Al tercer trimestre de 2020 la fragilidad laboral alcanzó los 48,2 puntos a nivel nacional.

Llamamos fragilidad laboral a la distancia existente entre las condiciones óptimas o deseables de la dinámica del mercado de trabajo y aquellas efectivamente vigentes, asumiendo que existiría un “modo ideal” de funcionamiento.

En ese sentido, el Índice de Fragilidad Laboral (IFL) describe la situación y evolución del mercado de trabajo argentino en los últimos años (2016-2020) y mide cuantitativamente del grado de fragilidad. El IFL surge como un indicador compuesto y multidimensional que sintetiza tres dimensiones o sub-fragilidades: (a) déficit de empleo (DE), definido como el grado de escasez de puestos de trabajo; (b) precariedad laboral (P), entendida como la calidad de la estructura de puestos de trabajo disponibles; y (c) pobreza e ingresos (PeI), que mide el poder de compra de los ingresos familiares en relación a la línea de pobreza (y su distribución). Eso implica que para analizar la fragilidad agregada se mide la capacidad de la economía para generar los puestos de trabajo necesarios para absorber a la totalidad de la población activa; la calidad y modalidad de empleo predominante, en vínculo directo con la dinámica de los ingresos (y su distribución), y la evolución de la pobreza. Así, el IFL asume valores entre 0 y 1, donde 0 representa el escenario de no-fragilidad y 1 el de fragilidad crítica. Al multiplicarlo por 100 se interpreta como el nivel de fragilidad laboral en vigor (es decir, la distancia existente entre el escenario ideal de no-fragilidad -IFL=0- y las condiciones vigentes), medido en puntos. 

El período analizado va del segundo trimestre de 2016 al tercer trimestre de 2020. Los resultados muestran que la fragilidad laboral inicia una tendencia al alza en el tercer trimestre de 2018 en Argentina. De esta forma, el cimbronazo de la pandemia de la COVID-19 durante 2020 tiene lugar en el marco de un mercado laboral signado por el déficit de empleo, una creciente precariedad laboral y la intensificación de la pobreza y desigualdad en los ingresos de la población trabajadora.

Los resultados de este informe consideran información del tercer trimestre de 2020 -último dato disponible-. Esto significa que, aunque se abarca el lapso de mayor impacto de la crisis sanitaria al momento -el segundo trimestre del 2020-, aún no es factible elaborar conclusiones respecto a lo ocurrido durante los últimos meses del año. 

Al tercer trimestre de 2020 la fragilidad laboral alcanzó los 48,2 puntos a nivel nacional. Representa el valor más elevado de una tendencia de fragilidad creciente que se inicia a mediados de 2018, y significa que el funcionamiento del mercado laboral se encontró prácticamente a mitad de camino entre los escenarios de nula y extrema fragilidad. La dimensión que más impactó en el avance de la fragilidad laboral entre el 3t-2019 y el 3t-2020 es la de Pobreza e Ingresos. Esto se debe a que los ingresos no avanzaron al ritmo del costo de vida -por tanto más gente cayó bajo la línea de pobreza-, y, además, a que se constató un aumento en la desigualdad de ingresos al interior de la población ocupada.

El resultado anterior no puede disociarse del período de excepcionalidad que se encuentra atravesando el mundo a raíz de la pandemia dela COVID-19, así como tampoco puede interpretarse el contexto laboral sin considerar la profundidad de las reconfiguraciones en las jornadas laborales y los procesos de trabajo derivados de las disposiciones de distanciamiento social.

Asimismo, la interpretación de estos resultados no debiera omitir un estado de situación ligado a una dinámica de fragilidad en ascenso durante al menos un año y medio previo a la irrupción de la pandemia. Es sobre ese marco que,aún cuando se estipularan medidas de protección del empleo -como el Decreto 329/2020 de prohibición de despidos y suspensiones, o el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), Decreto 332/2020- constatamos que la crisis sanitaria y las disposiciones de aislamiento derivadas profundizaron las debilidades preexistentes, configurando un escenario crítico del mercado de trabajo.

Continua elevada la inflación:4,1% en Abril.

La inflación de las y los trabajadores volvió a superar el 4% en abril (4,1%), acumulando un 16,6% en el primer cuatrimestre del año. Se trata del comienzo de año más inflacionario desde 2016, superando incluso a 2019 (16,2%). En tanto, la inflación interanual se aceleró al 45,6%, lo que representa una suba superior a los 10 puntos porcentuales desde noviembre pasado. Alimentos y bebidas, que subieron 4,7%, motorizaron fundamentalmente la dinámica del mes. Salvo las frutas y las verduras -que tuvieron un abril tranquilo por razones estacionales-, la gran mayoría de los alimentos trepó por encima del 4% en abril, destacándose las infusiones (6,3%), las bebidas alcohólicas (6,3%), el pescado (6,2%) y los lácteos (6,0%). Sin embargo, otros capítulos de la canasta tuvieron subas muy marcadas, que contribuyeron a elevar el nivel general. Esparcimiento (6,2%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,9%), Transporte (4,9%) y Salud (4,6%) subieron todos por encima del 4%. Mayo será un mes de aumentos en rubros regulados, que hasta ahora venían contenidos. Las prepagas subirán 5,5% y la electricidad lo hará en 9% en el AMBA; en tanto, el GNC trepó 30% y las telecomunicaciones posiblemente suban entre 10-15% tras la suspensión del DNU que las consideraba servicio esencial. La pregunta es si el resto de los rubros, que vienen con subas muy marcadas (como por ejemplo, los alimentos), tenderán a desacelerar o no.
Si bien el precio del dólar ha morigerado su suba en estos meses (pasamos de un ritmo de devaluación de casi 4% mensual en enero a menos del 2% en abril), todavía no se siente el impacto sobre la dinámica inflacionaria de aquellos bienes más sensibles al valor de la divisa. Lo anterior responde a la suba de los precios internacionales de las materias primas, que por un lado resulta positivo para la acumulación de reservas del BCRA (y por ende para reducir presiones devaluatorias), pero a la vez introduce severa presión sobre los precios locales, en particular de los alimentos. La tonelada de soja pasó de 306 dólares hace un año a superar los 590 en la última semana; la de trigo pasó de 160 a 270 dólares en el mismo período y la de maíz de 125 a 295. En paralelo, algunos commodities que son esenciales en la actividad industrial también han tenido una disparada de precio: el mineral de hierro pasó de 84 dólares la tonelada a principios de la pandemia al récord de 228 dólares. Todo ello impacta sobre el precio del acero en China pasó de 3.550 yuanes la tonelada en mayo de 2020 al récord de 5.700 hoy. Cabe mencionar que el acero es un insumo fundamental en industrias como la automotriz y la metalmecánica, que a su vez es proveedora de bienes como por ejemplo electrodomésticos. Dado este escenario, las estrategias para domar la inflación parecen implicar una mayor desaceleración del ritmo devaluatorio del peso, mayores retenciones a las exportaciones (aunque a expensas de las preciadas divisas, amén de una mayor conflictividad con el agro) o mayores subsidios (o reducción de impuestos) para abaratar los bienes básicos. Al parecer, el Gobierno ha ido de alguna manera por este último camino, aunque por el lado de los ingresos más que de los precios. Es en este sentido que debe entenderse la reciente ampliación de la cobertura de la Tarjeta Alimentar, que actualmente ya se convirtió en un instrumento de política pública tan importante como la Asignación Universal por Hijo.