Promediando la década del ´90, en un contexto de reforma estructural del Estado y flexibilización de los marcos regulatorios, en la Argentina se promulgó la Ley de Riesgos del Trabajo (la N° 24.557 de 1996 que dio origen a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo -las popularmente llamadas “ART”-) en la que se estableció que “las ART están obligadas a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo”. Las ART son empresas con fines de lucro que aseguran a cada trabajador en relación de dependencia al igual que se asegura un auto o una vivienda ante la eventualidad de que éstos sufran un “siniestro”. En julio de 2026 estas aseguradoras cumplieron 30 años de existencia ininterrumpida. Todo un lapso para poder sacar algunas conclusiones.

Por su parte, existe la llamada Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que es un organismo dependiente del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (degradado a Secretaría a partir del 2024), quien sería el encargado en teoría de controlar el accionar de estas ART. 

Todas las aseveraciones que se van desglosando a lo largo de los sucesivos puntos se basan en datos duros emanados de la propia SRT, pero el sesgo del sistema puede decirse que ya se insinúa en la disminución de pretensiones en la declaración de los alcances de la misión de este ente de control. Apenas se abría la página web de la SRT hasta el año 2025 se podía leer “Promovemos ambientes laborales sanos y seguros y controlamos que las ART otorguen las prestaciones médico-asistenciales y dinerarias en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales”. A partir de ese año su misión parece haberse acotado y hoy sólo se lee un escueto “Promovemos ambientes laborales seguros y controlamos a las ART”.