La creación del Ministerio de Capital Humano representa uno de los ensayos institucionales más audaces del gobierno de Javier Milei. Concebido como un dispositivo de concentración funcional y centralización estratégica, su arquitectura inicial apostó por una gestión tecnocrática orientada a la eficiencia, la modernización estatal y la supresión de intermediaciones burocráticas. No obstante, el despliegue concreto del ministerio ha evidenciado tensiones estructurales entre el diseño propuesto y las capacidades reales —materiales, institucionales y humanas— para sostenerlo. Este informe analiza dicho desfasaje, explorando las implicancias políticas y administrativas de un modelo que, en su ambición reformista, expone los límites de la ingeniería estatal en contextos de alta fragilidad.

La estructura estatal adoptada, atravesada por la fragilidad operativa, la alta rotación de funcionarios, el vaciamiento de áreas clave y la precarización de líneas de gestión, no logró sostener el volumen ni la complejidad de las competencias asumidas. A medida que se redujeron capacidades institucionales en salud, trabajo, desarrollo social y niñez, emergió un patrón de conflictividad social creciente que incluyó movilizaciones masivas, fallos judiciales incumplidos y crisis humanitarias severas —como la interrupción en la entrega de medicamentos vitales y alimentos a comedores populares—. Finalmente, el perfil sociológico de los/as funcionarios/as políticos del Ministerio, no solo refleja sino también reproduce las lógicas de centralización decisional, homogeneidad ideológica y priorización de la eficiencia por sobre la equidad social. Las trayectorias, saberes, redes e identidades de sus funcionarios contribuyen a explicar tanto la arquitectura institucional como los conflictos que emergieron con fuerza entre 2024 y 2025.