Ana Castellani, Marina Dossi y Julia Gentile

La acción política de los grandes grupos económicos es un objeto de estudio tan relevante como difícil de aprehender empíricamente. Aunque los conglomerados empresarios no participan de la competencia electoral ni ocupan posiciones de representación parlamentaria, su capacidad para incidir en la formulación e implementación de políticas públicas es insoslayable. Esa capacidad, sin embargo, no reconoce una fuente única ni se canaliza por un solo mecanismo. En parte deriva de la posición que las grandes empresas ocupan en la estructura económica y de la dependencia que el desempeño macroeconómico guarda respecto de sus decisiones de inversión. En parte, también, de las estrategias deliberadas que despliegan para acceder a quienes toman las decisiones públicas e influir sobre sus orientaciones. Esa doble raíz es la que la literatura sobre poder empresarial conceptualiza como poder estructural y poder instrumental.

El poder estructural deriva de la posición que las empresas ocupan en la economía: dado que el desempeño económico —y, con él, la suerte de los gobiernos— depende de las decisiones privadas de inversión, producción y empleo, los decisores públicos tienden a anticipar las reacciones del capital aun cuando estas no lleguen a formularse como una amenaza explícita. Su intensidad depende, entre otros factores, de la movilidad del capital y de las alternativas de que disponga el Estado. El poder instrumental, en cambio, se origina en la acción política deliberada y descansa en dos tipos de recursos: por un lado, las relaciones con los decisores públicos, entre las que se cuentan los vínculos partidarios, la consulta institucionalizada, los lazos informales y el reclutamiento de cuadros empresarios para ocupar cargos de gobierno; por otro, los recursos propios de los actores, como la cohesión y la organización colectiva, la pericia técnica, el dinero y el acceso a los medios. Ambas fuentes no son excluyentes: pueden reforzarse mutuamente, y su peso relativo varía según los sectores y las coyunturas.

A partir de esta clave, el presente informe se pregunta cómo se despliega el poder del Grupo Techint durante el gobierno de Javier Milei (2023-2026) en sus dos dimensiones —la económico-estructural y la político-instrumental— y de qué modo ambas se articulan. Más específicamente, interesa responder tres interrogantes. ¿Sobre qué bases históricas, productivas y societarias se asienta la posición estructural del grupo? ¿A través de qué canales organizativos y de qué cuadros traduce esa posición en capacidad de incidencia sobre las decisiones públicas? ¿Y qué riesgos para la autonomía de la decisión estatal se derivan de esa articulación bajo un gobierno que hizo de la desregulación y la apertura económica sus ejes programáticos?

El análisis se organiza en tres dimensiones. La primera reconstruye las bases del poder estructural del grupo: su trayectoria histórica junto al Estado, su escala y su diversificación productiva, y una arquitectura societaria transnacional que amplía sus márgenes de maniobra frente a las regulaciones nacionales. La segunda examina una de las vertientes de su poder instrumental, la organizativa: la red de posiciones que ocupa en las asociaciones gremiales empresarias, desde las entidades de cúpula hasta las cámaras de cada rama de actividad. La tercera analiza la vertiente relacional de ese poder instrumental: la incorporación de directivos y ex directivos del grupo a cargos en la administración pública nacional y en las empresas energéticas bajo control estatal, y los riesgos de captura que de ella se derivan. Como se verá, las dimensiones no son compartimentos estancos: en Vaca Muerta, la posición estructural del grupo y su presencia en la conducción de su principal contraparte convergen en un mismo espacio.

El informe se estructura del siguiente modo. En primer lugar, se presenta al grupo, su historia y su arquitectura societaria. En segundo lugar, se describe su red de influencia en cámaras y corporaciones empresarias. En tercer lugar, se analiza la llegada de sus cuadros gerenciales al gabinete nacional y a las empresas energéticas bajo control estatal. Finalmente, se presentan las conclusiones, que retoman los hallazgos a la luz de la distinción entre poder estructural e instrumental y de los riesgos de captura de la decisión pública.