Ana Castellani, Julia Gentile y Pablo Salinas

El informe analiza las trayectorias previas y posteriores de 96 funcionarios/as superiores que renunciaron o fueron desplazados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, en el marco de una alta inestabilidad en el gabinete nacional. La investigación se centra en el origen y destino ocupacional de estas personas, la dinámica de rotación por jurisdicción y trimestre, los casos de “puerta giratoria” entre sector público y privado, y el cumplimiento normativo en la presentación de declaraciones juradas (MAPPAP).

La rotación se concentró en áreas clave: el Ministerio de Economía registró 27 bajas (28 %), seguido por Capital Humano (20) y Jefatura de Gabinete (14). Los picos de desplazamientos ocurrieron en el segundo y cuarto trimestre de 2024, coincidiendo con reconfiguraciones políticas internas. Presidencia, Salud, Defensa y Relaciones Exteriores mostraron menor pero sostenida inestabilidad.

Respecto a las trayectorias previas, el 39,6 % provenía del sector público, el 34,4 % del privado, el 16,7 % tenía experiencia mixta y el 9,4 % no contaba con datos disponibles. Economía, Jefatura de Gabinete y Presidencia concentraron perfiles privados, mientras que Capital Humano mostró predominancia pública. Se identificaron perfiles técnicos, empresariales y mixtos, con circulación entre sectores.

En cuanto a los destinos posteriores, el 35,4 % se reinsertó en el sector público, el 27,1 % migró al privado, el 4,2 % tuvo trayectoria mixta y el 33,3 % no registró información. Se observó continuidad institucional en algunos casos, mientras que otros retornaron a actividades privadas, incluso en firmas vinculadas a los funcionarios, lo que plantea riesgos de conflicto de intereses.

El informe identifica 18 casos de “puerta giratoria recurrente”: funcionarios que ingresaron desde el sector privado, ocuparon cargos públicos y regresaron al privado tras su salida. Esta dinámica se concentró en Economía, Capital Humano y Jefatura de Gabinete, y plantea interrogantes sobre la captura de decisiones públicas por intereses privados.

Finalmente, se analiza el cumplimiento del sistema MAPPAP, que exige declarar actividades profesionales previas y posteriores al ejercicio de la función pública. El 71,9 % presentó la declaración de actividades anteriores, pero solo el 47,9 % cumplió con la de actividades posteriores. Este incumplimiento revela debilidades en los mecanismos de control y transparencia en contextos de alta rotación.

El informe concluye que la inestabilidad del primer año de gobierno refleja tensiones estructurales entre los perfiles reclutados y el modelo de liderazgo presidencial, así como una débil institucionalidad para regular la circulación entre lo público y lo privado.