de Cepal antes mencionado, buena parte de la inflación de esa etapa estaba motorizada por la suba de los costos laborales, porque en la economía el salario no solo es la fuente de ingresos de los trabajadores y trabajadoras, sino que también es un costo de producción para las empresas. Por ende, la suba de los salarios nominales por encima del alza promedio de los precios producía inflación (por su impacto en los costos de producción), pero esa inflación no podía erosionar completamente los aumentos en términos reales.
* 2016-2019: en esta etapa el tipo de cambio y las tarifas fueron las variables que motorizaron la inflación, con los salarios nominales creciendo sistemáticamente por detrás de los precios (excepto en la breve etapa electoral de 2017). Pese a que terminó en una crisis, este resultado distributivo fue un objetivo explícito de la política económica, focalizada en el aumento de la rentabilidad de las empresas y la reducción del costo laboral con el fin de estimular la inversión (política que más tarde se reveló como un fracaso). El desempleo y la pobreza aumentaron, y empeoró la distribución del ingreso.
* 2020-2021: en esta breve etapa, la inflación estuvo muy influenciada inicialmente por el tipo de cambio y más recientemente por una importante suba de los precios internacionales de las commodities que exporta el país. Estos factores han dificultado la recuperación salarial, especialmente en el contexto de crisis impuesto por la pandemia, que llevó tanto a un elevado desempleo como a un aumento de la pobreza.
Los resultados distributivos de los distintos episodios inflacionarios revelan que un desempleo muy alto disminuye sustancialmente el poder de negociación de los sindicatos y, en general, esto se traduce en salarios nominales (o monetarios) menores sea cual fuera la tasa de inflación. La convertibilidad es un ejemplo: muy baja inflación con salarios nominales estancados, aumento del desempleo y la pobreza, y empeoramiento de la distribución del ingreso.
Pero una inflación muy alta no tiene como contrapartida necesaria salarios reales más altos. Eso depende de qué variable está motorizando la inflación. Si son los salarios los que toman la delantera, eso dará un cierto resultado distributivo (como en 2003-2015), pero si los motores inflacionarios son el tipo de cambio y las tarifas llevará a una resultado bien diferente (como en 2016-2019). Por último, el alza de los precios internacionales funciona de modo análogo a una devaluación, porque encarece el precio de los alimentos que son bienes que integran la canasta de los asalariados. La diferencia con una devaluación es que es un episodio ajeno a la política económica y a la dinámica interna. Y cuando se produce en un contexto de alto desempleo, dificulta la recuperación de los salarios.
Obsérvese que en todos los casos, aún con distintos niveles de inflación, un factor crucial para la dinámica del salario nominal (y real) es el nivel de desempleo, algo que explica el resultado que encontró Jayadev y permite entender el núcleo racional de las preferencias de los trabajadores.
La inflación se desaceleró al 3,7% en mayo
La inflación de las y los trabajadores se desaceleró al 3,7% en mayo (0,4 puntos por debajo
del registro de abril). De este modo, acumuló un 20,9% en lo que va del año y 49,4% en los
últimos doce meses, lo que representa una suba de casi 15 puntos porcentuales respecto a
noviembre pasado.
La inflación de mayo estuvo motorizada en primer lugar por Vivienda (+5,2%), en un mes en
donde se produjeron aumentos de electricidad promedio del 9% en zonas como el Área
Metropolitana de Buenos Aires. En segundo lugar, el rubro de Comunicaciones se encareció
4,5%, explicado por subas en servicios de telefonía celular de la misma magnitud. Salud
trepó 4,0%, en un mes en donde volvió a haber aumentos de prepagas.
Alimentos y bebidas subió muy parecido a la media (3,8%). Dentro de este capítulo, el que
más incide en la canasta, las mayores subas se produjeron en verduras (+7,3%), en gran
medida por lo ocurrido por el tomate (+27,2% el redondo). Las carnes registraron una
desaceleración y treparon 3%.
Por debajo del nivel general encontramos a Recreación y cultura, que trepó 3,5% impulsado
por alimentos para mascotas que subió por encima del 20% por segundo mes consecutivo.
Otros bienes y servicios se encareció 3,4%, traccionado por pañales para bebés (11,4%).
Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 3,4% y Transporte lo hizo en 3,3% (la nafta
super subió 5,1% y explicó parte de la suba). Por último, Educación subió 2,4% (mayormente
por útiles escolares y cursos de educación informal) e Indumentaria y Calzado lo hizo en
1,9%.
Mayo se caracterizó a nivel nacional por el cierre de las exportaciones de carne vacuna, cuya
inflación en moneda doméstica fue del 74,1% interanual. Más allá de la coyuntura -en
donde incide un gran aumento de la demanda china sobre una producción que creció
moderadamente en los últimos tres años-, en el largo plazo el precio doméstico de la carne
viene subiendo muy por encima del resto de los precios. El kilo de asado se multiplicó por
más de 180 veces desde fines de 2001, casi el doble que lo que subió el dólar, y muy por
encima de otras proteínas como la aviar y la porcina. La razón del profundo encarecimiento
de largo plazo de la carne -que hizo que en los últimos meses el poder de compra en kilos de
asado fuera el menor desde por lo menos 1995- obedece a una producción estancada en
términos tendenciales. Con una población argentina que crece al 1% anual y una producción
ganadera estancada, el resultado ha sido una baja de la producción per cápita y, por ende,
una suba del precio que ha redundado en una reducción del consumo per cápita, que en
2020 fue el menor desde 1920. Sin embargo, el panorama luce muy diferente si se incorpora
lo ocurrido con la carne aviar y la porcina, cuya producción creció sostenidamente desde los
’90 (y muy por encima del crecimiento poblacional). Esa mayor oferta permitió precios más
accesibles, que, a su vez, explican un rápido aumento del consumo de estas proteínas.
El trabajo doméstico durante la cuarentena. Relevamiento realizado en el marco del trabajo en conjunto entre SACRA, CITRA Y OIT. Vol 7
De los pecados de la carne (al cierre de exportaciones)
De los pecados de la carne
(al cierre de exportaciones)
Por Fabián Amico (IET CITRA-UMET)
El gobierno decidió suspender por un mes las exportaciones de carne vacuna, en un intento de contener la suba de precios que se viene registrando en los últimos meses. La suspensión de las exportaciones formaría parte de la instrumentación de un conjunto de medidas de emergencia procurando el reordenamiento del sector al tiempo que se restringen prácticas especulativas y se evitan las operaciones de evasión en el comercio exterior. Ciertamente, el precio (promedio) de la carne venía creciendo bien por encima de la inflación de alimentos y esa tendencia se exacerbó desde diciembre pasado (ver gráfico), llegando a crecer más de 70% en la comparación anual.
Indice de precios al consumidor y precio de la carne (variación % anual)
* El “Precio de la carne” es el promedio simple del precio (minorista) por kg de asado, carne picada, cuadril, paleta y nalga registrado por el Indec.
Se argumentó en el debate público que el problema de la inflación de alimentos tiene estrecha relación con el alza de los precios internacionales de las commodities primarias. Dado que nuestro país toma como un dato exógeno los precios de los productos primarios que exporta (es “tomador” de precios), eso implica que el nivel de precio interno del bien debe seguir de cerca al nivel de precio internacional multiplicado por el tipo de cambio nominal (neto de eventuales retenciones y subsidios).
Un precio doméstico mayor al internacional no sería perdurable, porque sería más barato importar el bien. Lo contrario tampoco sería sostenible: los productores nacionales obtendrían un ingreso más alto por las exportaciones que por vender al mercado interno, lo que forzaría la inflación del precio doméstico. Así, sin interferencia oficial, la inflación internacional se traslada más o menos automáticamente a los precios domésticos. Sin embargo, un aspecto curioso es que, en el caso de la carne, los precios de referencia a nivel internacional se mantuvieron relativamente estables y de ningún modo pueden explicar las fuertes alzas del precio interno.
¿Será que la suba de precios se debe a un exceso de demanda doméstica? No parece ser el caso ya que debido al estancamiento relativo del consumo y la lenta recuperación salarial, el consumo por habitante está en el nivel más bajo de los últimos años, algo menos de 50 kg anuales por persona (ver gráfico).
Existen (al menos) dos explicaciones mucho más plausibles para explicar esta tendencia del precio de la carne. Desde hace algunos años se abrió un pujante mercado de exportación de carnes argentinas hacia China, algo que junto con el intenso proceso de devaluación de los años 2018 y 2019 ofreció la promesa de atractivas ganancias. Esto atrajo a jugadores desde otros sectores en busca de oportunidades rentables para invertir.
El punto es que el proceso de producción de carne es mucho más lento que en otros sectores. La vaca es al mismo tiempo un bien de consumo final y un “bien de capital” (ya que se usa para “hacer” vacas). Cuando alguien invierte en el sector, debe retirar animales de la oferta del periodo (hay menos vacas para consumo) y mantenerlos durante todo el proceso de reproducción. Este ciclo se caracteriza por su lentitud, determinada en buena medida por el ciclo biológico del animal. Entre la decisión de aumentar la producción y el aumento efectivo de la oferta deben pasar casi tres años. Así, un aumento muy rápido de la demanda externa se traduce necesariamente en una fuerte presión sobre el precio interno (hoy el 75% de las exportaciones de carne tienen a China por destino).
La segunda explicación viene del lado de los costos y refuerza el efecto anterior. Para criar y engordar el ganado hay que alimentarlo. Un componente principal de la dieta es el maíz. Como explicamos antes, dado que Argentina exporta maíz, el precio interno de este bien sigue de cerca la cotización internacional traducida en pesos (es decir, multiplicada por el tipo de cambio nominal). Cuando se observa cómo evolucionó el precio internacional del maíz medido en pesos surge un fortísimo impacto de la inflación internacional sobre los costos de producción de la carne, ya que el precio resultante se ubica bien por encima del precio doméstico de la carne y lo impulsa incesantemente hacia arriba (ver gráfico).
¿Qué se puede hacer ante esta situación? La suspensión de las exportaciones puede atenuar un poco el problema, pero es una medida de muy corto plazo (30 días) y además implica renunciar a los dólares que generan esas exportaciones. Otra posibilidad sería aumentar las retenciones a las exportaciones de maíz justamente para provocar una diferenciación entre el precio internacional y el precio interno, y suavizar el impacto en los costos de producción del ganado (y otros bienes). Aquí existe un problema político: las retenciones actuales al maíz son del 12% y pueden aumentar hasta 15% (máximo) por decisión del gobierno. Para un porcentaje superior, el aumento debe tener aprobación parlamentaria.
Una tercera opción sería bajar más rápido la tasa de devaluación (es decir, que el precio del dólar crezca más lentamente). De ese modo, el precio internacional se trasladaría al precio interno a un ritmo cada vez menor. Una cuarta herramienta sería subsidiar los aumentos de costos producidos por el alza de precio del maíz. En suma, cualquiera sea el menú de herramientas se impone alguna política más consistente que evite el alza descontrolada del precio de los bienes que conforman la canasta de los asalariados y restringen las posibilidades de recuperación de los ingresos.
Al tercer trimestre de 2020 la fragilidad laboral alcanzó los 48,2 puntos a nivel nacional.
Llamamos fragilidad laboral a la distancia existente entre las condiciones óptimas o deseables de la dinámica del mercado de trabajo y aquellas efectivamente vigentes, asumiendo que existiría un “modo ideal” de funcionamiento.
En ese sentido, el Índice de Fragilidad Laboral (IFL) describe la situación y evolución del mercado de trabajo argentino en los últimos años (2016-2020) y mide cuantitativamente del grado de fragilidad. El IFL surge como un indicador compuesto y multidimensional que sintetiza tres dimensiones o sub-fragilidades: (a) déficit de empleo (DE), definido como el grado de escasez de puestos de trabajo; (b) precariedad laboral (P), entendida como la calidad de la estructura de puestos de trabajo disponibles; y (c) pobreza e ingresos (PeI), que mide el poder de compra de los ingresos familiares en relación a la línea de pobreza (y su distribución). Eso implica que para analizar la fragilidad agregada se mide la capacidad de la economía para generar los puestos de trabajo necesarios para absorber a la totalidad de la población activa; la calidad y modalidad de empleo predominante, en vínculo directo con la dinámica de los ingresos (y su distribución), y la evolución de la pobreza. Así, el IFL asume valores entre 0 y 1, donde 0 representa el escenario de no-fragilidad y 1 el de fragilidad crítica. Al multiplicarlo por 100 se interpreta como el nivel de fragilidad laboral en vigor (es decir, la distancia existente entre el escenario ideal de no-fragilidad -IFL=0- y las condiciones vigentes), medido en puntos.
El período analizado va del segundo trimestre de 2016 al tercer trimestre de 2020. Los resultados muestran que la fragilidad laboral inicia una tendencia al alza en el tercer trimestre de 2018 en Argentina. De esta forma, el cimbronazo de la pandemia de la COVID-19 durante 2020 tiene lugar en el marco de un mercado laboral signado por el déficit de empleo, una creciente precariedad laboral y la intensificación de la pobreza y desigualdad en los ingresos de la población trabajadora.
Los resultados de este informe consideran información del tercer trimestre de 2020 -último dato disponible-. Esto significa que, aunque se abarca el lapso de mayor impacto de la crisis sanitaria al momento -el segundo trimestre del 2020-, aún no es factible elaborar conclusiones respecto a lo ocurrido durante los últimos meses del año.
Al tercer trimestre de 2020 la fragilidad laboral alcanzó los 48,2 puntos a nivel nacional. Representa el valor más elevado de una tendencia de fragilidad creciente que se inicia a mediados de 2018, y significa que el funcionamiento del mercado laboral se encontró prácticamente a mitad de camino entre los escenarios de nula y extrema fragilidad. La dimensión que más impactó en el avance de la fragilidad laboral entre el 3t-2019 y el 3t-2020 es la de Pobreza e Ingresos. Esto se debe a que los ingresos no avanzaron al ritmo del costo de vida -por tanto más gente cayó bajo la línea de pobreza-, y, además, a que se constató un aumento en la desigualdad de ingresos al interior de la población ocupada.
El resultado anterior no puede disociarse del período de excepcionalidad que se encuentra atravesando el mundo a raíz de la pandemia dela COVID-19, así como tampoco puede interpretarse el contexto laboral sin considerar la profundidad de las reconfiguraciones en las jornadas laborales y los procesos de trabajo derivados de las disposiciones de distanciamiento social.
Asimismo, la interpretación de estos resultados no debiera omitir un estado de situación ligado a una dinámica de fragilidad en ascenso durante al menos un año y medio previo a la irrupción de la pandemia. Es sobre ese marco que,aún cuando se estipularan medidas de protección del empleo -como el Decreto 329/2020 de prohibición de despidos y suspensiones, o el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), Decreto 332/2020- constatamos que la crisis sanitaria y las disposiciones de aislamiento derivadas profundizaron las debilidades preexistentes, configurando un escenario crítico del mercado de trabajo.
Continua elevada la inflación:4,1% en Abril.
La inflación de las y los trabajadores volvió a superar el 4% en abril (4,1%), acumulando un 16,6% en el primer cuatrimestre del año. Se trata del comienzo de año más inflacionario desde 2016, superando incluso a 2019 (16,2%). En tanto, la inflación interanual se aceleró al 45,6%, lo que representa una suba superior a los 10 puntos porcentuales desde noviembre pasado. Alimentos y bebidas, que subieron 4,7%, motorizaron fundamentalmente la dinámica del mes. Salvo las frutas y las verduras -que tuvieron un abril tranquilo por razones estacionales-, la gran mayoría de los alimentos trepó por encima del 4% en abril, destacándose las infusiones (6,3%), las bebidas alcohólicas (6,3%), el pescado (6,2%) y los lácteos (6,0%). Sin embargo, otros capítulos de la canasta tuvieron subas muy marcadas, que contribuyeron a elevar el nivel general. Esparcimiento (6,2%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,9%), Transporte (4,9%) y Salud (4,6%) subieron todos por encima del 4%. Mayo será un mes de aumentos en rubros regulados, que hasta ahora venían contenidos. Las prepagas subirán 5,5% y la electricidad lo hará en 9% en el AMBA; en tanto, el GNC trepó 30% y las telecomunicaciones posiblemente suban entre 10-15% tras la suspensión del DNU que las consideraba servicio esencial. La pregunta es si el resto de los rubros, que vienen con subas muy marcadas (como por ejemplo, los alimentos), tenderán a desacelerar o no.
Si bien el precio del dólar ha morigerado su suba en estos meses (pasamos de un ritmo de devaluación de casi 4% mensual en enero a menos del 2% en abril), todavía no se siente el impacto sobre la dinámica inflacionaria de aquellos bienes más sensibles al valor de la divisa. Lo anterior responde a la suba de los precios internacionales de las materias primas, que por un lado resulta positivo para la acumulación de reservas del BCRA (y por ende para reducir presiones devaluatorias), pero a la vez introduce severa presión sobre los precios locales, en particular de los alimentos. La tonelada de soja pasó de 306 dólares hace un año a superar los 590 en la última semana; la de trigo pasó de 160 a 270 dólares en el mismo período y la de maíz de 125 a 295. En paralelo, algunos commodities que son esenciales en la actividad industrial también han tenido una disparada de precio: el mineral de hierro pasó de 84 dólares la tonelada a principios de la pandemia al récord de 228 dólares. Todo ello impacta sobre el precio del acero en China pasó de 3.550 yuanes la tonelada en mayo de 2020 al récord de 5.700 hoy. Cabe mencionar que el acero es un insumo fundamental en industrias como la automotriz y la metalmecánica, que a su vez es proveedora de bienes como por ejemplo electrodomésticos. Dado este escenario, las estrategias para domar la inflación parecen implicar una mayor desaceleración del ritmo devaluatorio del peso, mayores retenciones a las exportaciones (aunque a expensas de las preciadas divisas, amén de una mayor conflictividad con el agro) o mayores subsidios (o reducción de impuestos) para abaratar los bienes básicos. Al parecer, el Gobierno ha ido de alguna manera por este último camino, aunque por el lado de los ingresos más que de los precios. Es en este sentido que debe entenderse la reciente ampliación de la cobertura de la Tarjeta Alimentar, que actualmente ya se convirtió en un instrumento de política pública tan importante como la Asignación Universal por Hijo.
El mito del equilibrio fiscal
El mito del equilibrio fiscal
Por Fabián Amico
El déficit fiscal, esto es, la tendencia del gobierno a gastar por encima de sus ingresos, aparece en el debate público como una “enfermedad crónica” de Argentina con la cual nos hemos acostumbrado a convivir. Esta “enfermedad” tendría la principal responsabilidad por la elevada inflación, la pobreza y el estancamiento económico.
Este problema “endémico” habría imposibilitado que el país pudiera gozar de estabilidad económica y habría sido consecuencia de una inclinación hacia una macroeconomía del populismo[1], una estrategia que siempre falla y que termina teniendo una alto costo para los mismos grupos que supuestamente intenta favorecer.
La respuesta convencional es que los déficits presupuestarios sostenidos tienden a reducir la inversión, lo que lleva a niveles más bajos de ingresos per cápita en el futuro y a menores tasas de crecimiento en el largo plazo.
Según esta visión, las “crisis fiscales” serían resultados de factores exógenos (es decir, factores que actúan desde afuera del sistema), entre los principales las de malas decisiones de los responsables por las políticas, es decir, el populismo macroeconómico. En ese sentido, es poco lo que se puede hacer para evitar la crisis fiscal más allá de educar al público y a la comunidad política y esperar lo mejor.
¿Y el mundo cómo anda?
Sin embargo, si a alguien se le ocurriera indagar sobre la evolución fiscal de otros países se podría encontrar con un resultado desconcertante. Por ejemplo, ¿cuántos países se supone que tienen superávit fiscal en 2020 según datos del FMI? Solo cuatro (4), menos del 1% de los países del mundo.
Alguien podría argumentar que es poco inteligente medir los déficits fiscales en medio de la peor crisis del último siglo. Y eso sería verdad.
Entonces, ¿qué pasa si observamos la evolución de los déficit fiscales en tiempos “normales”? El punto sorprendente es que, en tiempos “normales”, el déficit fiscal permanente es la norma en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Un relevamiento (no publicado) del economista Fernando García Díaz basado en datos del FMI[2] reveló que la proporción de países con déficit varía con el ciclo económico global, pero siempre es mayor al 50%. En los últimos años rondó el 80%.
En 2020 prácticamente todos los Estados del planeta fueron deficitarios. Y la mitad del total lleva al menos 10 años con déficit! Además, los superávits duran poco: menos de 5% de los países tiene superávit hace 10 años.
Así que el déficit parece ser la norma del estado moderno, y no una rareza argentina.
¿Todo el mundo padece entonces la misma “enfermedad” que Argentina? ¿Es una enfermedad”? Obsérvese que cuando el Estado tiene déficit, la contrapartida es un “superávit” del sector privado, ya que el gobierno está poniendo con una mano (gasto) más de lo que retira con la otra (impuestos). Si el gobierno tuviera superávits permanentes eso implicaría un endeudamiento creciente del sector privado para que éste cubra su déficit. Y claramente la deuda pública es mucho más sostenible en el tiempo que la deuda de los hogares y las empresas.
¿Las deudas siempre se pagan?
Quizás por esa razón los Estados modernos acumulan deudas voluminosas desde hace décadas, deudas que nunca se pagan y reflejan, precisamente, un déficit permanente. Se destacan en años recientes, los niveles de deuda pública alcanzados por Japón (donde la deuda del gobierno representa el 250% del pib), Estados Unidos o Alemania (con deudas cercanas al 150% del PIB), según el relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).[3]
Deuda del gobierno (en % del PIB)
Fuente: OCDE.
Lo mismo se observa en los casos de España, Italia y Portugal, e incluso en países más serios como Canadá o Bélgica, donde la deuda pública excede el 100% de la riqueza generada cada año.
Seguramente, más de un economista argentino típico aseguraría que, irremediablemente, esos déficits permanentes (y las voluminosas deudas públicas) deberían reflejarse en mayores tasas de inflación. Otra vez la respuesta es negativa.
Si se comparan los déficits fiscales de estos países con la evolución de la inflación (por ejemplo, entre 2007 y 2017), no existe ninguna relación entre los dos fenómenos.
En síntesis, las denominadas “finanzas sanas” (basadas en el equilibrio del presupuesto) no parecen ser tan “saludables”. Estos resultados no son tan extraños si se considera a los grandes economistas ortodoxos de hace algunas décadas atrás, cuando la corriente dominante en economía tenía una mayor dosis de realismo.
Paul Samuelson, uno de los economistas ortodoxos más prestigioso de todos los tiempos (premio Nobel de Economía en 1970), reconoció abiertamente que la necesidad del equilibrio fiscal era una “superstición“.[4] En una entrevista realizada por Mark Blaug en su documental sobre la vida de Keynes[5], Samuelson dice:
“Creo que hay un elemento de verdad en la superstición de que el presupuesto debe estar equilibrado en todo momento. Una vez que eso se niega, se quita uno de los baluartes que toda sociedad debe tener contra el gasto fuera de control […] Una de las funciones de la religión pasada de moda era asustar a las personas mediante lo que se podría considerar como mitos para que se comporten de la manera que requiere la vida civilizada a largo plazo”.
Así, existen muchos debates sobre los rasgos específicos que producen la inestabilidad crónica de la economía argentina, pero el déficit fiscal no es uno de ellos. El déficit fiscal y la deuda pública son el estado “normal” de las economías modernas.
