Marzo 2023 ISSN 2618-351X
Ana Natalucci, Lucio Fernández Mouján y Ernesto Mate (Coordinadores) Lucía Carnelli, Alon Yoel Kelmeszes, Ignacio Ramírez Andrade, Valentina Vasconcelos y María Victoria Vizcaíno.
Este Informe presenta los resultados generales de una investigación llevada adelante por el Observatorio de Protesta Social (CITRA-CONICET-UMET), cuyo objetivo era elaborar un mapa de la protesta social durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, específicamente atendiendo a las organizaciones protagonistas, demandas, demandados y repertorios de acción.
Seguimos la perspectiva de los procesos políticos a partir de la cual recuperamos el concepto de
conflicto político, entendiendo por tal la presencia en el espacio público de una organización que
plantea una demanda o reivindicación, directa o indirectamente al Estado (Tilly, 1998). La protesta social constituye la unidad analítica para analizar el conflicto político, un evento con unidad de sentido. En términos metodológicos seguimos el método de “contar protestas” estandarizado por Hutter (2014) en el modelo en el PEA, por sus siglas en inglés Protest Event Analysis (análisis de eventos de protestas, en español). Este método se propone convertir las palabras en números para procesar estadísticamente las acciones contenciosas llevadas adelante por colectivos y responder las siguientes preguntas: ¿quiénes, por qué, a quién y cómo protestan los que protestan?
Las principales variables son organización, demanda, demandado y formato; de carácter múltiple
en el sentido que cada evento de protesta puede tener más de una. El relevamiento comprendió
las crónicas de la edición diaria del periódico de tirada nacional, La Nación, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019.
El argumento que organiza el texto alude a caracterizar la dinámica de la protesta entre 2015 y 2019 a partir de la configuración de dos ejes de conflicto, que favorecieron un proceso de nacionalización y una reducción de la cantidad de eventos hacia 2019. Un eje de tipo distributivo, con demandas que fueron generalizándose al régimen de acumulación, promovidas principalmente por sindicatos, organizaciones de base territorial y partidarias. El segundo eje es un anti-represivo impulsado por distintos tipos de organizaciones que impugnaron la forma en que el gobierno respondió a la protesta, ya sea desde la estigmatización de las organizaciones, así como la represión abierta y la criminalización y/o encarcelamiento de sus dirigentes. Lo cierto es que ambos ejes aluden a una ofensiva de los sectores dominantes sobre el campo popular y sus organizaciones en términos de derechos y garantías individuales. Al respecto, la pregunta que nos hacemos y que retomaremos en las conclusiones es si se reeditó un frente organizacional y si así fue de qué tipo y con qué expectativas.
El estudio de la protesta social es una estrategia teórico-metodológica para comprender las formas de hacer política en un momento determinado, para captar los grandes debates públicos y
las apuestas y desafíos que se plantean los colectivos políticos en determinadas coyunturas. La protesta es parte del juego democrático, donde se suelen plantear demandas, que permiten la construcción de nuevos mecanismos de representación política, de canalización de la política.
Se trata de una acción contenciosa que no siempre es disruptiva en términos sistémicos, pero que siempre nos da pistas acerca de cómo hacen política los actores colectivos en un momento determinado, de cómo se configuran los climas de época.
