INDICE DE FRAGILIDADSOCIAL (IFS)2° trimestre de 2021

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INDICE DE FRAGILIDAD SOCIAL (IFS)
2° trimestre de 2021

Las personas en situación de fragilidad social son aquellas que tienen altas probabilidades de caer en la pobreza en contextos socioeconómicos críticos. No son pobres, pero tampoco están integradas socialmente en forma plena. Mientras el concepto de pobreza hace referencia a una situación de privación efectiva y actual, la fragilidad alude al riesgo de empobrecimiento en el futuro. Hay frágiles por ingresos y frágiles estructurales, que no sólo posee bajos ingresos sino que, además, detenta ciertas características sociodemográficas y laborales altamente asociadas con la pobreza que incrementan sensiblemente sus chances de pasar a engrosar la población pobre en contextos económicos desfavorables.
Este trabajo analiza la incidencia y la evolución de la integración social y, particularmente, de la fragilidad social durante el período 2016-2021, a nivel nacional. El segundo trimestre de 2018 marca el inicio de un período de profundización de la fragilidad socioeconómica, y consecuentemente, del crecimiento de la Población No Integrada Socialmente (PNIS) en términos sociales. Dichos fenómenos responden a la crisis económica que se hace explícita a partir de la dinámica insostenible del sector externo, y a partir de la cual se produjeron tensiones en el mercado cambiario que finalmente derivaron en el primero de los episodios devaluatorios que marcaron el 2019.
En particular, entre el segundo semestre de 2018 y el segundo de 2019, la PNIS creció un 9,5 pp alcanzando al 58,6% de la población -valor máximo desde el inicio de la serie a ese momento-.Por tanto el impacto de la COVID-19 debe analizarse en el contexto de una situación socioeconómica caracterizada por el aumento de la Población No Integrada Socialmente durante un año y medio antes. Asimismo, la crisis sanitaria muestra su impacto fundamentalmente durante el segundo trimestre de 2020, cuando las disposiciones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) implicaron restricciones a la circulación bien estrictas. En ese período, 2t-2020, la PNIS asume en el valor más elevado de la serie, alcanzando el 66,4%: más de 6 de cada 10 residentes no se encontraban integrados en términos sociales con plenitud; y se ubicó 7,8 puntos porcentuales por encima del valor del 2t-2019.
Durante el tercer trimestre del 2020 y como consecuencia del relativo relajamiento de las restricciones a la circulación y la posibilidad de percibir ingresos de parte de la población que ante el confinamiento había estado privada de trabajar, la PNIS decreció al 59,4% aunque para el último trimestre del 2020, en el contexto de una aceleración de la dinámica inflacionaria que conllevó al deterioro de la capacidad de compra de los ingresos, volvió a ubicarse por encima del 66% (66,2%). Así, el inicio del año 2021 estuvo signado por una situación socioeconómica en la que nuevamente más de 6 de cada 10 personas eran indigentes, pobres o frágiles. Puntualmente, y respecto del último trimestre del 2019, crecieron las tasas de pobreza e indigencia en 1,9 y 5 pp, respectivamente, y creció también la tasa de fragilidad agregada en 1,3 pp -resultado de un aumento de la población frágil estructural de 2,2 pp y una leve reducción de la frágil por ingresos, en 0,9 pp-.
Para el segundo trimestre del 2021, que abarca una nueva y temporaria fase de restricciones a la circulación durante el mes de mayo, la Población No Integrada Socialmente alcanzó el valor del 63,7%. Es decir, 6 de cada 10 personas se encontraron en situación de no integración social de forma plena; 3 de esos 6 fueron pobres, 1 fue indigente y los 2 restantes resultaron frágiles. La tasa de fragilidad social ascendió al 22,2% de la población: la tasa de fragilidad por ingresos fue del 8,6% – 0,5 pp por encima del valor del 2t-2020- al tiempo que la tasa de fragilidad estructural alcanzó el 13,6% – 2,2 puntos superior al mismo trimestre del año anterior-.
Además, de la etapa que inicia con la recesión iniciada en abril de 2018 y hasta el último semestre móvil -que incluye primer y segundo trimestre del 2021- se desprende una relativa estabilidad en la proporción de la población que constituye el grupo de frágiles totales. Por tanto, el crecimiento de la Población No Integrada Socialmente que se verifica en ese período se explica por el crecimiento de la indigencia y la pobreza.
A ello debe adicionarse el hecho de que, al interior de la población frágil, la subpoblación de frágiles por ingresos presenta lógicamente mayor volatilidad que la población frágil estructural -cuyos valores mínimo y máximo de la serie son muy cercanos, del 12% y del 14,6% respectivamente-. De ambas regularidades señaladas, se desprende, entonces la potencialidad de las políticas de ingresos para favorecer una mayor integración social.

Impulsada por alimentos, la inflación alcanzó un 4,3% en febrero.

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Impulsada por alimentos, la inflación alcanzó un 4,3% en febrero.

En febrero, la inflación de las y los trabajadores se ubicó en 4,3%, lo que representa una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto al 4,2% registrado en enero. De este modo, en los dos primeros meses del año, la inflación alcanzó un 8,7%. En tanto, en los últimos doce meses fue del 51,5%.
La inflación de febrero estuvo motorizada por los Alimentos y Bebidas, que subieron 6,5% luego de haberlo hecho en 5,8% en enero. Hubo una particular disparada de las verduras (+25,2%), la cual se registró en una diversidad de productos, tales como cebolla, zanahoria,
papa o tomate, entre otros. Las frutas subieron 8,6%, destacándose la naranja y la banana.
El pan y los cereales treparon 8,5%, traccionado por el pan francés (+12,5%). Vale tener en cuenta que estos valores casi no recogen las presiones inflacionarias derivadas del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que dispararon el precio internacional del trigo a partir de finales de febrero. El pescado (+7,8%), las bebidas alcohólicas (+7,7%) y los aceites y grasas (+6,6%) también tuvieron un febrero particularmente inflacionario. Solo las carnes (+1,7%) permitieron amortiguar las fuertes subas registradas en el mes.
La segunda división con mayores alzas fue Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 4,3%, con alzas destacadas en productos de higiene y limpieza. Le siguen en orden Salud, que trepó un 4% adicional, Otros bienes y servicios (+3,9%), Comunicaciones (+3,9%), Transporte (+3,5%, hubo suba de naftas) y Recreación y cultura (+3,1%). Solo Vivienda (+2,6%), Educación (1,6%) e Indumentaria y calzado (+1,1%) registraron alzas por debajo del 3%.
En la segunda mitad del informe se detalla la situación de la actividad, el empleo y los salarios reales. La última parte de 2021 terminó con inflación elevada, pero también con un claro repunte económico y, más moderadamente, en el empleo y los salarios. A fines de
2021, la actividad económica alcanzó el mayor nivel desde marzo de 2018, apuntalada por la industria -en primer lugar-, pero también por la recuperación de la construcción, los hidrocarburos en Vaca Muerta, el comercio y algunos servicios como por ejemplo los informáticos. En el empleo formal privado, diciembre fue el mes en el que se retornó a la cantidad de puestos de trabajo formales asalariados privados previos a la pandemia. En tanto, el salario real a fines de 2021 se ubicó levemente por encima de los guarismos de fines de 2019.
No obstante, vistas en una perspectiva de más largo plazo, estas mejoras son muy débiles dentro de una tendencia de deterioro. El empleo formal privado ajustado por crecimiento poblacional está actualmente en el menor valor desde 2009 (solo por encima de 2020). En tanto, el salario real privado está 14,7% por debajo de 2013 y el público 20,4% por detrás del mismo año.

Método CITRA N°9

Método CITRA N°9.
El accionar del Estado en emergencia:
relevamiento normativo y evaluación sobre el accionar estatal en el marco del Proyecto Monitor Laboral COVID-19

Ivana Giselle González(Coordinadora), Marianela Altamirano, Analía Pérez Molina, Ricardo Corradini, Julio Quintana, Julia Rodríguez y Patricia Zilber.

En este informe se presentan los resultados de un relevamiento y análisis de la normativa emitida por distintas jurisdicciones del Estado Nacional en el contexto de pandemia provocada por el COVID -19, realizado en el marco Proyecto “Monitor Laboral COVID-19. Condiciones de trabajo, trabajadores/as y derechos en tiempos de pandemia”, el cual se propuso entre sus objetivos encarar una línea de acción dirigida a sistematizar las disposiciones emitidas por el Estado Nacional, con el fin de relevar las medidas tomadas por las distintas reparticiones desde la vigencia del Decreto 297/2020 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
El relevamiento normativo como estrategia metodológica aporta no solo la posibilidad de sistematizar las disposiciones emitidas diariamente por las distintas jurisdicciones, sino también agregar valor analítico y establecer categorías de análisis relevantes con el fin de aportar al diagnóstico.
La investigación se llevó a cabo entre los meses de marzo y septiembre de 2020, y se utilizó como fuente principal el “Digesto de Emergencia Sanitaria Coronavirus COVID- 19”, documento de actualización diaria elaborado por la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Se relevaron un total de 748 disposiciones correspondientes a 8 jurisdicciones del Estado Nacional, las cuales si bien no representan el universo de disposiciones emitidas, significan un aporte significativo para conocer y comprender el accionar estatal en el actual contexto de emergencia.
Palabras clave: Pandemia; Emergencia sanitaria; Capacidades estatales; Acción estatal.

This report presents the results of a survey and analysis of the regulations issued by different jurisdictions of the National State in the context of the pandemic caused by COVID -19, carried out within the framework of the Project “Labor Monitor COVID-19. Working conditions, workers and rights in times of pandemic”, which proposed among its objectives to face a line of action aimed at systematizing the provisions issued by the National State, in order to relieve the measures taken by the different departments since the validity of Decree 297/2020 on Social, Preventive and Mandatory Isolation.
The normative survey as a methodological strategy provides not only the possibility of systematizing the provisions issued daily by the different jurisdictions, but also adding analytical value and establishing relevant categories of analysis in order to contribute to the diagnosis.
The investigation was carried out between the months of March and September 2020, and the “Coronavirus COVID-19 Health Emergency Digest” was used as the main source, a daily update document prepared by the Secretary of Justice and Human Rights of the Nation.
A total of 748 provisions corresponding to 8 jurisdictions of the National State were surveyed, which, although they do not represent the universe of provisions issued, represent a significant contribution to knowing and understanding state actions in the current context of emergency.
Key words: Pandemic; Health emergency; State capacities; State action