La inflación de las y los trabajadores fue del 3,9% en marzo de 2021

La inflación de las y los trabajadores fue del 3,9% en marzo de 2021

La inflación de las y los trabajadores fue del 3,9% en marzo, acelerándose levemente respecto al 3,7% de febrero. De este modo, en el primer trimestre, la inflación acumulada fue del 12%, en tanto que en los últimos doce meses fue del 41,8%. Si en los próximos meses la inflación se desacelerara al 3% mensual, 2021 cerraría con un alza de precios del 46,1%. Para que la inflación de 2021 cierre por debajo del 40%, es necesario que los precios aumenten no más del 2,5% mensual en los 9 meses que siguen. El capítulo que más subió en marzo fue “Enseñanza” (13%), debido al inicio del año escolar (en febrero había subido previamente un 5%). En segundo lugar, “Otros bienes y servicios” trepó un 5%, impulsado en buena medida por el alza del 9% en cigarrillos. En tercer orden, “Equipamiento y mantenimiento del hogar” se encareció 4,8%; rubro que viene experimentando las mayores subas en los últimos meses, debido particularmente a lo que ocurre con muebles y electrodomésticos. En marzo, incidieron en este capítulo alzas del 9,2% en servicio doméstico, del 5,2% en jabón en polvo y lavandina, y del 8% en frazadas. «Alimentos y bebidas», el capítulo de mayor incidencia en la canasta de las y los trabajadores, volvió a subir por encima del promedio: 4,8%. La nota la dieron las verduras (7,2%, principalmente por el tomate) y la carne (5,9%), con aumentos superiores al resto de los alimentos. Por debajo del nivel general encontramos a “Esparcimiento”, con un 3,8%. En este caso, repercutió la suba de los cines (las reaperturas vinieron con aumentos del 20% promedio), en la TV por cable (4,5%) y de los paquetes turísticos para viajar al exterior (14,8%). “Indumentaria y calzado”, por su parte, anotó una suba del 3,2%, impulsada por calzado deportivo (7,4%), joggings (7,7%) y remeras para hombres (4,4%). En capítulo “Salud” aumentó un 2,5%, aún cuando no hubo subas en prepagas (que sí presionarán sobre el índice en abril y mayo). Las alzas respondieron a subas en medicamentos. Luego, “Transporte y comunicaciones” se encareció 2,2%; las tarifas del transporte público continúan congeladas, de modo que los aumentos se concentraron en los vehículos de transporte personal, como autos cero kilómetro (3,8%), motos (3,3%) y nafta (4,5%), y también en pasajes aéreos (37%). Por último, “Vivienda” volvió a ser el capítulo de menores subas (0,9%). Con tarifas de electricidad, gas y agua congeladas, las alzas se debieron mayormente a materiales de construcción y albañilería.
En el plano de la actividad económica, la situación luce incierta respecto al impacto de la segunda ola de COVID-19. En los últimos meses, la actividad productiva mostró signos de recuperación, que ahora se ven comprometidos por la virulencia del rebrote de contagios. Dentro de esos signos resaltan la producción industrial (que creció 2,9% interanual en el primer bimestre del año, prepandemia) y la construcción (que creció 23%). El resto de las actividades (muchas de las cuales estuvieron muy afectadas en 2020) exhibieron mejoras en el verano que acaba de concluir. Por ello, en enero, el conjunto de la economía se expandió 1,9% mensual, y se ubicó 1,3% por debajo de febrero de 2020, lo que representa la menor caída desde el inicio de la pandemia. Esa mejora en la actividad económica se plasmó a su vez en el empleo asalariado formal privado, que de acuerdo al Ministerio de Trabajo creció con fuerza en enero (0,3% mensual, la mayor variación desde 2015). Aunque a priori es poco probable volver al escenario de abril de 2020 -de cierre total y prolongado por más de un mes- dado que existen aprendizajes en las empresas y en los trabajadores y trabajadores, y también debido a que la campaña de vacunación tomó mayor ritmo en las últimas semanas, está claro que la segunda ola vino a jaquear este escenario de recuperación. La pregunta, todavía muy incierta, es en qué medida lo hará, qué nuevas restricciones se implementarán para contener la ola de contagios, y por cuánto tiempo durarán tales restricciones en caso de ser implementadas. También, cuál será el poder de fuego (en términos económicos) que tendrá el Estado para mitigar el daño de la pandemia, habida cuenta de que la situación -tanto a nivel de las empresas, como de los hogares y del propio Estado- es más frágil que la de hace un año atrás.

De los pecados de la carne (al cierre de exportaciones)

De los pecados de la carne

(al cierre de exportaciones)

Por Fabián Amico (IET CITRA-UMET)

El gobierno decidió suspender por un mes las exportaciones de carne vacuna, en un intento de contener la suba de precios que se viene registrando en los últimos meses. La suspensión de las exportaciones formaría parte de la instrumentación de un conjunto de medidas de emergencia procurando el reordenamiento del sector al tiempo que se restringen prácticas especulativas y se evitan las operaciones de evasión en el comercio exterior. Ciertamente, el precio (promedio) de la carne venía creciendo bien por encima de la inflación de alimentos y esa tendencia se exacerbó desde diciembre pasado (ver gráfico), llegando a crecer más de 70% en la comparación anual.

Indice de precios al consumidor y precio de la carne (variación % anual)

Fuente: Indec.

* El «Precio de la carne» es el promedio simple del precio (minorista) por kg de asado, carne picada, cuadril, paleta y nalga registrado por el Indec.

Se argumentó en el debate público que el problema de la inflación de alimentos tiene estrecha relación con el alza de los precios internacionales de las commodities primarias. Dado que nuestro país toma como un dato exógeno los precios de los productos primarios que exporta (es «tomador» de precios), eso implica que el nivel de precio interno del bien debe seguir de cerca al nivel de precio internacional multiplicado por el tipo de cambio nominal (neto de eventuales retenciones y subsidios).

Un precio doméstico mayor al internacional no sería perdurable, porque sería más barato importar el bien. Lo contrario tampoco sería sostenible: los productores nacionales obtendrían un ingreso más alto por las exportaciones que por vender al mercado interno, lo que forzaría la inflación del precio doméstico. Así, sin interferencia oficial, la inflación internacional se traslada más o menos automáticamente a los precios domésticos. Sin embargo, un aspecto curioso es que, en el caso de la carne, los precios de referencia a nivel internacional se mantuvieron relativamente estables y de ningún modo pueden explicar las fuertes alzas del precio interno.

¿Será que la suba de precios se debe a un exceso de demanda doméstica? No parece ser el caso ya que debido al estancamiento relativo del consumo y la lenta recuperación salarial, el consumo por habitante está en el nivel más bajo de los últimos años, algo menos de 50 kg anuales por persona (ver gráfico). 

Fuente: Ministerio de Agricultura.

Existen (al menos) dos explicaciones mucho más plausibles para explicar esta tendencia del precio de la carne. Desde hace algunos años se abrió un pujante mercado de exportación de carnes argentinas hacia China, algo que junto con el intenso proceso de devaluación de los años 2018 y 2019 ofreció la promesa de atractivas ganancias. Esto atrajo a jugadores desde otros sectores en busca de oportunidades rentables para invertir.

El punto es que el proceso de producción de carne es mucho más lento que en otros sectores. La vaca es al mismo tiempo un bien de consumo final y un «bien de capital» (ya que se usa para «hacer» vacas). Cuando alguien invierte en el sector, debe retirar animales de la oferta del periodo (hay menos vacas para consumo) y mantenerlos durante todo el proceso de reproducción. Este ciclo se caracteriza por su lentitud, determinada en buena medida por el ciclo biológico del animal. Entre la decisión de aumentar la producción y el aumento efectivo de la oferta deben pasar casi tres años. Así, un aumento muy rápido de la demanda externa se traduce necesariamente en una fuerte presión sobre el precio interno (hoy el 75% de las exportaciones de carne tienen a China por destino).

La segunda explicación viene del lado de los costos y refuerza el efecto anterior. Para criar y engordar el ganado hay que alimentarlo. Un componente principal de la dieta es el maíz. Como explicamos antes, dado que Argentina exporta maíz, el precio interno de este bien sigue de cerca la cotización internacional traducida en pesos (es decir, multiplicada por el tipo de cambio nominal). Cuando se observa cómo evolucionó el precio internacional del maíz medido en pesos surge un fortísimo impacto de la inflación internacional sobre los costos de producción de la carne, ya que el precio resultante se ubica bien por encima del precio doméstico de la carne y lo impulsa incesantemente hacia arriba (ver gráfico).

Fuente: INDEC y FMI

¿Qué se puede hacer ante esta situación? La suspensión de las exportaciones puede atenuar un poco el problema, pero es una medida de muy corto plazo (30 días) y además implica renunciar a los dólares que generan esas exportaciones. Otra posibilidad sería aumentar las retenciones a las exportaciones de maíz justamente para provocar una diferenciación entre el precio internacional y el precio interno, y suavizar el impacto en los costos de producción del ganado (y otros bienes). Aquí existe un problema político: las retenciones actuales al maíz son del 12% y pueden aumentar hasta 15% (máximo) por decisión del gobierno. Para un porcentaje superior, el aumento debe tener aprobación parlamentaria.

Una tercera opción sería bajar más rápido la tasa de devaluación (es decir, que el precio del dólar crezca más lentamente). De ese modo, el precio internacional se trasladaría al precio interno a un ritmo cada vez menor. Una cuarta herramienta sería subsidiar los aumentos de costos producidos por el alza de precio del maíz. En suma, cualquiera sea el menú de herramientas se impone alguna política más consistente que evite el alza descontrolada del precio de los bienes que conforman la canasta de los asalariados y restringen las posibilidades de recuperación de los ingresos.

Al tercer trimestre de 2020 la fragilidad laboral alcanzó los 48,2 puntos a nivel nacional.

Al tercer trimestre de 2020 la fragilidad laboral alcanzó los 48,2 puntos a nivel nacional.

Llamamos fragilidad laboral a la distancia existente entre las condiciones óptimas o deseables de la dinámica del mercado de trabajo y aquellas efectivamente vigentes, asumiendo que existiría un “modo ideal” de funcionamiento.

En ese sentido, el Índice de Fragilidad Laboral (IFL) describe la situación y evolución del mercado de trabajo argentino en los últimos años (2016-2020) y mide cuantitativamente del grado de fragilidad. El IFL surge como un indicador compuesto y multidimensional que sintetiza tres dimensiones o sub-fragilidades: (a) déficit de empleo (DE), definido como el grado de escasez de puestos de trabajo; (b) precariedad laboral (P), entendida como la calidad de la estructura de puestos de trabajo disponibles; y (c) pobreza e ingresos (PeI), que mide el poder de compra de los ingresos familiares en relación a la línea de pobreza (y su distribución). Eso implica que para analizar la fragilidad agregada se mide la capacidad de la economía para generar los puestos de trabajo necesarios para absorber a la totalidad de la población activa; la calidad y modalidad de empleo predominante, en vínculo directo con la dinámica de los ingresos (y su distribución), y la evolución de la pobreza. Así, el IFL asume valores entre 0 y 1, donde 0 representa el escenario de no-fragilidad y 1 el de fragilidad crítica. Al multiplicarlo por 100 se interpreta como el nivel de fragilidad laboral en vigor (es decir, la distancia existente entre el escenario ideal de no-fragilidad -IFL=0- y las condiciones vigentes), medido en puntos. 

El período analizado va del segundo trimestre de 2016 al tercer trimestre de 2020. Los resultados muestran que la fragilidad laboral inicia una tendencia al alza en el tercer trimestre de 2018 en Argentina. De esta forma, el cimbronazo de la pandemia de la COVID-19 durante 2020 tiene lugar en el marco de un mercado laboral signado por el déficit de empleo, una creciente precariedad laboral y la intensificación de la pobreza y desigualdad en los ingresos de la población trabajadora.

Los resultados de este informe consideran información del tercer trimestre de 2020 -último dato disponible-. Esto significa que, aunque se abarca el lapso de mayor impacto de la crisis sanitaria al momento -el segundo trimestre del 2020-, aún no es factible elaborar conclusiones respecto a lo ocurrido durante los últimos meses del año. 

Al tercer trimestre de 2020 la fragilidad laboral alcanzó los 48,2 puntos a nivel nacional. Representa el valor más elevado de una tendencia de fragilidad creciente que se inicia a mediados de 2018, y significa que el funcionamiento del mercado laboral se encontró prácticamente a mitad de camino entre los escenarios de nula y extrema fragilidad. La dimensión que más impactó en el avance de la fragilidad laboral entre el 3t-2019 y el 3t-2020 es la de Pobreza e Ingresos. Esto se debe a que los ingresos no avanzaron al ritmo del costo de vida -por tanto más gente cayó bajo la línea de pobreza-, y, además, a que se constató un aumento en la desigualdad de ingresos al interior de la población ocupada.

El resultado anterior no puede disociarse del período de excepcionalidad que se encuentra atravesando el mundo a raíz de la pandemia dela COVID-19, así como tampoco puede interpretarse el contexto laboral sin considerar la profundidad de las reconfiguraciones en las jornadas laborales y los procesos de trabajo derivados de las disposiciones de distanciamiento social.

Asimismo, la interpretación de estos resultados no debiera omitir un estado de situación ligado a una dinámica de fragilidad en ascenso durante al menos un año y medio previo a la irrupción de la pandemia. Es sobre ese marco que,aún cuando se estipularan medidas de protección del empleo -como el Decreto 329/2020 de prohibición de despidos y suspensiones, o el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), Decreto 332/2020- constatamos que la crisis sanitaria y las disposiciones de aislamiento derivadas profundizaron las debilidades preexistentes, configurando un escenario crítico del mercado de trabajo.

Continua elevada la inflación:4,1% en Abril.

La inflación de las y los trabajadores volvió a superar el 4% en abril (4,1%), acumulando un 16,6% en el primer cuatrimestre del año. Se trata del comienzo de año más inflacionario desde 2016, superando incluso a 2019 (16,2%). En tanto, la inflación interanual se aceleró al 45,6%, lo que representa una suba superior a los 10 puntos porcentuales desde noviembre pasado. Alimentos y bebidas, que subieron 4,7%, motorizaron fundamentalmente la dinámica del mes. Salvo las frutas y las verduras -que tuvieron un abril tranquilo por razones estacionales-, la gran mayoría de los alimentos trepó por encima del 4% en abril, destacándose las infusiones (6,3%), las bebidas alcohólicas (6,3%), el pescado (6,2%) y los lácteos (6,0%). Sin embargo, otros capítulos de la canasta tuvieron subas muy marcadas, que contribuyeron a elevar el nivel general. Esparcimiento (6,2%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,9%), Transporte (4,9%) y Salud (4,6%) subieron todos por encima del 4%. Mayo será un mes de aumentos en rubros regulados, que hasta ahora venían contenidos. Las prepagas subirán 5,5% y la electricidad lo hará en 9% en el AMBA; en tanto, el GNC trepó 30% y las telecomunicaciones posiblemente suban entre 10-15% tras la suspensión del DNU que las consideraba servicio esencial. La pregunta es si el resto de los rubros, que vienen con subas muy marcadas (como por ejemplo, los alimentos), tenderán a desacelerar o no.
Si bien el precio del dólar ha morigerado su suba en estos meses (pasamos de un ritmo de devaluación de casi 4% mensual en enero a menos del 2% en abril), todavía no se siente el impacto sobre la dinámica inflacionaria de aquellos bienes más sensibles al valor de la divisa. Lo anterior responde a la suba de los precios internacionales de las materias primas, que por un lado resulta positivo para la acumulación de reservas del BCRA (y por ende para reducir presiones devaluatorias), pero a la vez introduce severa presión sobre los precios locales, en particular de los alimentos. La tonelada de soja pasó de 306 dólares hace un año a superar los 590 en la última semana; la de trigo pasó de 160 a 270 dólares en el mismo período y la de maíz de 125 a 295. En paralelo, algunos commodities que son esenciales en la actividad industrial también han tenido una disparada de precio: el mineral de hierro pasó de 84 dólares la tonelada a principios de la pandemia al récord de 228 dólares. Todo ello impacta sobre el precio del acero en China pasó de 3.550 yuanes la tonelada en mayo de 2020 al récord de 5.700 hoy. Cabe mencionar que el acero es un insumo fundamental en industrias como la automotriz y la metalmecánica, que a su vez es proveedora de bienes como por ejemplo electrodomésticos. Dado este escenario, las estrategias para domar la inflación parecen implicar una mayor desaceleración del ritmo devaluatorio del peso, mayores retenciones a las exportaciones (aunque a expensas de las preciadas divisas, amén de una mayor conflictividad con el agro) o mayores subsidios (o reducción de impuestos) para abaratar los bienes básicos. Al parecer, el Gobierno ha ido de alguna manera por este último camino, aunque por el lado de los ingresos más que de los precios. Es en este sentido que debe entenderse la reciente ampliación de la cobertura de la Tarjeta Alimentar, que actualmente ya se convirtió en un instrumento de política pública tan importante como la Asignación Universal por Hijo.

El mito del equilibrio fiscal

El mito del equilibrio fiscal

Por Fabián Amico

El déficit fiscal, esto es, la tendencia del gobierno a gastar por encima de sus ingresos, aparece en el debate público como una «enfermedad crónica» de Argentina con la cual nos hemos acostumbrado a convivir.  Esta «enfermedad» tendría la principal responsabilidad por la elevada inflación, la pobreza y el estancamiento económico.

Este problema «endémico» habría imposibilitado que el país pudiera gozar de estabilidad económica y habría sido consecuencia de una inclinación hacia una macroeconomía del populismo[1], una estrategia que siempre falla y que termina teniendo una alto costo para los mismos grupos que supuestamente intenta favorecer.

La respuesta convencional es que los déficits presupuestarios sostenidos tienden a reducir la inversión, lo que lleva a niveles más bajos de ingresos per cápita en el futuro y a menores tasas de crecimiento en el largo plazo.

Según esta visión, las «crisis fiscales» serían resultados de factores exógenos (es decir, factores que actúan desde afuera del sistema), entre los principales las de malas decisiones de los responsables por las políticas, es decir, el populismo macroeconómico. En ese sentido, es poco lo que se puede hacer para evitar la crisis fiscal más allá de educar al público y a la comunidad política y esperar lo mejor.

¿Y el mundo cómo anda?

Sin embargo, si a alguien se le ocurriera indagar sobre la evolución fiscal de otros países se podría encontrar con un resultado desconcertante. Por ejemplo, ¿cuántos países se supone que tienen superávit fiscal en 2020 según datos del FMI? Solo cuatro (4), menos del 1% de los países del mundo.

Alguien podría argumentar que es poco inteligente medir los déficits fiscales en medio de la peor crisis del último siglo. Y eso sería verdad.

Entonces, ¿qué pasa si observamos la evolución de los déficit fiscales en tiempos «normales»? El punto sorprendente es que, en tiempos «normales», el déficit fiscal permanente es la norma en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Un relevamiento (no publicado) del economista Fernando García Díaz basado en datos del FMI[2] reveló que la proporción de países con déficit varía con el ciclo económico global, pero siempre es mayor al 50%. En los últimos años rondó el 80%.

En 2020 prácticamente todos los Estados del planeta fueron deficitarios. Y la mitad del total lleva al menos 10 años con déficit! Además, los superávits duran poco: menos de 5% de los países tiene superávit hace 10 años. 

Resultado Fiscal Total: Años 2006 a 2020

Así que el déficit parece ser la norma del estado moderno, y no una rareza argentina.

¿Todo el mundo padece entonces la misma «enfermedad» que Argentina? ¿Es una enfermedad»? Obsérvese que cuando el Estado tiene déficit, la contrapartida es un «superávit» del sector privado, ya que el gobierno está poniendo con una mano (gasto) más de lo que retira con la otra (impuestos). Si el gobierno tuviera superávits permanentes eso implicaría un endeudamiento creciente del sector privado para que éste cubra su déficit. Y claramente la deuda pública es mucho más sostenible en el tiempo que la deuda de los hogares y las empresas.

¿Las deudas siempre se pagan?

Quizás por esa razón los Estados modernos acumulan deudas voluminosas desde hace décadas, deudas que nunca se pagan y reflejan, precisamente, un déficit permanente. Se destacan en años recientes, los niveles de deuda pública alcanzados por Japón (donde la deuda del gobierno representa el 250% del pib), Estados Unidos o Alemania (con deudas cercanas al 150% del PIB), según el relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).[3]

Deuda del gobierno (en % del PIB)         

Deuda del gobierno  (en % del PIB)

Fuente: OCDE.

Lo mismo se observa en los casos de España, Italia y Portugal, e incluso en países más serios como Canadá o Bélgica, donde la deuda pública excede el 100% de la riqueza generada cada año.

Seguramente, más de un economista argentino típico aseguraría que, irremediablemente, esos déficits permanentes (y las voluminosas deudas públicas) deberían reflejarse en mayores tasas de inflación. Otra vez la respuesta es negativa. 

Si se comparan los déficits fiscales de estos países con la evolución de la inflación (por ejemplo, entre 2007 y 2017), no existe ninguna relación entre los dos fenómenos.

Déficit Fiscal e Inflación

En síntesis, las denominadas «finanzas sanas» (basadas en el equilibrio del presupuesto) no parecen ser tan «saludables». Estos resultados no son tan extraños si se considera a los grandes economistas ortodoxos de hace algunas décadas atrás, cuando la corriente dominante en economía tenía una mayor dosis de realismo.

Paul Samuelson, uno de los economistas ortodoxos más prestigioso de todos los tiempos (premio Nobel de Economía en 1970), reconoció abiertamente que la necesidad del equilibrio fiscal era una «superstición«.[4] En una entrevista realizada por Mark Blaug en su documental sobre la vida de Keynes[5], Samuelson dice:

Creo que hay un elemento de verdad en la superstición de que el presupuesto debe estar equilibrado en todo momento. Una vez que eso se niega, se quita uno de los baluartes que toda sociedad debe tener contra el gasto fuera de control [] Una de las funciones de la religión pasada de moda era asustar a las personas mediante lo que se podría considerar como mitos para que se comporten de la manera que requiere la vida civilizada a largo plazo.

Así, existen muchos debates sobre los rasgos específicos que producen la inestabilidad crónica de la economía argentina, pero el déficit fiscal no es uno de  ellos. El déficit fiscal y la deuda pública son el estado «normal» de las economías modernas.