Antecedentes fácticos y legales

Para comprender la emergencia y finalidad de la reciente Ley 27.802 (6/03/2026) es imperativo analizar bajo qué condiciones de posibilidad se inscribe esta reforma laboral, a partir de algunos antecedentes estructurales que configuraron el escenario actual.

En primer lugar, el estancamiento económico iniciado en 2012 persiste provocando crisis recurrentes que erosionan la capacidad de acción colectiva de la clase trabajadora. Si bien el ciclo 2012-2018 mostró una importante unidad de acción entre sindicatos y movimientos sociales (la resistencia a la ley de reforma previsional en diciembre de 2017 es un claro ejemplo), el proceso inflacionario que lo acompañó y se fue profundizando, terminó por minar las bases de la acción gremial. Se trata de una crisis de acumulación de capital que forzó la implementación de ajustes fiscales como vía de supervivencia del sistema.

En segundo término, se observa un marcado proceso de desmovilización. La apuesta a una salida electoral en 2018 y la posterior integración de sectores del movimiento obrero, feminismos y organizaciones sociales a la estructura gubernamental entre 2019 y 2023, sumada al avance de la informalidad, desactivó la conflictividad en las calles. Este vacío fue profundizado por los efectos de la pandemia, que no solo produjo una ruptura masiva de los vínculos sociales, sino que fragmentó la subjetividad de los trabajadores, generando una fractura entre sectores formales/estatales y no formales (trabajadores estatales y formales que percibían salarios, mantenían sus empleos y contaban con obras sociales por un lado y trabajadores informales que no gozaban de esos derechos, por el otro). Inclusive, a partir de la pandemia se aceleró el crecimiento constante del monotributismo (y cuentapropismo), con una tendencia alcista que se mantiene hasta la actualidad.Ante la ley _modernización_ Laboral - Luciana Cenci-PL8